La Infantería reprimió brutalmente a cooperativistas que reclamban desde el lunes pasado en la sede de la Secretaría de Desarrollo Social. Los trabajadores denunciaron que fueron golpeados, amenazados con armas de fuego y "hasta nos tiraron agua caliente". Todavía hay personas detenidas.

Prácticamente, ningún funcionario del gobierno del macrista Carlos Arroyo salió a dar la cara para explicar lo ocurrido. Los cooperativista reclamaban nada menos que continuar trabajando y una ayuda social. Solamente habló Guillermo Schütrumpf, subsecretario de Desarrollo local: "No puedo hacerme cargo si un policía apunta con un arma contra la gente", aseguró. Igualmente, aclaró: "Así no se podía trabajar".

La represión policial fue repudiada por sectores de la oposición y también por organismos de Derechos Humanos. La Comisión Provincial de la Memoria emitió un duro comunicado sobre lo ocurrido el viernes: "Estos hechos se inscriben en un clima de creciente represión a la protesta social. En lugar de apelar a una vía pacífica de resolución, se hace uso de la violencia por parte de la agencias de seguridad como único camino para la gestión del conflicto", describieron.

"Resulta de extrema gravedad que, frente a reclamos sectoriales o gremiales y despidos, la única respuesta del Estado sea la violencia y la represión", siguió la CPM.

La represión se suma a otras situaciones conflictivas que enfrenta Arroyo en Mar del Plata, donde esta semana se dio un nuevo paro de empleados municipales por el atraso en el pago de haberes. Esa localidad es la más beneficiada por las transferencias directas de recursos del gobierno de María Eugenia Vidal.

Un informe del Desarrollo Económico y Social de Buenos Aires (IDESBA), perteneciente a la CTA, denunció que los intereses de la deuda estipulados en el proyecto de presupuesto 2018 de María Eugenia Vidal superan a los presupuestos de salud y desarrollo social.

La gobernadora de Cambiemos tiene todo acordado para aprobar el próximo martes la ley que ordena los gastos del Estado. Se espera un trámite exprés con el apoyo del sector de Sergio Massa.

¿Qué dice el presupuesto propuesto por el macrismo bonaerense? “Propone ajuste, techo a las paritarias estatales, precarización del trabajo y más deuda para pagar deuda”, sintetizó IDESBA. Que aseguró que los intereses de deuda “pasaron del 2,9% del gasto provincial en 2015 al 4,5% en 2018”, lo que equivale a $30.357 millones de pesos.

Además, IDESBA es lapidario acerca de las políticas de Cambiemos que proponen “deuda para pagar deuda”: “En 2018 Vidal propone más deuda para pagar deuda: un 82,6% de la deuda se destinará a amortizaciones e intereses. Son $64.553 millones que superan lo presupuestado en Salud y Desarrollo Social juntos ($56.100)”, sentencia el instituto.

En lo referido a Salud, el instituto explicó que sólo en 2015, los intereses de la deuda equivalían al 46,0% del presupuesto de Salud. Sin embargo, el informe muestra que en 2018 los fondos destinados al pago de intereses de deuda seguirán creciendo y se estipula que alcancen el “70,7% del presupuesto de salud”.

Para la cartera de Desarrollo Social el ajuste es mayor. Según el informe los intereses de la deuda equivalentes al Presupuesto 2018, muestran un aumento exponencial de 2015 a la fecha: mientras que “en 2015 los intereses de la deuda equivalían al 109,7% del presupuesto en Desarrollo Social, en 2018 Vidal propone que alcancen el 174,0%”, sentenció el informe.

La Policía bonaerense arremetió con palos, balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes, entre los que había embarazadas, niños, ancianos y discapacitados. Dos personas fueron detenidas. Reclamaban al intendente macrista Carlos Arroyo alimentos y el pago de trabajos adeudados.

Cooperativistas y militantes de organizaciones sociales fueron violentamente reprimidos esta mañana en la Secretaría de Desarrollo Social, que se encontraba ocupada desde el lunes.

La Infantería de la Policía bonaerense irrumpió en el edificio municipal y utilizó palos, balas de goma y gases lacrimógenos para desalojar a los manifestantes, sin discriminar a embarazas, niños, ancianos y discapacitados.

