Estela de Carlotto dialogó con Radio La Plata hoy a la mañana e indicó que “hay síntomas preocupantes en cuanto a la política de Derechos Humanos que plantea este gobierno”, en referencia al mal entendido con el Ejecutivo de cerrar un espacio con el que contaba Abuelas de Plaza de Mayo en el Ministerio de Seguridad Nacional.

“Ahora ya están las cosas claras, en cuanto a esto que aparece en el Boletín Oficial del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich en donde se borra la parte de Derechos Humanos”, aseguró Carlotto al inicio de la entrevista.

Luego, la referente de DD.HH, agregó: “Son todos síntomas preocupantes en cuanto a la política de Derechos Humanos que plantea este Gobierno, que nos hacen tomar una medida rápida y mandar una carta a la Ministra para aclarar esta situación. Esto quedo atrás y la respuesta fue que no se iba a cerrar esta área que hay dentro del Ministerio para Abuelas, lo que ayuda a la preservación de aquello chicos que son encontrados, para que tengan un trato especial y no sean maltratados por las fuerzas de seguridad”.

Sobre la función que esta dependencia ejercía aclaró: “Hay una resolución de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos, para que se llegue a una solución amistosa entre ambas partes y suavizar un proceso que es muy duro y pone a veces en situaciones difíciles a los chicos que se enteran que su familia no es la biológica y eso pone de manifiesto conflictos latentes muchas veces entre las partes. Justamente esta dependencia era la que mediaba en estos temas, por eso nos preocupaba su cierre”.

“Pero la respuesta tanto del Presidente Mauricio Macri, como de la Ministra Bullrich, nos tranquilizó a nosotros y a la COMADI porque no queremos ningún retroceso en materia de Derechos Humanos”, aseguró Carlotto.

En torno a la polémica mediática entre Margarita Barrientos y el Papa, Carlotto desmintió que le haya pedido a Francisco que no recibiera a la referente del comedor Los Piletones, en El Vaticano.

Barrientos había revelado el jueves, que el sumo Pontífice no quiso recibirla durante una audencia pública en abril de 2013, pero sí a la referente de Abuelas. Tras esa confesión trascendió que esto había sido a raíz de un pedido de Carlotto quien cuestionó que este tipo de conjeturas "contribuyen a la grieta".

"¿Quién puede pensar que una persona como yo puede hacer una cosa así, con una persona que no conozco, como es Margarita Barrientos, y que puedo tener el poder de decirle al Papa que no la reciba?", planteó Carlotto.

Además Carlotto dijo que "hay que preguntarse por qué" la líder de Los Piletones (quien simpatiza con el Gobierno) "dice esto en este momento".

"Si estas cosas son con mala intención, no benefician, perjudican. Y si es por ignorancia o porque le han dicho y lo creyó, que venga a hablar conmigo", manifestó. La Abuela de Plaza de Mayo sostuvo que sabe que Barrientos "hace una obra muy buena, de darle de comer a tanta gente, es una persona muy humilde", pero remarcó que en sus "40 años de lucha" al frente de la Asociación no la conoció "nunca".

"Que diga algo así, tres años después, con esta gente que ama o que odia, contribuye a la grieta", remató.

"¡Cómo yo voy a decir que la saquen por la fuerza! Esa es una novela absurda, es una imaginación febril, para no pensar mal de esta señora", reprochó. Para finalizar, Carlotto consideró que toda esta situación le da "pena" y remarcó que supuesta grieta que separa al kirchnerismo y al antikirchnerismo "es un invento" y que lo que hay es "intolerancia".

El tarifazo en el servicio de agua y cloacas que presta Aysa comenzó a sentirse a partir de la llegada de facturas con aumentos de hasta el 375 por ciento y algunos casos que incluso superan ese límite. La suba es más alta que la anunciada en un primer momento, pero pasó desapercibida ante el incremento del gas, el transporte público y la electricidad, que en conjunto aceleraron la inflación y deterioraron el salario. El gobierno había comunicado que el incremento promedio sería del 216 por ciento, pero terminó siendo del 297. Las entidades de consumidores advierten que no hay suficiente difusión sobre el acceso a la tarifa social, que en teoría podría beneficiar a 700 mil usuarios pero por ahora sólo registra 30 mil inscriptos. Además, aseguran que por la forma en que se implementó, el aumento tiene mayor incidencia sobre los hogares de menores ingresos.

