Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

Un nuevo frente de conflicto se abre en torno a las estadísticas oficiales del gobierno de Javier Milei. Un reciente informe del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDEF), el think tank cercano al espacio del gobernador bonaerense Axel Kicillof, pone en duda la supuesta baja de la pobreza difundida por el Indec y concluye que el fenómeno estaría subestimado en cerca de un 9%.

El estudio sostiene que, si en lugar de los ingresos declarados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) se utilizaran los datos reales de salarios y jubilaciones provenientes de registros administrativos oficiales, la pobreza no habría disminuido, sino que habría aumentado en cantidad de personas entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2025.

La investigación apunta directamente a una falla metodológica central: los ingresos que releva la EPH muestran incrementos muy superiores a los que reflejan las fuentes oficiales de salarios y jubilaciones. Esta discrepancia, lejos de ser un tecnicismo, tiene consecuencias decisivas. Según el CEDEF, los 2,3 millones de personas que habrían salido de la pobreza según la medición oficial podrían responder, en gran medida, a un espejismo estadístico.

El informe aparece en un contexto de fuerte controversia institucional, tras la renuncia de Marcos Lavagna al frente del Indec, atribuida a presiones del Poder Ejecutivo para demorar la actualización del IPC. A las denuncias previas por el “dibujo” de la inflación y la manipulación de estadísticas de ocupación e ingresos —como las señaladas por la UCA— se suma ahora el cuestionamiento a la medición de la pobreza, un indicador clave para el relato oficial.

Los últimos datos de la EPH fueron celebrados por el propio presidente Milei como una mejora “espectacular”. Según esa medición, la pobreza se redujo un 74% entre jubilados, un 43% entre empleados públicos, un 37% entre asalariados registrados y un 21% entre trabajadores no registrados. En total, la incidencia habría caído del 40% al 32% de la población.

Sin embargo, al contrastar esos resultados con otros registros oficiales, el relato comienza a desarmarse. Mientras la EPH indica que los salarios reales del sector privado registrado crecieron casi un 12% entre 2023 y 2025, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra apenas un aumento del 1%, y el índice oficial de salarios del sector exhibe incluso una caída del 2,3%.

La divergencia es todavía mayor en el sector público: la EPH registra una suba real del 3%, pero las estadísticas salariales oficiales muestran una contracción superior al 18%. En el caso de los jubilados, la encuesta refleja una mejora cercana al 20%, un dato difícil de compatibilizar con la evolución de la fórmula de movilidad previsional vigente.

Para evaluar el impacto de estas inconsistencias, el CEDEF realizó una simulación clave. Tomó los microdatos de la EPH del primer semestre de 2023 y actualizó los ingresos utilizando exclusivamente la evolución registrada en las fuentes administrativas: SIPA para trabajadores registrados, estadísticas oficiales para salarios públicos y la movilidad previsional para jubilados.

Dando vuelta el relato oficial

El resultado invierte por completo la narrativa oficial. Bajo este escenario, la pobreza no baja, sino que aumenta cerca de un 9% en cantidad de personas, alcanzando al 44% de la población, tres puntos porcentuales más que dos años atrás. En otras palabras, habría más pobres, no menos.

El informe explica que las encuestas como la EPH dependen de la declaración de los hogares y están expuestas a errores de recuerdo, sub o sobredeclaración de ingresos y problemas de cobertura. Estas distorsiones se profundizan en contextos de alta inflación, donde las variaciones mensuales dificultan respuestas precisas. Los registros administrativos, en cambio, reflejan ingresos efectivos y suelen considerarse más confiables.

Una canasta que también subestima

El CEDEF identifica además un segundo factor que contribuye a reducir artificialmente la pobreza: la caída real de la Canasta Básica Total (CBT), estimada entre un 5% y 6% según región. Esta baja abarata el umbral para ser considerado pobre, pero responde —según el estudio— a problemas metodológicos graves.

La CBT continúa calculándose con ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares de 2004/05, lo que implica asumir que los patrones de consumo actuales son los mismos que hace más de veinte años. Un trabajo citado por el informe, elaborado por la consultora Equilibra, advierte que esta desactualización subestima de manera sistemática la verdadera línea de pobreza, especialmente en un contexto de fuertes cambios en los precios relativos.

Para el Gobierno, los datos de pobreza son centrales en su narrativa de estabilización tras el ajuste inicial. El informe del CEDEF, sin embargo, desmonta esa construcción y sugiere que la mejora exhibida es, en gran medida, producto de fallas de medición más que de una recuperación real de los ingresos.

Si querés, puedo hacer una versión más corta, una bajada más filosa, o adaptarla al estilo de un medio específico.

