El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina pronosticó un incremento de "entre el 7 y el 10 por ciento" después de las elecciones. Aranguren había dicho que no aumentarían.

El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA), Carlos Gold, consideró este martes que con la liberación del mercado de combustibles que dispuso el Gobierno, habrá aumentos de entre "el 7 y el 10%" en los surtidores "después de las elecciones" legislativas.

"Esto hace que las petroleras determinen dónde comprarán el crudo. Creemos que el aumento rondará entre el 7 y el 10%, según el tipo de producto y creemos, además, que se dará luego de las elecciones", sostuvo el dirigente.

En declaraciones a radio El Mundo, Gold explicó: "existía un acuerdo que se había firmado a principio de este año entre el Gobierno y las petroleras en función del cual se revisaba, trimestralmente, los componentes del precio de los combustibles y en función de eso, se definía si había o no variación en el costo".

"Ahora, el Gobierno cumplió con la letra del acuerdo y liberó los precios para que las refinadoras puedan acceder a cualquiera de los crudos, ya sean nacionales o internacionales", subrayó.

Tras el escándalo que desataron las declaraciones de la hija de Gerónimo Venegas hablando de los millones de su padre, la herencia, los testaferros y los funcionarios comprometidos, llegó el bozal legal. Si vuelve a mencioar el tema deberá pagar $30 mil.

“Gracias a todos, he expresado lo q tenía que decir, no voy a estar tan presente en las redes hablando de mis hermanas y madre x bozal legal”, contó María Eva Venegas, hija de Gerónimo “Momo” Venegas en su cuenta de twitter, usina del escándalo más importante del mundo gremial y político de los últimos tiempos.

Maria Eva, tiró un bombazo que convulsionó el mundo político gremial. En medio de la sucesión por los bienes del sindicalista mimado del presidente Mauricio Macri, dejó al descubierto la existencia de supuestos bienes a nombre de testaferros.

Concretamente denuncia que Carlos Arrieta, quien fuera la mano derecha de Momo, se quedó con su herencia junto a Ramón Ayala, el actual titular de la Uatre y de las 62 organizaciones peronistas.

Según declaró públicamente su hija, Venegas contaba con un patrimonio declarado cercano a los 3 millones de pesos y una suma que “no se puede calcular siquiera el monto de todo el dinero que estamos disputando” en manos de testaferros.

Tampoco pudo determinar el origen ni la legalidad del patrimonio disputado cuyo origen podria salir a la luz en caso de judicializar su reclamo “Mi padre me dejó pruebas para tener documentación de todo si esta gente no nos daba lo que era nuestro. Ellos saben que tengo las pruebas de cosas que él tenia, bienes con Carlos Arrieta. Ese señor manejaba los bienes pero eran de mi padre. Era su testaferro. Es socio de Ramón Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de Uatre. Yo quiero que me den lo que me corresponde”.

Además María Eva dejó en claro que tiene todavía mucho más por decir y lanzó una especie de amenaza: “He expuesto apenas un 30 %, me quedo tranquila que se hará justicia, lamento la traición del Gremio y los que se suponía eran ´amigos´”, dijo cuando advirtió que se iba a tomar un tiempo en las redes por el bozal.

Lejos del perfil confrontativo que tuvo en el gobierno anterior, la Federación Agraria ahora pide retuits en las redes sociales para hacer conocer su reclamo. De rambo a heidi.

La Federación Agraria Argentina (FAA) alertó sobre la impresionante diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor. Específicamente, la entidad se mostró alarmada por "la fuerte distorsión de precios al público en los supermercados" y para ejemplificar la situación hizo publico el ticket de compra _en un súper de la ciudad_ de un kilo de matambre de cerdo con un valor de $256,23. El productor porcino recibe sólo 23 pesos por kilo.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, denunció que "existe una fuerte distorsión de precios al público en los supermercados en muchos alimentos", y remarcó que "es obligación que la Comisión nacional de Defensa de la Competencia actúe sobre la cadena".

A diferencia de lo que hacía con el gobierno anterior donde salía a crtar rutas, ahroa el reclamo llegó desde la cuenta oficial de Twitter, FAA (@fedeagraria) que publicó que un matambre de cerdo en la góndola se vendía en un supermercado de Rosario a 256,23 el kilo, mientras que los pequeños productores se les paga 23 pesos el kilo. "Al productor de cerdo en la Argentina le pagan 23 pesos el kilo, y como hemos mostrado a través de una foto en el Twitter de la FAA, está a la venta en más de 250 pesos y en otros lugares pudimos observar que otros cortes están siendo vendidos en 190 o 200", señaló Príncipe a través de un comunicado.

