La IGJ quiere saber quién financia a la Fundación Faro

La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de exigirle a la Fundación Faro que revele la identidad de sus principales aportantes fue leída dentro del oficialismo como un nuevo movimiento de Karina Milei en la creciente disputa de poder que atraviesa al Gobierno.

El organismo que conduce el Ministerio de Justicia notificó a la fundación encabezada por Agustín Laje y vinculada al entorno de Santiago Caputo para que informe quiénes realizaron las donaciones millonarias que recibió durante 2024. La presentación deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles bajo amenaza de sanciones económicas que podrían alcanzar varios millones de pesos.

La exigencia surgió luego de que Faro declarara ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el rubro “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, una cifra que multiplicó por más de cien los recursos informados el año anterior y que despertó la atención de la IGJ. El organismo reclama ahora precisiones sobre el origen de esos fondos, la identidad de los aportantes y las circunstancias en las que se realizaron los desembolsos.

La sombra de Karina Milei

Pero la lectura política dentro de La Libertad Avanza va mucho más allá de una cuestión contable. Faro se transformó en los últimos meses en una estructura de peso dentro del ecosistema libertario. Con Agustín Laje como referencia intelectual y Francisco Caputo —hermano del principal asesor presidencial— como uno de sus armadores, la fundación comenzó a consolidarse como un polo de influencia propio dentro del oficialismo.

Por eso, la decisión de la IGJ fue interpretada por varios dirigentes como un mensaje dirigido al sector de Santiago Caputo. La sospecha se alimenta por el hecho de que el organismo responde políticamente al ministro de Justicia, una de las áreas donde Karina Milei logró desplazar la influencia del asesor presidencial para fortalecer su propio esquema de control.

La ofensiva sobre Faro coincidió además con otro gesto que en la Casa Rosada fue leído en clave interna. Horas después de conocerse el requerimiento de la IGJ, Manuel Adorni anunció la apertura del registro para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que impacta sobre uno de los negocios históricamente vinculados a grupos empresarios cercanos al círculo de Santiago Caputo.

La simultaneidad de ambos movimientos alimentó la percepción de que Karina Milei busca recuperar iniciativa política luego de varios episodios que fortalecieron la posición de Caputo frente al Presidente. En el karinismo observan con preocupación el creciente vínculo entre Javier Milei y su principal asesor, mientras que también siguen de cerca los movimientos de Patricia Bullrich, quien comenzó a exhibir señales de autonomía que incomodan a la secretaria general.

En ese contexto, el pedido de información a Fundación Faro dejó de ser un expediente administrativo para convertirse en una pieza más de la guerra silenciosa que se desarrolla en el corazón del poder libertario. Una disputa donde los movimientos burocráticos, los anuncios de gestión y las decisiones regulatorias aparecen cada vez más atravesados por la pelea por la sucesión y el control político del proyecto de gobierno.

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