Un comunicado del bloque aclaró que sus legisladores se presentaron para sesionar, pero destacó que "sin explicación alguna el oficialismo, a las 23.50, definió no iniciar el debate quedando -así- el cuerpo de legisladores presentes imposibilitados de sesionar, arribar a conclusiones conjuntas y buscar la aprobación del paquete de medidas".

"Ante esta situación el bloque de diputados del Frente para la Victoria, pidió en la misma noche una audiencia con la gobernadora María Eugenia Vidal para buscar lo antes el posible el tratamiento y el consenso del presupuesto que permita garantizar la gobernabilidad y los fondos necesarios para el desarrollo económico y social de los 135 municipios", precisaron.

Los diputados del FpV "reafirmaron su preocupación en función de la falta de seguridad y garantías suficientes respecto del destino de los fondos vinculados con la toma de deuda que serían asignados a financiar obras de infraestructura para los municipios".

"En este sentido, generó preocupación de los diputados que a último momento el oficialismo aclarara que los fondos destinados para los municipios serían reintegrables, sin especificar con claridad de qué manera se distribuirían los mismos", puntualizaron.

Remarcaron que "en el contexto de un cambio de administración y de signo político a nivel nacional y provincial, quedó claro que los tiempos no fueron suficientes para que las nuevas autoridades cumplieran con los pasos necesarios para un tratamiento integral y pormenorizado del presupuesto tal como requiere la constitución".

"Los legisladores del Frente para la Victoria representan a los vecinos, pero también a los intendentes y a las distintas organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos, las agrupaciones políticas y los movimientos sociales, que manifestaron su preocupación respecto de este proyecto de ley y con quienes se trabajó de manera mancomunada, desde la presentación formal del presupuesto, para que la gobernadora tenga el paquete de medidas económicas necesarias para poder gobernar la provincia", concluyeron.

Pese a las intensas negociaciones que se desarrollaron a lo largo de todo el día, los legisladores del oficialismo y del Frente para la Victoria no lograron llegar a un punto de encuentro, por lo que a las 12 de anoche la sesión en la Cámara de Diputados técnicamente se dio por caída.

Es que a lo largo de toda la tarde, las negociaciones giraron en torno al nivel de endeudamiento que solicitó el nuevo gobierno y al cual la bancada del FpV se oponía.

Una fuente legislativa explicó que el FpV propuso un endeudamiento total de 45.000 millones de los cuales 10.000 serían para los municipios, lo que contrastaba con los casi 110.000 que solicitó la gobernadora en su proyecto enviado a la Legislatura.

Si bien el oficialismo contaba con los votos del Frente Renovador y del Frente Amplio Progresista, requería necesariamente del voto del FpV.

Es que según la Constitución provincial, el endeudamiento debe ser aprobado por los dos tercios de los legisladores, mayoría para la que necesitaba de los votos del FpV que cuenta con 36 diputados de los 92 que tiene la Cámara.

En la sesión, también estaba previsto que se trate le Ley Impositiva que prevé algunos cambios en el Impuesto Inmobiliario Urbano con aumentos promedios del orden del 26 por ciento.

Además, el paquete de leyes incluía la declaración de emergencia en Seguridad, el Servicio Penitenciario y en Infraestructura y Servicios Públicos y la limitación a la reelección de intendentes y legisladores, punto que había acordado Vidal con Sergio Massa.

Una fuente legislativa explicó que las negociaciones continuarán la semana próxima para intentar sancionarlo el martes próximo.

El proyecto establecía que el total de erogaciones será de 354.244.282.441 pesos, de los cuales 183.000 millones estarán destinados a la administración central y 97.000 millones a la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

El área de Seguridad tendrá un presupuesto de casi 36.000 millones de pesos; Salud más de 22.000 millones; casi 8.400 millones estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social y otros 9.000 millones al de Justicia.

Casi 11.000 millones de pesos fue el presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; 2.800 millones para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 727 millones para Producción, Ciencia y Tecnología; 371 millones para Asuntos Agrarios y unos 624 millones para el ministerio de Coordinación y Gestión Pública.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el massista, Jorge Sarghini, respaldó las medidas anunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal, para mejorar el funcionamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense, a raíz de la fuga de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

“Compartimos la preocupación por el avance del narcotráfico y la decisión de luchar contra él y otras mafias enquistadas en las estructuras de poder”, sentenció Sarghini, y agregó que “desde el Frente Renovador apoyaremos la ley de emergencia para el Servicio Penitenciario Bonaerense, de manera de posibilitar su

reestructuración, y optimizar la seguridad en las cárceles y la profesionalización de los agentes penitenciarios”.