En la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Diego de Olavarrieta al 1400 la factura de agua bimestral pasó de 142 a 653 pesos, una suba del 360 por ciento; mientras que en Onesimo Leguizamón al 7000, de 80 a 335 pesos, el equivalente al 319 por ciento. En el barrio de Belgrano, en la calle Luis María Campos al 700, la boleta aumentó de 165 a 699 pesos, un 323 por ciento, y en Pilar al 700, de 79 a 335 pesos, un 324 por ciento. En Zapiola al 1200, en Colegiales, la boleta subió de 118 a 501 pesos, un 324 por ciento. En la calle Quintana al 2000, en Lomas del Mirador, el incremento fue de 61 a 289 pesos, un alza del 373 por ciento. Son algunos ejemplos de clientes residenciales que recibieron las facturas la semana pasada. También hay casos que superan largamente el ajuste máximo: un centro de jubilados de Liniers pasó de 145 a 1424 pesos (882 por ciento) y una vivienda en el barrio, de 134 a 824 pesos (515).

Desde Aysa explicaron a Página 12 que la facturación de la compañía va a aumentar un 297 por ciento. Por eso, en promedio las boletas se multiplican por cuatro. Sin embargo, varios de los ejemplos relevados por este diario muestran subas superiores. Incluso, si bien el incremento máximo que admitió la empresa es del 375 por ciento, domicilios con medidor que hayan elevado su consumo pueden mostrar subas que superan ese tope.

Una de las preguntas que más resuena entre los usuarios es cómo se mide el consumo de agua. Existen dos regímenes básicos de facturación, los domicilios medidos y los no medidos. Del total de 3,2 millones de boletas bimestrales que emite Aysa, hay 400 mil usuarios no residenciales (comercios e industrias y otro tipo de empresas) que están bajo el régimen de medidor. En tanto, de los 2,8 millones de usuarios residenciales apenas el 12 por ciento tiene medidor. Es decir que hay un total de 736 mil usuarios con medidor (entre residenciales y no residenciales) y 2.464.000 usuarios que no cuentan con medidor.

Bajo ambas modalidades la factura cuenta con un cargo fijo y otro variable. El cargo fijo se determina a través de una fórmula que incluye un coeficiente que mide zona del inmueble, metros cubiertos, calidad y antigüedad de la edificación y superficie del terreno. En el caso del consumo medido, la parte variable de la boleta se explica por el consumo registrado. En los no medidos, la fórmula que define el monto del cargo variable repite varios de los criterios del cargo fijo.

Aysa informó que el aumento básico de la tarifa es del 217 por ciento para los usuarios que habían renunciado a los subsidios. Los que tenían subsidios del 5 y del 25 por ciento perdieron totalmente ese beneficio y el aumento que sufren es del 233 y el 325 por ciento, respectivamente. Por último, los que tenían subsidios del 50 por ciento pasan a recibir un 25 por ciento y para ellos el aumento es el máximo, del 375 por ciento. El subsidio del 25 por ciento se mantiene por el lapso de un año. Los que recibían el 50 por ciento (y fueron afectados por la máxima suba) eran los hogares más vulnerables.

Pero además, Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores, explicó el incremento afecta proporcionalmente más a los usuarios de menor poder adquisitivo. “Uno de los factores que tiene en cuenta el cálculo del consumo es el factor E, que computa la calidad de la edificación y su antigüedad. Ese factor antes se modificaba entre 1 y 4, de modo que para igual cantidad de metros cuadrados había propiedades que pagaban una cuarta parte de lo que abonaban otras. Por ejemplo, una vivienda con techo de chapa pero igual superficie cubierta a otra estrenada el año pasado en excelente condición antes pagaba menos por su servicio. Ahora ese factor pasó a valer 1, con lo cual no considera ese tipo de diferencias para definir la tarifa”, explicó Boada.

