Mediante un documento, la central obrera rechazó el paquete de medidas anunciado por el ministro Caputo, y aseguró que con este rumbo “el ajuste de Javier Milei castiga al pueblo y no a la casta”.

Luego de deliberar por un par de horas en la sede de la UOCRA, la conducción de la CGT emitió un duro documento, donde rechaza el paquete de medidas que anunció el ministro de Economía Luis Caputo, y que genera una fuerte devaluación y recortes en el gasto público, entre otras cuestiones. La central obrera consideró que “el ajuste de Javier Milei castiga al pueblo y no a la casta”, y alertó que este paquete “generarán una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores”.

La reunión de este miércoles fue llamada luego del anuncio del paquete de medidas que lanzó Caputo para achicar el gasto público, reduciendo cinco puntos del PBI. Con el título de “No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo”, la declaración difundida por la CGT señaló que “no estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste”, mientras hizo hincapié en que “el ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar sus costos de manera inequitativa sobre la sociedad argentina”.

De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30 por ciento, al menos por el próximo cuatrimestre, situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”, afirmó la central obrera.

Disciplinador

Para la central obrera, “las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social” y a continuación agregó: “Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”.

En el texto también se ratificó el documento de 15 puntos programáticos presentado por la CGT a los candidatos presidenciales durante la campaña electoral, en donde destacó la importancia de la defensa de la “progresividad de los derechos laborales y sociales” para “una sociedad más justa” como ejes del “modelo de desarrollo, producción y trabajo”. Además, la central obrera insistió en su reivindicación de “los derechos sociolaborales, el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores y trabajadoras”.

Fuente: Data Gremial

De esta manera se suman a las subas del 30% del fin de semana pasado, acumulando un alza del 64% desde noviembre.

La petrolera estatal YPF se sumó este jueves a los aumentos en los precios de los combustibles de las compañías privadas y sus estaciones de servicio amanecieron con subas de hasta 37% con respecto a los precios que regían hasta ayer.

El nuevo incremento se da tras las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, que incluyeron una devaluación del 54% del tipo de cambio oficial, y se suma a la actualización del 30% que habían hecho las petroleras durante el fin de semana pasado.

Con este último ajuste, los combustibles acumulan una suba del 64% desde noviembre, cuando llegó a su fin el programa “Precios Justos”.

En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de referencia de la nafta súper pasó de $449 a $615, el de la nafta premium de $529 a $739 y el del gasoil de $479 a $645.

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) analizó la situación que atraviesa el sector y la incertidumbre en materia de empleo.

Se cancelan aquellas licitaciones, cuyas obras no empezaron, y se las va a rescindir. Según dijeron,no va haber nuevas y continuarían las que se encuentran en curso, aunque no dijeron de qué forma, y están en este momento en un proceso muy complicado”, afirmó Gustavo Weiss.

El titular de la CAMARCO expresó que “en materia de obra pública de acuerdo a lo que suponíamos que iba a pasar, no tenemos por supuesto información, suponíamos que iba a haber un ajuste”.

El flamante ministro de Economía informó el shock de medidas en la tarde del último martes, paquete dentro del que se encuentra la suspensión de la mayoría de la obra pública.

En este contexto, al ser consultado por las políticas que implementará el Gobierno nacional en materia de equilibrio monetario, Gustavo Weiss consideró que “es un plan fuerte, de reducción del déficit fiscal realmente muy importante que va a a traer aparejadas, sin lugar a dudas, una serie de ajustes en los distintos sectores de la economía y por lo pronto, una devaluación muy importante que seguramente se va a traducir en un proceso inflacionario”.

En este sentido, el jefe de la Cámara Argentina de la Construcción hizo hincapié en la inestabilidad del sector y explicó que la obras “vienen de un proceso muy complicado durante todo el año, por la alta inflación por un lado y por otro, por atrasos en los pagos, en algunos casos muy importantes”.

