La preocupación por estas horas para el gobierno de Vidal pasa por el impacto que está teniendo en los bonaerenses la suba de la tarifa eléctrica anunciada por el ministro Aranguren días atrás. El mayor temor es que este nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos repercuta en los resultados de las elecciones legislativas de este año.

No sólo la definición por el armado de la listas preocupa a la gobernadora sino que ahora se le sumó la queja de dirigentes y miembros de la Juventud PRO por el impacto negativo que provocó en los vecinos la última suba de tarifas anunciada por el Ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Si bien la gobernadora había declarado que "no es el fin del mundo perder una elección", desde Cambiemos manifestaron que hay preocupación en su equipo en revertir el malestar que ha generado el tarifazo.

El “timbreo” de este sábado en algunos distritos del conurbano resultó una muestra cabal del malestar de los vecinos frente a los aumentos, lo que generó quejas de los que tuvieron que poner la cara debido a las duras respuestas que recibieron por la suba de tarifas.

Así mismo, varios dirigentes de Cambiemos del conurbano bonaerense también le hicieron llegar sus quejas a la gobernadora porque consideran la medida es inapropiada en un año electoral. Muchos dirigentes de distritos en que los números en las encuestas son muy finos, consideran que la decisión que tomo Aranguren los perjudica de cara a la campaña electoral de este año.

La medida ya no tiene marcha atrás, dicen algunos dirigentes, y la justificación es el retraso tarifario pero reconocen que este tipo de medidas antipopulares les puede acarrear problemas a la hora de conseguir votos.

El ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires publicó un duro documento donde asegura que los proyectos emanados por el Gobierno nacional parte de premisas erróneas y decisiones que fracasaron.

Mediante el constitucionalmente cuestionable mecanismo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Mauricio Macri reformó la Ley de Riesgos del Trabajo con el objetivo principal de reducir la excesiva litigiosidad, según expresa en los considerandos de la norma. Obviando toda consideración sobre el medio utilizado, puntualiza que se parte de premisas erróneas y se incursiona en caminos ya transitados que concluyeron en estrepitosos fracasos.

El equipo gobernante, una vez más, hace gala de una miopía lamentable y de una insensibilidad inmensa en el tratamiento de un tema tan delicado como es el de la salud y seguridad en el trabajo. Esto se debe a que ha adoptado una óptica economicista que lo lleva a implementar medidas desacertadas y carentes de todo enfoque humanista. Creer que va a reducirse la litigiosidad con Comisiones Médicas a las cuales “obligatoriamente” deberá recurrir el trabajador siniestrado o enfermo antes de acceder a la vía judicial es tan  errado como creer que con una aspirina pueda erradicarse un proceso infeccioso.  Nada de ello: a pesar de que se reduce temporalmente la fiebre, la infección sigue avanzando. Eso es lo que va a pasar en el tema que nos ocupa.

Como la prescripción del antibiótico adecuado en los procesos infecciosos, la solución de fondo pasa por “la prevención”. Así se puede reducir la siniestrabilidad o evitar que se contraigan enfermedades en el ámbito laboral.

Además de ser lo correcto desde el punto de vista humanitario, poner el foco en la prevención representa el mejor antídoto para la litigiosidad. Esto se debe a que si el trabajador no se accidenta ni enferma, no existe posibilidad de juicio (que parece  ser lo que preocupa al Poder Ejecutivo Nacional). Es decir, aún desde esa óptica mezquina, la prevención sigue siendo el antibiótico adecuado.

Ahora bien, en la siniestralidad laboral siempre queda un margen aleatorio y ocurren imprevistos que superan todas las medidas de prevención. Aun cuando las mismas se hayan adoptado, si el accidente ocurre o la enfermedad se contrae, el camino a seguir debe ser brindar al trabajador la atención médica adecuada para que no sufra secuela incapacitante alguna o, si ello no fuera viable, la menor posible.

En este sentido, tengo la absoluta certeza de que las Administradoras de Riegos del Trabajo (ART) no son el  ámbito adecuado para dar atención médica al trabajador. A éstas no les preocupa su salud ni su recuperación, sino los costos, dejando de lado la calidad de la atención.

Cuartango propone que el trabajador accidentado sea atendido en el marco de las prestaciones que le suministra su Obra Social. De esta  manera recibiría la misma atención médica que podría recibir en caso de tratarse de un accidente no laboral o una enfermedad inculpable.

