La flamante ministra de Salud provincial, Zulma Ortiz, al igual que la Defensoría del Pueblo bonaerense, debieron salir a presionar a las droguerías bonaerenses ante el faltante de medicamentos. Es así que dictó una resolución fundamentada en el artículo 36 inciso 8º de la Constitución Provincial, que reconoce al medicamento, por su condición de bien social, como parte integrante del derecho a la salud.

Hacen mención a que, de conformidad con el artículo 1º de la Ley Nº 10.606, "la farmacia es un servicio de utilidad pública para la dispensación de los productos destinados al arte de curar".

Es que las empresas que abastecen a las farmacias de la Provincia habían decidido unilateralmente suspender la provisión los sábados a la tarde, domingos, feriados y días no laborables.

A raíz de esa situación, la cartera sanitaria provincial fijó una audiencia de la que participaron autoridades del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia; de la Defensoría del Pueblo, que en las últimas horas obtuvo de la Justicia un amparo para normalizar la provisión de remedios; y las droguerías, con la intención de acercar posiciones y garantizar el abastecimiento de medicamentos todos los días del año.

"Nosotros tenemos dos grandes misiones. Una es volver a poner a la Escuela en el centro de la escena y la otra, es jerarquizar a los docentes. Sin embargo, es importante que empecemos a tomar conciencia de que la provincia de Buenos Aires ha dejado de ser la hermana mayor rica del país", destacó.

"A nosotros nos es muy difícil decir que vamos a construir sobre lo construido, porque aquí lo que hemos encontrado es una carencia enorme de políticas educativas en los últimos años; no sé cuántas, pero sí hemos observado grandes carencias", manifestó en referencia a cómo se encontró la educación provincial.

Y profundizó: "Tenemos en este momento una ley mandada a las cámaras legislativas para declarar la emergencia en infraestructura en toda la provincia, pero estamos preocupados por la situación edilicia de las escuelas. Necesitamos que nuestros alumnos estudien en condiciones dignas, igual que en todo el país. Los invitaría a recorrer lugares en el territorio bonaerense que, les puedo asegurar, tienen un grado de pobreza y marginalidad igual al de muchas otras provincias. Estoy diciendo esto para romper ese mito de que Buenos Aires es la más rica".

"Necesitamos volver a jerarquizar a nuestros docentes, en lo salarial por supuesto, sabiendo que las arcas están vacías y que vamos a hacer el esfuerzo más grande, con la mayor imaginación y sabiendo que dentro de la negociación no descartamos ningún tipo de hipótesis para poder asegurar y garantizar que comiencen las clases" expresó el funcionario de María Eugenia Vidal.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich adelantó que los efectivos de Gendarmería que actualmente se desempeñan en el Conurbano bonaerense volverán a las fronteras ya que esas zonas de tránsito "están muy devastadas con respecto a la seguridad".

En 2011, el Gobierno Nacional había lanzado el Operativo Centinela para "reforzar la seguridad pública en los municipios del Conurbano" con el apoyo de miles de efectivos de Gendarmería. Bullrich explicó que los gendarmes retornarán a "su lugar primario".

"Los vecinos no quieren saber nada con que se vayan, pero hay que llevarlos a su lugar primario porque las fronteras están muy devastadas con respecto a la seguridad", sostuvo al tiempo que aclaró que "no va a salir ningún efectivo de ningún lado sin que haya un aseguramiento de que la gente está cubierta".

Por otro lado, "La Piba" habló del traspaso de la policía Federal a la Ciudad, y consideró que "la transferencia va a ser casi inmediata. Todo lo que es la policía de calles, la Superintendencia Metropolitana, va a pasar a la Ciudad: las comisarías y todo el servicio de seguridad ciudadana, esto va a ser lo más rápido".

En la misma entrevista en radio Continental, la funcionaria se refirió al protocolo de acción que presentará el macrismo para actuar frente a las protestas sociales, y destacó que el proyecto será con "consenso de todos".

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, removió hoy a toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y al jefe de la Unidad Penal de General Alvear tras la huida de los tres condenados a prisión perpetua por el triple crimen de General Rodríguez.

"El gobierno de la Provincia dispuso la remoción de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense, al igual que el jefe de la Unidad Penal del General Alvear, más allá del sumario interno y la denuncia judicial correspondiente", informó el Ministerio de Seguridad bonaerense a través de un comunicado.

El nuevo jefe en el Servicio Penitenciario bonaerense será Fernando Díaz, quien hasta ahora se desempeñó como subjefe de Servicio Penitenciario a nivel nacional.

El informe recordó que la semana última el Ministerio de Justicia bonaerense envió a la legislatura un proyecto de ley para declarar la emergencia en el ámbito del SPB.