Una resolución del ENACOM intervenido suprime el esquema creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y lo reemplaza por un programa orientado a proyectos “competitivos”. Organizaciones del sector denuncian un vaciamiento y advierten por el impacto en la pluralidad informativa.

El Gobierno dispuso la eliminación del mecanismo que durante más de una década financió a radios, canales y productoras sin fines de lucro en todo el país. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), actualmente intervenido, dejó sin efecto el fondo concursable destinado a medios comunitarios y cooperativos, y lo sustituyó por un nuevo instrumento con criterios distintos.

El fondo eliminado había sido creado al amparo de la Ley 26.522 y se nutría de un porcentaje de los gravámenes que abonan los grandes grupos de comunicación. Su finalidad no era comercial sino garantizar el acceso a la comunicación, promover contenidos locales y sostener experiencias autogestionadas en regiones donde el mercado no llega o no considera rentables ciertos proyectos.

La nueva herramienta oficial, presentada como una actualización administrativa, prioriza iniciativas con perfil “innovador” y potencial de inserción en mercados más amplios. Para referentes del sector comunitario, el cambio no es meramente técnico sino conceptual: el Estado abandona un esquema de fomento orientado a derechos y adopta una lógica centrada en la competencia y la rentabilidad.

A la supresión formal del fondo se suma un dato que las organizaciones vienen señalando desde hace meses: los recursos correspondientes a convocatorias ya adjudicadas permanecen impagos. Proyectos aprobados y ejecutados durante 2023, aseguran sus responsables, no recibieron las transferencias comprometidas, lo que generó deudas, paralización de producciones y riesgo de cierre en distintos puntos del país.

Entidades que nuclean a medios comunitarios y cooperativos interpretan la medida como parte de una estrategia más amplia de retracción del Estado en materia de políticas públicas de comunicación. Sostienen que la decisión consolida un proceso de desfinanciamiento iniciado el año pasado y debilita a actores que históricamente garantizaron cobertura local y diversidad de voces.

Desde el organismo regulador argumentan que la modificación apunta a simplificar procedimientos y adaptarse a un entorno tecnológico cambiante. Sin embargo, para sus críticos, el resultado es un corrimiento del Estado como garante del derecho a la información y una reconfiguración del mapa audiovisual que favorece a estructuras con mayor capacidad económica.

El impacto de la resolución ya comenzó a sentirse en cooperativas y asociaciones civiles que dependían de esos recursos para sostener programación, equipamiento y salarios. En un escenario de concentración mediática creciente, la eliminación del fondo abre un nuevo frente de disputa sobre el rol público en la defensa del pluralismo y el acceso equitativo a la comunicación.

El proyecto oficial reabre un conflicto de larga data al plantear una flexibilización de los resguardos sobre zonas de alta montaña. Ambientalistas denuncian un giro en favor de intereses extractivos y alertan por el impacto en las reservas estratégicas de agua dulce.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Glaciares que, según sus detractores, implica un cambio sustancial en el esquema de protección vigente desde 2010 y habilita un escenario más permeable a emprendimientos mineros en áreas sensibles.

La propuesta redefine los alcances de las zonas protegidas y revisa los criterios bajo los cuales se autorizan actividades productivas en regiones cordilleranas. Aunque desde el oficialismo argumentan que se trata de “actualizar” la normativa para compatibilizar desarrollo e inversión, organizaciones socioambientales advierten que el texto reduce los márgenes de tutela sobre ecosistemas claves para el abastecimiento de agua.

La ley actual establece restricciones sobre actividades que puedan afectar glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas. La reforma, en cambio, introduce modificaciones en los mecanismos de evaluación de impacto y en la delimitación de áreas alcanzadas por prohibiciones, lo que —según especialistas— podría ampliar el radio de acción de proyectos extractivos.

El debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión política de fondo: el modelo productivo y el rol del Estado en la defensa de bienes comunes. Entidades ambientalistas señalaron que el proyecto prioriza la captación de inversiones por sobre la preservación de recursos hídricos, en un contexto de creciente estrés climático. “El agua no puede quedar subordinada a la lógica del mercado”, advirtieron voceros del sector tras conocerse el envío del texto al Parlamento.

En paralelo, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera volvieron a reclamar mayor margen de maniobra para explotar recursos naturales bajo jurisdicción local. Argumentan que la normativa actual frena inversiones y limita la generación de empleo en economías regionales dependientes de la actividad extractiva.

