La líder de la Coalición Cívica aseguró que la iniciativa responde a intereses vinculados a magnates de Silicon Valley y al narcotráfico, y afirmó que incluso podría denunciar al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria.
La discusión por el proyecto del Gobierno para modificar la ley de tierras sumó un nuevo foco de tensión tras las explosivas declaraciones de Elisa Carrió, quien acusó a la administración de Javier Milei de impulsar una iniciativa que pone en riesgo la soberanía nacional y favorece intereses extranjeros vinculados al poder tecnológico global y al narcotráfico.
La líder de la Coalición Cívica sostuvo que la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, actualmente en debate en el Senado, podría habilitar la entrega de territorios estratégicos, recursos naturales, agua y zonas de frontera a capitales extranjeros. “Es el modelo que quieren Peter Thiel, Silicon Valley y los narcos”, afirmó, al advertir que la Argentina podría convertirse en el primer laboratorio de un “tecnofeudalismo” donde existan “Estados sin impuestos dentro del Estado”.
Carrió reveló que analizó el último borrador del proyecto enviado por Patricia Bullrich y cuestionó especialmente el límite del 25% de tierras que podrían adquirir personas o sociedades extranjeras. Según explicó, ese porcentaje podría concentrarse en una misma provincia o en áreas sensibles de frontera, afectando la integridad territorial del país.
La exdiputada consideró que la reforma debilita los mecanismos de control estatal y sostuvo que la protección de las zonas fronterizas no puede quedar sujeta a decisiones de gobernadores o funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que involucra directamente la soberanía nacional.
En ese marco, lanzó una de sus advertencias más contundentes al asegurar que, si la ley es aprobada, está dispuesta a denunciar penalmente al presidente Javier Milei y a la ministra Patricia Bullrich por el delito de traición a la patria. Además, afirmó que los impulsores del proyecto ya podrían estar alcanzados por el artículo 29 de la Constitución Nacional, que prohíbe delegar facultades extraordinarias que comprometan el orden constitucional.
Durante la entrevista, Carrió vinculó la iniciativa con los intereses del empresario tecnológico Peter Thiel, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, y aseguró que detrás de la reforma existe un proyecto para facilitar el establecimiento de enclaves con escaso control estatal destinados a grandes corporaciones tecnológicas y otros actores con enorme capacidad financiera.
“¿Para qué reivindicar Malvinas si después permitimos que compañías extranjeras controlen territorios estratégicos?”, cuestionó, al insistir en que la reforma representa un riesgo para la integridad territorial argentina y profundiza la controversia en torno a uno de los proyectos más sensibles impulsados por el Gobierno.