Obviamente que los gastos que demanden esa atención serán a cargo de la ART que deberá reintegrarlos a la Obra Social que preste la atención al trabajador.

No ignoro las dificultades que presenta la implementación de la propuesta referida a la atención de los trabajadores siniestrados por las Obras Sociales a las cuales los mismos pertenezcan, la cuantificación del costo de las prestaciones, las auditorias para evitar excesos, etc. Pero nada de ello impide que se explore esa alternativa, ya que una debida atención médica al trabajador –junto con la mencionada prevención- constituye una herramienta insoslayable en salvaguarda de su integridad física y de su vida.

Lo que está en juego es nada más y nada menos que la preservación de la integridad física y la vida de los trabajadores y no la “excesiva” litigiosidad. Paradójicamente, lo propuesto es funcional también disminuir ésta última. Por lo cuestionable de la forma y de la ligereza con que se llevó a cabo la reforma cuestionada, es de desear que el Poder Legislativo esté a la altura de las circunstancias y lo subsane.

Así lo manifestaron los sindicatos docentes en la marcha que se realizó hoy frente al Congreso para exigir las partitarias federales. Luego se trasladaron  hacia la sede del Consejo Federal de Inversiones donde estaban reunidos los Gobernadores. Primereando habló con los dirigentes de los gremios de los maestros. Mirá el video.

Peligra el comienzo de clases en todo el país

Una importante movilización de los sindicatos docentes se realizó hoy en las puertas del Congreso Nacional en rechazo a la intención del gobierno de eludir la paritaria nacional para que sean las provincias quienes negocien con los maestros.

El secretario General del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) Pedro Bayúgar, destalló frente al micrófono de PRIMEREANDO que la movilización de hoy es para defender “los derechos que se nos pretenden birlar desde el Gobierno nacional, como el derecho a la paritaria y a la negociación del mejor salario”.

“Es obvio que el salario del año pasado ha quedado deteriorado por la pérdida del poder adquisitivo de la inflación, y sin embargo hoy no se pretende esa recomposición salarial” repasó Bayúgar.

El dirigente sindical contextualizó el conflicto con los docentes y explicó: “Se está invirtiendo lo que dice la Ley nacional, que primero se establece el mínimo federal y después las provincias establecen sus salarios. Acá quieren hacer al revés, para no ponerle piso, y más vale ponerle techo, a las negociaciones provinciales. Por eso la reunión con los gobernadores, que felizmente ha fracasado, donde lo que se pretende es canjear coparticipación con la obediencia en cuanto al otorgamiento de un incremento salarial no más allá del 18%”.

Por su parte, el titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) Roberto Baradel, fue claro y conciso y prometió: “Si no hay paritaria nacional hay conflicto nacional.

En dialogo con PRIMEREANDO, Bardel indicó que si no se cumple con las demandas de los trabajadores de la educación “no comenzará el ciclo lectivo en todo el país” y habrá “una movilización al Ministerio (de Educación), y si persisten con esa idea habrá conflicto en todas las provincias y vamos a desembocar en una gran marcha a Plaza de Mayo”.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires se mostró “avergonzada”, tras la decisión del Tribunal de Casación que liberó a los ocho policías investigados en el escándalo de los sobres en La Plata.

La mandataria provincial, María Eugenia Vidal, se manifestó en contra del fallo emitido por la justicia que liberó a los ocho comisarios investigados en el escándalo de los sobres en la capital bonaerense.

Para Vidal, “La liberación de los policías por los sobres es una vergüenza”, aseveró luego de conocer el fallo de los jueces Celesia y Borinsky, que, tras la presentación de un hábeas corpus por parte de la defensa, dejaron en libertad al ex jefe de la Departamental de La Plata, Darío Camerini; su segundo, Roberto Carballo; el ex secretario de la repartición, Walter Skramowskyj; el ex jefe de calle, Ariel Huck; y los comisarios Sebastián Cuenca, Raúl Frare, Sebastián Velázquez y Julio Sáenz.

Para la Gobernadora, el fallo constituye “un mensaje desalentador para la sociedad" y pidió que los medios se constituyan en una suerte de fiscales y que "llamen a estos jueces y expliquen por qué lo hicieron”. Además Vidal subrayó que el tribunal “tiene antecedentes de liberar durante la feria judicial”.