La discusión también pone en tensión el equilibrio entre competencias nacionales y provinciales en materia ambiental. Mientras el Gobierno impulsa una reinterpretación más flexible de los alcances de la ley, desde distintos sectores sostienen que cualquier retroceso en los estándares podría derivar en litigios y conflictos sociales en territorios ya atravesados por disputas en torno al agua.

El proyecto comenzará a ser tratado en comisiones en las próximas semanas, en un clima político atravesado por fuertes diferencias. La pulseada promete trasladarse al recinto con un Congreso dividido y movilizaciones anunciadas por organizaciones que exigen mantener intactos los niveles de protección sobre glaciares, considerados piezas centrales para la seguridad hídrica del país.

El cabo Miguel Ángel Montiel se manifestó uniformado en Casa Rosada. Denuncia el robo de los adicionales y una “caja” negra en la comisaría de Belgrano Norte.

Una situación de máxima tensión se vive desde esta mañana en los alrededores de la Casa Rosada. Un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó uniformado y portando su arma reglamentaria frente a la reja perimetral de Balcarce 50 para realizar una protesta en solitario contra la propia fuerza.

El incidente comenzó a las 10:40 de este miércoles 4 de febrero, cuando el Cabo Miguel Ángel Montiel se apostó frente a la entrada principal con una pancarta. El oficial, que reviste servicio en la Comisaría Belgrano Norte, reclama por supuestas “irregularidades en la Institución”.

Hay un Policía Federal ESPOSADO en la Casa Rosada reclamando que frenen LA CORRUPCIÓN en la PFA y mejoren sus sueldos. Este gobierno decía que venía a revitalizar a las Fuerzas de Seguridad jajjajjja los mandan a reprimir jubilados por una pizza pic.twitter.com/nw092wwqgQ

— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) February 4, 2026

La denuncia en Casa Rosada por los “adicionales”

El reclamo de Montiel apunta directamente a una presunta trama de corrupción con los servicios de policía adicional. Según trascendió, el efectivo denuncia que “se roban los adicionales” y que se cobran servicios que no se realizan.

La acusación detalla una maniobra de “empleados fantasmas” en los operativos de seguridad paga. “Dicen que hay 30 efectivos y en realidad hay 5”, aseguran fuentes cercanas al reclamo, indicando que el dinero restante “va a caja”, en referencia a una recaudación ilegal por parte de los superiores.

La presencia de un efectivo armado protestando a metros del despacho presidencial activó los protocolos de seguridad de la Casa Militar.

En medio de la tensión creciente entre el Gobierno y la industria textil, el vocero Manuel Adorni volvió a insistir en que la apertura de importaciones no afecta al trabajo local: “Si importás un jean, explicame dónde se pierden puestos de trabajo”. ¿Son o se hacen?

Las palabras del jefe de Gabinete se sumaron a una postura ya explicitada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien horas antes afirmó que nunca compró indumentaria producida en el país y cuestionó con dureza los precios del sector.

En una desopilante entrevista, el periodista ultraoficialista quedó en offside al preguntarle a Adorni si con la apertura de importaciones no se cerraban fábricas que antes producían la ropa acá. “No se pierden puestos de trabajo”, respondió canchero. Majul no supo cómo salir del momento incómodo. Por supuesto, no le replicó nada.

El nuevo índice de inflación preparado por el Indec para debutar en enero – anunciado por el gobierno de Javier Milei – fue dado de baja porque iba a blanquear que la inflación es mucho más alta de lo que dice el oficialismo.

El escándalo, que supone una intervención de hecho en el organismo, corrió al titular del organismo público, Marco Lavagna. La inflación de enero dará alrededor de 2,5% cuando con la nueva metodología iba a estar arriba del 3%. El gobierno no se podía permitir un golpe tan duro a su relato de “desinflación”. Entonces, decidió intervenir el INDEC.

En medio del papelón, el Banco Central anunció que construirá su propio índice para medir los movimientos en los precios y ya habla de “inflación subyacente”. No deja de sorprender que la gran mayoría de “economistas serios” no vean un escándalo en este tema. ¿Será que no les importa cuando gobierna la derecha?

La decisión del Gobierno nacional de trasladar el sable corvo del general José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo desató una fuerte controversia política, cultural e institucional.

La medida provocó la renuncia indeclinable de la directora del museo, María Inés Rodríguez Aguilar, y motivó además una presentación judicial de los descendientes de Manuela Rosas y Máximo Terrero, quienes solicitaron que se suspenda el traspaso.

El traslado fue oficializado mediante el Decreto 81/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Presti. La norma establece que la histórica reliquia pasará a quedar bajo custodia del Regimiento de Granaderos “General San Martín”, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Aguilar, historiadora especializada en patrimonio, confirmó su salida en declaraciones periodísticas y cuestionó la interpretación del Ejecutivo sobre la donación del sable. “Este conflicto no es nuevo. Forma parte de los sectarismos extremos de la sociedad”, sostuvo. Había asumido al frente del museo en agosto de 2025, luego de desempeñarse como directora nacional de Museos.

