El Ministro de Energía, Juan José Aranguren, es uno de los ministros más cuestionados de la administración Pro. El aumento de tarifas, que afectó a la mayoría de la población, por otro lado beneficia a grupos concentrados como la petrolera Shell de la que además, el es accionista.

El diputado nacional del FPV-PJ, Rodolfo Tailhade, hizo declaraciones públicas respecto de la situación del ministro. El legislador aseguró que “el problema no es que (Aranguren) tenga 16 millones de pesos en acciones de Shell. El problema es que es el Ministro de Energía y como tal regula el mercado donde Shell es un actor principal”.

“Aranguren le está dando negocios a Shell que después van a repercutir en sus bolsillos. Cuando Shell distribuya dividendos este año se va a encontrar con que Aranguren le transfirió con el tarifazo y otros negocios miles de millones de pesos”, advirtió el diputado de la oposición.

En el mismo sentido, el legislador pidió la renuncia del Ministro de Energía al destacar que “en principio lo mínimo que tendría que hacer (Aranguren) es renunciar, lo cual no lo va a eximir de la investigación penal que surge de la denuncia que hicimos en la justicia federal”.

“El delito está consumado. Si Aranguren renuncia eso no impide que la justicia lo siga investigando por lo cual si renuncia quien saldría beneficiada sería la sociedad argentina porque se saca de encima una persona que está haciendo negocios personales y generando una catástrofe social”, remarcó Tailhade.

Con respecto a la acusación sobre el funcionario Pro, el diputado del FpV, recalcó que “el delito en el que incurrió Aranguren es por negociaciones incompatibles y la verdad que está absolutamente probado. Las pruebas están a la vista de todos”.

Por su parte, el diputado del FPV-PJ, Martín Doñate, salió al cruce del ministro de Energía al afirmar que “Aranguren no debería haber asumido nunca y debería renunciar ya” y agregó “es una vergüenza lo que está sucediendo en el Gobierno con la designación de Aranguren y de otros funcionarios del Ministerio de Energía por la clara la incompatibilidad que tienen para ejercer cargos públicos por los intereses cruzados que existen con sus empresas y las decisiones que toman en el ámbito ejecutivo”.

“El de Aranguren es un caso emblemático. Ni bien asumió el presidente Macri alertamos sobre la incompatibilidad manifiesta de la asunción de Aranguren en ese cargo porque claramente que se estaba vulnerando la ley de ética pública, la 25188, que no permite que un funcionario asuma un rol de ministro habiendo sido Presidente de una empresa a la que ahora debe regular y tomar resoluciones en ese ámbito si no pasaron tres años como lo dice la ley”, enfatizó el legislador kirchnerista.

“Aranguren sigue siendo accionista de Shell y cada decisión que se toma que beneficia o que afecta a Shell, lo beneficia o lo afecta directamente a él, en sus acciones y en sus beneficios”, arremetió el legislador.

Para concluir Doñate, detalló que “Aranguren ya cometió una serie de ilegalidades, no solamente con los tarifazos que dio sin ningún tipo de audiencia pública, incumpliendo la ley. Además de ocho licitaciones de compra de gasoil, siete las ganó Shell, su propia empresa. Por otro lado, la compra de gas a Chile por un 128% más caro que a Bolivia es una irregularidad absoluta. Lo denunciamos en la justicia porque directamente lo benefician a él porque Shell es la que nos vende el gas que viene vía Chile mucho más caro del que viene por Bolivia”, concluyó.

El juzgado nacional del trabajo nº 27 a cargo de la Dra. Patricia Russo hizo lugar a la medida cautelar peticionada por uno de los más de 150 trabajadores de ANSES despedidos desde principios de año sin justa causa.

La Justicia intimó al organismo a restituir al trabajador en sus funciones dentro del plazo de 48 hs.

Entre los fundamentos del fallo se determina que el despido sin causa priva al trabajador de la estabilidad laboral del empleado público garantizada por el art. 14 bis de la C.N.

El trabajador de ANSES, Juan Manuel Tignanelli, que logró el aval de la justicia a través de la cautelar presentada por el Dr. Leandro Recalde, representa el primer caso de fallo a favor de los trabajadores en el marco de los más de 150 casos de empleados del organismo que, en su mayoría formando parte de la planta permanete del ANSES, fueron despedidos sin justa causa desde la asunción de su nuevo titular, Emilio Basavilbaso en la ANSES.

