Dos testigos declararon ante la Justicia que vieron como se lo llevaron las fuerzas de seguridad tras golpearlo. La familia apunta de lleno a la Gendarmería.

La familia de Santiago Maldonado, quien permanece desaparecido desde el pasado primero de agosto en Chubut, dijo que ayer dos testigos manifestaron ante la justicia que el joven fue "agarrado por Gendarmería, le pegaron y subieron a una camioneta", cuando esa fuerza desalojó una protesta mapuche en la ruta 40 de esa provincia.

"Lo que nos informa la gente de la comunidad es que Santiago estaba con ellos, que cuando llega la Gendarmería cruzan el río, Santiago no cruza, Gendarmería lo agarra, le pega y lo suben a una camioneta", expresó Andrea, cuñada del joven, en declaraciones al canal TN.

En ese sentido, sostuvo que "con esa información, a través de la Defensoría y la APDH se presentaron esas pruebas al juez. Es lo mismo que testificaron dos testigos ayer". Asimismo, consignó que la familia pidió "los registros de los teléfonos y el material de comunicación que tiene Gendarmería".

"Pasaron más de 12 días y todavía no hay listado de las personas que participaron en los operativos, de donde estaban las camionetas, hay cosas que no se terminaron de hacer", puntualizó la cuñada del joven.

"Tendrían que demostrarnos que a Santiago no lo tiene la Gendarmería", expresó, y afirmó que "se hizo un allanamiento en la casa de Santiago y nos hubiera gustado que nos informaran que iban a hacer eso".

Asimismo, manifestó que a su entender "se hizo tarde" el allanamiento a los cuarteles de la fuerza en Esquel y El Bolsón. "No tenemos más novedades. Lo que pedimos es apartar a la Gendarmería", sentenció.

Sergio Maldonado, hermano del joven, expresó que la familia está muy dolida, no entendemos lo que pasó" y afirmó que "lo último que sabemos es que se lo llevó Gendarmería en Cushamen. Todo arrojó que se lo llevó Gendarmería, los testigos, los peritajes".

"La hipótesis es esa, no tenemos otra. Está en camino la prueba de ADN, lo que está a nuestro alcance lo hemos hecho", destacó. En ese sentido, insistió que "está comprobado que estuvo allí, por un rastrillaje con perros que se hizo, ya se verificó y se dio por sentado que estaba" en el corte de la ruta 40 de Chubut, que fue desalojada por Gendarmería.

"Están los testigos, está Prefectura, que dio un informe sobre que no ingresó al río. Dos o tres veces el perro que buscaba a Santiago hizo el mismo recorrido", completó.

Colgaron una bandera para reclamar por su aparición. El joven fue visto por última vez el 1 de agosto cuando Gendarmería realizó un operativo de desalojo en una comunidad mapuche en Chubut.

Una bandera que reclamó la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el 1 de agosto pasado cuando efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un operativo de desalojo en la comunidad mapuche de Cushamen, en Chubut, fue colgada ayer en la escuela en la que tenía que votar el joven.

"Gendarmería: acá falta Santiago Maldonado, aparición con vida", rezaba la bandera que fue colgada al frente de la EP N°3 de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, en donde el joven está empadronado.

La escuela en la que se tenía que presentar a sufragar el joven de 28 años, no es el único lugar en el que se hizo presente el pedido de aparición de Maldonado, sino que en distintos establecimientos educativos del país diferentes leyendas aparecieron escritas en los pizarrones.

"Santiago Maldonado, dónde está?", es la frase que se pudo leer en una foto que circuló en las redes sociales y que habría sido escrita en el pizarrón de una escuela de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

En tanto, varios precandidatos a senadores y diputados se refirieron este domingo a la desaparición del joven.

El precandidato a diputado de Cambiemos Guillermo Montenegro aseguró que "se está trabajando muy fuerte" para que se esclarezca el hecho.

Al salir de cuarto oscuro, Montenegro expresó ante la prensa: "Es muy importante como Estado y como argentino que se esclarezca lo que ocurrió para la tranquilidad en especial de la familia".

Por su parte, el exministro de Transporte de la Nación y ahora precandidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, señaló: "Hubiéramos querido que pudiera votar Santiago Maldonado".

También Nicolás Del Caño, precandidato por el FIT, dijo: "hoy es una elección particular porque tenemos un nuevo desaparecido en Argentina, lo que es un hecho gravísimo.

El ex juez de la Corte, Eugenio Zaffaroni, evaluó "una torpeza particular" de la reacción del Gobierno por la desaparición de Santiago Maldonado y afirmó que las respuestas "recuerdan a las de Videla".

El ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni asoció este jueves al Gobierno con la última dictadura militar al afirmar que las respuestas del Ejecutivo en relación a la desaparición de Santiago Maldonado "recuerdan a las de Videla".

"El Estado se está haciendo el tonto con la desaparición de Santiago Maldonado. El Gobierno está respondiendo de una manera que a mí me recuerda mucho la forma en la que respondía Videla. Ahora lo que falta es que digan que el pibe anda por París con una mina", dijo en declaraciones a la radio FutuRock.

También atribuyó la desaparición del joven artesano a "la imprudencia represiva" de la administración de Mauricio Macri.

"Lo que estamos viviendo es algo que yo sabía que iba a pasar. En un contexto de represión, cuando se ordenan estas represiones masivas lo que sucede es que siempre hay un loquito. Y el loquito sale, los loquitos salen. Cuando se cometen estas imprudencias vemos algo realmente penoso. Con el caso de la desaparición de Santiago Maldonado realmente estamos tocando límites. En este contexto represivo se pueden repetir más desapariciones. Si el contexto represivo avanza, se sabe que es el caldo de cultivo", sostuvo.

Y agregó: "Primero hay una imprudencia que es la represión a los pueblos mapuches. No estamos copiando nada. No somos originales en la represión a los mapuches, nos estamos copiando de Chile. Sabemos Argentina fue extorsionada por el GAFI durante la anterior administración para que sancione un tipo de terrorismo. Sabíamos que en Chile se estaba usando ese tipo penal para perseguir a los mapuches"

"Esto tiene una gravedad inusitada porque está pasando en un sistema formalmente democrático, en medio de una campaña electoral por otra parte, y todos se hacen los tontos y repiten el discurso de la propia fuerza que naturalmente da la impresión de estar encubriendo lo que hizo su propia gente", dijo el ex juez de la Corte.

"Las declaraciones de los funcionarios son aberrantes porque nadie parece tener responsabilidad sobre este hecho tan grave; hemos retrocedido 40 años en la historia pidiendo la aparición con vida de un joven que fue a colaborar y a apoyar la lucha de estos pobladores originarios que están reclamando sus derechos", afirmó Carlotto en declaraciones a Radio del Plata.

Ayer, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó en una conferencia de prensa que "no" tiene "asegurado que Gendarmería lo detuvo", y agregó que "Nosotros hemos abierto toda la posibilidad para que la Justicia investigue, revisando todos los vehículos que estuvieron ese día, esos vehículos no han dado ninguna pista de que Maldonado pudo haber estado en alguno de ellos".

Bullrich puntualizó que están "a la cabeza de esta búsqueda, lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición y no nos parece bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía, o al juez, a decir o aportar algún dato diciendo que se lo llevó Gendarmería"; y reiteró que "hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad".

Frente a estas declaraciones, Carlotto respondió hoy que "caratular" la desaparición de Maldonado "como una persona que se fue y que hay que buscarla al estilo del que se fue del hogar porque se separó de la mujer o un niño que hace travesuras, es imposible de concebir y aceptar".

"Todos se lavan las manos", disparó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en alusión a las autoridades nacionales, tras recordar la convocatoria para el viernes próximo a las 17, a una movilización a Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida, "sin banderas políticas y las consignas propias de la búsqueda con la necesidad de que todos se sientan parte".

Carlotto consideró que "no puede ser que después de tantos años de democracia tengamos que buscar de la misma manera que hace 40 años en dictadura. Sin querer comparar los tiempos, porque este es un gobierno votado, parece que no gobierna como tal, y deslinda responsabilidad en un hecho tan grave".

Por otra parte, Carlotto afirmó que "hay testigos de cómo se lo llevaba la Gendarmería" a Maldonado y sostuvo que en esa fuerza de seguridad "lavaron las camionetas, una cosa extraña", para concluir que las Abuelas están "luchando para que la historia no se repita y la gente no desaparezca".

Ayer, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró que "el Gobierno es el primer interesado en saber qué le pasó" al joven desaparecido y recordó que se dispuso una recompensa oficial para quien aporte datos fidedignos al respecto.

"Está claro que el Gobierno es el primer interesado en saber qué le pasó a Maldonado. Lo mejor que podemos hacer es no sacar conclusiones apresuradas hay un juez que está actuando y una investigación abierta", dijo Peña a Télam.

En tanto, el gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial una recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar datos fidedignos sobre el paradero de Maldonado.