El diputado coincidió también en cuanto a “la necesidad prioritaria de construir unidades carcelarias modernas para evitar el hacinamiento de los detenidos y con tecnologías que garanticen la seguridad”.

“Desde la Legislatura, el Frente Renovador trabajará para que hechos como esta vergonzosa fuga no se repitan y acompañará las propuestas que el Ejecutivo tome a tal efecto, ya que de ellas depende la vida de los bonaerenses”, concluyó Sarghini.

El vicegobernador bonaerense Daniel Salvador reiteró que el Servicio Penitenciario requiere "cambios profundos y de fondo" y aseguró que están abiertas todas las hipótesis en la investigación por la fuga de presos acusados por el triple crimen de General Rodríguez.

"Somos conscientes, y lo éramos antes de este episodio, de la situación del Servicio Penitenciario por eso habíamos solicitado, y se tratará hoy en la legislatura, la emergencia del Servicio Penitenciario", indicó Rodríguez.

"Se requiere cambios profundos y de fondo en cuanto a la formación, capacitación, implementación de tecnología, de inversión, y de dotar al Servicio Penitenciario de la gente que pueda reunir las condiciones suficientes como para asumir semejante responsabilidad", añadió.

Respecto al tinte político que se le adjudica al hecho, Salvador aseguró que "están abiertas todas las hipótesis y que se lleva adelante una investigación con todos los elementos para obtener resultados con la mayor rapidez posible".

"Se realiza una búsqueda muy profunda con las fuerzas policiales y federales para poder dar con el paradero de estos tres fugados. Mientras tanto todas las líneas de investigación deben estar abiertas, el hecho puede responder a diversos motivos", señaló.

"Más allá de los mensajes poco claros entre la gobernadora Vidal y el ex jefe de gabinete (Aníbal) Fernández, la responsabilidad política de la fuga es de la actual gobernadora y de su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, ya que no hubo ingenuidad en la ratificación de los funcionarios que venían del área de seguridad de la gestión anterior de (Daniel) Scioli y (Ricardo) Casal, sino muchas coincidencias", aseguró la legisladora en un comunicado.

"Antes de asumir, Ritondo se reunió y halagó la gestión de Granados, como un gesto de continuidad del triángulo vergonzoso de complicidades con el delito de sectores de las fuerzas de seguridad, la justicia y la política", recordó.

Donda reclamó que el episodio de la fuga sea tomado como un momento bisagra para que el gobierno provincial se comprometa a fondo en la democratización y "reestructuración profunda" del sistema penitenciario para "que deje de ser un engranaje de la corrupción estatal".

"Con este tremendo caso quedó demostrado que hay que retomar el control político del Servicio Penitenciario que jamás fue depurado ni democratizado. Hay que sacárselo a las mafias que lo manejan de una vez por todas", exhortó.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dispuso este martes descontar el día a los agentes públicos que adhieran al paro nacional dispuesto por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La medida fue confirmada por voceros de la cartera de Trabajo, quienes precisaron que fue definida durante la reunión de gabinete que convocó esta mañana la gobernadora María Eugenia Vidal.

La medida de fuerza convocada a nivel nacional, con adhesión de la filial bonaerense, se realizaba para reclamar por "la falta de respuesta a los requerimientos de conformar una mesa de diálogo para discutir reclamos; para exigir estabilidad laboral, el pago de un bono de 5.000 pesos y la reapertura de paritarias".

En el plano provincial, ATE reclama la creación de cargos para cubrir distintas áreas de la administración pública y la concreción de pases a planta permanente iniciada en la gestión anterior y que aún faltan designar.

En el marco de estas medidas de fuerza, agentes públicos enrolados en esa agrupación cortaron hoy en forma parcial el acceso a la cabecera sur de la Autopista La Plata – Buenos Aires en la rotonda de calle 120 y diagonal 74.

"Venimos trabajando con el ministro (de Economía bonaerense Hernán) Lacunza en pulir la letra chica de una herramienta que creemos que este nuevo gobierno necesita, con la posibilidad de asignar prioridades", sostuvo el senador, y remarcó que "difícilmente le podamos cargar a la gobernadora (María Eugenia) Vidal la responsabilidad del desgobierno de los últimos ocho años con la peor gestión en la historia democrática de nuestra Provincia que ha sido la de (Daniel) Scioli”.

Galmarini, en declaraciones a Radio Provincia, explicó que el pedido de endeudamiento que incluye el proyecto de Ley de Presupuesto "no es uno, son varios artículos del Presupuesto donde hay algunos afectados directamente a obras de infraestructura, otros a obras de saneamiento y la creación de un fondo de liquidez que logramos afecte 10 millones de pesos para los municipios".

