El sector pyme volvió a explicitar su preocupación por la caída del mercado interno, la suba de las importaciones y los incrementos tarifarios que se podrían concretar a partir de noviembre próximo, en el marco de un encuentro convocado por la delegación Buenos Ayres de Apyme en el que analizaron la marcha de la economía.

En ese marco, el economista Martín Burgos enumeró a "algunos sectores que son los más beneficiados con las políticas oficiales, particularmente las relacionadas a las actividades extractivas y sector financiero".

En tanto -advirtió- las pymes y los asalariados son los que están “sintiendo los efectos negativos” del actual modelo económico.

“Con Lebacs a una tasa del 27%, el gran negocio es pedir prestado afuera al 2%, colocar esa plata en la Argentina y llevarse la diferencia incrementada en dólares. Ese mecanismo no genera inversión productiva ni empleo y exige un tipo de cambio ‘planchado’, lo que termina perjudicando a la industria”, explicó el economista.

Ademas- agregó- para bajar la inflación también se apuesta a las importaciones, “muchas Pymes están debiendo vender el stock por debajo del costo para poder sostenerse, ya que no pueden competir con los precios del exterior; otras, deben despedir empleados o directamente cerrar o ‘reconvertirse’ hacia actividades que no generan empleo”.

En cuanto a las perspectivas que se abren, destacó que “la falta de inversiones productivas, las exenciones impositivas a sectores extractivos, como el agro y la minería, la constante salida de divisas, el déficit récord en la balanza comercial a causa de las importaciones, todo esto lleva que el creciente gasto del Estado se cubra con endeudamiento externo en dólares, y en consecuencia habrá mayores niveles de ajuste del gasto y para el próximo año”.

Desde Apyme se llamó a la participación empresarial para debatir otro modelo, orientado hacia el mercado interno, la industria y la producción nacional, y exigir medidas de emergencia para el sector, especialmente para hacer frente a los nuevos aumentos de tarifas después de octubre, y junto a la liberación del precio de los combustibles.

“Me tienen que acompañar a mí, si yo los ayudo”, dice el jefe comunal de Salta capital, Gustavo Ruperto Sáenz. Se trata de un aliado del oficialismo nacional, que además fue cercano a Sergio Massa. Mirá el video.

El Intendente de la capital Salteña,Gustavo Ruperto Sáenz, fue filmado en el marco de una negociación con vecinos en las que "negocia" la entrega de “bolsones” a vecinos a cambio de trabajar para “él” en las próximas elecciones.

Las polémicas imágenes fueron tomadas en el Barrio Autódromo y difundidas en el canal de Youtube de José Angel Aramayo en las últimas horas.

En ellas puede verse al alcalde -aliado de Cambiemos- reescribiendo un vieja práctica, mediante la cual encarna un tira y afloje con un grupo de lugareños a quienes ofrece su asistencia a cambio de trabajo y votos.

“Me tienen que acompañar a mí, si yo los ayudo”, dice el jefe comunal y hasta amenaza a retirar la ayuda si "laburan con otro. Eso que quede claro".

Sáenz fue un hombre con juego propio en la provincia que había recalado en el Frente Renovador de Sergio Massa y abandonó ese armado, tras la frustración de 2015, para ser un aliado estratégico de Cambiemos en el norte.

El organismo dio a conocer datos que admiten que en el segundo trimestre del año la deuda externa argentina tuvo un aumento preocupante.

"Luis Caputo es el único que trabaja", había ironizado días atrás CFK en un acto para dar cuenta del desproporcionado endeudamiento que estaba encarando el Gobierno Nacional y era silenciado por los grandes medios.

Ayer fue el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el que admitió la situación. Es que según los registros del organismo estatal la deuda externa bruta total, tanto pública como privada, creció un 15,8% interanual a u$s 204.818 millones al cierre del segundo trimestre del 2017.

Además, la deuda pública externa del gobierno nacional alcanzó los u$s 127.559 millones, un 35,3% más frente al mismo período del año pasado.

El dato se desprendió de la publicación del informe sobre la balanza de pagos, un indicador que da cuenta de todas las transacciones económicas concretadas por el país con el resto del mundo.