$256,23 el kilo del matambre de cerdo. Sabías que a los productores nos pagan $23 el kilo? Ahora que lo sabés, ayudanos a difundirlo. ?? pic.twitter.com/eZCWnWC6M2

— Federación Agraria (@fedeagraria) 23 de septiembre de 2017

El dirigente enfatizó que "esta situación de distorsiones de precios la venimos advirtiendo desde FAA hace mucho tiempo". Sin embargo parece que con la gestión Cambiemos los reclamos no salen a la calle.

"Esta situación se replica en otros productos, y lo que venimos planteando hace muchos años es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia actúe sobre la cadena", instó Principe.

En esa línea, pidió "ver qué pasa después de que el alimento sale del productor, pasa por el matadero, por el frigorífico. Que (el gobierno) mire qué transportes usan para llegar al supermercado y se transforme en este precio exorbitante de 250 pesos" el kilo, enfatizó.

"El gobierno planteó que el consumidor iba a tener como herramienta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para actuar sobre estos temas de precios en supermercados. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo su intervención y no nos escuchan", fustigó.

Príncipe consideró además que "llama la atención que, con mucha más rapidez, cierran un acuerdo de importación de cerdos desde Estados Unidos en menos de 48 horas tras la visita del vicepresidente de ese país (Mike Pence) a la Argentina, incluso con un riesgo sanitario enorme, porque tienen una enfermedad sanitaria que en la Argentina no existe".

Príncipe también recordó que FAA tiene venta directa al público a través de las cooperativas, porque "hay que borrar algunos eslabones de intermediación para tener un precio justo".

"Pagamos un precio más alto al productor que está por encima de los costos de producción y llegamos al consumidor con un precio entre 90 y 100 pesos el kilo de cerdo", sostuvo.

Otra muestra del impacto en los precios se puede observar al tomar en cuenta el comportamiento del valor del cajón de pollo. Desde la Sociedad de Carniceros de Rosario indicaron que los frigoríficos entregaron los cajones de pollo con subas que rondan el 15 por ciento. Se estima que en breve esta alza se traslade al precio al público.

La problemática de los precios no cede. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) apuntó que durante agosto los precios mayoristas aumentaron 1,9 por ciento en agosto, 0,4 punto por encima de la inflación minorista. Teniendo en cuenta estos números, que tendrán incidencia en la inflación minorista del próximo mes, se advierte que las dificultades que tiene el gobierno para controlar la suba de los precios pese al ajuste económico y a la suba de tasas no ceden.

Organizaciones sociales comenzaron a concentrarse esta mañana en la esquina de las avenidas Callao y Corrientes desde donde marcharán hacia el Obelisco y finalizarán su recorrido en la Legislatura porteña, para reclamar que se declare la emergencia social en la ciudad de Buenos Aires, del mismo modo que fue aprobada en el Congreso de la Nación.

Entre las organizaciones que marcharán se encuentran el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), quienes esta mañana ya cortaban dos carriles de ambas avenidas.

Bajo la consigna "El hambre no espera", esas organizaciones informaron que también reclamarán por la creación del Salario Social Complementario, la formación del Consejo de la Economía Popular, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, seguridad social para este grupo e inversión estatal para la producción de la economía popular.

De acuerdo con lo previsto, las caravanas partirán desde los diferentes barrios de la ciudad para confluir en el Obelisco, donde se realizará una feria de la economía popular y ollas populares para luego marchar hacia la Legislatura.

En el edificio de la Legislatura presentarán un proyecto de ley que está impulsado por la Defensoría del Pueblo junto a legisladores de diversos bloques.

Participan del reclamo la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CTA -A Capital, CTA de los Trabajadores, UTE; ATE Capital,; MITD Aníbal Verón; Izquierda Latinoamericana, AG. Barrial Germán Abala; Frente Salvador Herrera, entre otras.

Más de 150 docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) presentaron, en la ciudad de Neuquén, un documento en apoyo al pueblo mapuche, en el que destacaron la importancia de que "se dé a conocer y sea respetada la preexistencia del pueblo mapuche, sea reconocida como legítima la legalidad y justeza de los derechos territoriales del pueblo mapuche y sea tratada la prórroga de la ley 26.160 para evitar futuros desalojos".

La antropóloga Jorgelina Villareal, en diálogo con la prensa, señaló que "como docentes e investigadores extensionistas venimos trabajando hace muchísimos años y nos preocupaba el tratamiento que se estaba haciendo en los medios de comunicación y las acciones concretas en relación a allanamientos, desalojos y el tema del vencimiento de la ley 26.160".

"Como universidad, estamos asentados en este territorio, que es territorio mapuche en términos de la preexistencia que se reconoce en las constituciones provincial y nacional; en los claustros de nuestra universidad tenemos presencia del pueblo mapuche, y sentíamos la necesidad y el deber ético de poder compartir con la sociedad cuál es nuestra posición como docentes e investigadores, y cuáles han sido los resultados que han arrojado nuestros estudios", explicó Villareal.