En el contexto de gravedad institucional extrema, con el joven Santiago Maldonado desaparecido desde el 1º de agosto y sin ser buscado por ninguna fuerza de seguridad del Estado, la Sociedad Rural Argentina hizo público un comunicado titulado “Tiene que terminar la impunidad para los grupos delictivos y violentos del sur” en el que señala que “es hora que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma”.

En el texto, que bien leído resulta escalofriante y recuerda el accionar de la entidad en los años más oscuros de la Argentina, la SRA ni siquiera hace mención a Maldonado. La omisión es un claro gesto de desinterés sobre su desaparición, en momentos en que la familia del muchacho implora para que se inicie una búsqueda seria sobre su paradero y organizaciones nacionales e internacionales le exigen al gobierno de Mauricio Macri que abra una investigación y que informe sobre el destino del muchacho radicado hace unos meses en El Bolsón.

“Las familias rurales patagónicas, que históricamente han estado integradas con las comunidades originarias en el trabajo y la producción, desde hace un tiempo son víctimas del hostigamiento y el violento ataque del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, cita el comunicado.

Y continúa: “El accionar violento y la reiterada violación de la ley que lleva adelante esta agrupación nada tienen que ver con la reivindicación étnica. Son responsables de los delitos de privación ilegítima de la libertad, el abigeato, la usurpación y el daño a la propiedad privada”.

Por último, la Sociedad Rural expresa su apoyo al accionar de la Gendarmería Nacional, fuerza que reprimió la protesta mapuche de la que participó Santiago Maldonado y señalada como responsable de su desaparición por testimonios que no son tenidos en cuenta ni por la justicia ni por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Es importante que se esté actuando frente a la problemática, ya que son muchas las familias de productores que sufren la amenaza constante de este grupo criminal, que por años se manejó con total impunidad”, concluye la SRA.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo hoy que el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich son "responsables" de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el pasado martes durante un operativo de Gendarmería Nacional en el paraje de la comunidad mapuche Lof de Cushamen, en Chubut.

"Santiago fue perseguido por las fuerzas de Gendarmería y por lo tanto no pueden decir que no tuvieron nada que ver porque es responsabilidad del Estado, de Macri y de Bullrich y a ellos les exigimos su aparición con vida", reclamó el dirigente de derechos humanos en diálogo con radio Diez.

El Premio Nobel se refirió también al conflicto por las tierras en Chubut y tras asegurar que viene de lejos, remarcó que los indígenas "defienden sus tierras y quien persigue a los pueblos originarios es el Estado".

La familia Benetton "se adueña de la Patagonia expulsando y alambrando las tierras que son de los mapuches", denunció.

Pérez Esquivel afirmó luego que el Gobierno nacional "viola el artículo 75 de la Constitución Nacional (que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas), el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 169 sobre pueblos originarios y la declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas".

"Benetton tiene más de un millón de hectáreas en Argentina, es un señor terrateniente que tiene condicionada a Gendarmería, a los jueces y a la policía", señaló Pérez Esquivel al mostrar su preocupación por "la violencia institucional ejercida por el Estado, porque una democracia significa derechos para todos y no sólo poner el voto en una urna".

Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el martes pasado luego de un operativo de Gendarmería y la Policía provincial tras desalojar la ruta 40 en Esquel.

Según varios testimonios, el joven corría para resguardarse de los disparos que realizó la Gendarmería en su ingreso en la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, no llegó a cruzar el río y se refugió bajo un árbol, donde fue capturado.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que para el Gobierno y para el juez federal Guido Otranto "no hay ningún indicio de que la Gendarmería" haya detenido a Santiago Maldonado y agregó que tampoco puede confirmar que "haya estado en el lugar, porque estaban todas las personas encapuchadas".

En reclamo por la aparición con vida de Maldonado, hoy a las 13 los organismos de derechos humanos realizarán una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592, 1° 2, CABA.

Según informaron en un comunicado, estarán presentes los representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Por su parte, Pérez Esquivel confirmó que hoy viajará hacia el lugar de la desaparición de Maldonado, una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria acompañada por Nora Cortiñas, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en solidaridad con la comunidad mapuche.

Sergio Maldonado y Andrea Antico, hermano y cuñada de Santiago Maldonado, desaparecido hace una semana en medio de un operativo de Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche Lof Resistencia Cushamen (Chubut), expresaron en Bariloche un angustiado reclamo de “aparición con vida” ante una multitud que se reunió en el Centro Cívico, en sintonía con otros puntos del país.