La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal envió a la Legislatura un proyecto de ley que propone declarar por un año la emergencia del Sistema Penitenciario bonaerense (SPB) y del Sistema de Salud Penitenciario, norma que de aprobarse permitiría a su administración acelerar partidas para compras y contrataciones.

Vidal impulsa así una nueva emergencia, luego de que ya girara a la Legislatura dos proyectos para obtener idénticas declaraciones en Seguridad y en Infraestructura y que se tratarían el martes 29.

La gobernadora fundó la necesidad de declarar la emergencia del SPB debido en las “carencias en materia edilicia, tecnológica, de recursos humanos y materiales”.

Además, hizo referencia a la "superpoblación carcelaria", destacó que el sistema penitenciario y el de salud penitenciaria "pasó de 30.712 a 35.166 detenidos" y cuestionó una "falta de inversión acorde con las necesidades" de las personas privadas de su libertad.

El objeto de la declaración es “dotar a las áreas específicas del Poder Ejecutivo de herramientas y mecanismos ágiles para mejorar sustantivamente las condiciones de detención”, para lo cual propone, a la par, crear una comisión con participación del Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura.

De aprobarse, el Ministerio de Justicia tendrá la obligación de presentar en 60 días un plan de obras que contemple “la creación y reparación de unidades carcelarias” y la estimación de gastos que demande.

El proyecto exceptúa a todo procedimiento de contratación de la intervención del Consejo de Obras Públicas y autoriza a los organismos a contratar a empresas que no figuren en el Registro de Licitaciones, aunque sí en el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública.

De manera específica, dota a los organismos estatales de “celeridad” para “la adquisición de equipamiento y la realización de las obras necesarias para garantizar condiciones dignas de detención”.

En cuanto a los recursos humanos, fortalece las facultades del ministro de Justicia para “adoptar decisiones vinculadas al progreso en la carrera penitenciaria, mejora de la capacitación y el incremento cuantitativo de los recursos así como su óptima utilización”.

El ministro de Justicia podrá, de aprobarse la norma, designar personal de manera directa, así como también “disponer bajas, retiros, reubicaciones escalafonarias, cambios de escalafón y ascensos ordinarios o extraordinarios”, además de convocar a retirados del SPB a prestar servicio nuevamente.

Tras el intento fallido de conseguir que Graciela Fernandez Maeijide se sume a ese lugar, se conoció ayer que a partir de mediados de enero, luego de resolver asuntos familiares y laborales, Santiago Cantón se haría cargo de la Secretaría de DDHH.

La propio María Eugenia Vidal se había reunido con Cantón el viernes pasado para hacerle la oferta, pero el actual directivo del Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights regresó a los Estados Unidos sin darle una respuesta. Cantón llegó el miércoles pasado a Buenos Aires y, antes de reunirse con Vidal, visitó a Massa en su casa del barrio Isla del Sol.

La gobernadora ya le había anticipado al tigrense que quería sumar al profesor de la Georgetown Law School y la UBA. Si Massa estuvo de acuerdo o no es una incógnita.

Esta designación entra en contradicción con la línea trazada por Sergio Massa de no ocupar puestos de gestión en los gobiernos de Cambiemos, sino cargos en los organismos de control. Una "directiva" que hasta hoy tiene un solo infractor: Adrián Pérez, que aceptó ser funcionario en el Ministerio del Interior.

En cuanto a las perspectivas de gestión, Cantón sostiene que el trabajo de Madres y Abuelas y los juicios contra los delitos de lesa humanidad son "parte del ADN" de los argentinos, pero considera una "perversión política" el uso de los derechos humanos por parte del kirchnerismo. En más de una oportunidad señaló que su prioridad son las violaciones actuales de los derechos humanos, como la violencia de género, la desigualdad o la corrupción.

Como secretario ejecutivo de la CIDH (entre 2001 y 2012), fue un crítico acérrimo de las violaciones de la libertad de expresión y la violencia política en la Venezuela de Hugo Chávez, quien llegó a definir al argentino de "excremento humano". De hecho, Cantón dejó el cargo en la CIDH para que la entidad pudiera volver a ingresar a la República Bolivariana.

Me invitaron, si hay oportunidad para generar inversiones siempre el Presidente sabe que cuenta conmigo, tengo una actitud constructiva", dijo Scioli, y ratificó que "está previsto que se dé esa posibilidad".

Sin embargo, advirtió que "no" irá si es "para ir a endeudar a Argentina una vez más, con todo lo que costó desendeudar".

En declaraciones televisivas, Scioli cuestionó la decisión de intervenir por decreto el AFSCA y separar a su titular, Martín Sabbatella.

"Una cosa es llegar a esa decisión (de fondo, sobre la que no opinó), y otra es buscando imponer vía DNU. El Gobierno tiene que hacer un esfuerzo por dar al Parlamento el lugar para que se den los debates de lo que se puede modificar, es la casa de la democracia", recordó.