La antropóloga hizo referencia a la situación de los seis integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe a los cuales la fiscalía buscará mañana imputar por el delito de usurpación de tierras en 2014, cerca de Añelo, en el megayacimiento de energía no convencional Vaca Muerta.

"En Campo Maripe el tema es complicado, porque se hizo un relevamiento que en lo que respecta al informe histórico antropológico, en todas las pruebas que se aportaron, no sólo en términos de entrevistas, sino documentación, fotografía, evidencia del terreno, fueron desestimadas por provenir de las ciencias sociales y por suponer que eso no permite comprobar la preexistencia", explicó la investigadora.

El mandamás del Grupo Clarín se encuentra en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires. Su internación se produce a poco más de tres meses de la muerte de Ernestina Herrera de Noble.

Héctor Magnetto permanece internado desde esta tarde en terapia intensiva por un presunto “problema en sus huesos”, según dejaron trascender algunos medios nacionales.

El CEO del Clarín llegó al porteño Hospital Italiano acompañado por sus hijos Ezequiel y María, además de su sobrino Pablo Casey, quien se desempeña como gerente de Relaciones Institucionales del grupo monopólico.

A principios de la década del 2000, Magnetto sufrió un cáncer de laringe y debió ser operado. Más tarde, en 2005, le detectaron un cáncer de garganta que lo obligó a someterse a un tratamiento que le generó dificultades en la dicción.

Magnetto fue acusado por crímenes de lesa humanidad en el marco de la causa por la apropiación de la empresa Papel Prensa durante la última dictadura cívico-militar, aunque un año después de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada resultó absuelto junto al director del diario La Nación, Bartolomé Mitre, y a la dueña de Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fallecida el 14 de junio pasado.

Tras la medida unilateral del ministro de Energía y hombre de la Shell, Juan José Aranguren, cada petrolera podrá definir los aumentos de sus productos. De esta forma, el Gobierno buscaría despegarse del impacto del nuevo tarifazo de las naftas en pleno proceso electoral.

El Gobierno de Mauricio Macri rompió de manera unilateral el acuerdo que mantenía con el sector petrolero, que apuntaba a proteger a la industria local, y a partir de octubre el precio de los combustibles pasará a estar regidos por el mercado de acuerdo a los precios internacionales del crudo.

El ministro de Energía y ex CEO de la Shell, Juan José Aranguren, envió el viernes la notificación a las empresas del sector, en la que aseguró que “dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales (la cotización del Brent superó hoy los 58 dólares) permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante, mantener la paridad con los mismo con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”.

“En el marco de las distintas variables que intervienen en el mercado hemos observado que con fecha del 13 de septiembre de 2017, se ha satisfecho la condición enunciada por el punto 9 del acuerdo. En consecuencia, los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017”, indica la carta del CEOfuncionario.

Con esta decisión, el Gobierno dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina que contemplaba la revisión cada tres meses y cuya fórmula emanaba de una combinación de la cotización del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio.

En el Consejo de las Américas, Aranguren había pronosticado el Acuerdo se caería en 2018. Según fuentes citadas por medios especializados del sector, de mantenerse vigente, la revisión de la tarifa a principios de octubre habría arrojado un salto del 6 por ciento del precio del combustible en el surtidor, un aumento políticamente inviable en vísperas de las elecciones.

No obstante, se estima que tras la liberalización de precios, la nafta podría subir entre un 7% y un 12%. La clave pasará por lo que haga YPF, la empresa estatal que controla más del 60% del mercado.

Central Puerto se quedó con dos de las tres obras de centrales térmicas que licitó el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Se trata de contratos a 15 años a precios superiores a los de la media mundial.

El presidente Mauricio Macri había prometido que su amigo, Nicolás Caputo, no se presentaría a ninguna licitación nacional, pero cada vez son más los contratos millonarios que se le otorgan a sus empresas a costa de todos los argentinos.

El Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a cargo de Juan José Aranguren, informó este lunes la adjudicación de tres proyectos por un total de 506 megavatios (MW) para incorporar nueva generación de energía eléctrica eficiente mediante Cogeneración, un proceso que permite aprovechar el vapor residual de una industria ya existente y alimentar una turbina generadora de electricidad.

La gran ganadora en este caso fue Central Puerto, empresa de Caputo seguida por el Grupo Albanesi de generación eléctrica.

En el marco de la Resolución SEE N° 287 – E/2017, la Secretaría de Energía Eléctrica aceptó dos de las ofertas de Central Puerto SA, la primera en Luján de Cuyo en Mendoza por 89 MW y la segunda en San Lorenzo en Santa Fe por 317 MW. Además, tomó una oferta de la empresa Generación Mediterránea SA en Arroyo Seco en Santa Fe por otros 100 MW.

