Una resolución del ENACOM intervenido suprime el esquema creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo reemplaza por un programa orientado a proyectos “competitivos”. Organizaciones del sector denuncian un vaciamiento y advierten por el impacto en la pluralidad informativa.
El Gobierno dispuso la eliminación del mecanismo que durante más de una década financió a radios, canales y productoras sin fines de lucro en todo el país. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), actualmente intervenido, dejó sin efecto el fondo concursable destinado a medios comunitarios y cooperativos, y lo sustituyó por un nuevo instrumento con criterios distintos.
El fondo eliminado había sido creado al amparo de la Ley 26.522 y se nutría de un porcentaje de los gravámenes que abonan los grandes grupos de comunicación. Su finalidad no era comercial sino garantizar el acceso a la comunicación, promover contenidos locales y sostener experiencias autogestionadas en regiones donde el mercado no llega o no considera rentables ciertos proyectos.
La nueva herramienta oficial, presentada como una actualización administrativa, prioriza iniciativas con perfil “innovador” y potencial de inserción en mercados más amplios. Para referentes del sector comunitario, el cambio no es meramente técnico sino conceptual: el Estado abandona un esquema de fomento orientado a derechos y adopta una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad.
A la supresión formal del fondo se suma un dato que las organizaciones vienen señalando desde hace meses: los recursos correspondientes a convocatorias ya adjudicadas permanecen impagos. Proyectos aprobados y ejecutados durante 2023, aseguran sus responsables, no recibieron las transferencias comprometidas, lo que generó deudas, paralización de producciones y riesgo de cierre en distintos puntos del país.
Entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia de retracción del Estado en materia de políticas públicas de comunicación. Sostienen que la decisión consolida un proceso de desfinanciamiento iniciado el año pasado y debilita a actores que históricamente garantizaron cobertura local y diversidad de voces.
Desde el organismo regulador argumentan que la modificación apunta a simplificar procedimientos y adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. Sin embargo, para sus críticos, el resultado es un corrimiento del Estado como garante del derecho a la información y una reconfiguración del mapa audiovisual que favorece a estructuras con mayor capacidad económica.
El impacto de la resolución ya comenzó a sentirse en cooperativas y asociaciones civiles que dependían de esos recursos para sostener programación, equipamiento y salarios. En un escenario de concentración mediática creciente, la eliminación del fondo abre un nuevo frente de disputa sobre el rol público en la defensa del pluralismo y el acceso equitativo a la comunicación.