En el mes de febrero se había denunciado un mecanismo de extorsión reiterado en la ANSES mediante la cual el nuevo director de Relaciones Gremiales e Institucionales, Francisco Bosch, quien se presentaba como una de las personas "de máxima confianza" del director ejecutivo del organismo, Emilio Basavilbaso y del secretario general del mismo ente, Alejo Maxit, primero ofrecía a los trabajadores dinero a los trabajadores a cambio de sus renuncias al organismo y en caso de negativa los amenazaba con inventarles una causa para despedirlos.

Audio donde funcionario del Anses ofrece soborno a trabajador a cambio de renuncia

Fallo completo

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Al comparar los primeros cinco meses de 2015 y 2016 surge que el valor de la hacienda en pie subió 48,5 por ciento y el de la carne en el mostrador 46,6 por ciento.

En medio de la aceleración de la inflación en la primera parte del año, que llevó el kilo de asado a entre 100 y 140 pesos en las carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, el consumo de este producto no para de caer.

Según difundió este miércoles la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), el consumo per cápita quedó en 55,7 kilos por año, el peor registro de los últimos cinco años.

En su anterior reporte de mayo pasado, la cámara empresaria había informado una merma del 5,2 por ciento para el acumulado enero-abril y que el consumo había retrocedido a 56,2 kilos/año, por lo que ahora se aceleró la baja.

La producción de carne vacuna fue de 1.076 millones de toneladas en el período enero-mayo de 2016, lo que significó un retroceso de 5,0 por ciento interanual; y el consumo interno alcanzó una participación de 92,35%.

En tanto, el volumen exportado en enero-mayo de 2016 resultó casi idéntico al registrado en enero-mayo del año pasado, a pesar de que el Gobierno de Mauricio Macri eliminó en diciembre último todas las retenciones para este sector.

El proyecto del autodenominado Régimen de Sinceramiento Fiscal incluye además un artículo que es, directamente, un ataque a la libertad de expresión y a la función de denuncia que debe cumplir el periodismo.

El artículo 85 del proyecto de ley, ha desatado el rechazo de muchos sectores, pero sobre todo de los periodistas que verían cercenada seriamente la libertad de expresión si es que se aprueba.

Ante semejante rechazo, el Gobierno parece ahora recular: “Está en debate, es un instrumento para debatir”, dijo el Mauricio Macri a los periodistas que concurrieron a Casa Rosada para compartir con él un brindis por el Día del Periodista y que le plantearon la preocupación.

No obstante, el Presidente aclaró que, en lo que hace a la identidad de quienes fugaron capitales o evadieron y ahora pueden blanquearlos, "es importante que todos entendamos que también tenemos que respetar la privacidad de las personas”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, también se refirió, en la misma ocasión y en el mismo lugar, al espinoso asunto al señalar que el articulo 85 tiene "exactamente el mismo espíritu que lo que está en el Código Penal”, añadiendo que “no es contra los periodistas” sino que “tiene que ver con el secreto fiscal".

El único que habló concretamente de dar marcha atrás con el nefasto artículo macrista fue el diputado Fernando Sánchez (CC-ARI), del intebloque Cambiemos, quien anunció: "Para que no queden afectados los derechos de los periodistas, adelantamos que vamos a modificar el artículo 85".

Es decir que, al mismo tiempo que amaga con recular, el macrismo trata de convencer a los propios interesados sobre la conveniencia de acotar la libertad de expresión, so pena de meterlos en la cárcel.

El jefe de Gabinete Marcos Peña se sumó a un "sinceramiento" inesperado para el propio Gobierno nacional: el de admitir como "inalcanzables" algunas promesas de campaña o de gobierno como la de "Pobreza Cero".

Una de las principales propuestas de campaña por parte de Cambiemos se relacionaba con la frase "pobreza cero", pero en las últimas horas, desde el Gobierno, reconocieron que es "inalcanzable".

“La Pobreza Cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta desde ya inalcanzable como definición a largo plazo", dijo Marcos Peña en un brindis con los periodistas de la Casa Rosada.

En tanto, sostuvo que debe ser abordado como un "proyecto de vida", que apunta a generar condiciones de equidad.

De todos modos, Peña aclaró que lo más importante es que para el Gobierno es prioridad la reducción de la pobreza, la reducción de la desigualdad y el mejoramiento de la igualdad de oportunidades.