Se trata de contratos a quince años a precios superiores a los de la media mundial. Según trascendió, el amigo del presidente ofertó más de 17 mil dólares por megavatio, valor que finalmente va a recaer sobre los usuarios.

De los más de 4.500 MW licitados por inversiones superiores a los 3.000 millones de dólares, solo se aceptaron tres ofertas y ninguna de ciclo de cierre, una forma de aumentar el rendimiento de centrales termoeléctricas que ya están en funcionamiento, indicó el portal La Política Online.

Varios colegios decidieron levantar la medida de fuerza para “pasar a otra instancia de lucha”. Este martes habrá una multitudinaria concentración frente al Ministerio de Educación de la Ciudad para reiterar el reclamo de una prórroga a la aplicación de la llamada “Secundaria del Futuro”.

Las asambleas estudiantiles de los colegios Carlos Pellegrini, Nacional Buenos Aires, Manuel Belgrano, Juan Pedro Esnaola, Nacional 17, Lenguas Vivas y Nicolás Avellaneda decidieron hoy suspender las tomas y avanzar con otras formas de protesta contra la reforma educativa que los obligará a trabajar gratis para empresas y organismos públicos en quinto año.

“Las tomas nos han garantizado estar en agenda nacional y haber podido discutir con toda la sociedad lo que significa esta reforma”, explicó Victoria Camino, del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini, quien aclaró que levantar la medida de fuerza no significa el fin de la lucha.

“Hoy una mayoría decidió que era el momento de levantar la medida y pasar a otra instancia de lucha”, subrayó.

La vocera del Centro de Estudiantes del Pellegrini adelantó que mañana harán “una gran conferencia de prensa” a las 16 y una concentración frente a la cartera educativa porteña, ubicada en Paseo Colón 255.

Allí presentarán un escrito para reiterar el pedido a la ministra Soledad Acuña para que se posponga la aplicación de la llamada “Escuela del futuro” y se abra un espacio de discusión de un año para discutir el tema.

La decisión de los estudiantes de levantar la toma de colegios porteños se conoció horas después de que el fiscal de la Ciudad, Carlos Rolero Santurian, advirtiera que los padres pueden tener “responsabilidad penal” por la medida adoptada hace quince días por sus hijos.

No obstante, Camino señaló que eso no tuvo que ver con la decisión de levantar la medida de fuerza porque “no estamos considerando la toma como un delito”, sino como un derecho a la protesta que “es válido”.

Se estima que entre hoy y mañana los otros colegios resolverán en asambleas si levantan o continúan con las tomas.

“Indudablemente, esto no fue un accionar de dos o tres policías, cuando hay 6 actas de detención calcadas”, dijo la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú, y señaló que la “prioridad” por el momento “es demostrar la nulidad de las actuaciones policiales”.

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que asumió la defensa de los 30 detenidos del 1° de setiembre, tras la marcha por Santiago Maldonado, adelantó hoy que avanzará sobre las responsabilidades políticas de la represión y cacería de manifestantes por parte de la Policía porteña.

La causa, que estuvo bajo secreto de sumario hasta mitad de la semana pasada, desnudó un relato sincronizado de los integrantes de la Policía de la Ciudad, la falsedad de las actas de detención, juegos de paintball, agresores cuyos golpes no dejan marcas, martillos y cinceles imaginarios y hasta la presencia de infiltrados.

María del Carmen Verdú, titular de la Correpi y abogada de los detenidos, ratificó “una serie de falsedades” en el expediente, que “está viciado de nulidades de principio a fin”.

“Indudablemente, esto no fue un accionar de dos o tres policías, cuando hay 6 actas de detención calcadas. Se va a avanzar sobre la responsabilidad política. Había un subcomisario que marcaba y señalaba a los compañeros con armas de paintball. Indudablemente, esto no lo puede hacer la policía", detalló en diálogo con radio Futurock.

La abogada también se quejó porque "hicieron declarar a los policías como si fueran terceros ajenos al hecho, que sólo lo presenciaron. Concretamente, uno de los policías que detuvo a trabajadores de prensa y medios alternativos, terminó confesado que los detuvo en Av. de Mayo y San José y no en Plaza de Mayo”.

Verdú alertó sobre que también se modificó el motivo de detención: "En lugar de hablar de piedrazos, dice que los detuvo porque interfirieron en la detención de otra chica. Acá hubo una orden de hacer detenciones al voleo”.

"Nuestra prioridad en este momento es demostrar la nulidad de las actuaciones policiales y lograr el sobreseimiento de estos chicos, que están imputados por un delito grave: intimidación pública y resistencia a la autoridad. Algunos policías decían que manifestantes tenían elementos para 'crear piedras', que no están secuestrados”, finalizó.