“Estábamos ejerciendo nuestro legítimo derecho a exigir que se cumpla desde el Estado con necesidades básicas y con el pago de los trabajos hechos, con trabajo genuino para todos los precarizados y desocupados, pero la única respuesta que da el gobierno de Carlos Arroyo es la represión. Esta es la respuesta de Cambiemos al hambre y a los más de 30.000 desocupados que hay en la ciudad. Vergüenza les tedría que dar, es una barbarie”, señalaron los cooperativistas.

Según denunciaron desde ATE, “dos compañeros fueron detenidos”, luego de golpear en el suelo y apuntarle una pistola 9 milímetros en la cabeza a uno de ellos.

Las organizaciones se manifestaban ahora frente a la Comisaría 4ta, en la esquina de Chile y Alberti, para exigir la libertad de los detenidos.

Salvaje represión de Gendarmería, ordenada por el intendente de Cambiemos de Mar del plata, @arroyocf, a un grupo de trabajadores y organizaciones sociales que reclamaban un bono de fin de año en el Ministerio de Desarrollo local. En el lugar habían niños y niñas.. pic.twitter.com/x7TpmpnhNx

— Martín Suárez (@MDSuarez) 10 de noviembre de 2017

Tras la rotunda posición de las dos CTA y la Corriente Federal de Trabajadores, la CGT también rechazó en términos generales el proyecto de la Casa Rosada. Sindicatos bonaerenses decidieron movilizarse a Gobernación el próximo 23 de noviembre y desde la carpa de los trabajadores de PepsiCo llamaron a una marcha “unitaria” en todo el país.

El titular de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), el bancario Sergio Palazzo, dijo hoy que “el Consejo Directivo de la CGT hace bien en rechazar esta reforma”, porque “es tremendamente negativa, le pegan en la espina al derecho laboral”.

Al igual que las CTA lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli, la corriente que conduce Palazzo manifestó desde un primer momento su oposición total y absoluta al proyecto de Mauricio Macri que destruye derechos conquistados por los trabajadores.

“Es mucho más que una serie de modificaciones a las leyes laborales. Estamos frente a un verdadero intento de fijar las bases para un cambio de paradigma en las relaciones laborales que, en el largo plazo, constituye una profundización de la ofensiva ininterrumpida del capital sobre el trabajo iniciada en nuestro país a mediados de los años ’70”, subrayó el coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, Luis Campos.

Mientras tanto, los triunviros de la CGT, Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña dijeron ayer no estar de acuerdo con la reforma de Macri, “sobre todo en las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo, que son cambios fundamentales como lo es el cambio de la filosofía del derecho laboral argentino, que es un derecho consolidado como un derecho tutelar que protege al trabajador y trata de nivelar las asimetrías que existen con el empresario”.

No obstante, reconocieron que el diálogo con el Gobierno no está cerrado y que la negativa del consejo directivo no incluye algunos ítems conversados con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, como el blanqueo laboral, capacitación permanente y agencia de salud.

En tanto, los gremios bonaerenses nucleados en ATE, CTA y ATSA decidieron movilizarse el próximo 23 de noviembre a la Gobernación provincial para manifestar su rechazo a la reforma laboral de Macri y al ajuste de María Eugenia Vidal.

Por su parte, convocados por los trabajadores de PepsiCo, se reunieron delegados, dirigentes sindicales y referentes de la izquierda en la carpa montada frente al Congreso de la Nación para discutir medidas de acción contra la reforma.

Exigieron a la CGT que “abandone la tregua que sostiene con el Gobierno, que no negocie nada contra los intereses de los trabajadores y que convoque a un paro y plan de lucha contra el Gobierno y las patronales que insisten en implementar total o parcialmente esta reforma que nos conduciría al siglo XIX”.

Al mismo tiempo, se debatió sobre la necesidad de “hacer un llamado a las CTA y a todos los que se oponen a la reforma, para salir a enfrentarla de forma urgente mediante una gran movilización unitaria”.

Así lo aseguró el intendente peronista de San Antonio de Areco en relación a los vínculos comerciales del país con el país del Norte. "A Macri le hacen bulling en Estados Unidos. Estando en ese país le anuncian la prohibición del ingreso del biodiesel. Nos vendieron una alianza estratégica pero no vemos los resultados o los que hay son muy malos para nosotros", señaló.