En relación con ello, reparó en que “si hay un contrato firmado y el gobierno o una de las partes lo incumple, potencialmente uno puede hablar de una demanda ante la justicia”. veremos caso por caso, hay en muchos casos de contratistas con obras no empezadas, me refiero donde todavía no hubo un perjuicio económico importante”,

“En muchos casos los contratistas optan por no litigar. Esto no necesariamente tiene que ocurrir, pero desde el punto de vista legal ,sin duda uno puede recurrir a la Justicia”, subrayó el jefe de la CAMARCO.

Congelamiento de obras y el esquema de empleo en el sector de la construcción

El principal representante de la Cámara Argentina de la Construcción brindó precisiones sobre el número exacto o muy aproximado del esquema de empleo del sector y detalló que “el empleo total de la construcción formal, es del orden de las 550 mil personas directas. Esto es, jornalizados y mensualizados, aproximadamente la mitad de los 550 mil trabajan en obra pública y la otra mitad en obra privada”.

Posteriormente, estimó que “por lo tanto, el universo de empleo directo que estaría con esta situación son más o menos 270 mil personas. A eso, hay agregarle un empleo indirecto por cada empleo directo”.

A su vez, concluyó que “por lo cual, doscientas setenta mil trabajan en obra pública directa y otros tantos, en forma indirecta. Esa es la situación de la mano de obra”.

La inversión privada en el ámbito de la construcción

“De acuerdo a la experiencia mundial en los países que más tienen desarrollada la inversión privada en infraestructura, los países centrales como Inglaterra que, fue inventor de este sistema hace ya muchos años”

“La inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7% , porcentaje que puede llegar a un 15% con distintas modalidades”.

“El 85% es inversión pública en sus tres niveles, nacional, provincial y municipal y la explicación de esto es que, el grueso de las obras de infraestructura no tienen interés económico para un privado”.

Fuente: Perfil

Lo promulgó el presidente de la vecina nación. Pagarán las inversiones en fondos personalizados y las empresas offshores, entre otras.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, promulgó hoy la ley que por primera vez le cobrará impuestos a las inversiones de los llamados superricos en fondos personalizados y las empresas offshore, con la cual el Gobierno pretende recaudar el equivalente a 6.000 millones de dólares hasta 2025.

La sanción de la ley fue publicada hoy en el Diario Oficial de la Unión y fue producto de una amplia negociación en el Congreso, donde la centroderecha conocida como el “Centrao” bajó las expectativas de recaudación pero permitió una inédita tributación impositiva que para el ministro de Economía, Fernando Haddad, permite evitar un ajuste en las cuentas públicas.

El texto cambia una serie de leyes, entre ellas el Código Civil, para poder tributar o aumentar las tasas que se cobran sobre fondos exclusivos, como son conocidos los fondos de inversión personalizados para personas de altos ingresos, y sobre las aplicaciones financieras en offshores.

Con la nueva ley, la tributación se realizará una vez al año, el 31 de diciembre, y será del 15%.

Los contribuyentes individuales tendrán que declarar por separado los ingresos del capital invertido en el extranjero, ya sean inversiones financieras, ganancias o dividendos de entidades controladas.

Según la ley, los fondos exclusivos se gravarán dos veces al año, cada seis meses.

De acuerdo con los cálculos hechos por el Congreso, existen 2.500 brasileños con recursos en los fondos exclusivos, que requieren como mínimo una inversión de 2 millones para ingresar.

Según el ministro Haddad, el cobro de impuestos a los superricos compensará la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias prometida por el presidente Lula.

Desde la Municipalidad de ese distrito de la Quinta Sección lanzaron un comunicado lamentándose por la paralización de 208 obras de viviendas.

Desde que se conoció el triunfo de Javier Milei en el balotaje del 19 de noviembre, los tiempos de ajuste están cada vez más cerca. En el municipio bonaerense de Castelli comenzaron los primeros coletazos, con despidos y paralizaciones de obras.

