Ante una multitud, los organismos de Derechos Humanos dieron lectura al comunicado con fuertes crÃticas a los sectores que âa casi 40 aÃąos de haberla recuperado, instalan el odio en nuestra democraciaâ.
Como cada marcha por el DÃa de la Memoria, y ante miles de personas que colmaron la Plaza de Mayo y sus alrededores, los organismos de Derechos Humanos encabezaron el acto que cerrÃģ una nueva marcha del 24 de Marzo, con un documento en defensa de la democracia y fuertes crÃticas a los sectores, como la corporaciÃģn judicial, que actÚan por fuera de ellas.
El comunicado completo:
Llegamos marchando con cientos de banderas de sindicatos, agrupaciones estudiantiles, sociales, polÃticas y culturales, con organizaciones del campo popular, colectivos de mujeres y diversidades, con muchas familias que cada aÃąo vienen a la Plaza, con miles y miles de personas que cada 24 de marzo nos reunimos para fortalecer la memoria y, sobre todo, para gritar: ÂĄPRESENTES!
Cada DÃa Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia nos movilizamos en todo el paÃs. La dictadura daÃąÃģ a toda la sociedad: a miles de familias con las desapariciones forzadas y a todo el pueblo con la miseria planificada y sus consecuencias. Ese 24 de marzo de 1976 los militares fueron el brazo ejecutor de un golpe de las corporaciones nacionales y extranjeras. El horror se desplegÃģ para perseguir y destruir toda resistencia. MÃĄs de 750 centros clandestinos de detenciÃģn, tortura y exterminio, desapariciones forzadas, asesinatos, vuelos de la muerte, apropiaciones de bebÃĐs, delitos sexuales, encarcelamientos, robo de bienesâĶ El miedo, instalado en las fÃĄbricas militarizadas y en la feroz persecuciÃģn a sus comisiones internas, contaba con la propaganda de la prensa de las corporaciones, que a las masacres las llamaba enfrentamientos.
El Plan CÃģndor criminal de Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina invadiÃģ la regiÃģn bajo Ãģrdenes de las embajadas de Estados Unidos. Una cÚpula de la Iglesia que, cuando no era parte del terror, elegÃa ser parte del silencio. Una Triple A que precediÃģ al golpe, anticipando lo que iba a ser.
Se utilizÃģ el terror para disciplinar al pueblo: 30.000 personas detenidas-desaparecidas, 10.000 presas polÃticas y presos polÃticos y miles de personas empujadas al exilio. Hoy y siempre reivindicamos todas sus luchas, que formaron parte de la militancia como herramienta de transformaciÃģn de la realidad en organizaciones del Peronismo Revolucionario, como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas, o el movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo; la tradiciÃģn guevarista del Partido Revolucionario de los Trabajadores; y las tradiciones socialistas y comunistas: Partido Comunista, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Revolucionario, por nombrar sÃģlo a algunas de los tantos espacios de participaciÃģn polÃtica, sindical, estudiantil y social, luchando por ideales de libertad, igualdad, solidaridad y justicia social.
Durante la dictadura genocida la deuda externa creciÃģ mÃĄs de un 300%. Los que se beneficiaron con esta polÃtica fueron los principales grupos econÃģmicos a los que se les estatizÃģ su deuda privada y que, ademÃĄs, se vieron favorecidos en las dÃĐcadas siguientes por las presiones del Fondo Monetario Internacional para que los sucesivos gobiernos avanzaran en la flexibilizaciÃģn laboral, el achicamiento del Estado y la destrucciÃģn de la salud y la educaciÃģn pÚblica. Estos empresarios, responsables tambiÃĐn del genocidio, condenaron a nuestro pueblo a la pobreza y al hambre por generaciones, e incluso en muchos casos, participaron directamente en secuestros, desapariciones forzadas y asesinatos. Tras cuatro dÃĐcadas de democracia, los mismos grupos siguen causando el mismo hambre. Impunes de su responsabilidad de ayer y de hoy por la misma corporaciÃģn judicial que persigue y encarcela a referentes populares
Quienes estÃĄn en las fotos, banderas, remeras, carteles y en nuestra memoria son quienes recordamos hoy y siempre. Son nuestros familiares, nuestros compaÃąeros y compaÃąeras. Son a quienes extraÃąamos, reivindicamos y, en su mayorÃa, seguimos buscando, porque 47 aÃąos despuÃĐs del golpe, miles y miles de cuerpos siguen desaparecidos. Los pactos de silencio nos siguen impidiendo saber dÃģnde estÃĄn y tambiÃĐn que cientos de personas nacidas en cautiverio en los centros clandestinos conozcan su identidad.
