Mientras el Gobierno nacional sostiene el ajuste sobre jubilaciones, universidades, hospitales y programas sociales, el Senado aprobó el acuerdo para cancelar una deuda con fondos buitre por 171 millones de dólares.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves un nuevo avance parlamentario para concretar el pago de U$S171 millones a fondos buitre que mantienen litigios con la Argentina desde hace más de dos décadas. El Senado aprobó el proyecto de ley que autoriza la cancelación de bonos soberanos en default adquiridos por los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, en una decisión que ya genera fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos y sociales.

La iniciativa deberá ser tratada ahora por la Cámara de Diputados antes del 30 de junio para evitar que pierda vigencia el acuerdo homologado por la jueza estadounidense Loretta Preska en marzo pasado.

La aprobación se produce en medio de un escenario marcado por los recortes impulsados por la administración libertaria sobre áreas sensibles del Estado. Mientras el Gobierno argumenta que no hay recursos para recomponer jubilaciones, financiar universidades, garantizar medicamentos o sostener programas sanitarios, sí avanza con un desembolso millonario destinado a cancelar compromisos con acreedores financieros internacionales.

Los fondos beneficiados forman parte del grupo de acreedores que rechazaron los canjes de deuda impulsados por Argentina tras la crisis de 2001 y continuaron litigando en tribunales extranjeros. Bainbridge Fund mantiene reclamos contra el país desde 2016, mientras que Attestor Master Value inició sus demandas en 2014.

La noticia reavivó las críticas de sectores opositores que consideran contradictorio que el Ejecutivo aplique una política de fuerte ajuste sobre trabajadores, jubilados y estudiantes mientras destina cientos de millones de dólares al pago de acreedores especulativos.

La decisión también vuelve a poner en discusión el rumbo económico del Gobierno. Desde la llegada de Milei a la Casa Rosada, el discurso oficial se apoyó en la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal mediante recortes del gasto público. Sin embargo, la autorización de este pago multimillonario alimenta las críticas de quienes sostienen que el ajuste recae sobre los sectores más vulnerables mientras se priorizan los compromisos con el sistema financiero internacional.

El acuerdo aprobado por el Senado contempla el pago de U$S171 millones y lleva las firmas de funcionarios de la Secretaría de Finanzas junto a representantes de los fondos involucrados. Si Diputados lo convierte en ley antes de fin de mes, el Estado argentino quedará habilitado para concretar la transferencia de los fondos.

La discusión promete instalar nuevamente una pregunta que atraviesa gran parte del debate político actual: si hay recursos para pagarles a los fondos buitre, ¿por qué no aparecen cuando se trata de jubilaciones, educación pública, salud o asistencia social?

En una jugada que despierta fuertes recelos en la City, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES disparó su tenencia de acciones en Bolsas y Mercados Argentinos, la entidad que timonea el propio Adelmo Gabbi.

La investigación económica sobre el destino de los fondos previsionales sumó un capítulo escandaloso. Un informe detallado sobre la cartera del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses reveló que el organismo, bajo la órbita directa del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, ejecutó una compra masiva y desproporcionada de acciones en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA). La tenencia estatal en la firma privada pasó de 25.463.380 acciones en 2023 a la descomunal cifra de 516.502.941 acciones al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 1.928,4%.

El salto —de casi veinte veces— expone una flagrante contradicción doctrinaria en un gobierno que se autopromueve como enemigo jurado de la intervención estatal, pero que terminó ingresando con fuerza en el corazón del mercado de capitales privado. La desmesura de la apuesta por BYMA queda en evidencia al compararla con el resto de las inversiones del FGS en empresas líderes: en el Banco Galicia la suba de tenencias fue de apenas el 30,3%, en el Banco Macro del 3,4% y en Pampa Energía del 1,3%. En contraste, la otra firma donde el FGS curiosamente disparó su participación (un 155,6%) fue Central Puerto, controlada por Nicolás “Nicky” Caputo, primo del ministro de Economía y actor fundamental en la fundación de BYMA durante el apogeo del macrismo.

Causa penal por “Inside Information” y reparto de dividendos

La sospecha en la City no surge en el vacío. La Justicia ya tiene la mira puesta sobre esta estructura a raíz de una presunta maniobra financiera con información privilegiada (inside information). Se investiga un inusual y violento interés comprador de acciones de BYMA —que hizo disparar su cotización un 50% en un mes y medio— justo antes de que el Gobierno liberara el reparto de 120.000 millones de pesos en dividendos acumulados de la Caja de Valores.