En diálogo con FM Futurock, Durañona se refirió a la situación económica y social: "Ha bajado el consumo un 40% y han cerrado locales. Además, la industria porcina está en crisis. Después empeoró la situación social, hay mucha más gente con problemas de empleo". Además, "los jubilados están complicados por los tarifazos, llegan boletas de 1000 pesos y no se pueden pagar", describió.

Y siguió: "La fotografía no es buena, pero la película es muy mala. Sabemos cómo va a terminar ésto, y esto no significa que seamos unos genios. Conocemos el resultado de estas políticas de endeudamiento y ajuste".

Además, el jefe comunal participó de la inauguración de un hospital oncológico en José C. Paz: "Fue un trabajo muy bueno de Mario Ishii y va a ser muy importante para muchos bonaerenses. Fue una obra que empezó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mario también invitó a Mauricio Macri y a la gobernadora María Eugenia Vidal, pero parece que no les gusta ir a José C. Paz", ironizó.

Por último, se refirió al futuro del peronismo: "Hablé con CFK y le dije que es necesario desconurbanizar al peronismo, debemos mostrar un discurso y una acción más federales, tenemos que poder hablar con el interior del país. Esa es nuestra propuesta para el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Por eso queremos que un referente del interior pueda conducir al PJ. Tengo claro que a mi me conduce Cristina y me interesaría presidir el PJ"

El servicio de la línea San Martín, que une Retiro-Pilar, se presta actualmente con 400 trabajadores menos. En la Pampa, en tanto, la empresa Ferro Expreso Pampeano echó a 21 trabajadores.

Mientras el gobierno nacional intenta avanzar con un proyecto de reforma laboral que modifica sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, afectando los derechos laborales de la totalidad de los trabajadores, en la empresa estatal Trenes Argentinos continúan los despidos a cuenta gotas y los retiros voluntarios.

Alejandro Alvite, integrante del Movimiento Nacional Ferroviario, alertó que habrá despidos compulsivos: “Se pretenden presentar como retiros voluntarios pero en realidad hay una voluntad abierta y concreta por parte de  Marcelo Orfila, gerente general de Trenes Argentinos de que hay que reducir 1.500 trabajadores en la provincia de Buenos Aires, y eso deja ver que los retiros no van a ser voluntarios, sino compulsivos.”

El servicio de trenes de la línea San Martín, que une la estación Retiro en la ciudad de Buenos Aires con Pilar en el Conurbano se presta actualmente con 400 trabajadores menos.

Alvite contó que “hubo alrededor de 50 despidos a cuentagotas y los retiros voluntarios, donde se incentiva a los trabajadores que se retiren ahora, son entre 350 y 400.”

Las consecuencias de los despidos se sienten en la calidad del servicio, en la frecuencia y en la seguridad de los pasajeros. “Hubo descarrilamientos en los mismos lugares, cuando antes había cuadrillas de vía y obras dedicadas exclusivamente a la zona de Pilar, hacia afuera. Hoy en día están cambiando un durmiente cada tanto, porque se terceriza la tarea a empresas privadas vinculadas a quienes gerencian el ferrocarril”, sostuvo el dirigente gremial.

La Pampa

A partir del 1 de diciembre, los 21 trabajadores ferroviarios que quedaban en La Pampa ya no tendrán trabajo. Ferro Expreso Pampeano decidió despedirlos sin abonar indemnización alguna, dada su condición de contratados.

La mayoría se desempeñaba desde 1994, y aunque quedaban muy pocos -17 en General Pico, 3 en Santa Rosa y 1 en Toay-, eran los que realizaban mínimas tareas en las estaciones.

De esta forma, se cancela la posibilidad de que el tren vuelva a correr en esa provincia. “Con las vías en franco deterioro, sin empleados, con un material ferroviario en estado lamentable, quedará sólo el recuerdo de la ilusión que hace unos tres años produjo la llegada de una formación -a modo de prueba piloto-, que fue recibida alborozadamente y en forma festiva por la población”, subraya en su edición de este jueves el diario La Arena.

El gobierno bonaerense de Cambiemos confía en sumar los votos del Frente Renovador para aprobar en tratamiento exprés el presupuesto enviado a la Legislatura provincial. Esa norma incluye un endeudamiento de 80 mil millones de pesos (4400 millones de dólares) y déficit por tercer período consecutivo. El peronismo kirchnerista se opondrá.

