Enargas oficializó los nuevos cuadros tarifarios desde enero próximo, pero evitó precisar el impacto real en las boletas. La medida refuerza una política de aumentos decididos a puertas cerradas y con escasa información pública.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva ronda de incrementos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir a partir del 1° de enero de 2026, aunque volvió a omitir un dato central: cuánto aumentarán efectivamente las facturas que llegarán a los hogares.
La decisión fue formalizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) mediante resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, donde se aprobaron los cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país. Sin embargo, el organismo no difundió estimaciones, comparaciones ni porcentajes de suba respecto de los valores vigentes durante 2025.
En los cuadros técnicos se observan fuertes diferencias según categoría y región. En el caso de Metrogas, los valores para usuarios residenciales van desde poco más de $3.500 para los de menor consumo en la Ciudad de Buenos Aires hasta montos que superan los $80.000 anuales en las categorías más altas. En el conurbano bonaerense, los rangos también muestran saltos significativos, sin que exista una explicación oficial sobre los criterios aplicados.
Situación similar se repite con otras distribuidoras, como Naturgy BAN, donde los valores aprobados abarcan desde cifras inferiores a los $3.000 hasta más de $30.000, dependiendo del nivel de consumo. El esquema incluye las categorías intermedias y de mayor demanda, pero el Gobierno evitó detallar cómo se traducirá esto en la boleta final que recibirán los usuarios.
La normativa mantiene el actual sistema de segmentación de subsidios para los niveles 2 y 3, aplicados sobre el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte. No obstante, tampoco se precisó el alcance real de esas bonificaciones ni su peso frente a los nuevos cuadros tarifarios.
Desde el Enargas se limitan a señalar que la actualización responde a revisiones periódicas de costos y a lineamientos del sector energético. La falta de información clara y accesible refuerza las críticas sobre un esquema tarifario cada vez más complejo, definido sin transparencia y que traslada la incertidumbre directamente a los usuarios.
Mientras el Gobierno insiste en la “normalización” del sistema energético, las subas avanzan sin debate público ni datos concretos, en un contexto de ingresos golpeados y con millones de hogares obligados a calcular a ciegas cuánto podrán pagar por un servicio esencial.