En otro orden, Scioli dijo que el peronismo "está en debate, en reflexión" tras la derrota electoral y su desafío a futuro como partido de oposición.

Al respecto, reiteró que su posición es que el PJ debe ayudar a "construir gobernabilidad, pero sin dejar que se avance, por ejemplo, con los DNU", como en el caso del nombramiento de dos jueces para la Corte Suprema.

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación (Afsca), Martín Sabbatella, dijo que con la intervención del organismo mediante decreto el Gobierno "busca un blindaje mediático para avanzar con medidas antipopulares".

En el programa Minuto Uno de C5N, Sabbatella sostuvo que Nación "no tiene facultades constitucionales" para la intervención ya que "hay un mecanismo de remoción" para realizarlo. "Deben tener 2/3 del consejo federal para hacerlo", dijo.

Asimismo, remarcó que "es un atropello" ya que "no pueden por decreto intervenir un ente autárquico". "Quieren avanzar sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual", agregó.

Tras conocerse el decreto del presidente Mauricio Macri, el presidente de la AFSCA anunció la presentación de un habeas corpus y un recurso de amparo: "Hay una ley que hay que cumplir y un decreto que es ilegal". Además, señaló que "este Gobierno tiene brotes de Facto" debido a las medidas por decreto que tomó durante los primeros días de gobernabilidad.

"Espero que lo resuelta el Poder Judicial", concluyó.

El gremialista formuló declaraciones después de que Vidal les explicara a los representantes de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA), de la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), de la Asociación de Trabajo del Estado, la CICOP, de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y de la Asociación Personal Legislativo (APL), que no se podrán discutir aumentos salariales hasta febrero.

“Venimos planteando la necesidad del bono de $ 5.000 con posibilidad de financiarlo y la reapertura paritaria y la gobernadora ratificó la imposibilidad de brindar un bono y que recién en febrero se abriría la discusión salarial con lo cual esto no lleva tranquilidad a las familias de los estatales y comienza a vislumbrar una situación que será conflictiva”, advirtió De Isasi en ese sentido en declaraciones formuladas a radio Provincia.

El dirigente afirmó que "a pocos días de asumir la gobernadora nos reciba es un dato positivo en sí mismo porque implica la apertura a un diálogo como el de ayer de tres horas exponiendo todas las problemáticas como la continuidad de los compañeros contratados y becados, a quienes garantizó el trabajo después del 31 de diciembre”.

“La reunión como gesto político tiene valor positivo en sí mismo, ahora una de las más importantes es la pérdida del poder adquisitivo y allí estamos muy lejos de ponernos de acuerdo y las propuestas no colman para nada las necesidades de los trabajadores”, apuntó De Isasi.

Consultado en torno a la imposibilidad económica que manifiesta la Gobernadora para realizar un incremento salarial, el referente de ATE respondió: “Si se descongela el fondo del Conurbano habría condiciones para pagar el bono de fin de año porque con el 12 por ciento de la deuda que tiene Nación en ese sentido se podría haber pagado”.

En declaraciones radiales, el titular de UPCN, Carlos Quintana, detalló que “luego de la aprobación del presupuesto, comenzarán las comisiones técnicas para tratar en paritarias”.

“No es momento de reclamos, hay que pagar deudas. La problemática de la provincia arrastra desde hace mucho tiempo y el compromiso de la gobernadora fue, en principio, la aprobación del presupuesto, del endeudamiento, para sacar un montón de deudas que quedaron pendientes como proveedores. Luego de la aprobación, que el 29 es la sesión, los primeros días de enero estaríamos empezando con las comisiones técnicas para tratar en paritarias”, concluyó.

Poco le queda de su pasado progresista a Gerardo Milman que está cada vez más pintado de amarillo y sale en defensa de las decisiones polémicas tomadas por decreto de Mauricio Macri.

El exdirector de la Afsca por la oposición y ahora secretario del Consejo de Seguridad Interior, Gerardo Milman, defendió la decisión de Macri de intervenir el ente por decreto y opinó que "la ley nació vieja" y tiene "serios déficit y muchos errores".

Milman, que formaba parte del directorio y presentó su renuncia para formar parte del Ejecutivo nacional al saltar del Progresistas al macrismo, defendió la facultad del presidente para la intervención.

En declaraciones a radio Belgrano, "El colorado" aseguró que "la facultad de intervención presidencial en entes del Estado viene desde hace mucho tiempo y tiene muchísima jurisprudencia, como el Energas y el Enre".

Además, el secretario nacional opinó que la "ley de servicios de comunicación audiovisual presenta serios déficit, es una ley que nació vieja" y adelantó que "una vez que el Congreso inaugure las sesiones, se enviará una ley" nueva.

"La ley de Medios no reconoce el avance de la tecnología, es muy reglamentarista y contiene una discusión política. Tiene muchos errores y tiene que ser una ley flexible", sostuvo Milman.