La crisis económica golpea con especial dureza a los sectores más vulnerables: tres de cada cuatro personas no logran cubrir los gastos mínimos y crece el endeudamiento utilizado para sostener necesidades básicas.

La situación en los barrios populares atraviesa un escenario crítico. Según un informe del Instituto Periferias, seis de cada diez personas debieron endeudarse para comprar alimentos, mientras que el 43,7% afirmó haberse salteado comidas. El dato expone el deterioro de las condiciones de vida y las dificultades cada vez mayores para garantizar una alimentación adecuada.

El endeudamiento dejó de ser una herramienta para afrontar gastos extraordinarios y pasó a convertirse en un recurso habitual para sostener la vida cotidiana. En un contexto de fuerte aumento de la morosidad, el 61,8% de las personas consultadas reconoció tener alguna deuda financiera, mientras que tres de cada cuatro aseguraron que sus ingresos no alcanzan para cubrir los gastos mínimos.

Entre quienes tienen deudas, el 44,8% recurrió a tarjetas de crédito, el 31,9% pidió dinero a familiares o amigos, el 27,3% acudió a préstamos de particulares y el 23,9% utilizó aplicaciones de crédito. Los datos muestran cómo las familias recurren a distintas formas de financiamiento para cubrir necesidades que deberían poder afrontar con sus ingresos.

La situación alimentaria también alcanza niveles preocupantes. El 73,4% aseguró que no pudo acceder a alimentos saludables, mientras que un 43,7% manifestó haber pasado días sin comer, una situación considerada de inseguridad alimentaria grave. A su vez, el 53,8% señaló que alguna vez se quedó sin alimentos.

El deterioro económico también impacta en el bienestar emocional: el 58,2% de las personas consultadas afirmó experimentar “ansiedad/tristeza por la economía”. El informe fue realizado a nivel nacional y contó con la participación de 7.742 personas mayores de 18 años.

Los resultados reflejan una realidad especialmente preocupante en los barrios populares: la deuda se utiliza para comprar comida, los alimentos saludables se vuelven inaccesibles y una parte significativa de la población directamente reduce o saltea sus comidas. La crisis, lejos de limitarse a los ingresos, comienza a comprometer necesidades básicas como la alimentación y el bienestar de las familias.

El derrumbe alcanza a las 24 jurisdicciones del país y se produce mientras el impuesto a los combustibles aumentó 1.387% desde el cambio de Gobierno, muy por encima de la inflación acumulada.

El consumo de combustibles vuelve a encender una señal de alarma sobre el deterioro de la economía argentina. Durante los primeros siete meses de 2026, el volumen de naftas despachado cayó a 5.667,3 millones de litros, el nivel más bajo para ese período desde 2023. La cifra representa una caída del 5,26% frente a los 5.981,8 millones de litros registrados en los primeros siete meses de aquel año, con una pérdida de más de 314 millones de litros.

El retroceso tampoco se limita a la comparación de mediano plazo. Respecto de 2025, las ventas cayeron otro 1,84%, confirmando una tendencia contractiva que se profundiza. En julio, según datos de la Secretaría de Energía difundidos por Surtidores, el despacho de combustibles se redujo 6,4% interanual, con 1.368.722 metros cúbicos vendidos. Fue además el sexto mes consecutivo de caída.

El dato adquiere mayor gravedad porque el derrumbe es generalizado a escala nacional. Según el Instituto Argentina Grande (IAG), las 24 jurisdicciones registraron descensos en las ventas de nafta respecto de los niveles de 2023. Entre los mayores retrocesos aparecen Misiones (-32,48%), Formosa (-26,26%), Corrientes (-18,83%), La Rioja (-15,73%) y Entre Ríos (-15,31%).

La contracción también golpeó a los distintos tipos de combustibles. La venta de nafta premium cayó 7,3% frente a 2023, mientras que la súper retrocedió 4,5%. En la comparación interanual de julio, la nafta súper cayó 7,8%, el gasoil G2 disminuyó 7,04% y la premium acumuló su tercer mes consecutivo de retroceso.

Menos consumo y más impuestos

El desplome de las ventas se produce, además, en un contexto de fuerte incremento de la presión impositiva sobre los combustibles. Desde el cambio de gestión, el impuesto a los combustibles aumentó 1.387%, muy por encima de la inflación acumulada del 329% en el mismo período.

El peso del tributo sobre el precio final también se multiplicó. En noviembre de 2023 representaba el 8,9% del valor en el surtidor, mientras que en agosto de 2026 llegó al 20,1%. En términos reales, la carga tributaria sobre la nafta registró un incremento del 240%.

El impacto puede verse con claridad en el precio actual. En la Ciudad de Buenos Aires, un litro de nafta súper cuesta alrededor de $2.045, de los cuales $411 corresponden a impuestos. En noviembre de 2023, a precios constantes de hoy, el litro equivalía a unos $1.333 y la carga correspondiente al impuesto a los combustibles era de apenas $120.

La situación expone así una combinación cada vez más difícil para los consumidores: menos capacidad de consumo y un combustible que incorpora una carga impositiva cada vez mayor. El impuesto, además, se aplica como un monto fijo por litro y sus actualizaciones fueron utilizadas por el Gobierno para recomponer el atraso acumulado durante la gestión anterior.

Una señal más del deterioro de la economía real

La caída de las ventas de nafta representa mucho más que un dato sectorial. El consumo de combustibles está directamente vinculado con la movilidad de los hogares, el transporte, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de la economía. Por eso, su desplome constituye otro indicador concreto del enfriamiento de la actividad.

El deterioro también adquiere una dimensión particularmente preocupante en las provincias fronterizas, donde el cambio de precios relativos con los países vecinos incentivó parte de la demanda hacia el exterior. Sin embargo, la tendencia excede ampliamente a las zonas de frontera: ninguna provincia logró escapar de la caída respecto de 2023.

Mientras tanto, el Gobierno decidió postergar hasta el 1° de octubre una nueva actualización de las alícuotas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que estaba prevista para septiembre.

El escenario deja un dato difícil de ignorar: los argentinos están comprando menos nafta mientras el componente impositivo del combustible se multiplica. La caída del consumo, extendida a todo el territorio nacional, se suma así a otros indicadores de contracción y vuelve a poner bajo la lupa el verdadero estado de la economía real.