Esta semana ya comenzó la negociación fina entre enviados del Ejecutivo conducido por María Eugenia Vidal y los referentes de los bloques menos opositores, en especial, el Frente Renovador. Con ese apoyo, Cambiemos podría imponer su presupuesto, aunque habrá que ver cuánto cambia producto de los intercambios entre las partes.

Desde el peronismo kirchnerista cuestionaron el alto nivel de endeudamiento y también que el Gobierno pretende avanzar sobre las autonomías municipales al sacar un fondo de casi 9000 millones de pesos para infraestructura. De este modo, argumentan desde el Frente para la Victoria, Vidal pretende centralizar los recursos para manejar arbitrariamente la distribución de obras. Desde 2016, Cambiemos discrimina a los distritos que están en mano de intendentes peronistas.

El proyecto de presupuesto enviado por Vidal sigue los lineamientos del macrismo a nivel nacional en torno al endeudamiento en moneda extranjera. De hecho, provincia de Buenos Aires tomó más empréstitos en los últimos dos años que países como Qatar u Omán. "La sultana bonaerense", ironizó en campaña Cristina Fernández de Kirchner en relación a la mandataria provincial.

Se trata de Francisco José Terrier, quien se desempeña como titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 de La Plata. “Tras la injusta suspensión del juez Arias, su reemplazante será un ex funcionario de la Policía de Buenos Aires del genocida Ramón Camps”, dijo la diputada provincial electa, Florencia Saintout, al repudiar “esta decisión orquestada por el Gobierno”.

El juez en lo contencioso administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Federico Arias, suspendido la semana pasada por noventa días en el marco de un juicio político en su contra, será subrogado por Francisco José Terrier, un magistrado ligado a la última dictadura cívico-militar. Así lo resolvió la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la capital provincial.

Ese nefasto pasado se refleja hoy en sus fallos judiciales. En marzo de este año, por ejemplo, ordenó al Ministerio de Seguridad que reincorporara a un policía acusado de haber torturado y hecho desaparecer al adolescente Luciano Arruga en 2009.

Entre otras polémicas decisiones, también hizo lugar a un recurso de amparo que limitaba el derecho a huelga de los docentes y los obligaba a volver a clases, sin una resolución del conflicto salarial.

“Tras la injusta suspensión del juez Arias, su reemplazante será un ex funcionario de la Policía de Buenos Aires del genocida Ramón Camps durante la última dictadura cívico militar. Repudiamos esta decisión orquestada por el Gobierno”, afirmó la diputada bonaerense electa por Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, a través de su cuenta de Twitter.

Arias fue suspendido la semana pasada por noventa días en el inicio del juicio en el que se lo acusó en 21 expedientes, mayormente por frenar desalojos en favor de personas carenciadas.

Un enfrentamiento entre el hijo de Emilio Pérsico y un grupo de cooperativistas del Programa Argentina Trabaja de La Plata se viralizó en las redes sociales, dejando al descubierto conductas y practicas muchas veces denunciadas.

La contundencia de las imágenes y el contenido del intercambio verbal entre Facundo Pérsico y los trabajadores de una cooperativa desmienten el discurso que desde la organización social ubica a los humildes y los trabajadores como el corazón de la patria, que nace y renace desde el barro de las patriadas populares.

“Tendrías que llamar a mi viejo (Emilio Pérsico) y agradecerle todo lo que te dio”, “Vos no sos un asociado, sos un empleado” manifestó el joven Facundo Pérsico, sintetizando a la perfección el paradigma de la política social que asume a sus destinatarios como objetos y no como sujetos de derechos. Es más, el derecho de los cooperativistas de manifestar su disconformidad es negado porque el ejercicio de ese derecho se lo “deben” a Pérsico.

No haber obtenido las bancas deseadas en la legislatura provincial y en los consejos deliberante hizo estallar una crítica contenida a la fallida estrategia electoral. Se sabe que lo que estalla por arriba estalla abajo, y más aún, que cuando estalla abajo lo de arriba se hace trizas. La construcción del Movimiento Evita cruje de piso a techo.