En el mes pasado, la vicepresidenta Gabriela Michetti ya había alertado sobre que "la salida" de hacia la mejora económica sería recién en 2017 y admitió que "el segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz en el túnel allá lejos, pero se sigue en el túnel". Y repitió sus augurios de una mejora en la economía a partir del año próximo.

En otro orden de anuncios, el jefe de Gabinete ratificó además que no se eximirá del impuesto el medio aguinaldo de julio. "Por ahora no está previsto eximir de Ganancias al medio aguinaldo, hicimos una reforma que fue muy importante con casi 50 mil millones de pesos que se le devolvieron a los contribuyentes. Esto es lo que hemos podido hacer en el año, sabiendo que la prioridad central es bajar la inflación", planteó el jefe de ministros.

En el marco de la ola de despidos que se vive en la Argentina, la Corte Suprema de la Nación sentenció que solo los sindicatos están autorizados para convocar y realizar huelgas, dejando afuera a los grupos de trabajadores.

Si trabajadores no agremiados intentaran a partir de ahora  realizar el paros estarían actuando fuera de la ley.

La sentencia de la corte, se originó tras el reclamo por parte de un empleado de Correo Argentino a quien despidieron por participar de una medida de fuerza.

Los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda,  determinaron que las protestas de los trabajadores son ilegitimas amparándose  en una forzada interpretación del artículo 14 bis de la Constitución y las normas internacionales sobre derechos humanos solamente le reconocen el derecho de declarar una huelga a los sindicatos.

El fallo desprotege a la gran cantidad de empleados que cumplen tareas tercerizadas, sin representación sindical o representada por sindicatos ajenos a su tarea.

Los miembros de la Corte, sostuvieron que existe "tensión entre derechos de difícil armonización", que involucra "tanto con los derechos del empleador" como "derechos de terceros o de la sociedad que también están amparados por la Constitución Nacional".

En ese sentido,  afirman que "el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos", entre los que incluyen que la decisión de las medidas de fuerza "sea adoptada por una asociación gremial".

A su vez, resaltaron que el  fallo contempla el derecho a huelga para sindicatos que gozan de la personería gremial como las asociaciones sindicales simplemente inscriptas.

El diputado nacional y presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, advirtió que dentro del articulado del proyecto de ley, el artículo 85 pretende establecer fuertes multas y penas de prisión a quienes "busquen divulgar datos de los sujetos beneficiados del blanqueo de capitales".

"El gobierno quiere impedir que el pueblo se entere de quiénes blanquean capitales", advirtieron desde el bloque de diputados y añadieron que "el artículo propuesto es claramente inconstitucional, ya que viola el derecho de publicar las ideas por la prensa sin censura previa consagrado en el artículo 14 de la Carta Magna, y la prohibición de que el Congreso dicte leyes que restrinjan la libertad de imprenta, como dispone el artículo 32".

En otro tramo del comunicado, Recalde sostiene que "además, es un retroceso en los estándares democráticos de nuestra sociedad, al coartar la libertad de los periodistas para informar y del pueblo a informarse."

En el mismo sentido, el comunicado puntualiza que dentro del proyecto de ley que se está discutiendo en la cámara bajase detalla lo siguiente:

"Los terceros que divulguen o reproduzcan documentación o información de cualquier modo relacionada con las declaraciones voluntarias y excepcionales reguladas por esta ley incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal. Los terceros mencionados precedentemente incurrirán, además, en una multa igual al valor de los bienes exteriorizados por aquel que hubiera realizado la declaración voluntaria y excepcional que se hubiera revelado o divulgado o cuyos hechos, actuaciones, documentos, datos o información se hubiera revelado o divulgado”.

Sobre este párrafo particular, el diputado nacional Héctor Recalde sostuvo que "lo que demuestra esta redacción es que el gobierno nacional ha enviado una ley de blanqueo para sus amigos, que están involucrados en las causas Panama Papers y HSBC y pretenden blanquear sus activos mal habidos sin que la gente se entere", concluyó.

La revisión de los cuadros tarifarios no comprendería en una primera etapa a los abonos fijos. "Responde a la ampliación del alcance de la tecnología de cuarta generación (4G) que posibilita mayor caudal de uso de datos y velocidad", aseguraron fuentes de las prestadoras con mayor mercado.

A partir de julio Movistar incrementará el precio promedio de sus servicios de telefonía celular para planes prepago y pospago en un 14%, mientras Personal aplicará un ajuste del 10,9% en sus servicios de carga virtual. Claro aún no comunicó si cambiará sus tarifas.