La causa penal tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, con la intervención del fiscal Carlos Rívolo, quien ya solicitó expedientes e informes clave a la Comisión Nacional de Valores (CNV). En el expediente penal figuran como principales apuntados Luis Caputo, Nicky Caputo, el titular de BYMA Ernesto Allaria, y diversos funcionarios de la Anses y el FGS por haber utilizado presuntamente los recursos de la seguridad social en beneficio de la timba financiera de un grupo selecto de empresarios.

El Banco Central “paralelo” y la licuación de los jubilados

Más allá de las acciones, la nota expone que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, ha montado un engranaje técnico para renovar la deuda pública utilizando a BYMA como una especie de Banco Central paralelo. A través de instrumentos garantizados, Economía logra absorber pesos del mercado por “otra ventanilla”, permitiéndole al BCRA bajar de forma artificial la tasa de pases (del 45% al 35% anual) para forzar la baja de la curva de pesos sin quedar expuesto en primer plano.

Mientras tanto, los números globales del FGS demuestran que el fondo de los jubilados está perdiendo la carrera contra la inflación real: el patrimonio total pasó de $106,1 billones en diciembre de 2025 a $112,6 billones en marzo de 2026, lo que implica un crecimiento de apenas el 6,1% trimestral, frente a una inflación acumulada del 9,4% en el mismo período. Con el 75,6% de sus activos atrapados en títulos públicos del Tesoro y el resto direccionado a “darle liquidez” a las acciones de las empresas amigas, el dinero de la seguridad social quedó rehén de los dos mostradores de un mismo y peligroso experimento financiero.

La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa una etapa clave y la situación judicial de Eduardo Kovalivker y sus hijos Emmanuel y Jonathan es cada vez más comprometida. Los empresarios, propietarios de la droguería Suizo Argentina, quedaron en el centro de la investigación por el fuerte incremento de contrataciones que obtuvieron durante la gestión de Diego Spagnuolo al frente del organismo.

Según surge del expediente, la firma pasó de manejar contratos por alrededor de 5.000 millones de pesos a concentrar adjudicaciones que superaron los 110.000 millones entre 2024 y 2025. La Justicia busca determinar si detrás de ese crecimiento existió un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pago de retornos. Diversas auditorías oficiales detectaron irregularidades en las adquisiciones, incluyendo diferencias de precios que en algunos casos habrían superado el 3.000 por ciento.

En ese contexto, los Kovalivker intentan ganar tiempo antes de que avance una nueva etapa procesal. Esta semana designaron una perito informática de parte para intervenir en el análisis de los audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. La defensa busca ampliar los puntos de pericia y poner bajo la lupa tanto la autenticidad de las grabaciones como su contenido. La discusión gira en torno a una serie de audios incorporados a la causa en los que se describiría un presunto sistema de cobro de coimas vinculado a contrataciones del organismo.

Por último, el juez federal Ariel Lijo ordenó que las grabaciones sean sometidas a estudios técnicos para determinar si fueron editadas, manipuladas mediante inteligencia artificial o alteradas de alguna manera.

Manuel Adorni no piensa renunciar a la Jefatura de Gabinete porque sabe que fuera del gobierno será un blanco muy fácil para la justicia y además, no contará con la protección de los hermanos Milei. “Si salgo del gobierno, quedo solo. No lo puedo permitir”, aseguró Adorni a su entorno.

Adorni sabe que su situación es insostenible desde todo punto de vista, político y judicial. Según todas las encuestas el 80% rechaza su figura y cree que es un corrupto. Además, su imagen negativa golpea directamente al gobierno libertario, que no para de caer en las encuestas.

Hay muchos rumores de por qué los Milei no le sueltan la mano a Adorni y algunos maliciosos sostienen que la razón está ligada a la causa Libra, que involucra a Javier y Karina y sobre la cual Adorni podría tener información sensible. ¿Si sale del gobierno podría contar cosas que hoy no se saben?

Mientras la Justicia profundiza la investigación por presuntas coimas, direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno nacional volvió a otorgar beneficios a empresas vinculadas al expediente judicial, entre ellas la cuestionada Droguería Suizo Argentina, controlada por la familia Kovalivker.