En paralelo, los descendientes de los donantes originales del sable presentaron una medida cautelar ante la Justicia para impedir que la pieza abandone el Museo Histórico Nacional, donde fue depositada en 1897. “Queremos que se respete la voluntad de nuestros antepasados”, afirmó Mercedes Terrero, integrante de la familia Rosas-Terrero.

El amparo solicita la prohibición inmediata del traslado y argumenta que el sable fue entregado con destino final explícito al museo, tal como lo expresan cartas históricas de Manuela Rosas al entonces director Adolfo Carranza. Los familiares denunciaron que ninguna autoridad del Gobierno se comunicó con ellos antes de avanzar con la medida.

La causa quedó en manos del Juzgado Contencioso Administrativo N°12, a cargo de la jueza Macarena Marra Giménez. Si se dicta una medida de no innovar antes del sábado, podría suspenderse el acto previsto para el traspaso, que se realizará en San Lorenzo, Santa Fe, durante una ceremonia en el Campo de Gloria donde se especula que participaría el propio Milei disfrazado de granadero.

Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un “acto histórico de restitución”, sectores patrimoniales e historiadores advierten que el traslado podría sentar un precedente negativo, desalentando futuras donaciones privadas y debilitando el rol institucional del Museo Histórico Nacional como depositario de piezas fundacionales.

Diputados de la oposición advirtieron que la reciente declaración de emergencia ígnea dispuesta por el Gobierno nacional de Javier Milei no asegura la asignación de recursos económicos a las provincias golpeadas por los incendios que continúan devastando la Patagonia.

Según señalaron distintos legisladores, el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el Ejecutivo no crea un fondo específico ni establece partidas presupuestarias destinadas a asistir a las jurisdicciones afectadas, por lo que calificaron la medida como insuficiente frente a la magnitud de la crisis.

“El DNU es puro humo: no asigna fondos concretos para paliar los efectos del fuego. Apenas facilita procesos de licitación y habilita al Ejecutivo a reasignar partidas”, sostuvo el diputado de la Coalición Cívica, Esteban Paulón.

En la misma línea, la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva, remarcó que la emergencia “no asigna un solo peso ni a las provincias, ni a los municipios, ni a la gente”. Además, criticó que la medida no contempla apoyo para la reconstrucción de viviendas, la compensación de pérdidas productivas ni recursos para la recuperación de bosques nativos.

“No hay un solo peso para quienes combatieron el fuego ni para reparar el daño ambiental”, subrayó Selva.

Los fondos anunciados para bomberos, bajo cuestionamiento

En paralelo, el Gobierno anunció el envío de $100 millones para bomberos voluntarios que trabajan en el combate de los incendios. Sin embargo, desde la oposición advirtieron que se trata del pago de fondos que Nación debe transferir anualmente por ley, y no de una asistencia extraordinaria.

El titular de la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut, Rubén Oliva, aclaró que los recursos girados “no constituyen un aporte adicional vinculado a los incendios”, sino el cumplimiento de una deuda correspondiente a 2025.

Desde la federación explicaron que se trata de lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054, vigente desde 1998, que establece el financiamiento del sistema bomberil a través de un porcentaje de las primas de seguros.

Ante este escenario, legisladores opositores reclamaron que el Congreso trate la emergencia ígnea durante las sesiones extraordinarias, pero incorporando fondos específicos que permitan asistir a los pobladores, sectores productivos y reparar la infraestructura dañada.

Milei decretó la emergencia en cuatro provincias

El Ejecutivo nacional declaró la emergencia ígnea y zona de desastre en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa por el plazo de un año, tras los incendios registrados desde principios de 2025, que ya afectaron más de 200.000 hectáreas.

El DNU tiene como objetivo “adoptar medidas necesarias para la prevención y combate de incendios, la restauración de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), dependiente del Ministerio de Seguridad, será la encargada de coordinar el combate del fuego, la atención de familias afectadas y el apoyo a los gobiernos provinciales.

Gobernadores también exigen fondos

En el marco de un encuentro regional, los gobernadores Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Sergio Ziliotto, Rolando Figueroa, Claudio Vidal y otros mandatarios provinciales reclamaron que la Ley de Emergencia Ígnea sea incorporada al temario del Congreso.

