La misión del organismo internacional de Derechos humanos; que esta encabezada por su presidente, Francisco Eguiguren, llega hoy a San Salvador de Jujuy para evaluar la situación de la dirigente social.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llega hoy a San Salvador de Jujuy para evaluar la situación de la detención de Milagro Sala.

La misión es encabezada por el presidente del organismo internacional, Francisco Eguiguren.

Esta mañana, los representantes de la CIDH mantennían un encuentro con el gobernador Gerardo Morales y luego visitarán a la dirigente social detenida en la Unidad N° 3 de Mujeres del Servicio Penitenciario, conocido como el penal del Alto Comedero.

La CIDH tiene en trámite una solicitud de medida cautelar en beneficio de Milagro Sala y las reuniones tienen carácter confidencial.

Acompañarán a Eguiguren en su visita a la Argentina la segunda vicepresidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y el abogado Jorge H. Meza, quien coordina el Grupo de Protección, que se encarga de tramitar los pedidos de medidas cautelares.

La misión internacional se suma a la reciente visita del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que cuestionó la detención de Sala y volvió a pedir su liberación.

La Canciller Federal de Alemania subió una foto a Instagram de su paso por el Parque de la Memoria junto a Vera Jarach, Madre de Plaza de Mayo, y reivindico los 30 mil desaparecidos.

Ya en Alemania, la canciller Angela Merkel publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se la ve recorriendo el Parque de la Memoria junto a la Madre de Plaza de Mayo, Vera Jarach y la frase “SON 30. 000”. El mensaje escrito en Alemán e Inglés remarca que "en recuerdo de las víctimas de la dictadura militar, la canciller Merkel se reúne con los supervivientes de los asesinados y desaparecidos @parquedelamemoria. La dictadura militar argentina de 1976 a 1983 fue una de las más sangrientas de América Latina, con hasta 30.000 víctimas, incluyendo alemanes”.

Durante el recorrido del Parque de la Memoria, Merkel recorrió la lista de nombres de desaparecidos, arrojó flores al Rio de la Plaza y escucho con detenimiento al testimonio de Vera Jarach, con quien cruzo palabras sobre su hija, Franca Jarach, desaparecida el 25 de junio de 1976 cuando tenía tan sólo 18 años de edad. Además, la Madre de Plaza de Mayo denunció ante Merkel los dichos negacionistas del hoy Agregado Cultural en Alemania, Dario Loperfido.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo cuestionó la políticas de derechos humanos de Cambiemos y el desfile militar por el 25 de Mayo. 

Desde Tucumán, y en conferencia de prensa, Carlotto recordó que "cuando se quiso imponer el 2×1  hubo una reacción social muy grande y tuvieron que dar marcha atrás, con todo criterio". Además, enfatizó que "no se puede permitir que lo que ya está escrito, hecho, probado y comprobado se borre de un plumazo y la historia se repita, porque cuando no se castiga un delito, el delito vuelve".

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo analizó que la gestión de Cambiemos "está borrando" la política de derechos humanos: "El gobierno actual está en contra de lo que nosotros hemos construido, aún durante la dictadura. Porque empezamos a luchar buscando a nuestros hijos, consultando a la Justicia que no existía, corriendo riesgo de ser asesinadas o secuestradas, visitando a la gente que tenía el poder para contestarnos lo que siempre nos negaban, íbamos a la Plaza de Mayo para que los militares nos recibieran, o sea que luchamos desde entonces".

En ese sentido, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró:"Si pudimos con Videla, vamos a poder con (Maurcio) Macri", para luego denunciar que "se cerraron espacios de trabajo, donde las Abuelas nos beneficiábamos para buscar señales o rastros de nuestros nietos, en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Derechos Humanos.

Para finalizar, Carlotto manifestó: “Se echó a mucha gente muy capacitada para no poner a nadie o poner incapaces", denunció. Y sentenció: "En campaña Macri nos llamó curros, no nos quiso recibir porque dijo que no tenía tiempo y después nos recibió forzosamente".

La defensora de represores volvió a protagonizar un escándalo cuando se entrevistó con funcionarios del ministerio de Justicia (no se precisaron sus nombres). A la salida, agredió a trabajadores del gremio de estatales. "Nos avergüenza que los funcionarios del ministro Garavano hayan recibido a Pando", dijeron desde ATE.