La firma, que quedó bajo la lupa tras la difusión de los audios que comprometen al ex titular de ANDIS, Diego Spagnuolo, y por su presunta participación en un entramado de contrataciones irregulares dentro del organismo, reaparece ahora en una millonaria licitación del Ministerio de Salud para la provisión de medicamentos oncológicos.

La resolución, firmada por la cartera que conduce Mario Lugones, adjudicó compras por casi 15.000 millones de pesos a un grupo de empresas entre las que también figuran Ortopedia Alemana del Norte y la droguería DISVAL, ambas mencionadas en las actuaciones judiciales que investigan el manejo de fondos destinados a prestaciones para personas con discapacidad.

La situación resulta particularmente llamativa porque, tras el escándalo de ANDIS, la participación de Suizo Argentina en las contrataciones estatales pareció reducirse drásticamente. Sin embargo, detrás de esa aparente retirada se produjeron movimientos societarios y comerciales que hoy vuelven a colocar a la empresa en el centro de la escena.

En diciembre pasado, Emmanuel Kovalivker renunció sorpresivamente a la vicepresidencia de la compañía durante una asamblea extraordinaria. Desde entonces, la presidencia quedó en manos de Jonathan Kovalivker, acompañado por un directorio integrado por figuras estrechamente vinculadas a la estructura empresarial de la familia, entre ellos Pablo Ariel Viner y Sebastián Nuner Uner, señalado en la causa judicial como uno de los hombres de mayor influencia dentro de la droguería.

La investigación del fiscal Franco Picardi busca determinar el funcionamiento de una compleja red de sociedades vinculadas a los Kovalivker, que abarca empresas de los sectores farmacéutico, financiero, inmobiliario y de servicios. Nombres como los hermanos Viner aparecen repetidamente en directorios de compañías relacionadas con Suizo Argentina, varias de ellas bajo investigación.

En su dictamen, Picardi también puso el foco sobre Sebastián Nuner Uner, considerado el número dos de la droguería. Según testimonios incorporados a la causa, Nuner Uner mantenía vínculos directos con funcionarios y operadores involucrados en las contrataciones investigadas y habría tenido capacidad de influencia sobre la incorporación de proveedores al sistema de compras de ANDIS.

A pesar de estos antecedentes, la empresa continúa participando de procesos de contratación pública. De hecho, según registros oficiales, Suizo Argentina presentó este año una oferta por más de 142 millones de pesos para proveer insumos destinados al Hospital Posadas, trámite que aún permanece pendiente de adjudicación.

La reaparición de la droguería en licitaciones estatales vuelve a generar interrogantes sobre los mecanismos de control y transparencia aplicados por el Gobierno, especialmente cuando se trata de empresas cuyos principales directivos y operadores aparecen mencionados en investigaciones judiciales por presuntos hechos de corrupción vinculados al manejo de recursos públicos.

La multinacional italiana Pirelli decidió paralizar completamente su planta de Merlo entre el 15 y el 21 de junio debido al desplome de las ventas y la retracción de la demanda interna, en una medida que refleja el deterioro creciente de la actividad productiva nacional.

La suspensión de la producción fue comunicada en las últimas horas a los trabajadores de la fábrica bonaerense y se extenderá durante una semana con goce de haberes. Sin embargo, el freno temporal de la actividad aparece apenas como una señal de una problemática más profunda: a partir de julio la empresa modificará su esquema operativo, eliminará la producción durante los fines de semana y reducirá significativamente los ingresos de cientos de operarios.

La decisión implica el fin de las horas extras y adicionales asociados a las jornadas de sábado y domingo, lo que provocará una caída promedio cercana al 27% en los salarios de los trabajadores. El ajuste evidencia las dificultades que enfrenta la compañía para sostener los niveles de producción en un contexto de mercado cada vez más deprimido.

Una industria golpeada por la apertura importadora y el derrumbe del consumo

El caso de Pirelli no constituye un hecho aislado. La industria del neumático atraviesa una de las coyunturas más complejas de los últimos años, afectada por la fuerte caída del consumo, la pérdida de competitividad de la producción local y el creciente ingreso de neumáticos importados muchas veces de menor calidad.

Según señalaron trabajadores de la planta, la empresa acumula al menos cuatro meses consecutivos de retroceso en las ventas, una situación que encendió las alarmas en toda la actividad. La preocupación se profundiza por el escenario que también atraviesa Fate, otra de las principales fabricantes del sector, que enfrenta problemas productivos y laborales similares.