Los mandatarios alertaron sobre el impacto de los incendios: 168 mil hectáreas quemadas en La Pampa, 45 mil en Chubut, 10 mil en Río Negro, 6 mil en Neuquén y 700 en Santa Cruz, sumando más de 230 mil hectáreas devastadas.

La Fraternidad confirmó un paro de 24 horas ante el estancamiento de las paritarias y la falta de respuestas del Gobierno. Denuncian que los sueldos quedaron pulverizados por la inflación y que ya no alcanza para vivir.

El sindicato La Fraternidad, que agrupa a los conductores de trenes, anunció la realización de un paro de actividades por 24 horas este jueves, ante la falta de avances en las negociaciones paritarias que vienen manteniendo con las autoridades del Ministerio de Trabajo y representantes del sector ferroviario.

La medida de fuerza fue confirmada por las autoridades del gremio tras considerar que las últimas reuniones paritarias no arrojaron resultados concretos respecto a los reclamos de los trabajadores por mejoras salariales y condiciones laborales, en un contexto de inflación que erosiona el poder adquisitivo del salario.

Desde La Fraternidad explicaron que la decisión de parar los servicios ferroviarios busca presionar para lograr un acuerdo que contemple aumentos reales que compensen la pérdida de ingresos que los trabajadores vienen sufriendo, y subrayaron que el estancamiento de las negociaciones llevó al sindicato a adoptar esta medida de fuerza.

La paralización impactará en los servicios de trenes de pasajeros y de cargas que dependen de los conductores nucleados en el gremio, generando inconvenientes para usuarios y empresas en diferentes ramales del sistema ferroviario, y obligará a los pasajeros a reprogramar sus viajes o recurrir a medios alternativos de transporte.

La situación se inscribe en un panorama más amplio de conflicto laboral en diversas actividades del país, donde sindicatos reclaman recomposiciones salariales en línea con el aumento de precios y con condiciones de trabajo dignas, mientras que los representantes del Gobierno sostienen la necesidad de equilibrar las cuentas públicas en medio de restricciones presupuestarias.

El paro de 24 horas anunciado por La Fraternidad representa así una nueva señal de alerta por parte de los trabajadores del sector, que reclaman soluciones urgentes ante un proceso de negociación que, hasta ahora, no logró destrabarse y que promete mantener las tensiones con el Poder Ejecutivo en los próximos días.

El derrumbe financiero se da en un contexto de creciente desconfianza de los inversores tras el escándalo en el Indec, luego de que el Gobierno interviniera para frenar la implementación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC).

Las acciones de empresas argentinas sufrieron un fuerte golpe este martes en Wall Street, con desplomes de hasta el 32%, en una jornada marcada por la caída de los bonos soberanos y un Riesgo País que volvió a superar los 500 puntos básicos.

El derrumbe financiero se da en un contexto de creciente desconfianza de los inversores tras el escándalo en el Indec, luego de que el Gobierno interviniera para frenar la implementación de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC). La crisis derivó en la salida del entonces titular del organismo, Marco Lavagna, y encendió alarmas en los mercados ante el temor de una posible manipulación de los datos inflacionarios.

La incertidumbre se profundizó además después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmara que el Ejecutivo no planea acudir al mercado internacional de deuda en el corto plazo. A esto se sumaron declaraciones del presidente Javier Milei sobre su estrategia de vender activos estatales para cancelar pasivos, lo que generó mayor inquietud sobre el rumbo económico.

En Wall Street, Bioceres Crop alcanzó un mínimo histórico de US$1,14, golpeada por el conflicto judicial que enfrenta el grupo tras la pérdida de control de activos de ProFarm Group en Estados Unidos. En los últimos días, acreedores de Bioceres SA avanzaron con ejecuciones sobre subsidiarias vinculadas a su unidad tecnológica, luego de un fallo adverso en la Corte de Nueva York que habilitó restricciones sobre activos dados en garantía.

En el segmento de renta fija, los bonos Bonares registraron bajas generalizadas, empujando el Riesgo País hasta los 506 puntos básicos.

Los ADRs argentinos también mostraron caídas extendidas. Edenor lideró las pérdidas con un retroceso de 4,6%, mientras que Globant se desplomó 12,3% y Vista cayó 6,7%.

En el plano local, el índice S&P Merval no logró sostener el impulso inicial y cerró con una baja del 1,3% en pesos, finalizando en 3.067.662 puntos. Sociedad Comercial del Plata (-3,4%) y Aluar (-2,3%) encabezaron las caídas en la Bolsa porteña, en una jornada que analistas interpretaron como una toma de ganancias tras el fuerte rally de enero.

La reacción del mercado refleja que, tras la crisis en el Indec, la credibilidad del Gobierno y de su equipo económico quedó seriamente golpeada.