Quebrado entre lágrimas y llantos, el hermano denunció que “fueron a hacer el peritaje en la camioneta (del operativo) y encontraron la faja rota y el interior lavado”, lo que “el juez (federal de Esquel, Guido Otranto) niega, dice que ‘estaba normal’”, afirmando que fue un funcionario del Poder Judicial Federal quien señaló esa irregularidad.

“Hasta que no demuestren lo contrario, para nosotros Gendarmería está involucrada en la desaparición”, expresó, agregando que los testigos del procedimiento de Gendarmería en la comunidad mapuche señalaron que “el perro que hizo la búsqueda (marcó) dos o tres veces el lugar” de donde desapareció.

Se preguntó “¿quién es el mentiroso, por qué quieren desviar tanto la información?”, respondiéndose que “es el poder de (Luciano) Benetton, es increíble”, en referencia al propietario de la estancia Leleque, cercana a Esquel, en un sector en donde está asentada la comunidad aludida.

También su esposa Andrea y cuñada de Maldonado habló quebrada por la angustia, agradeciendo el acompañamiento de la APDH, la comunidad mapuche, el CELS, la Defensoría y otros organismos, responsabilizando al Ministerio de Seguridad de la Nación y expresando: “les prometimos a los papás de Santiago, Estela y Quique, que les vamos a llevar a Santiago con vida, por eso queremos su aparición con vida”, señaló.

Luego habló Fernando Huala, hermano de Facundo Jones Huala, lonko (máxima autoridad) de la comunidad Lof Resistencia Cushamen, quien relató la incursión de Gendarmería en el lugar, con disparos de fuego, quemando juguetes delante de los chicos, y afirmó que “fueron ellos los que secuestraron a Santiago, que lo único que hizo fue solidarizarse con nosotros”.

También cientos de vecinos desafiaron a la lluviosa y fría tarde en El Bolsón, se concentraron en la céntrica Plaza Pagano y marcharon hasta el casino de oficiales de Gendarmería Nacional, reclamando la aparición con vida del joven.

La exmandataria responsabilizó al gobierno nacional por la desaparición de Santiago Maldonado. Se comunicó con su familia y exigió la aparición con vida.

Tras los pedidos de su familia y de organizaciones sociales, ahora la expresidenta, Cristina Kirchner, exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado, el joven de 27 años desaparecido en Chubut.

Según informaron varios testigos, a Maldonado se lo habrían llevado agentes de Gendarmería nacional el martes pasado, tras el desalojo de una manifestación. Desde entonces, no se sabe nada de él.

A través de su cuenta de Twitter, Cristina Kirchner informó hoy que se comunicó con el hermano de Santiago, Sergio, para que le comentara la situación y relatara qué pasó el martes pasado. “El Gobierno Nacional, de quien depende Gendarmería, tiene la obligación de informar donde está Santiago y la responsabilidad de su aparición”, agregó la exmandataria en su cadena de tuits.

En tanto, para finalizar su mensaje, Cristina Kirchner exigió: “Santiago debe aparecer. Y debe aparecer con vida”.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos de derechos humanos, lanzaron una campaña virtual para que la Corte Suprema de Justicia revierta el fallo que facilitó el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, conocido como "caso Muiña".

"Que la Corte diga no" es el nombre de la campaña que consta de tres etapas, la primera con la difusión de videos de juristas que argumentan acerca de la inaplicabilidad del 2×1 para delitos de lesa humanidad.

Entre quienes brindaron sus testimonios están Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; María Roqueta, ex jueza federal, y Federico Delgado, fiscal federal.

En la segunda etapa circulará por las redes un spot de los organismos de derechos humanos y en la tercera se viralizarán las fotografías con el cartel de la campaña de todas las personas que apoyan el reclamo y que las envíen a [email protected].

La agrupación Memoria Abierta, organizadora de la campaña, explicó que el objetivo es "visibilizar que este peligro se encuentra latente" y que "no existen razones para que la Corte Suprema dilate el tratamiento d el tema".

El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo pasado que por mayoría dictaminó la aplicación del beneficio del 2×1 al condenado represor Luis Muiña generó una fuerte polémica en torno a su aplicabilidad y tuvo como respuesta un multitudinario rechazo popular expresado en las calles de las principales ciudades del país y una seguidilla de pedidos de los abogados defensores de represores condenados.

A la polémica se sumó la aprobación de la ley 27.362 sancionada por el Congreso que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad para impedir que se repita un fallo como el del caso Muiña.

Por su parte, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que señaló que la inaplicabilidad del 2×1 para represores "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad".

"No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después", finaliza el comunicado de Memoria Abierta.

El Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza sentenció anoche a prisión perpetua a los ex jueces Roque Otilino Romano, Luis Guillermo Max Petra Recabarren, Luis Francisco Miret y Rolando Evaristo Carrizo por encontrarlos responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, en el final de un proceso judicial que se extendió por más de tres años.

El TOF compuesto por Alejandro Piña (presidente), Juan Antonio González Macías y Raúl Fourcade, dictó la más severa sanción prevista en el código procesal en el IV juicio por delitos de lesa humanidad que se debatió en Mendoza desde el 17 de febrero de 2014, con 216 audiencias, poniendo en el banquillo de los acusados, por primera vez, a cuatro ex jueces que ejercieron durante la última dictadura y estuvieron al frente de la Justicia Federal en esta provincia hasta hace unos años atrás.

En una Sala de Audiencias repleta y con una pantalla gigante instalada en las escalinatas de acceso al organismo judicial, por la gran convocatoria de público, la secretaria letrada del Tribunal Oral, Natalia Suárez, leyó la sentencia, en los autos 076-M caratulados "Menéndez Sanchez, Luciano B. y otros", en donde, además de los cuatro ex jueces sentenciados a prisión perpetua, recibieron una pena similar otros ocho imputados; cuatro fueron condenados a 20 años de prisión; otro a 18 años; dos recibieron una pena de 15 años; uno fue condenado a 10 años; cinco imputados recibieron penas menores de entre 6 y 3 años de prisión y tres fueron absueltos.

Esta megacausa resultó de la acumulación de alrededor de 20 causas por delitos de lesa humanidad, sobre un total de 34 imputados, que incluyó el tratamiento de apropiación de una menor, detenciones, secuestros, torturas, violaciones, desapariciones y/o asesinatos contra más de 200 víctimas durante la última dictadura.

Dichos delitos fueron perpetrados por las Fuerzas Armadas, la cúpula y subalternos de Policía de la Provincia, los responsables de las torturas en la Penitenciaria Provincial, y cuatro ex jueces, Romano; Petra Recabarren; Miret y Carrizo, a quienes se condenó porque omitieron investigar los asesinatos y otros crímenes, constituyéndose en cómplices.

Los otros condenados a prisión perpetua fueron el comodoro retirado Alcides París Francisca; los policías retirados Luis Rodríguez Vázquez y Armando Fernández Miranda; el suboficial mayor retirado de la Policía Pablo Gutiérrez Araya; el policía Miguel Tello Amaya; el militar retirado Paulino Enrique Furió; el cororonel retirado Carlos Horacio Tragant y el suboficial mayor del Ejército (retirado) José Fuertes Fernández.

En declaraciones a Télam, Alejandro Piña prefirió no emitir una declaración sobre el juicio en que acabaron de dictar sentencia, pero ponderó: "Solo quiero reconocer el trabajo y el compromiso de mis colegas jueces, de los abogados de fiscalía, querellantes y defensores, por su profesionalismo. Y a los funcionarios y empleados de mi tribunal por su labor ejemplar".

El fiscal Dante Vega dijo: "Fue un fallo histórico, no hay que olvidar que aquí se juzgaba todo el arco que actuó durante el terrorismo de Estado, y no solamente hay jueces condenados, sino militares, policías y penitenciarios, con distintas penas. Y la sentencia dice muchas cosas, primero que los testigos dijeron la verdad, y después nos entendió a nosotros cuando interpretamos a esos testigos y las trasladamos al derecho".

"Y cuando el Tribunal dicta este fallo contundente -agregó- e impone estas penas que son las más graves del ordenamiento jurídico argentino contra cuatro ex magistrados, lo que está diciendo es que toda esa construcción y cómo fundamentamos esa participación delictiva y todo lo que valoramos, que esa es la magnitud más terrible del terrorismo de Estado, ya que las víctimas no tenían donde guarecerse y donde encontrar amparo, porque la Justicia era cómplice del Terrorismo de Estado".

"Después de haber escuchado tanto dolor, y haber analizado los dichos de los imputados y sus descargos, estoy satisfecho por el deber cumplido, y por el resultado que demuestra que un Tribunal democrático determinó que el terror estatal no solo fue obra de uniformados, sino que solo pudo ser posible con una justicia que facilitara la tarea represiva e ilegal", apuntó el fiscal.

Y concluyó: "Es histórico en varios sentidos, porque es un período muy extenso que incluso abarca periodos anteriores al golpe militar, o sea que ya había terrorismo estatal antes del golpe, y después se sistematizó".