Una disposición administrativa firmada en las últimas horas habilitó el ascenso de 246 agentes a las categorías más altas del escalafón, en medio de fuertes cuestionamientos por la falta de transparencia y el impacto salarial de la medida.
La polémica crece porque muchos de los ascensos habrían sido otorgados sin concursos ni criterios públicos claros, beneficiando a funcionarios y empleados cercanos a la conducción del organismo. Con las recategorizaciones, varios de los promovidos pasarán a cobrar salarios que rondan los seis millones de pesos mensuales, desatando indignación tanto en sectores políticos como entre trabajadores de la propia administración pública.
Desde distintos espacios opositores denunciaron que ARCA se convirtió en “una caja de privilegios” mientras el Gobierno sostiene un discurso de ajuste y recorte del gasto estatal. El caso amenaza con escalar políticamente debido al volumen de ascensos y al millonario costo que implican las nuevas designaciones dentro del organismo recaudador.