El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, dijo que el gobierno respeta el paro por 24 horas que están realizando los profesionales de la salud, nucleados en Cicop, y aunque aseguró que al Estado le asiste “el derecho a descontar los días no trabajados”.

“El sistema operativo, médico y asistencial- son 79 hospitales más todos los servicios conexos- se encuentran plenamente operativos, en algunos lugares, en algunos distritos el nivel de acatamiento puede ser un poco mayor, pero está funcionando todo casi con absoluta normalidad”, resaltó el ministro en declaraciones a Télam y precisó que “en la última medida de fuerza hubo un poco de adhesión en Lanús y San Martín”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte desde la Provincia, estamos dispuestos a seguir haciéndolo, hemos cerrado las negociaciones paritarias con todos los colectivos sindicales, la semana que viene negociaremos con los docentes, pero sentimos que en este caso hay un posicionamiento ideológico que hace difícil la negociación”, dijo Villegas.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) convocó a un paro de 48 horas, que se cumple hoy y mañana, y a otro por 72 horas para la semana siguiente en todos los hospitales públicos bonaerenses.

La entidad gremial rechazó la propuesta paritaria realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, "por ser similar a la anterior, siendo ya ese el cuarto encuentro del segundo semestre con un estancamiento en la propuesta salarial y sin poder avanzar en temas extra salariales", informó en un comunicado.

El ministro, en diálogo con Télam, trazó un panorama de las medidas de fuerza que realizan los médicos del Cicop, y destacó que “con el sindicato seguimos manteniendo reuniones de mesas técnicas no salariales”.

“Cuando llegamos a la Provincia un médico ingresante, sin antigüedad y con 36 horas de trabajo, cobraba 11 mil pesos; hoy estamos en más de 16.500 pesos, por lo que avanzamos en la cuestión salarial un 34 por ciento”, afirmó.

Villegas dijo que el gobierno provincial está dispuesto “a seguir haciendo esfuerzos en todas las áreas de trabajo en conjunto con los sindicatos. Hay que decir que heredamos 79 hospitales, 53 sin inversiones y 4 para ser demolidos, servicios cerrados, falta de médicos, falta de insumo, y aumentamos el 122 por ciento en 2016 la partida para medicamentos e insumos”.

“Hemos comenzado las obras mas sensibles y criticas, hay un plan de inversión por 29 mil millones de pesos, vamos a invertir en infraestructura, en escuelas, en hospitales”, afirmó.

“Además del 34,6 por ciento de aumento en las partitarias cerrados con algunos gremios, hemos acordado con los sindicatos salud, y Cicop la finalización de la precarización laboral a la que estaban sometidos profesionales que figuraban como becarios”, detalló.

Villegas enfatizó que “lo que llama la atención de Cicop es que parece desconocer todo lo que estamos haciendo y también pareciera que ellos no estuvieron en la provincia”.

“Cuando hay un posicionamiento político, ideológico, es más difícil la conversación y el acuerdo”, afirmó el ministro pero reiteró que “la mesa de diálogo está abierta”.

Al ser consultado por Télam sobre cómo continuará este conflicto, Villegas respondió: ”Vamos a seguir trabajando con los ministerios de Economía y Salud, para evaluar alternativas y acercar posiciones, pero debo decir que al mismo tiempo de respetar la libertad de trabajo y el derecho a la huelga, también digo que como Estado tenemos el derecho de descontar los días no trabajados”.

Por su parte, el tiitular de la Cicop, Fernando Corsiglia, dijo que "se decidió dar continuidad al plan de lucha del segundo semestre, votando medidas de fuerza para las próximas dos semanas; y la actividad central será hoy, en el marco del paro de mujeres, donde participaremos activamente de esa movilización a Plaza de Mayo".

"Entendemos que en la última reunión paritaria el gobierno volvió a incurrir en el mismo error que en la reunión anterior, que es no generar una propuesta integral. Solo ratificó la oferta salarial que realizó el ministerio de Economía. Y con respecto a lo que tiene que ver con las designaciones, no estuvo en condiciones de proponer un cronograma de ingresos, que era nuestra demanda más específica", agregó.

En este plan de lucha, la Cicop ya completó 10 días de medida de fuerza total, con cuatro paros totales de 24 horas y tres de 48, siempre con la modalidad de atención de urgencias por guardia y a pacientes internados. Con los próximos paros de 48 y 72 horas completaría un total de 15 días de huelga.