Respecto del proyecto que declara la ley de Emergencia Penitenciaria y que tambien se tratará hoy, el legislador expresó que esa iniciativa "marca la situación de complejidad que atraviesan instituciones de la Provincia. No podemos creer que porque hayan nuevos funcionarios los problemas mágicamente desaparecen”.

El proyecto de ley de Presupuesto 2016 prevé gastos por 354.244.282.441 pesos, de los cuales 183.000 millones estarán destinados a la administración central y 97.000 millones a la Dirección General de Cultura y Educación provincial.

El área de Seguridad tendrá un presupuesto de casi 36.000 millones de pesos; Salud más de 22.000 millones; casi 8.400 millones estarán destinados al Ministerio de Desarrollo Social y otros 9.000 millones al de Justicia.

Casi 11.000 millones de pesos fue el presupuesto asignado para el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos; 2.800 millones para la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires; 727 millones para Producción, Ciencia y Tecnología; 371 millones para Asuntos Agrarios y unos 624 millones para el Ministerio de Coordinación y Gestión Pública.

La ola de calor volvió a dejar expuestas las falencias del servicio eléctrico en la capital, conurbano y alrededores, donde los cortes de luz afectaron a más de 400 mil usuarios durante el lunes, según indica la página web del Ente Nacional Regulador de Electricidad (Enre), que releva la situación de las empresas Edenor y Edesur. La situación parece haber mejorardo este martes por la mañana, aunque continúan las interrupciones en el suministro tanto por cortes programados como imprevistos.

A las 11 de hoy, las localidades más afectadas en el conurbano son Quilmes Oeste; Temperley (Lomas de Zamora); Isidro Casanova, Virrey del Pino y González Catán (La Matanza); Ciudadela (Tres de Febrero), Villa Rosa (Pilar). Asimismo, la situación alcanzó también a Berazategui, Lanús, Moreno, Merlo, entre otros distritos.

Por caso, en Berazategui la falta de luz también provoca escasez de agua ya que no funcionan las bombas de los pozos que alimentan la red de agua potable desde hace cuatro días. Al respecto, su intendente, Juan Patricio Mussi, responsabilizó a la empresa privada Edesur y pidió a los vecinos "cuidar" el consumo de agua.

"Vecinos, cuidemos el uso del agua ya que la empresa privada ‪#‎Edesur‬ sigue sin dar respuesta y sin solucionar la problemática de los cortes de suministro eléctrico, que en ‪#‎Berazategui‬ afectan doblemente porque también paralizan el funcionamiento de los pozos de agua", escribió el jefe comunal en su cuenta de Facebook.

El alcalde del sur indicó además que hace cinco años que reclama junto a los vecinos por el mal servicio de la empresa y que un fallo de la Justicia obliga a Edesur a "brindar el servicio de forma ininterrumpida las 24 hs los 365 días del año en nuestra ciudad por cuestiones de salubridad". Mientras tanto, los vecinos reclaman y le pide a Mussi que resuelva la situación en lo inmediato.

También el intendente de Lomas, Martín Insaurralde, hizo una presentación contra Edesur por los problemas en el suministro. Desde la comuna, indicaron que “se reclama a la empresa prestadora acompañar con inversiones el crecimiento de la demanda en el Municipio”, al tiempo que sostuvieron que enviaron una carta “dirigida al gerente general de la empresa”, donde aducen la “falta de mantenimiento y retraso en la ejecución de las obras necesarias en la red de distribución eléctrica”.

Sobre la situación general del servicio eléctrico, el ministro nacional de Energía, Juan José Aranguren, dijo que el "sistema está muy justo en cuanto a generación" e indicó que en estos días se importará energía desde países limítrofes. Además, pidió "colaboración" de los usuarios a la hora de racionalizar el consumo. Días atrás, el Ministro ya había anunciado la "emergencia energética" aunque hasta el momento no se relevó el grado de responsabilidad de las prestadoras privadas.

La gobernadora María Eugenia Vidal aseguró este lunes que se intervendrá la unidad 30 del Servicio Penitenciario Bonaerense de General Alvear, donde se produjo la fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

Advirtió, en este sentido, que habrá denuncias penales para "todos aquellos civiles y agentes" que participaron. "Vamos a llevar a cabo denuncias penales, no sólo sumarios administrativos. El que tenga que pagar, que pague", indicó.

También reclamó que la Legislatura bonaerense apruebe la ley emergencia penitenciaria.