Desde la Municipalidad del distrito de la Quinta lanzaron un comunicado a través de su cuenta de Facebook lamentando que la empresa SZCZECH S.A abandonó la obra del Desarrollo Urbanístico ProCrear II de la localidad.

Este abandono por parte de la empresa provocó 150 despidos y la paralización de alrededor de 208 obras de vivienda que estaban en pleno desarrollo.

En un punto del comunicado, el municipio señaló: “Nos duele como gestión que se paralice esta obra que tanto nos costó y que se encontraba en un estado de avance importante”. “Producto de esta decisión del flamante gobierno nacional, 97 vecinos de Castelli quedarán sin empleo, y 208 familias no podrán cumplir con el sueño de la casa propia. Esto impacta de manera directa y negativa en nuestra economía y en el comercio local. Son 150 trabajadores y trabajadores que perderán su trabajo”, continuó el escrito en redes sociales.

Lo paradójico es que el intendente reelecto del distrito, Francisco Echarren, semanas atrás vaticinó lo que podía llegar a ocurrir con el gobierno de Javier Milei en su cuenta de Twitter, cuando pidió que intendentes alcen la voz para que no se “frene la obra pública en la Provincia”. Al trascender el despido de 150 trabajadores de su distrito, también volvió a manifestarse vía Twitter: “No era miedo, era verdad. Cuanta tristeza”, sentenció.

Fue a través de un comunicado titulado “Salvajes” de la Asociación Bancaria.

La Asociación Bancaria (AB) advirtió hoy que las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía, Luis Caputo, son de una “violencia inusitada sobre la clase trabajadora” y representan “lisa y llanamente una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

En un comunicado titulado “Salvajes”, la AB -que encabeza el diputado nacional por el Frente de Todos Sergio Palazzo- indicó que las medidas “son de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general” y agregó: “Coincidimos que se trata lisa y llanamente de una confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.

“Son los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría y los que van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación”, agregaron en el texto.

“La devaluación de más del 100 por ciento provocará un encarecimiento aún mayor de los servicios, los despidos masivos en el Estado dejan sin trabajo a miles de empleados estatales, la eliminación de obra pública excluye a más de 250 mil trabajadores, pymes y prestadores de esta actividad”, detallaron en el comunicado.

Además, el sindicato de los bancarios advirtió que medidas como “la reversión de la reforma por ganancias, que implica que un millón de trabajadores vuelvan a pagar ganancias, la quita de los subsidios al transporte y energía afectará directamente a los trabajadores y al pueblo en general, sumado a que se eliminan las fórmulas de movilidad de las jubilaciones y actualizaran por decreto”.

“Invitamos y llamamos a la reflexión de las nuevas autoridades, que las medidas de ajuste las hagan con el poder económico real, con la verdadera casta, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso”, concluyó el comunicado gremial.

El vocero presidencial afirmó que el objetivo es “el equilibrio de las cuentas públicas” y aseguró que el Banco Central “no va a financiar un solo peso del Tesoro”.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anticipó este miercoles que la reducción de subsidios a las tarifas se implementará “a partir del 1 de enero” del año próximo, al tiempo que adelantó que en las próximas semanas el Gobierno presentará un plan de reformas estructurales.

“Ese esquema se va a dar a conocer en los próximos días, hay algunas cuestiones que requieren algún tiempo más por las cuestiones operativas, pero entendemos que este esquema de cambio en materia de subsidios va a ser a partir del 1 de enero”, precisó Adorni respecto del transporte y los servicios públicos, durante su habitual conferencia de prensa en Casa de Gobierno, la tercera desde que comenzó el gobierno del presidente Javier Milei.

El esquema de subsidios económicos, según lo comunicado el martes por la noche a través de la cuenta del Ministerio de Economía en X (ex Twitter), prevé una reducción del 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI).