“Otro factor es el de zonificación, que iba entre 1 y 3,50, de modo que una vivienda de La Matanza al fondo pagaba por el mismo metraje 3,5 veces menos que en Puerto Madero. Ahora ese factor se redujo a un valor entre 1,10 y 1,35. Creemos que puede tener lógica que el servicio aumente para que Aysa pueda invertir más y se incremente la cantidad de usuarios con agua y cloacas, pero los hogares de mayores ingresos deben pagar proporcionalmente más por el servicio”, agregó Boada.

Pedro Bussetti, de Deuco, advirtió que “la tarifa social permite reducir mucho la factura pero la gente no sabe que tiene ese derecho. Aplican un ajuste salvaje y no hacen la difusión correspondiente. La tarifa social la solventan los usuarios con su factura y si se ejecutara plenamente, unos 700 mil usuarios quedarían incluidos. Pero por ahora sólo hay 30 mil”. En la web www.eras.gov.ar se pueden encontrar las condiciones para acceder a la tarifa social. Con la quita de subsidios, Aysa cubre a partir de lo recaudado en las boletas el 100 por ciento de los gastos operativos, unos 13 mil millones de pesos. Quedan sin cubrir los costos de mantenimiento (2 mil millones) y las obras de expansión de la red.traifa

Elypsis publicó nuevos números y estimó, también, que el costo de vida de las últimas cuatro semanas se ubicó en un 2,4%, lo cual es equivalente a un 2,6% mensual.

Según el estudio, la inflación de la primera semana de mayo fue de 1%, mientras que durante la segunda fue de 0,4%.

Algo sumamente preocupante es que la medición interanual en lugar de decrecer, registró una aceleración. El informe subrayó que marzo cerró con una medición interanual de 33,4% y abril con 40,1%.

"Nuestro último registro a un año corrido registra un aumento de precios acumulado de 42,2%", resaltó el trabajo.

Puntualizó que la variación de cuatro semanas del rubro alimentos y bebidas "se muestra en niveles superiores al nivel general y se ubica para la segunda semana de mayo en 4,4% frente al 3,7% de la anterior".

La estampida que tuvieron los precios afectó considerablemente el consumo y obligó a muchos comercios a buscar alternativas para vender.

Por ejemplo, algunas carnicerías llegaron a ofrecer cuotas para algunos cortes y hasta vender por gramos y no por kilo como es costumbre.

El Gobierno confía en que la inflación comience a ceder en la segunda mitad del año, ya que para esa época habrá pasado el efecto de la devaluación, el tarifazo en los servicios públicos y los aumentos en los combustibles.

Grandes cadenas de supermercados correntinos comenzaron a mostrar carteles de ofertas de carnes de a 100 gramos, una estrategia que surge en medio de la escalada inflacionaria y la caída del consumo.

El precio de la carne vacuna subió 24% durante el primer cuatrimestre del año, respecto de los valores de diciembre, por lo que el kilo de carne molida alcanzó los 124,90 pesos en mayo.

Carteles amarillos con letras y números rojos y grandes muestran un fuerte impacto ante los ojos de los consumidores, con la idea de representar que el precio no es tan elevado al ofertar por 100 gramos y no mostrar de la misma manera el costo por kilo.

Los carteles escritos a mano cambian de precio todos los domingos y muestran solo los cortes más baratos de carne, mientras el costo del asado es exhibido en tamaño minúsculo, de acuerdo a un relevamiento realizado el domingo 15 de mayo por Noticias Argentinas.

Un caso es el de una sucursal céntrica de Corrientes con carteles que muestran los 100 gramos de molida especial a 12,49 pesos, por lo que el kilo llega a 124 pesos; y la molida común a 4,99, es decir, 49,90 por kilo.

El mismo lugar exhibe en números grandes los 100 gramos de puchero económico a 4,99 pesos, casi 50 pesos el kilo, mientras que sin mostrar los precios el kilo de costilla de novillito, el asado más deseado, oscila entre 115 a 123 pesos.

Se trata de una estrategia comercial de grandes cadenas de supermercados que operan en la capital de Corrientes, mientras que en carnicerías más chicas el precio del asado se ubica entre 105 y 115 pesos en el centro de la ciudad y en los barrios más alejados se consigue a costos que van desde los 85 a los 98 pesos.

