Para mantener el equilibrio fiscal y como condición para futuros desembolsos, le exigió al gobierno un súper ajuste extra sobre las jubilaciones, los subsidios y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) celebró el rumbo del programa económico del Gobierno argentino y, a cambio de flexibilizar la exigencia de acumulación de reservas para todo 2025, reclamó un ajuste aún más severo en áreas sensibles del gasto público. En el reciente Staff Level Agreement (SLA) que acompañó el desembolso de USD 2.000 millones, el organismo endureció sus condiciones y pidió un recorte adicional en jubilaciones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y subsidios energéticos, lo que implicará una poda aún más profunda en sectores vulnerables de la sociedad.

Sostenibilidad de la deuda

Para el año próximo, el FMI elevó la meta de superávit primario al 1,6 % del PBI (frente al 1,3 % previsto en abril), y planteó que, a partir de 2027, Argentina deberá alcanzar un superávit del 2,5 % del PBI para absorber el creciente pago de intereses y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Aunque el organismo reconoce avances en materia fiscal, advirtió que el riesgo soberano sigue siendo “alto” debido a la frágil posición de reservas, la elevada necesidad de financiamiento bruto y el acceso limitado a los mercados internacionales.

Ajuste previsional

En el terreno previsional, el FMI apuntó que, tras una caída del 28 % en 2024, el gasto en jubilaciones volvería a crecer alrededor del 6 % interanual bajo la fórmula actual. Por eso, reclamó una reforma estructural antes de diciembre de 2026 que simplifique el sistema previsional y alinee mejor los aportes con los beneficios. En el corto plazo, exigió que el Ejecutivo evite cualquier aumento no financiado y mencionó explícitamente el proyecto del Congreso para aumentar un 7 % los haberes y elevar el bono mínimo de $70.000 a $110.000, que el presidente ya anunció que vetará.

Motosierra a la AUH

Respecto a la AUH y las pensiones por discapacidad, el Fondo acordó con el Gobierno la implementación de controles más estrictos de elegibilidad. Para ello, se desarrollará un Registro Social Único que integrará distintas bases de datos sociales antes de diciembre de 2025. Esta medida apunta a reducir el universo de beneficiarios mediante la “mejora en la eficiencia” del gasto social, es decir, una depuración del padrón.

Tarifas y subsidios energéticos

En cuanto a los subsidios energéticos, el FMI exigió un ajuste adicional. A partir de junio de 2025, las tarifas de electricidad deberán aumentar mensualmente durante los siguientes 30 meses, con el objetivo de que se acerquen al “costo real“. Si bien el organismo reconoce que esta medida generará presión inflacionaria, la considera esencial para reducir los subsidios y aliviar la cadena de pagos del sector energético. Además, se impulsarán reformas para aumentar la competencia en el mercado mayorista y evitar atrasos entre las distribuidoras y CAMMESA, la empresa estatal encargada de la administración del sistema eléctrico.

En el plano financiero, el FMI indicó que el Tesoro deberá seguir convalidando tasas de interés “lo suficientemente altas” como para asegurar el rollover de la deuda en pesos. Aunque el Gobierno mantiene un buen nivel de depósitos en efectivo y ha logrado cierto orden en la curva de pesos, el Fondo advierte que la situación sigue siendo frágil. La deuda pública, según sus proyecciones, bajaría del 85 % del PBI en 2024 al 55 % en 2030, pero solo si se cumple estrictamente la consolidación fiscal requerida. Por eso, el informe concluye que la deuda argentina es “sostenible, pero no con alta probabilidad”.

Con estas nuevas exigencias, el FMI redobla la presión sobre el Gobierno en un contexto políticamente sensible. El alivio en materia de reservas viene acompañado de un pedido explícito de profundizar el ajuste sobre jubilaciones, AUH y subsidios, lo que tensiona aún más el delicado equilibrio entre la disciplina fiscal y la tolerancia social en un año electoral.

La crisis del turismo no encuentra freno y las vacaciones de invierno profundizaron una tendencia que ya se venía viendo, pero que ahora quedó expuesta con números alarmantes. El balance oficial muestra un desplome en todos los indicadores clave y pone bajo la lupa la gestión de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno nacional.

Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el movimiento turístico fue un 10,9% menor al del mismo período de 2024. La comparación con 2023 es aún peor: viajaron un 21,5% menos de personas y la estadía promedio cayó 13,3%. En total, se movilizaron apenas 4,3 millones de turistas que gastaron $1,5 billones, un impacto económico que se redujo un 11,2% en términos reales. La caída alcanzó a todas las provincias.

Detrás del desplome, los factores son múltiples pero conocidos: pérdida del poder adquisitivo, menor llegada de turistas internacionales por un tipo de cambio poco competitivo y una fuerte migración del turismo de mayores ingresos hacia el exterior. Los que sí viajaron dentro del país lo hicieron guiados por promociones y descuentos, en un escenario marcado por el ajuste.

El diagnóstico es claro: el turismo no sólo está en crisis, sino que carece de una estrategia oficial para revertirla. Y en ese contexto, la figura de Scioli –que desembarcó en el cargo con el respaldo de Javier Milei y promesas de reactivación– queda cada vez más desdibujada.

El presidente Javier Milei firmó los vetos de los proyectos que aumentaban los ingresos para jubilados, recomponía la moratoria previsional y establecía la emergencia en discapacidad. Este lunes fue publicado mediante el Decreto 534/2025 en el Boletín Oficial. Fue una semana después de que la gestión libertaria le regalara 2 mil millones de dólares a la Sociedad Rural. Prioridades…

Se trata del segundo veto de Milei a aumentos jubilatorios en sus dos años de gestión. El Congreso tiene la facultad de insistir con las leyes, pero para eso necesita reunir los dos tercios de los votos en ambas Cámaras. La clave estará en la Cámara de Diputados: mientras que en el Senado los proyectos superaron ampliamente ese umbral, en Diputados los márgenes fueron más ajustados.

Por ahora, los proyectos no serán incluidos en la próxima sesión convocada para la Cámara de Diputados, el próximo 6 de agosto, donde se espera que la oposición impulse proyectos de financiamiento para las universidades y la salud pediátrica, en medio de las habituales movilizaciones de jubilados en las inmediaciones del Congreso.