En el Salón de los Pueblos Originarios, Adorni reconoció que hay una “inequidad” en la distribución de los subsidios entre el AMBA y el resto del país, tal como lo hizo este mertes durante los anuncios el ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que asumió que se evalúa “un cambio de esquema para dejar de subsidiar de esta forma y mejorar la equidad entre provincias”.

En cuanto al transporte, la reducción de subsidios, dijo, estará enfocado en asistir a la demanda y no la oferta, como sucede actualmente, eliminando la inequidad entre el Amba y el interior, y en energía en los servicios de luz y gas.

En su intercambio matutino con la prensa, antes de la reunión de Gabinete de Milei con su equipo de gobierno, Adorni adelantó también que en las próximas semanas se va a conocer el “plan de reformas estructurales pensado, diagramado y trazado para los próximos años y que van a cambiar el rumbo de la Argentina”.

Respecto a las medidas anunciadas y a las que se irán informando, el portavoz presidencial resumió: “Son necesarias e inevitables”.

“Es una paquete de medidas urgentes, que consideramos inevitables para evitar la catástrofe y la hiperinflación. El escenario de hiperinflación es más gravoso que el que existía en 1989 y 1990, cuando el aumento en el costo de la vida llegó a un 3000% anual”, explicó.

El paquete anunciado por el ministro Caputo se concentra en diez medidas, entre las que destacan el aumento del tipo de cambio a 800 pesos por dólar, el fin del gasto en obra pública, la reducción de subsidios a la energía y el transporte, y un incremento en la ayuda social vía Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar.

Adorni insistió en que el “norte más urgente” del Gobierno “es alcanzar el déficit cero”, un meta que definió como “la madre de todas las batallas”.

“No se puede gastar más de lo que no se tiene y de lo que ingresa. Eso no es negociable porque deriva en una crisis de deuda o en una inflación como la que estamos viviendo ahora. Es algo que viene desde hace más de 20 años”, consignó.

Al igual que el ministro Caputo, Adorni fue tajante al hacer un diagnóstico de cómo encontró el actual gobierno al país: “Hemos encontrado un paciente en terapia a punto de morirse, y no estamos dispuestos a permitir que ese paciente se muera”.

“Nuestra premisa es el déficit cero”, insistió, y señaló que “el paquete de medidas que anunció Caputo dan por tierra el déficit fiscal” y “apunta al superávit o equilibrio de las cuentas públicas”.

Para alcanzar el déficit cero el gobierno prevé una mejora en los ingresos a través del Impuesto País, retenciones adicionales para las exportaciones, reversión en la reforma de Ganancias, una moratoria impositiva y un blanqueo de capitales. Se estima que la suma de estos nuevos ingresos se ubicarán en torno al 2,2% del PBI.

También se anunció el capítulo de reducción de gastos, que se estiman en 2,9% del PBI con intervenciones en jubilaciones y pensiones, transferencias corrientes a provincias, subsidios, gasto de capital, programas sociales con intermediarios y gastos de funcionamiento.

“No se puede gastar más de lo que ingresa. Eso no es negociable porque sabemos que deriva en crisis de deuda o en inflación”, dijo el portavoz de Presidencia de la Nación. Indicó que “no hay que tenerle miedo a la verdad, sino a no actuar en consecuencia”, y reiteró que “no” van “a mentir”.

Al respecto, Adorni aseguró que se “actuará sobre el problema estructural de la Argentina” y advirtió que “nada de esto va a funcionar si no nos creen, si no somos creíbles” porque “si no te creen nada es posible”. Sobre los anuncios de Caputo, indicó que “son medidas que requerían de urgencia inmediata para generar previsibilidad y que todos entiendan que estamos dispuestos a no gastar más”.

Adelantó que el déficit fiscal esperado para 2023 es de 3 puntos del producto, que sumado al endeudamiento asciende a 5,2 puntos del producto.