El manejo de recursos estatales es el factor que continúa aglutinando o manteniendo viva a la organización. La totalidad de esos recursos provienen de convenios suscriptos entre la organización y su pata cooperativa –la CTEP- y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación conducido por la bella Carolina Stanley. La magnitud de los recursos y el nivel del acuerdo político, económico y administrativo ha sido tal que, con ironía popular, fueron rebautizados como Movimiento Carolina por el resto de organizaciones que vieron reducidos el acceso a las políticas públicas del gobierno macrista.

Como publicaron los grandes medios de comunicación el Gobierno de Macri negocia con las organizaciones el pago de un bono de navidad. La eficiencia del mundo privado trasladada a la política social impone que pagar un bono para garantizar la paz social es la mejor inversión posible.

La cercanía de este acuerdo obliga a las organizaciones sociales que controlan Cooperativas de Trabajo a actualizar la documentación, las actas, la rendición de cuentas y las obras realizadas. En ese marco, se produce el episodio entre el hijo de Persico y una cooperativa de La Plata que se negaron a validar la nueva composición de la comisión directiva de la Cooperativa (con personas que nunca fueron asociados ni trabajadores), y cuya tarea principal es firmar los cheques e informes que validan la recepción y el destino de los fondos que le fueron asignados. Las justificaciones que enviaron desde el Movimiento Evita para dar su visión de los hechos no hicieron más que reforzar sus contradicciones, pues solamente daban cuenta de todo lo que la organización había hecho por ese grupo de cooperativistas en el pasado.

Para el Movimiento Evita, en lo que respecta exclusivamente al programa Argentina Trabaja el cambio de gestión significó mayor autonomía. Si en la gestión de Alicia Kirchner se incrementaban los controles desde el área central, con recurrentes controles y operativos territoriales para observar el manejo de los fondos, el gobierno de Cambiemos le ha concedido el manejo discrecional de los recursos. Para el PRO es una tercerización a cuenta de la gobernabilidad que significa contener los reclamos populares. El programa es igual que antes, pero ahora tenemos más libertad reconocen en el Evita.

Los últimos sucesos indican que deberán acusar recibo, políticamente o a los golpes, que los cooperativistas son trabajadores que defienden sus derechos y están dispuestos a hacerlo contra todo aquel que lo ponga en riesgo, sea funcionario PRO, militante popular o hijo revolucionario.

Dirigentes rurales y legisladores del gobierno mantuvieron un fuerte cruce por el aumento del 50% en el Inmobiliario Rural. Desde el sector agropecuario buscan que ese gravamen se reduzca al 25%, mientras el oficialismo piden sostiene que gran parte de lo que se recauda vuelve a los productores en obras.

Tras los anuncios del gobierno que prevén una suba del 50% en el Inmobiliario Rural, Matías de Velazco, presidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), aseguro: “Pudimos exponer bien los temas y expusimos nuestras razones por la que considerábamos que el 50% de aumento es una barbaridad, algo lógico sería alrededor de la inflación porque no hay nadie que pueda defender un 50% de aumento a fines del 2017 cuando la inflación proyectada para el 2018 es del 12%".

En la misma línea, de Velazco propone "un aumento que ronde el 25%" y agregó "es una carrera contrarreloj porque metieron el Presupuesto ni bien salieron las elecciones, hay mucho disconformismo y mal humor en el interior bonaerense". En consecuencia, el dirigente rural apunto contra Cambiemos y el ministro de Agroindustria de Vidal, "este no es el cambio que se votó, está faltando diálogo, con (Leonardo) Sarquis tenemos diálogo permanente pero no sé si es tan escuchado en el gabinete de la Provincia".

Desde el gobierno, el titular de la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el diputado oficialista Marcelo Daletto, respondió: "Como nunca vamos a gastar en obras hídricas o en la repavimentación de rutas, pero queremos exponer también que hay impuestos que bajan como Ingresos Brutos y otros que suben mucho menos, como es el caso del Inmobiliario Rural, pero hay un gasto público que vuelve a los productores", explicó.

A su vez, lejos de llegar a un acuerdo, el diputado de Cambiemos continuó justificando el incremento estipulado por el ejecutivo provincial, marcando que "el año pasado hubo reconsideración en impuestos como el Sellado de Origen y este año vuelve. Vamos a trabajar para dar respuesta a algunos de los pedidos teniendo en cuenta que todo cambio implica un costo fiscal y eso es dinero menos que la Provincia recauda".