Por otra parte, el déficit de cuenta corriente alcanzó los 5.954 millones de dólares en el segundo trimestre del año. El resultado fue apenas menor que durante los primeros tres meses.

La norma fue sancionada sin debate por 59 votos a favor y una abstención. La nueva ley permite al Gobierno fijar hasta tres feriados puente por año. Había sido eliminados por un DNU de Mauricio Macri.

El Senado sancionó este miércoles en un trámite exprés la ley que habilita al Poder Ejecutivo a establecer tres feriados puente por año, luego de que fueran eliminados por decreto a principios de este año.

La nueva ley, fue aprobada sin debate con 59 votos a favor y una abstención por parte del santafesino Omar Perotti, establece que el Poder Ejecutivo podrá fijar hasta tres feriados puente por año a partir de 2018.

De esta manera, el Gobierno tendrá la libertad de decidir si establece un fin de semana largo mediante un feriado o día no laborable puente, pero no estará obligado.

La nueva norma mantiene la misma estructura de feriados inamovibles y trasladables pero agrega que el Poder Ejecutivo podrá fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables que coincidan con los días lunes o viernes, con el fin de "promover la actividad turística".

Según la iniciativa, el Poder Ejecutivo deberá establecer esos feriados con 50 días de antelación a la finalización del año calendario.

Los feriados puente fueron eliminados en enero pasado por el decreto 52/2017 del presidente Mauricio Macri, pero los legisladores del oficialismo votaron a favor de la ley en las dos Cámaras del Congreso.

El proyecto fue impulsado por el diputado nacional por Misiones Maurice Closs y aprobado en la Cámara baja con un amplio consenso que se reflejó en la votación, con 152 votos a favor y 1 en contra.

Durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, Closs explicó que la intención del proyecto es "volver a un sistema flexible" para "recuperar la posibilidad de tener más feriados que fomenten la actividad del turismo".

El diputado misionero puso como ejemplo que este año, el 25 de mayo y el 20 de junio (ambos feriados inamovibles) cayeron jueves y martes, respectivamente, y que con el nuevo esquema esos casos se complementarían con puentes lunes y viernes.

"Todos sabemos que en turismo, pasar los meses de mayo y junio es muy difícil", apuntó Closs, tras lo cual mencionó que el año próximo el 1 de mayo (Día del Trabajador) caerá martes, por lo que el Ejecutivo podría hacer que el 30 de abril sea feriado, para tener un fin de semana largo.

El kirchnerismo había pedido establecer los feriados puente como obligatorios, pero la idea de Closs, según dijo, fue apelar "a la buena voluntad del Gobierno nacional en que año a año, con el sector del turismo, pueda generar estos fines de semana largos".

El Senado aprobó por unanimidad la extensión por cuatro años más de la Ley 26.160 y la giró a Diputados. Sin esta norma, la mayoría de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas de sus tierras ancestrales.

Con representantes de más de cuarenta comunidades indígenas de todo el país acampando frente al Congreso, el Senado dio media sanción esta tarde a la prórroga de la Ley 26.160, que vence el próximo 23 de noviembre.

Por unanimidad (62 votos), la Cámara Alta decidió extender la vigencia de la norma por otros cuatro años, lo que permite suspender los desalojos en tierras habitadas por los pubelos originarios hasta tanto se termine el relevamiento catastral que desarrolla el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Sin esta ley, más del 65% de las comunidades indígenas corren el riesgo de ser expulsadas, ya que hasta ahora sólo 459 comunidades de un total de 1532 tienen un relevamiento total y efectivo.

El debate de la norma se desarrolló a casi dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado a manos de Gendarmería, fuerza federal que arremetió a sangre y fuego contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, Chubut.

Si bien Cambiemos era proclive a extender la ley sólo por dos años y medio, finalmente se impuso el reclamo de las comunidades, que exigían una prórroga por cuatro años, tal como se viene haciendo desde 2006.

“Este proyecto no es una concesión, sino un imperativo de derechos humanos”, destacó la pampeana Norma Durango (PJ), e insistió en que “es una obligación del Estado de reconocer la propiedad del territorio de las comunidades ancestrales”.

