El proyecto oficial reabre un conflicto de larga data al plantear una flexibilización de los resguardos sobre zonas de alta montaña. Ambientalistas denuncian un giro en favor de intereses extractivos y alertan por el impacto en las reservas estratégicas de agua dulce.
El Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares que, según sus detractores, implica un cambio sustancial en el esquema de protección vigente desde 2010 y habilita un escenario más permeable a emprendimientos mineros en áreas sensibles.
La propuesta redefine los alcances de las zonas protegidas y revisa los criterios bajo los cuales se autorizan actividades productivas en regiones cordilleranas. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de “actualizar” la normativa para compatibilizar desarrollo e inversión, organizaciones socioambientales advierten que el texto reduce los márgenes de tutela sobre ecosistemas claves para el abastecimiento de agua.
La ley actual establece restricciones sobre actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas. La reforma, en cambio, introduce modificaciones en los mecanismos de evaluación de impacto y en la delimitación de áreas alcanzadas por prohibiciones, lo que —según especialistas— podría ampliar el radio de acción de proyectos extractivos.
El debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión política de fondo: el modelo productivo y el rol del Estado en la defensa de bienes comunes. Entidades ambientalistas señalaron que el proyecto prioriza la captación de inversiones por sobre la preservación de recursos hídricos, en un contexto de creciente estrés climático. “El agua no puede quedar subordinada a la lógica del mercado”, advirtieron voceros del sector tras conocerse el envío del texto al Parlamento.
En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera volvieron a reclamar mayor margen de maniobra para explotar recursos naturales bajo jurisdicción local. Argumentan que la normativa actual frena inversiones y limita la generación de empleo en economías regionales dependientes de la actividad extractiva.
La discusión también pone en tensión el equilibrio entre competencias nacionales y provinciales en materia ambiental. Mientras el Gobierno impulsa una reinterpretación más flexible de los alcances de la ley, desde distintos sectores sostienen que cualquier retroceso en los estándares podría derivar en litigios y conflictos sociales en territorios ya atravesados por disputas en torno al agua.
El proyecto comenzará a ser tratado en comisiones en las próximas semanas, en un clima político atravesado por fuertes diferencias. La pulseada promete trasladarse al recinto con un Congreso dividido y movilizaciones anunciadas por organizaciones que exigen mantener intactos los niveles de protección sobre glaciares, considerados piezas centrales para la seguridad hídrica del país.