Trabajadores metalúrgicos advirtieron que podrían perderse al menos 300 puestos de trabajo a partir de la decisión de importar tubos desde la India para un nuevo gasoducto, en lugar de adquirirlos a la empresa nacional Techint, que los fabrica en la ciudad bonaerense de Campana.
La alerta fue realizada por Ángel Derosso, candidato a la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local, quien señaló que la liberalización de importaciones promovida por el Ejecutivo no solo afecta a una empresa en particular, sino que golpea de lleno a la mano de obra argentina y al entramado productivo industrial. “Toda importación, más allá de los tubos, es perjudicial para el trabajo local”, sostuvo.
La controversia se da en un contexto de fuerte ofensiva del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, contra distintos grupos empresarios nacionales. En este caso, volvió a confrontar con Paolo Rocca, titular de Techint, luego de que la compañía quedara afuera de la licitación privada para el proyecto Southern Energy, destinado a exportar gas de Vaca Muerta por la costa de Río Negro. El consorcio decidió comprar los ductos a la siderúrgica india Welspun, en línea con la política oficial de apertura comercial irrestricta.
Derosso recordó que la construcción del anterior gasoducto —impulsado por el gobierno previo y originalmente denominado Néstor Kirchner, hoy rebautizado Perito Moreno— generó alrededor de 400 puestos de trabajo adicionales, además de los empleos permanentes, y fue clave para revertir el déficit energético. “En este caso, se dejan de generar 300 puestos de trabajo”, advirtió, marcando el contraste entre un modelo de desarrollo industrial y el actual esquema de importaciones.
Mientras Sturzenegger celebra públicamente la decisión empresaria y la presenta como un triunfo de la competencia y la desregulación, los trabajadores alertan que la apertura importadora sin políticas de protección ni estímulo a la producción nacional acelera la desindustrialización, debilita capacidades estratégicas y traslada el costo del ajuste al empleo. El conflicto expone, una vez más, las tensiones entre el discurso oficial a favor del “libre mercado” y sus efectos concretos sobre la industria y el trabajo argentino.