Todavía no se conocen precisiones sobre la reunión de Pando en el ministerio de Justicia. ¿Participó Germán Garavano? ¿Qué fue a pedir Pando? Antes y después del encuentro, la defensora de represores mostró carteles sobre la última dictadura militar.

En un momento, se cruzó con militantes de ATE a los que agredió. Desde el gremio emitieron un comunicado: "Queremos expresar nuestro total repudio al accionar violento y autoritario de este grupo minúsculo, quienes agredieron a las/os trabajadores en medio de una jornada de protesta convocada por nuestro sindicato".

Además, cuestionaron a Garavano por la reunión: "Nos avergüenza que los funcionarios del ministro Germán Garavano hayan recibido a Cecilia Pando en la sede ministerial, en medio de las agresiones y provocaciones hacia las/los trabajadores. Esta es una clara señal que intenta lesionar a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia".

Comunicado completo de la Junta Interna ATE Justicia y Derechos Humanos:

Desde la Junta Interna ATE Justicia y Derechos Humanos repudiamos la presencia de quienes avalan a los responsables de la última dictadura cívico-militar, apologistas del genocidio que se hicieron presentes en nuestro sector de trabajo, justo cuando estábamos en asamblea en rechazo de la paritaria estatal firmada por el gobierno.

Queremos expresar nuestro total repudio al accionar violento y autoritario de este grupo minúsculo, quienes agredieron a las/os trabajadores en medio de una jornada de protesta convocada por nuestro sindicato.

Así mismo, nos avergüenza que los funcionarios del ministro Germán Garavano hayan recibido a Cecilia Pando en la sede ministerial, en medio de las agresiones y provocaciones hacia las/los trabajadores. Esta es una clara señal que intenta lesionar a las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.

Como ya se expresaron nuestras Abuelas y Madres, como ya demostramos en una Plaza colmada de pañuelos blancos, lxs trabajadorxs de este Ministerio no permitiremos que nos cambien futuro por pasado.

Ayer, hoy y siempre

¡Nunca más terrorismo de Estado!

¡30.000 compañerxs presentes!

Aunque apostó fuerte a convencer a la ONU de que no se trataba de una detención arbitraria y no pudo demostrarlo, ahora cambiemos se prepara para volver a desconocer lo resuelto por la ONU. Todo se produce luego de que el Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitara el país.

La diputada nacional de la UCR Gabriela Burgos celebró este domingo la visita a Jujuy del Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero advirtió que "no es vinculante la opinión" adelantada por el organismo sobre la privación de la libertad de Milagro Sala.

Las declaraciones de la legisladora jujeña de Cambiemos se producen luego de que el grupo de trabajo ratificara el pasado jueves en conferencia de prensa que "sigue vigente" su reclamo al Gobierno nacional por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuya detención desde enero de 2016 consideraron "arbitraria".

"Celebramos que vinieron por primera vez y tuvieron contacto con las víctimas de Milagro Sala, a quienes antes no habían escuchado cuando elaboraron el informe que se conoció en diciembre", sostuvo Burgos en un comunicado.

Con críticas hacia el organismo de la ONU encargado de monitorear la situación de Milagro Sala y eleborar un informe, Burgos defendió lo actuado por la Justicia jujeña.

"Se ha apegado a los principios rectores de la ONU sobre prisiones preventivas, que establece que deben ser dictadas siempre como última medida, que es cuando se puede dar la obstrucción del procedimiento o el peligro de fuga", consideró.

A través de una norma presentada por el senador Darío Díaz Pérez, quedó establecido que entre 1976 y 1983 el país estuvo bajo el mando de una dictadura cívico-militar" y que los detenidos desparecidos fueron 30.000.

Al gobierno de María Eugenia Vidal no le quedó otra opción que promulgarla ley que obliga a utilizar la definición de "dictadura cívico-militar". También se debe hablar de 30.000 desaparecidos en todos los actos oficiales y en las publicaciones del Estado provincial.

Cuando la ley era un proyecto, Díaz Pérez argumentó: “No podemos permitir que aun hoy, en actos públicos, quienes deben representar las expresiones y valores de la democracia se pronuncien subestimando las atrocidades llevadas a cabo esos años, o minimizando su impacto, en lo que constituye un verdadero negacionismo”

El ex intendente de Lanús añadió que “los discursos negacionistas hacen renacer el dolor de las víctimas y familiares, renovando las humillaciones de los sobrevivientes. El cuestionamiento del número de víctimas y el uso de eufemismos para referirse a procesos históricos son los argumentos prototípicos”.