La planta de Merlo emplea actualmente a unos 650 trabajadores, aunque la dotación ya sufrió una drástica reducción en los últimos años. Desde 2023 se registraron más de 700 desvinculaciones en el marco de distintos procesos de ajuste implementados por la compañía para adecuarse a la caída de la actividad.

Del auge productivo a la capacidad ociosa

La magnitud de la crisis puede observarse con claridad en los niveles de producción. Mientras que durante sus años de mayor expansión la planta llegó a fabricar cerca de 18.000 neumáticos por día, actualmente produce entre 3.500 y 4.000 unidades diarias, una caída que expone el fuerte retroceso de la actividad industrial.

Inaugurada en 1951, la fábrica de Merlo se consolidó durante décadas como una de las principales plantas de Pirelli en Sudamérica, recibiendo inversiones destinadas a ampliar su capacidad productiva y desarrollar neumáticos de alto valor agregado. Hoy, sin embargo, opera muy por debajo de su potencial y se enfrenta a un escenario de creciente incertidumbre.

Trabajadores y referentes del sector advierten que la combinación entre apertura de importaciones, contracción del mercado interno y pérdida del poder adquisitivo está acelerando un proceso de desindustrialización que ya impacta sobre el empleo, los salarios y la capacidad productiva nacional. La paralización de Pirelli aparece así como una nueva señal de alarma en una industria que observa con preocupación la profundización de la crisis y la ausencia de medidas que permitan revertir la tendencia.

La decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) de exigirle a la Fundación Faro que revele la identidad de sus principales aportantes fue leída dentro del oficialismo como un nuevo movimiento de Karina Milei en la creciente disputa de poder que atraviesa al Gobierno.

El organismo que conduce el Ministerio de Justicia notificó a la fundación encabezada por Agustín Laje y vinculada al entorno de Santiago Caputo para que informe quiénes realizaron las donaciones millonarias que recibió durante 2024. La presentación deberá realizarse en un plazo de diez días hábiles bajo amenaza de sanciones económicas que podrían alcanzar varios millones de pesos.

La exigencia surgió luego de que Faro declarara ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo el rubro “Donaciones, cursos, talleres y prevención”, una cifra que multiplicó por más de cien los recursos informados el año anterior y que despertó la atención de la IGJ. El organismo reclama ahora precisiones sobre el origen de esos fondos, la identidad de los aportantes y las circunstancias en las que se realizaron los desembolsos.

La sombra de Karina Milei

Pero la lectura política dentro de La Libertad Avanza va mucho más allá de una cuestión contable. Faro se transformó en los últimos meses en una estructura de peso dentro del ecosistema libertario. Con Agustín Laje como referencia intelectual y Francisco Caputo —hermano del principal asesor presidencial— como uno de sus armadores, la fundación comenzó a consolidarse como un polo de influencia propio dentro del oficialismo.

Por eso, la decisión de la IGJ fue interpretada por varios dirigentes como un mensaje dirigido al sector de Santiago Caputo. La sospecha se alimenta por el hecho de que el organismo responde políticamente al ministro de Justicia, una de las áreas donde Karina Milei logró desplazar la influencia del asesor presidencial para fortalecer su propio esquema de control.

La ofensiva sobre Faro coincidió además con otro gesto que en la Casa Rosada fue leído en clave interna. Horas después de conocerse el requerimiento de la IGJ, Manuel Adorni anunció la apertura del registro para que talleres mecánicos particulares puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que impacta sobre uno de los negocios históricamente vinculados a grupos empresarios cercanos al círculo de Santiago Caputo.

La simultaneidad de ambos movimientos alimentó la percepción de que Karina Milei busca recuperar iniciativa política luego de varios episodios que fortalecieron la posición de Caputo frente al Presidente. En el karinismo observan con preocupación el creciente vínculo entre Javier Milei y su principal asesor, mientras que también siguen de cerca los movimientos de Patricia Bullrich, quien comenzó a exhibir señales de autonomía que incomodan a la secretaria general.

En ese contexto, el pedido de información a Fundación Faro dejó de ser un expediente administrativo para convertirse en una pieza más de la guerra silenciosa que se desarrolla en el corazón del poder libertario. Una disputa donde los movimientos burocráticos, los anuncios de gestión y las decisiones regulatorias aparecen cada vez más atravesados por la pelea por la sucesión y el control político del proyecto de gobierno.