Adorni también anticipó que se van a eliminar parcialmente las transferencias discrecionales a las provincias, las cuales “suelen tener carácter político”, y sobre la eliminación de subsidios,

Consultado sobre eventuales cambios en los ajustes de las jubilaciones, dijo que se busca terminar “con un esquema que ha convertido al jubilado en una persona con necesidades” y que “claramente el objetivo es mejorarlas” porque debido a la inflación “los jubilados iban a seguir perdiendo”.

La determinación se conoció después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. Con una planilla la misma cartera anunciaba la «reversión de la reforma de Ganancias». En la práctica se tratará de un proyecto para que los salarios de casi 1 millón de trabajadores vuelvan a tributar.

El Gobierno nacional enviará al Congreso de la Nación un proyecto de Ley para revertir la modificación sobre el Impuesto a las Ganancias realizada a fines de septiembre, según informaron fuentes del Ministerio de Economía.

La medida está presentada como complementaría al paquete de emergencia anunciado este martes por el titular de la cartera económica, Luis «Toto» Caputo», con el objetivo de realizar un fuerte recorte del gasto en la administración pública y de distintos sectores que reciben subsidios del Tesoro Nacional para alcanzar el equilibrio fiscal.

La revisión del Impuesto a las Ganancias impactaría sobre la ley aprobada apenas dos meses atrás, la cual eliminó la cuarta categoría que grava los sueldos de los empleados y creó un tributo sobre los altos ingresos que se pagará cuando se cobren haberes superiores a quince veces el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) mensual.

De esta manera, el presidente Javier Milei busca retroceder en la iniciativa que favoreció a un universo de casi 1 millón de trabajadores y que él mismo votó a favor.

La modificación de Ganancias había sido impulsada por el exministro de Economía, Sergio Massa, y tuvo el acompañamiento de casi todas las bancadas, incluso de La Libertad Avanza, a excepción de la de Juntos por el Cambio.

En la práctica pasaron a pagar solo quienes superen el $1.980.000, y a partir de entonces, se tributa según las nuevas escalas. Para quienes dejaron de pagar significó un incremento de alrededor del 30% en sus ingresos.

Fuente: Línea Sindical

El dólar abrió a $1150, 80 pesos más caro respecto a la rueda anterior, jornada

El dólar blue se vende este miércoles 13 de diciembre de 2023 a $1150, 80 pesos más caro respecto a la rueda anterior, jornada en la que el ministro de Economía -Luis Caputo- anunció una fuerte devaluación, entre otras medidas.

El dólar blue mantiene sus movimientos también los fines de semana, como los feriados, aunque el volumen de operaciones es mucho menor al de un día hábil.

Cotización del dólar blue

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $724 después de cerrar el 2022 a $346.

Durante 2022 el dólar informal avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

Pero en 2021, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).

¿Qué es el dólar blue?

La venta del DÓLAR BLUE es solo en el mercado paralelo, el informal, donde los límites y precios se acuerdan entre las personas, con una valor de referencia pero que podría ser diferente cuando se va a una “cueva” a comprar o a vender. No tiene límites como el oficial.

¿Desde cuándo existe y por qué se llama dólar blue?

Hay varias explicaciones: una refiere sobre su denominación marcando que se llama así porque en inglés, “blue”, además de nombrar al color azul, remite a algo “oscuro”.

Otra afirma que se lo relaciona con las operaciones de compra a través de bonos o acciones de compañías conocidas como “blue chips”. También lo vinculan con el color aproximado que aparece cuando se aplica un fibrón para detectar billetes falsos.

“Los autos que exportemos serán 15% más caros”, se quejan. Muchas dudas tras los anuncios de ayer.

El nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, presentó ayer el “Paquete de Urgencia Económica” del flamante presidente argentino, Javier Milei. Son una serie de medidas que impactarán de manera directa en el mercado automotor local, entre muchos otros sectores del país.

La reacción de los empresarios del sector fue dispar. Recordemos que las marcas de autos que se venden en la Argentina se dividen en dos grandes grupos: importadores (representantes de marcas extranjeras, que no tienen fábricas en el país) y terminales (marcas con plantas, que producen para el mercado local, pero también exportan e importan autos terminados, además de piezas para fabricación en el país).