La norma estableció que se incorpore "de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres Poderes de la provincia de Buenos Aires, el término 'dictadura cívico-militar' y el número 30.000 junto a la expresión “desaparecidos”, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

El secretario de Derechos Humanos participó de una actividad en la Biblioteca Nacional. En ese momento, fue escrachado por trabajadores que le reclamaron por la libertad de Milagro Sala y lo cuestionaron por el escándalo del 2×1 a genocidas.

"Libertad a Milagro", "No al 2×1", fueron algunas de las leyendas de los carteles que mostraron los manifestantes. El gremio estatal ATE hizo circular un video en las redes sociales registrando la protesta.

El reclamo contra Avruj por el caso Sala se da luego de que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas volviera a exigir la libertad de la dirigente de la Tupac. Los delegados del organismo Elina Steinerte y Roland Adjovi visitaron el país e insistieron con el pedido a Argentina. Sala lleva presa casi un año y medio en la provincia de Jujuy. Además de múltiples irregularidades en el proceso de detención, Sala sufrió torturas en el penal de Alto Comedero.

Por otro lado, Avruj fue criticado por su posición ambigua en torno al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un genocida. En primer lugar, salió a defender lo actuado por el tribunal. Después, viró su discurso en sintonía con las encuestas que mostraron el fastidio social con la decisión.

El órgano interamericano de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el 2×1 de la CSJ, al considerarlo “contrario a los estándares interamericanos de DD.HH”, y saludó la “importante labor” de organismos como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación” de los crímenes de lesa humanidad.

Tras recibir varias presentaciones en contra del fallo de la Corte Suprema argentina, que favoreció con el 2×1 al represor Luis Muiña y abrió la puerta a la impunidad de cientos de genocidas de la última dictadura cívico militar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “consternación por la interpretación y aplicación” de ese beneficio.

De esta forma, apuntó contra los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco al aplicar, con sus votos, el artículo 7 de la Ley 24.390 a delitos de lesa humanidad y “fuera del marco de su vigencia (1994-2001), ya que la persona favorecida por esta decisión estuvo detenida preventivamente a partir del 1 de octubre de 2007”.

“La obligación conforme al derecho internacional de enjuiciar y castigar a los perpetradores de cometer graves violaciones a los derechos humanos se desprende de la obligación de garantía prevista en la Convención Americana. Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, señaló el órgano autónomo de la OEA.

Luego de recordar que la Argentina tiene “la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, la CIDH explicó que “la aplicación del 2×1 u otros beneficios no deberían servir para desvirtuar la proporcionalidad de la pena para las personas responsables de crímenes de lesa humanidad”, algo que “es contrario a los estándares interamericanos de derechos humanos”.

No es el primer organismo internacional en pronunciarse en contra del fallo de la Corte. La semana pasada, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) advirtió que al aplicar la llamada “ley penal más benigna” los jueces no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.

Su titular, Amerigo Incalcaterra, subrayó entonces que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

En el comunicado que emitió la CIDH este lunes también celebró que “la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura”.

Además, saludó “a las organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y defensores y defensoras de derechos humanos por su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes del pasado, en el marco del estado de derecho y de una sociedad democrática vibrante”.

El miércoles pasado, más de 500 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y otras tantas salieron a las calles de todo el país para expresar el rechazo popular al fallo de la Corte y decirle “nunca más a la impunidad”. Ese mismo día, el Congreso sancionó una ley que excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2×1.

Al mismo tiempo, Rosenkrantz, Rosatti y Highton de Nolasco fueron imputados por prevaricato y varios bloques parlamentarios impulsan un pedido de juicio político en su contra por mal desempeño.

Highton de Nolasco solicitó licencia, Ricardo Lorenzetti está de viaje y se postergó la reunión de acuerdos de mañana, que iba a ser la primera luego de la masiva convocatoria de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en repudio al fallo PROgenocida.  Según fuentes judiciales, “en principio” la licencia será “por una semana”, pero no indicaron los motivos.

La Corte Suprema emitió un comunicado el viernes pasado en el que informó que unificará todos los pedidos pendientes de las defensas de los represores, bajo el mismo argumento que utilizó Muiña y los analizará dentro de diez días, cuando las partes se hayan expedido, a la luz de la norma sancionada por el Congreso.

Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.

Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. Según reveló el Diario Perfil en las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.

El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios que representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.

Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia.

Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.

“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.

Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.