Se trata de profesionales de la Policía de Prevención Local de la provincia de Buenos Aires, a quienes además les adeudan varios meses de sueldo. El viernes que viene se movilizarán hasta el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, terminaron el mes de enero con 400 despidos en la administración de la provincia de Buenos Aires.

“El colectivo de trabajadores de los equipos técnicos de la Policía de Prevención Local, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestra disconformidad frente al actual escenario político-institucional que va en detrimento de nuestras condiciones laborales, habiendo recibido el día 30 de Enero de 2017 el aviso (Volante I.F.C.U.P.P.L. 3717), sin notificación pertinente, del cese de nuestras tareas laborales a partir del día 31 de diciembre de 2016”, afirmaron los cesanteados.

Según denunciaron en diálogo con el portal Infonews, venían trabajando desde principios del año pasado y “hay muchos compañeros que no cobraron nunca, ni un sólo centavo, y a los que sí nos han pagado, lo han hecho a partir de abril, o sea que nos adeudan enero, febrero y marzo”.

El 3 de enero pasado, se comunicó a la totalidad de las Academias Subordinadas al Instituto de Formación y Capacitación de las unidades de Policía de Prevención Local, la “continuidad de la asignación horaria para los miembros de los gabinetes psicopedagógicos de las APL, continuando con las tareas de contención y seguimiento de los oficiales egresados, tanto aquellos destinados a la UPPL, como los que se encuentran a la espera de destino”.

Por este motivo, la totalidad de los profesionales contratados durante el año 2016, “continuamos cumpliendo nuestra carga horaria y efectuando tareas e informes solicitados por el Instituto”.

Sin embargo, autoridades provinciales les avisaron luego “informalmente” la no renovación de los contratos y que no se haría efectivo el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2017.

Además, algunos de los profesionales tampoco han percibido los sueldos correspondientes al año 2016, lo cual intensifica la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Seguridad bonaerense y “profundiza la situación de incertidumbre de nuestras familias”, detallaron los despedidos.

Tras declararse en estado de alerta permanente, los profesionales del área convocaron a una movilización para este viernes hasta la sede del Ministerio de Seguridad, en La Plata, en reclamo de la reincorporación de los 400 empleados y el pago de los salarios adeudados.

La mandataria bonaerense abrió el paraguas y realizó esa polémica declaración. Además desestimó que se ponga "en juego la gobernabilidad" en caso de una eventual derrota en las próximas elecciones legislativas. También habló de por qué no suspendió sus vacaciones en el Caribe mexicano mientras se inundaba la Provincia.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseveró"No creo que sea el fin del mundo perder una elección, ni que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias se pone en juego la gobernabilidad", sostuvo, aunque reconoció que "es importante porque te da más respaldo. El voto favorable nos ayuda a saber que quieren seguir por acá".

"No pienso perder un año de gestión por hacer campaña", reafirmó.

En una entrevista con radio Mitre, estimó que cuando visite un municipio "a la actividad institucional "le sumará un acto de campaña y dijo que la alianza con la UCR en el marco de Cambiemos hace que ese espacio no sea "una coalición electoral" sino "una coalición de gobierno".

La mandataria provincial apoyó la decisión del gobierno nacional de no tener "injerencia" en la discusión de las provincias de sus paritarias docentes al afirmar que los sueldos "los pagan los gobernadores".

Agregó que las negociaciones se enmarcarán en los acuerdos que establecieron que ninguna provincia pueda dar aumentos inferiores al 20 por ciento, por encima del salario mínimo vital y móvil.

La gobernadora fue taxativa a la hora de rechazar la posibilidad de desdoblar una elección para minimizar impactos electorales negativos de políticas nacionales como el aumento de tarifas, a las que consideró un "sinceramiento necesario para tener inversiones".

"Hubo infinidad menos de cortes, y consumo menor. El objetivo de aumentar la tarifa no es recaudar más, es ahorrar energía. Nos decían que la electricidad era casi gratuita y tenías cuatro días sin luz", subrayó.

Luego de destacar que "hay tarifa social para el 35 por ciento de los usuarios que pagan menos de 100 pesos por mes", Vidal reiteró los conceptos de esfuerzo colectivo para conseguir mayores inversiones y más trabajo.

Sobre el empleo, la mandataria bonaerense dijo que su meta es llegar a que la obra pública provincial tenga una ejecución del 100 por ciento para este año, redundando en nuevos puestos de trabajo.