El precio de la carne en la capital correntina subió en promedio un 24% durante el primer cuatrimestre de 2016, al tiempo que enero no se observó ninguna baja pese a la caída del consumo que, generalmente, se registra luego de las fiestas de fin de año.

Carniceros y proveedores advierten que, pese a que la gente compra menos carne que el año pasado, el precio necesita sostenerse y volver a subir en julio por varias razones que implican una fuerte inflación de costos: aumento del 30 por ciento en los combustibles y de 150 por ciento en la tarifa de la energía eléctrica que se utiliza para las cámaras de frío.

Otra razón que se suma es la merma de la oferta de carne por las inundaciones registradas en Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, lo que perjudicó a los productores ganaderos que tienen menos animales para vender.

Gabriela Michetti, será multada si no cumple con el fallo que ampara a una trabajadora despedida del Senado de la Nación.

La justicia resolvió sobre un caso de despido el Senado de la Nación, y marcó precedente respecto del futuro de las cientos de causas iniciadas de los trabajadores que fueron echados sin justa causa.

El fallo habilita la vía del amparo por lo que se aplican normas constitucionales para darle trámite rápido al conflicto.

En una parte del fallo se indica que “en la hipótesis de autos, tenemos una trabajadora que ha perdido su empleo, sorpresivamente, con lo cual dada la protección normativa, convierte en evidente el peligro en la demora, en virtud del carácter alimentario del salario y la pérdida de obra social tanto para ella como para los terceros supuestamente a su cargo, y como lo manifestara verosímil el derecho”.

Del mismo modo, en otra parte del extenso escrito, la Cámara acepta tanto el criterio de estabilidad de la trabajadora, como el cumplimiento de una función laboral propia de la actividad legislativa.

La decisión de Michetti ante el revés judicial ha sido apelar el fallo y desobedecer la orden judicial, lo que implica que que la Presidenta del Senado está al borde de una denuncia penal.

El sector de producción de acero crudo registró una caída del 16,9% interanual en abril al totalizar 319.100 toneladas, en tanto que en comparación con marzo la producción subió un leve 0,4%, según informó la Cámara Argentina del Acero (CAA).

La producción acumulada del primer cuatrimestre de 2016 fue de 1.305.100 toneladas, un 17,2% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

Al respecto, la Cámara Argetina del Acero, anunció que "concluido el primer cuatrimestre de 2016, la industria siderúrgica continúa frente a un escenario que se mantiene complejo en el corto plazo".

"La persistente caída del precio del petróleo sumado a la baja demanda de los productos de acero en los mercados doméstico y de exportación impacta desfavorablemente en la actividad sectorial", añadió la CAA.

La producción de laminados terminados en caliente bajó en abril un 9,5% frente al mismo mes del año pasado y retrocedió un 4,5% desde marzo, al totalizar 351.900 toneladas.

En tanto, la producción de laminados en frío aumentó un 19,6% en la medición interanual y subió un 8,9% frente a marzo, con 136.400 toneladas.

La producción de hierro primario alcanzó 227.600 toneladas en abril, lo que significó una baja del 17,9% respecto del mismo mes del año pasado y una merma del 14,9% desde marzo pasado.

Los principales miembros de la CAA son las siderúrgicas Ternium y Tenaris, controladas por el grupo industrial Techint, y Acindar de Arcelor Mittal.

El grupo Techint en los últimos meses registró conflictos con los trabajadores por despidos de mano de obra calificada.

Tras los continuos despidos n el sector privado, que afectó a bancarios, la Asociación la Bancaria reclamó "la inmediata sanción de la Ley de Emergencia Ocupacional sin modificaciones" y sostuvo que "las especulaciones partidistas no pueden volver a impedir este miércoles el quórum en la Cámara de Diputados", a la vez que demandó "el cambio de la política económica, que produce despidos, pérdida del poder adquisitivo y caída del consumo".