* Importadores: Las marcas sin fábrica en el país celebraron la eliminación de los permisos de importación (SIRAs), que se utilizaron estos años para bloquear y limitar el ingreso de vehículos al país. Sin embargo, están expectantes por los anuncios de impuestos más altos (como el incremento del llamado “PAIS”, aún sin alícuota confirmada) y la fuerte devaluación del peso ante el llamado “dólar oficial”, que empujará a todos los vehículos a tributar los impuestos internos. “Antes teníamos compradores, pero no autos. Ahora tendremos autos, ¿pero quedarán compradores en pie después de este ajuste?”, grafican.

Terminales en alerta

Las terminales automotrices, en cambio, se declararon en alerta ante una serie de medidas que consideran que afectará al sector. Entre anoche y esta mañana, Motor1 Argentina dialogó con diferentes ejecutivos de las fábricas agrupadas en Adefa, quienes plantearon sus peores temores tras los anuncios de Luis Caputo.

Los fabricantes se mostraron frustrados porque no se escucharon ninguno de los reclamos que el lunes le plantearon a la canciller Diana Mondino.

Este diálogo es una síntesis de varias conversaciones con diferentes empresarios del sector.

-¿Cómo impactarán los anuncios de Luis Caputo en la industria automotriz argentina?

-Mal, hay mucha preocupación. Los derechos a la exportación no entorpecen el desarrollo argentino. Directamente matarán a la industria. El último ministro que puso derechos a la exportación provisorios de bienes industrializados fue Dante Sica, durante el último año del Gobierno de Mauricio Macri. Y aún están vigentes.

-¿De qué manera afectará esto a los autos fabricados en la Argentina?

–Los autos que exportemos serán más caros en los países de destino. Nuestros clientes en otros mercados no van a querer absorber el 15% de aumento del “costo argentino”. Estamos hablando de un alícuota que supera el margen que gana el vendedor. Nuestros mercados de exportación podrían decidir comprarles a otros países más competitivos y que vendan productos similares, pero más baratos.

-¿Por qué entonces Caputo tomó esa medida?

-No lo sabemos. Poner ese impuesto es desconocer la falta de competitividad de la Argentina. De todas las medidas anunciadas anoche, esa es la más inentendible de todas.

-¿La eliminación de las SIRA no es una buena medida?

-Sí, aunque aún no se sabe cuándo se implementará el cambio. El sistema de la Aduana sigue sin procesar pedidos de importación de piezas desde el lunes. Ya hay plantas con varias líneas de producción de vehículos paradas y con operarios suspendidos.

-¿De cuánto será el impacto del Impuesto PAIS?

-No se informó. Se habla del 17.5%. Si a eso le sumamos la devaluación del peso, todos los autos del mercado pasarán a tributar impuestos internos. Entendemos que ese impuesto se tiene que actualizar o eliminar, siempre fue muy distorsivo para los precios de los autos.

-¿Qué pasará con la deuda acumulada por las terminales y autopartistas con el exterior?

-Sigue sin solucionarse. Dicen que hoy habría anuncios sobre el tema. No sabemos si a esa deuda le aplicarán algún impuesto. No deberían, porque sería algo retroactivo e inconstitucional. Sin embargo, ya tenemos a nuestros equipos de Legales estudiando ese tema. Se les vendría encima un tsunami de pedidos de amparo, porque ya hay informes que respaldan la inconstitucionalidad en caso de aplicar impuestos retroactivos.

-¿No sacan nada en positivo de los anuncios de Caputo?

-Entendemos que son medidas de ajuste que tenían que tomar. La devaluación del peso era inevitable. Eliminar las SIRA termina con el franeleo de cada semana, para conseguir la aprobación de importaciones. Pero lo más grave son los derechos de exportación: es matar al desarrollo y a la industria argentina.

Fuente: Motor1