"Yo no los voy a defraudar", dijo Vidal a sus votantes, a aquellos que, según ella, apostaron por un cambio para terminar con el narcotráfico.

La gobernadora ratificó la decisión de avanzar con las reformas en el área penitenciaria después de la fuga que se concretó en la madrugada del domingo. Dijo que tuvo que ver con los "mensajes" que envió su administración contra el narcotráfico.

"Lo que pasó es el resultado de decisiones que tomamos, de mensajes claros. El ´no a la corrupción´,la lucha contra el narcotráfico, ese mensaje y las acciones que iniciamos desde le primer día tienen costos", resaltó Vidal.

En conferencia de prensa, la mandataria provincial enfatizó: "Pelear contra las mafias no es gratis. La fuga del día de ayer es un costo de los mensajes que enviamos".

La gobernadora denunció esa complicidad y justificó en ello la remoción de las autoridades, tras señalar que "desde el primer minuto estamos abocados a saber qué pasó y cómo pasó".

"Hay mucha gente que trabaja honestamente. Esos, estén tranquilos. En esos, vamos a confiar. Los otros sí, que se preocupen", afirmó.

Más allá de las dificultades de corte político que tuvo María Eugenia Vidal para poder "consensuar" su proyecto de presupuesto en el recinto con los demás bloques, lo que queda claro es que la sesión de hoy marcará el primer enfrentamiento abierto entre la gestión de Cambiemos y el arco gremial bonaerense.

Es que el borrador de Vidal entró en el toma y daca de la política con el massismo y otros sectores de la oposición, pero eludió de plano los reclamos del sindicalismo. Estatales, docentes, médicos, municipales y el personal del Banco Provincia ya alzaron su voz contra el presupuesto que, además de marcar un endeudamiento récord, no contempla las partidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las necesidades de los trabajadores de esas actividades.

Casualmente se tratará el Presupuesto el mismo día que los estatales de ATE Buenos Aires realizan un paro y se pliegan a la manifestación nacional del gremio para reclamar el pago de un bono de fin de año, estabilidad laboral y mejores condiciones de empleo en el sector público.

Días atrás Oscar De Isasi, titular de ATE y CTA Autónoma bonaerense, manifestó luego de un encuentro con la gobernadora: "Recién en febrero se abriría la discusión salarial con lo cual esto no lleva tranquilidad a las familias de los estatales y comienza a vislumbrar una situación que será conflictiva”.

Y así parece ser. Porque como los estatales, los docentes tampoco están conformes con las primeras señales de Vidal. Desde el SUTEBA, gremio mayoritario, señalaron que el proyecto que se tratará hoy contempla un reducción de los recursos destinados para educación del orden del 15%. Un muy mal augurio pensando en las paritarias que darán inicio en enero.

También los médicos de la CICOP mostraron su disidencia con el proyecto de Cambiemos. En un encuentro que mantuvieron con la gobernadora la semana pasada trasladaron su preocupación por la falta de abordaje de los problemas del sistema de salud. "Hicimos eje en la crisis del sistema de salud, en lo insuficiente del porcentaje que destina la propuesta de presupuesto para Salud en 2016 y en la necesidad de convocar a paritarias en forma perentoria para discutir salarios y condiciones de trabajo", señaló Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP.

En el mismo sentido se pronunciaron los trabajadores del Banco Provincia que ante falta de respuestas movilizarán hoy a la Legislatura Bonaerense para reclamar el aumento de la dotación de personal, mejores condiciones de empleo y blanqueo de contratados.

“Hemos resuelto con el Plenario de Delegados de Base, manifestar en las puertas de la misma la necesidad de aumentar la dotación para poder trabajar en mejores condiciones, potenciar los negocios del banco y atender mejor a la clientela”, expresó la Comisión Gremial Interna (CGI) de la entidad en un comunicado de prensa.

Además reclaman que la gestión blanquee entre la dotación del BaPro la existencia de cientos de trabajadores considerados eventuales, monotributistas o que están tercerizados en limpieza, mantenimiento o seguridad.

Pero la de los trabajadores del BaPro no será la única movilización en la puerta de la legislatura. También los municipales marcharán para reclamar que se contemplen las partidas necesarias para que se realicen las paritarias de la actividad. Desde la Federación Sindical de Municipales Bonaerenses sospechan que con la emergencia financiera y administrativa (FeSiMuBo) provincial se pueden suspender las negociaciones colectivas de los municipales lo que sería un retroceso en el camino emprendido con la sanción de la Ley 14.656 aprobada el año pasado.