Mediante un documento público la conducción nacional del gremeio firmado por Sergio Palazzo, Eduardo Berrozpe, Andrés Castillo y Carlos Cisneros, aseveró que la totalidad de las corrientes del movimiento sindical fueron convocadas al Congreso para exponer su posición sobre "las decenas de miles de despidos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y afirmaron la necesidad de sancionar esa norma".

En la misma líneas, los dirigentes se refieron a la histórica y multitudinaria manifestación de las gremiales el día 29 de abril último en el que cientos de miles de trabajadores se manifestaron y reclamaron esa y otras medidas y que el Senado sancionó y resaltaron que la ley de emergencia ocupacional está "en consonancia con la demanda del movimiento sindical, aunque en una sesión especial en Diputados inaceptables especulaciones partidistas -incluso de quienes invitaron al sindicalismo a exponer su posición- impidieron que se constituyera el quórum el último miércoles".

"Ello no debe volver a ocurrir este miércoles en la reunión ordinaria de Diputados. La norma tiene que sancionarse con urgencia y sin modificaciones, porque a diario continúan los despidos en diversas actividades. Si son necesarias medidas para atender la situación de la pequeña y mediana empresa, no hay obstáculo para votar otra ley", puntualizaron los gremialistas.

También advirtieron que "esas medidas no pueden pasar por imponer modalidades de contrato laboral precarias" y subrayaron que para atender "la situación de las Pymes es­ necesario un cambio urgente de la polí­tica económica, que estrangula el mercado interno con cesantías y pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores activos y jubilados, traducido en caí­da del consumo".

Con respecto a la política económica del gobierno nacional destacaron que "las demenciales tasas de interés hacen imposible tomar el crédito necesario para financiar la producción, y los tarifazos desequilibraron los presupuestos".

"La polí­tica económica ataca a la producción nacional con la apertura de importaciones", añadieron los dirigentes gremiales.

La Bancaria reclamó a la clase polí­tica que "deje de mentir".

Los gremialistas hicieron referencia a las promesas del gobierno nacional que aún no se cumplieron y arremetieron contra el presidente Mauricio Macri:"quienes prometieron elevar el salario de los jubilados y derogar el impuesto al salario y no lo hicieron, mientras se proyectan 'blanqueos' que favorecerán a los profugadores de capitales, a los evasores impositivos y a quienes ocultan capitales en paraí­sos off shore o a través de ellos".

La semana pasada y luego de que el titular del Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain, asistió a Casa Rosada, donde el presidente de la nación, Mauricio Macri, anunció el acuerdo "COMPROMISO POR EL EMPLEO", donde se suponía la suspensión de despidos por 90 días, hubo más censantías en la entidad dirigida por Elsztain.

El fiscal federal Carlos Rívolo pidió que la vedette Victoria Xipolitakis sea enviada a juicio oral y público por haber puesto en peligro la seguridad de un vuelo en el que viajó en la cabina de los pilotos.

El fiscal le solicitó al juez Sergio Torres que de por cerrada la investigación y envíe a juicio a Xipolitakis y a los pilotos Patricio Zocchi Molina y Federico Soaje por el delito de poner en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave que tiene una pena de dos a ocho años de prisión.

El hecho ocurrió el 22 de junio del año pasado cuando Xipolitakis permaneció todo el vuelo AU 2780, desde Aaeroparque rumbo a la ciudad de Rosario, en la cabina del avión junto a los pilotos y registró todo con su celular, lo que después se hizo público.

El fiscal sostuvo que Xipolitakis permaneció todo el vuelo en la cabina en la que operó el acelerador, uno de los pilotos le daba indicaciones sobre cómo y cuándo acelerar. Además, la mujer estaba sin cinturón de seguridad, mientras que los pilotos tenían los cinturones pero no los arneses".

"No cabe duda que el riesgo de la actividad, en este caso particular, se ha elevado de manera exorbitante por sobre el de riesgo permitido, en perjuicio de la seguridad operacional. La conducta profesional, instruida, practicada y llevada adelante por los pilotos en vuelos anteriores y conforme narran sus legajos, fue para el vuelo AU 2708, completamente incumplida en términos de seguridad por el desprecio a la normativa", sostuvo Rívolo según informó el sitio web Fiscales.gob.ar.

