Colectivos: La Provincia creó un régimen propio para evitar el traslado de costos a usuarios

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, puso en marcha un nuevo Régimen de Compensaciones Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de colectivos y evitar que el aumento de los costos operativos impacte directamente en el valor del boleto que pagan las y los usuarios.

La medida, oficializada a través del Boletín Oficial, surge como respuesta a la eliminación de los subsidios nacionales al transporte en el interior del país y a la supresión del Fondo Compensador del Interior, decisión que obligó a las provincias a absorber desde 2024 una parte sustancial del financiamiento del sistema. Frente a este escenario, la administración bonaerense avanzó con un esquema propio para proteger a millones de usuarios del AMBA.

El nuevo régimen alcanza a las líneas de transporte urbano y suburbano de jurisdicción provincial y municipal que operan en el AMBA, y fue diseñado para evitar que los mayores costos operativos se trasladen automáticamente a las tarifas, en un contexto en el que el boleto de colectivo ya supera los $1.000 en algunos tramos, representando un fuerte impacto en la economía cotidiana de las familias bonaerenses.

La iniciativa se inscribe en un proceso que la Provincia viene desarrollando desde 2018, cuando comenzó a asumir parte del financiamiento del sistema de transporte tras sucesivos recortes en la política nacional de subsidios. Desde entonces, el gobierno bonaerense sostuvo mecanismos de compensación tarifaria y esquemas de gasoil a precio diferencial para contener el impacto de los costos sobre los usuarios, políticas que ahora se consolidan y amplían mediante un régimen con marco legal propio, criterios técnicos y herramientas de control.

Con la finalización del convenio vigente con el Estado nacional prevista para el 31 de diciembre de 2025, la Provincia decidió avanzar en una reglamentación que ordene y estabilice los mecanismos de financiamiento más allá de acuerdos transitorios. Para ello, el régimen se apoya en sistemas de información y control como el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), el reporte electrónico de kilómetros recorridos y el monitoreo de la demanda real del servicio.

El decreto establece además que el Ministerio de Transporte bonaerense será la autoridad de aplicación, encargado de definir la metodología de cálculo, distribución y rendición de las compensaciones tarifarias, con el objetivo de transparentar el uso de los recursos públicos y evitar desequilibrios financieros que puedan poner en riesgo la prestación del servicio o presionar al alza las tarifas.

En el mismo marco, la Provincia aprobó un nuevo convenio con Nación Servicios S.A. para garantizar la continuidad del sistema SUBE, tanto como medio de pago como fuente central de información operativa. Su utilización permitirá un relevamiento más preciso de la cantidad de pasajeros, el uso del sistema y los costos reales de operación, datos clave para ajustar las compensaciones y evaluar el funcionamiento del régimen.

De esta manera, el Gobierno bonaerense busca asegurar la continuidad del transporte público en una región donde millones de personas dependen diariamente del colectivo para trabajar, estudiar y desplazarse, y ofrecer una respuesta concreta frente al retiro del Estado nacional, evitando que esa decisión derive en aumentos desmedidos del boleto o en una mayor carga sobre los bolsillos de los bonaerenses.

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