A diferencia de lo que debió enfrentar en 2016, Vidal ponderó que se hayan bajado los plazos para el inicio de obras: "El esquema administrativo de la provincia tiene un retraso de 30 años. Cuando llegamos, lanzar una obra hídrica importante llevaba un año y medio, hoy 8 meses, que es una barbaridad y que hay que reducir aún más".

Sobre la asignación de obras, desmintió que vaya a haber discrecionalidades según el signo que gobierna cada municipio y dijo que el fondo a distribuir es "equitativo" y que en las obras que dependen de la provincia "nos fijamos en que se hagan en tiempo y forma, no por dónde pasan".

También se refirió a la polémica por sus vacaciones en México durante las inundaciones en la localidad de La Emilia, defendió el trabajo de su equipo de gobierno, destacó la labor del vicegobernador, Daniel Salvador, y aclaró que "se hizo todo lo que había que hacer".

"Es la primera situación de emergencia en la que no estoy. Estuve hablando con el equipo, con el gobierno nacional. El equipo tiene que poder trabajar sin mí. Si la gente hubiera recibido menos porque yo no estaba, ahí si teníamos un problema", añadió.

Consultada por las paritarias docentes, dijo estar de acuerdo con la cancelación de la que se realizaba nivel nacional ya que los sueldos "los pagan los gobernadores" y se mostró a favor de la utilización de clausulas "gatillo" por inflación.

Al respecto anunció que se apartaron de la Policía a 3358 efectivos y anticipó que "el mes que viene van a ser más, no es una purga, es una política. Todos los días empiezan nuevas investigaciones. En 2015 hubo 25 denuncias por enriquecimiento hoy hay 600. Hay denuncias penales y aportamos pruebas de lavado".

Vidal criticó además la liberación de los ocho policías bonaerenses acusados en la causa por el hallazgo de sobres con dinero presuntamente proveniente de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata, al considerar que es "un mensaje desalentador para la sociedad", que le hace sentir "vergüenza" como ciudadana.

Afirmó que no comparte la opinión del director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, respecto de la última dictadura militar, ante lo cual resaltó que en ese período "hubo un plan sistemático" y que es "un tema judicialmente saldado". "Es la opinión de Gómez Centurión. Nosotros no la compartimos", sostuvo.

Señaló que le "consta que el Presidente le pidió que solicitara disculpas, que fue lo que hizo".

"Es un tema judicialmente saldado: hubo un plan sistemático y ni el Gobierno nacional, ni nosotros compartimos lo que dijo", concluyó.

Los maestros rechazaron el 18% que intenta establecer el gobierno de Cambiemos como techo en las paritarias y exigieron no menos del 35% para comenzar el ciclo lectivo. mañana se movilizarán hasta el Hotel Savoy, en Capital Federal, donde habrá una reunión oficial con los gobernadores.

El Frente Gremial Docente Bonaerense aseguró que “el panorama no es nada favorable” de cara a las negociaciones salariales, ya que el gobierno de Mauricio Macri “quiere volver a los 90 en materia educativa, dejando sin efecto la paritaria nacional”.

Mientras el presidente, junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el resto de los gobernadores de Cambiemos, intentan imponer un techo del 18%; los maestros ya adelantaron que “si prima la lógica del ajuste, se complicará el inicio de clases”.

“En primer lugar vamos a tener que discutir la pérdida del nivel adquisitivo del salario del año pasado, que está entre un 8% y un 10%. Y a eso hay que sumarle lo necesario para poder afrontar la inflación de este año, que rondará en un 25%. Por eso, la demanda que vamos a llevar los docentes al ámbito de paritarias será de un piso no menor al 35%”, explicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

En forma similar se manifestó Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), al considerar que el 18% de aumento para este año “ya de partida es inaceptable”.

“Claramente está lejos de lo que tiene que venir a dar cuenta un salario docente”, que a nivel inicial es de 9.800 pesos de bolsillo, sostuvo la dirigente gremial y ratificó la necesidad de “recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”.

En la provincia de Buenos Aires, las negociaciones comenzarán el próximo lunes a las 15, pero antes los docentes se movilizarán a Capital Federal para expresar masivamente su reclamo salarial.

El gobierno de Macri convocó a un grupo de mandatarios provinciales a una reunión para este jueves en el Hotel Savoy con el objetivo de unificar criterios en torno al 18%, luego de descartar la paritaria nacional docente.