La causa se inició por una denuncia penal del entonces titular de Aerolíneas Argentinas Mariano Recalde, quien además despidió a los pilotos. Xipolitakis y los pilotos fueron procesados por en noviembre pasado por el juez y luego confirmado por la Cámara Federal.

La industria textil, una cadena de valor que ocupa a más de 400 mil trabajadores en Argentina, está en peligro. es que en el primer trimestre del año ya se siente el impacto de la política económica de Cambiemos.

Las importaciones de prendas de vestir aumentaron en un 33% en el primer trimestre, mientras que las ventas fabricantes de ropa bajaron en un 30%, indica un informe de la Fundación ProTejer que replica hoy el diario Página 12.

En este contexto el grupo Vesubio licenciatario de las marcas Lacoste, Cacharel y Penguin, incrementó sus importaciones en un 47% en dólares; Vf Jeanwear, que comercializa prendas UFO, Wrangler y Penguin, trepó 98 % y 99% en cantidades.

Por otro lado el supermercado Wal-Mart incrementó sus compras de ropa en un 73% en dólares, mientras que Adidas lo hizo en un 82% en cantidades y 97%en dólares. Además Zara subió sus compras al exterior en un 95% en kilos de ropa y 51%.

De esta manera la participación de la industria local en el mercado retrocede y con ello se ponen en peligro miles de puestos de trabajo.

Entre una de las principales medidas que tomó el Gobierno actual al iniciarse su mandato fue la aprobación en diciembre de una enorme cantidad de pedidos de importación. Las autoridades de la Secretaría de Comercio, encabezada por Miguel Braun, aprobaron unas 35 mil declaraciones juradas de importación que habían quedado acumuladas sobre el final de la gestión anterior.

“Las importaciones en el primer trimestre de la cadena textil y confecciones alcanzaron 57 mil toneladas por un valor de 329 millones de dólares, un aumento del 6,6 por ciento en peso y del 5 por ciento en dólares en la comparación con el mismo período de 2015”, explica el informe de la Fundación Protejer.

Por su parte el incremento de las importaciones textiles potenció la caída para la producción nacional del sector. De esta manera desde Protejer se calcula una caída del nivel de actividad textil del 25%.

"El grado de enemistad manifiesta que tiene el doctor Bonadio con Cristina Kirchner es público", enfatizó Carlos Beraldi, quien señaló que "el juez ha sido imputado por su actuación en esta causa, lo que fulmina cualquier posibilidad de que sea imparcial".

En declaraciones a Radio Vorterix, el letrado señaló que "si hay algún delito, eso se produjo a partir de la devaluación", y no durante la gestión de Cristina Kirchner.

"Cristina Kirchner no hubiese podido ordenar vender dolar futuro porque el Banco Central tiene autonomía", enfatizó el abogado.

Además, el abogado de la exmandataria evaluó que "tenemos que tener jueces que apliquen la Ley, no que cometan actos de venganza".

Si el juez quiere cometer una arbitrariedad, apelaremos la decisión, no debemos consentir", subrayó.

Consultados sobre la causa Hotesur y Los Sauces, el letrado sostuvo que: “Lamentablemente hay una serie de causa judiciales que están alimentadas por sectores de la prensa que a fuerza de repetir algo lo quieren convertir en verdad”.

Además resaltó que desde la defensa "en ningún momento hicimos ningún tipo de maniobra dilatoria".

“Tenemos una causa inicial que fue Hotesur donde se investigaba el alquiler de habitaciones que supuestamente estaban vacías. Esto es un hecho que jamás tuvo relación alguna con la sociedad de la familia presidencial, Hotesur. Jamás tuvo una vinculación con la explotación del negocio hotelero ya que sólo cobraba un alquiler mensual. Esa era toda la operación comercial que había”, agregó Beraldi.

“El caso de Los Sauces, es todavía más claro, porque lo único que hay es alquiler de inmuebles. Hay una presunción aquí de que existe lavado de dinero porque se trata de hoteles. En realidad es una acusación temeraria, porque hay muchísimas cadenas que explotan hoteles que nada tienen que ver con el lavado de dinero sino son sólo operaciones comerciales”, concluyó el abogado.