Ambas prestadoras resaltaron que "no se trata de aumento de tarifas, sino de un rebalanceo de los precios por la mejor propuesta en la prestación de los servicios para los que se mueven con aparatos de última generación, como 3G y 4G.

Las prestadoras aseguran que el rebalanceo tarifario se corresponde con mayor oferta de servicios. Movistar informó a sus usuarios que a partir del 2 de julio aumentan los planes prepago y pospago, en promedio en un 14%, lo que se verá reflejado en la factura de agosto, pero "algunos planes y servicios básicos no serán alcanzados", destacaron fuentes de la empresa.

Mientras que en el caso de Personal, del grupo Telecom, informaron al portal Infobae que "no habrá ajuste en los abonos con factura, pero sí en los prepago: a partir del 25 de julio los planes con tarjeta, y acompañando las tendencias del mayor consumo de datos que realizan los clientes a partir del despliegue de las redes 4G, readecuará su plan llevando la cuota de datos diaria de 30 megabytes a 50 MB, es decir que los clientes tendrán un 67% más de capacidad para navegar. Dichas modificaciones implicarán un aumento de 10,8% en promedio, para unos 15 millones de clientes".

De esta forma, los usuarios de ese servicio podrán potenciar el uso de aplicaciones como mensajería instantánea y acceso a redes sociales, entre otras. Según los datos que manejan, entre 2014 y 2016 el tráfico de datos móviles en WhatsApp, al que accede el 98% de los usuarios de la empresa, se duplicó.

Como sea, para los bolsillos de la mayor parte de los usuarios, el acceso a la nueva tecnología, con más velocidad y mayor caudal de acceso de datos por día, implicará un aumento acumulado del 30% desde marzo, luego de haber acordado con el Gobierno no actualizar las tarifas en los planes prepagos en enero.

El reconocido economista e historiador, Eduardo Basualdo, recibió a Primereando en su oficina de FLACSO para charla sobre el nuevo orden económico que Cambiemos impuso en la Argentina, también sobre inflación y su impacto en los precios y los salarios.

Casi sin anestesia, ante la consulta del programa de gobierno del macrismo, el también director del Centro CIFRA de la CTA, abre: "Lo que uno puede apreciar, en principio, es que más que reorganizarse, el poder económico está en el gobierno".

"Lo que tenemos a partir de diciembre del año pasado, es el despliegue de una política que se encuadran en lo que es típico de las políticas de ajuste", añade Basualdo.

Por ello, para repasar estos seis meses de gobierno de Mauricio Macri se remonta a su inicio. "La primera gran medida fue eliminar lo que la Alianza Cambiemos llama “Cepo Cambiario” e impulsar una devaluación fenomenalmente importante".

Para el economista ambas decisiones implicaron "una redistribución del ingreso en contra de los trabajadores encadenados en sus efectos a partir de la devaluación".

Además remara el impacto desigual de una depresión de la moneda en los trabajadores y en los sectores de altos ingresos: "Como la burguesía argentina mediana y alta, está dolarizada, ante una devaluación, el principal factor para el incremento de precios, es esa devaluación porque es muy rápido, porque la tasa de ganancia, los ingresos, la rentabilidad, se calcula en dólares en Argentina, no en pesos"

El economista habla de dos efectos regresivos de la devaluación sobre los sectores populares: "uno, que lleva más tiempo, en relación a los encadenamientos productivos y la transferencia de los incrementos de precios, de los insumos difundidos a los productos finales. Y otro, que es automático, que es este tema de la internacionalización financiera de la burguesía argentina".

Basualdo además reseña el proceso inflacionario disparado por parte del Macrismo en lo que se podría denominar como la devaluación más anunciada de la historia Argentina: "Si uno mira el proceso de inflación, no es que empezó a partir del 10 de diciembre, empezó antes, con la campaña política de Cambiemos de que iba a haber una devaluación por parte del kirchnerismo, si ganaba.  Ahí empieza un ciclo de inflación muy importante, cuando teníamos el camino inverso".

Según el coordinador del área de Economía y Tecnología de FLACSO la inflación medida en base a las oficinas de estadísticas provinciales "en enero del 2015 era el 34% y en noviembre iba a llegar al 23,9 %, en una caída sistemática". Sin embargo la política de Cambiemos implicó que actualmente se ubique "entre el 40 y el 42%".