“Esta paritaria está establecida por ley y permite que los docentes de todo el país podamos discutir un piso salarial. El gobierno quiere desentenderse de la asistencia que debe dar a las provincias para que paguen ese salario”, remarcó Baradel.

Por su parte, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, consideró que los gobernadores que concurrirán al Savoy “tienen una actitud cómplice” con Cambiemos.

“Desestiman la paritaria federal y ponen en riesgo coparticipaciones nacionales que reciben las provincias producto de nuestra negociación”, añadió el sindicalista.

Los privados de Sadop también repudiaron las maniobras macrista y adelantaron medidas de fuerza. El titular del gremio, Roberto Almirón, adelantó que “si no hay una respuesta satisfactoria, habrá paros y diversas expresiones del conflicto”.

Estas cifras se desprenden de un informe realizado por la Contaduría General, donde se muestra que al 30 de septiembre el gobierno bonaerense uso sólo el 67,83% de los recursos disponibles, cuando se estima que para esa altura del año lo utilizado debería haber sido el 75%.

Un informe de la Contaduría General muestra que al 30 de septiembre de 2016 la provincia llevaba gastado $ 237.122.071.688,92 de los $ 349.577.933.384, disponibles para todo el ejercicio. Dicho informe fue publicado por el sitio de noticias Nueva BA, en el mismo se muestra que el gobierno de la provincia ejecutó solo el 67,86 % del total.

Lo esperable para esa altura del año es que se ejecute el 75 por ciento. El atraso en la ejecución presupuestaría queda demostrada con la obra pública. Del total del Presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura, sólo se ejecutó el 36 por ciento.

De los más de 1.500 millones que Edgardo Cenzón tenía a su disposición, gastó apenas 559 millones de pesos. Mientras que el Ministerio de Seguridad, que conduce Cristian Ritondo, registró una ejecución de los gastos “ejemplar”. De los 37.248.949.858 pesos de crédito para 2016, gastó 28.026.879.876 pesos, es decir, el 75,24%.

Fuente: Nueva BA

Casi una semana más tarde, Sergio Massa salió al cruce de la falta de respuesta de la gobernadora ante las inundaciones y de su descanso mientras una porción de la Provincia estaba bajo el agua. ¿Declaraciones a la luz de las encuestas?

Sergio Tomas Mássa se caracteriza por estar siempre buscando las declaraciones que no dañen su imagen. Más allá de lo que suceda o lo que piensa, el hombre de Tigre no se corre de su campaña permanente.

Ahora, tras un extenso silencio sobre un tema que explotó hace unas semanas, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, apuntó y disparó contra la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y espada PRO, María Eugenia Vidal, por sus cuestionadas vacaciones en los "granitos de arena" de Playa del Carmen, en México, mientras una buena parte del territorio de encabeza estaba inundada.

Según consigna el portal Letra P, el diputado nacional afirmó que la cabeza del Ejecutivo bonaerense y dirigente en que el presidente Mauricio Macri deposita sus esperanzas electorales no tuvo “reflejos” y dio “una mala respuesta” al quedarse a casi 7 mil kilómetros del territorio que gobierna mientras éste estaba bajo el agua.

"El derecho a tomarse vacaciones lo tiene todo el mundo. No volver fue una mala respuesta de alguien que siempre da buenas respuestas. Me sorprendió que no tuviera reflejos. Pero también entiendo que tiene una situación personal delicada. La conozco a la situación personal que vive y la entiendo. La de ella y la de sus hijos", aseguró Massa.

Es que el exintendente de Tigre encargó diversas encuestas que le indican que "esta mano le entró" a Vidal, en relación a las críticas al unísono de todo el arco opositor por permanecer lejos y de vacaciones mientras explotaba la emergencia por las inundaciones en la localidad nicoleña de La Emilia, lejos del insistente discurso de campaña de "estar cerca de la gente" con que la gobernadora accedió a su cargo.

Según el artículo, la tardía pero astuta opinión del exjefe de Gabinete del kirchnerismo sobre un tema que le hace daño a la gobernadora se debe al delicado equilibrio que el primero intenta sostener con quien conduce los destinos de los fondos de la Provincia.

Massa busca respaldar algunas de las medidas de Vidal, pero posicionarse en el territorio para que 2019 pueda ser su plataforma de despegue.