Durango sostuvo que “el reclamo por la tenencia de la tierra y la necesidad de evitar desalojos es motivo más que suficiente para sancionar la prórroga, garantizando así los derechos consagrados de los pueblos originarios”.

Por su parte, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FpV-PJ), cuestionó la “demonización” del Gobierno de Mauricio Macri  contra los pueblos originarios.

“Quieren crear un enemigo interno que no existe. Les pido que no seamos cómplices. La única violencia que existe hoy es la violencia institucional del Ministerio de Seguridad que aún conduce Patricia Bullrich”, sentenció la legisladora a propósito del caso Maldonado.

El senador Fernando “Pino” Solanas también repudió las acciones del Gobierno contra las comunidades indígenas y pidió que no haya “más desalojos ni desapariciones forzadas como la de Maldonado”.

“No queremos más campañas amarillas con comunicadores y periodistas de prestigio pintados de amarillo para desinformar sobre las causas del conflicto. Esto no le hace bien a la Argentina”, remarcó.

El jefe de Gabinete salió a defender la desregulación del mercado de hidrocarburos, que empezará a regir a partir de este domingo, aunque no pudo ocultar que la medida implicará un nuevo tarifazo. “Los aumentos podrían ocurrir antes o después”, admitió sin dar mayores detalles.

A partir del 1° de octubre, el precio de los combustibles será decidido por las empresas petroleras sin ninguna intervención del Estado. La medida, que estaba prevista para el año que viene, fue adelantada por el ministro de Energía y ex CEO de la Shell, Juan José Aranguren.

En un intento por defender la polémica decisión, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que esto “es mejor para todos” porque “lo que se está haciendo es normalizar la dinámica económica”.

No obstante, en diálogo con el programa rosarino “Procopio” de AM 830, no pudo ocultar que la desregulación implicará nuevas subas en las naftas. “Los aumentos podrían ocurrir antes o después”, indicó sin dar mayores detalles.

“(La suba del precio) depende de los costos, del petróleo, entre otras cuestiones. Poder darle más transparencia al mercado es mejor para todos”, insistió, aunque en este caso las únicas beneficiadas serán las petroleras.

El presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, estimó que el aumento de los combustibles que se viene después de las elecciones del 22 de octubre rondará el 10%.

Será en una audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Allí también se tratará la embestida del Gobierno argentino contra abogados y jueces laborales.

Luego de una denuncia presentada por  la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos humanos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, acompañada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales, pone de relieve los ataques macristas a gremios, abogados y jueces laborales, destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”.

En este marco, la CIDH convocó a ambas partes a una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.

Los denunciantes indican que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada”.

“Hay un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”, señaló hoy Matías Cremonte, presidente de la AAL, y precisó que existen “cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”.

Macri aseguró más de una vez que existe una “mafia de los juicios laborales”, que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.

Tras estas embestidas verbales, el Gobierno pidió juicios políticos contra los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA); y contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios.

También se recusó a la jueza Dora Temis, quien intimó al gobierno de María Eugenia Vidal a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes bonaerenses.

Tras denunciar que proyecto de Presupuesto 2018 reduce el capital social de la entidad financiera en 20.000 millones de pesos para transferirlos al Tesoro Nacional, la Asociación Bancaria señaló que el Gobierno de Macri busca generar “una situación de inestabilidad”, mostrar al banco como “ineficiente” y luego “privatizarlo”.

El proyecto de Presupuesto 2018 dispone en su artículo 89 reducir el capital social del Banco Nación (BNA) en 20.000 millones de pesos y transferir esa suma al Tesoro Nacional. El Gobierno de Mauricio Macri esgrime un sobre cumplimiento de la exigencia de la responsabilidad patrimonial computable, es decir que al BNA le sobra capital.

Sergio Giménez, secretario general de La Bancaria Mendoza, informó que también se busca modificar el artículo quinto de la carta orgánica del Banco Nación: “Este artículo establece que el 50% de las utilidades del banco son para recapitalizar el mismo banco. El otro 50% de las utilidades son para formar un fondo que se destina, por un lado, al fomento de la pequeña y mediana empresa, y por otro para dar préstamos a municipios y a provincias”, explicó a radio La Mosquitera.

Esta modificación abriría la posibilidad de que las utilidades y los fondos del Banco Nación sean manejados discrecionalmente. “Quedaría a criterio del directorio del Banco Nación cuánto capitaliza el banco y qué hace con el resto de las utilidades, y hoy quiénes integran ese directorio son los CEO dueños de los bancos privados también. A esto se suma, que vemos una salida permanente de los depósitos del sector público a bancos privados”, advirtió Gimenez.

En el mismo sentido, el dirigente bancario agregó que los dueños de los bancos privados son quiénes van decidir cómo manejar la banca pública.

“Nos generan una situación de inestabilidad que ya vimos, generan un problema que es que el banco es ineficiente y después proponen como solución privatizarlo”, alertó el gremialista.

El secretario general de La Bancaria a nivel nacional, Sergio Palazzo, mantiene diálogo con legisladores desde hace una semana advirtiendo sobre esta situación.

Sorpresivamente Ángel Rozas renunció a la presidencia del interbloque oficialista en la cámara alta. Dijo estar molesto con "el destrato del Poder Ejecutivo". El senador radical ya había encendido las alarmas tras faltar a la reunión legislativa con Marcos Peña.

A dos años de su conformación y de haber llegado al Gobierno, Cambiemos sufre su primera fractura legislativa. Hasta ahora hubo varias voces discordontes, fundamentalmente radicales molestos por el ninguneo del PRO, pero nunca había tenido un correlato en las cámaras.

Punta de lanza hizo el radical Ángel Rozas, quien sorpresivamente renunció a la presidencia del interbloque en el Senado pero alertando que continuará en su cargo al frente del bloque de la UCR.

El chaqueño terminó muy molesto con "los destratos del Poder Ejecutivo" hacia el cuerpo radical y terminó de desgastar la relación cuando Mauricio Macri visitó Chaco y nadie le avisó al representante provincial.

La decisión fue comunicada en el cierre de la reunión del interbloque Cambiemos y generó estupor porque se habían terminado de discutir las estrategias para la siguiente sesión sólo unos momentos antes.

Según manifestaron fuentes parlamentarias la bancada de Cambiemos quedará a cargo del correntino Pedro Braillard Poccard (Pro) hasta marzo, cuando se elegiría una nueva mesa. Rozas ya había dado una señal cuando pegó el faltazo a la reunión de los cuerpos legislativos con el jefe de Gabinete Marcos Peña.

Se trata de Jaime Díaz, quien le arrebató documentación a la apoderada antes del cierre de listas. La interna cambista es un escándalo en Santiago del Estero.

La jueza de Santiago del Estero Cecilia Vittar suspendió y pidió la detención del legislador provincial de UCR-Cambiemos Jaime Díaz, por supuesto delito de "sustracción en concurso real de delitos".

El pedido lo hizo la jueza Cecilia Vittar y se debe al escándalo del último cierre de listas, cuando Díaz le arrebató la documentación a la apoderada de Cambiemos, la abogada Felicitas Scarafia.

Cuando me dirigía a presentar las listas de candidatos, que recién fueron completadas en las primeras horas de hoy y por móviles que desconozco, el diputado provincial Jaime Díaz (ARI) me arrebató la carpeta con la documentación ", había contado la apoderada de Cambiemos y delegada provincial del Ministerio de Trabajo de la Nación, Scaraffia.

Al tanto de su suerte en la justicia, Díaz no concurrió a la sesión y fue defendido por su compañero de bancada y candidato a gobernador de Cambiemos el 22 de octubre, Marcelo Lugones. "Le quieren hacer un sojuzgamiento público", se quejó.

Las cámaras del Hotel Coventry, ubicado al frente de los tribunales santiagueños, tomaron el 11 de este mes las imágenes de Díaz arrebatándole la documentación a Scarafia y se convirtieron en la principal prueba judicial.

Dos días más tarde, Mauricio Macri visitó la provincia y evitó apoyar candidatos locales, referenciado del escándalo que va creciendo en aquellos lares.