Resistimos y nos organizamos aÚn durante los aÃąos mÃĄs difÃciles. A pesar de la falta de justicia, miles de familias presentamos habeas corpus para saber dÃģnde estaban quienes eran vÃctimas de la desapariciÃģn forzada, con el compromiso de abogados y abogadas del campo popular. Eran rechazados. Cuando esperÃĄbamos que un juez o jueza pidiera explicaciones ante una bÚsqueda, nos cerraban las puertas, salvo en honrosas excepciones. Pero a la desesperaciÃģn y a la falta de respuestas, se sumÃģ que quienes denunciaban las desapariciones, en muchos casos, pasaron a ser vÃctimas. Por eso, hoy tambiÃĐn recordamos a las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones PolÃticas, a abogados, abogadas y militantes de organismos de derechos humanos que fueron vÃctimas de la desapariciÃģn forzada por resistir a la dictadura.
Hubo una corporaciÃģn judicial al servicio de la persecuciÃģn polÃtica del terrorismo de Estado y de la apropiaciÃģn de niÃąos, niÃąas y bebÃĐs, dirigida por grupos econÃģmicos que financiaron el terror, se beneficiaron con ÃĐl y ademÃĄs armaron mecanismos para garantizarse la impunidad. DÃĐcadas despuÃĐs, las estrategias de persecuciÃģn y violencia polÃtica e institucional han cambiado sus metodologÃas y protagonistas. Los grupos de poder ya no utilizan a las Fuerzas Armadas para condicionar segÚn sus intereses y necesidades a los sectores populares y al sistema democratico, sino directamente al sistema judicial, transformado hoy en una corporaciÃģn mÃĄs, a travÃĐs de una feroz estrategia de persecuciÃģn contra la oposiciÃģn polÃtica y luchadores sociales.
El odio y la persecuciÃģn polÃtica llegan a lÃmites muy graves para la democracia. Por eso exigimos que se investigue de manera responsable y hasta todas las terminales polÃticas y econÃģmicas el intento de magnicidio de la Vicepresidenta Cristina FernÃĄndez de Kirchner y reclamamos que se termine el proceso de proscripciÃģn en su contra, encabezado, en lo visible, por los jueces GimÃĐnez Uriburu, Gorini y Basso y los fiscales Mola y Luciani, pero organizado, en las sombras, por quienes la pretenden prohibir como candidata.
Conocemos en profundidad al Poder Judicial. Aprendimos que podemos llamarlo mÃĄs veces asà que Justicia. Por eso reafirmamos que es inaceptable la existencia de una corporaciÃģn judicial de estas caracterÃsticas en nuestra democracia. Volvemos a decir que apoyamos el juicio polÃtico impulsado por el Gobierno de Alberto FernÃĄndez y Cristina FernÃĄndez a la Corte Suprema de Justicia de la NaciÃģn, integrada por Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Memoria, Verdad y Justicia para defender la democracia. ÂĄCorporaciÃģn judicial NUNCA MÃS!
En dos meses se van a cumplir 20 aÃąos de la asunciÃģn de NÃĐstor Kirchner como presidente de la Argentina. Con su llegada se abriÃģ un momento histÃģrico que reconociÃģ, en forma de polÃticas pÚblicas, las luchas por Memoria, Verdad y Justicia. Revertimos lo imposible que habÃa sido desafiado por los escraches a los genocidas, pero que todavÃa no habÃa llegado a las instituciones del Estado. Y llegÃģ. Logramos revertir las leyes de impunidad, se fortalecieron las instituciones destinadas a la bÚsqueda de nietos y nietas apropiadas y se alcanzaron resoluciones tan importantes como el establecimiento del DÃa Nacional por el Derecho a la Identidad el 22 de octubre, y este dÃa, el 24 de marzo, como el DÃa Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, fortaleciendo la memoria para las nuevas generaciones, para que cuando voten lo hagan conociendo la historia y defendiendo la democracia para todo el pueblo.
El prÃģximo 10 de diciembre conmemoramos los 40 aÃąos de la recuperaciÃģn democrÃĄtica de nuestra Patria, que sufre amenazas constantes.
Llevamos mÃĄs de dos generaciones que no conocen a los sectores civiles golpeando las puertas de los cuarteles, ni las irrupciones violentas de las Fuerzas Armadas derrocando gobiernos democrÃĄticos. Las embestidas militares de los 80 y 90 fueron frenadas con la movilizaciÃģn popular, aunque con algunos retrocesos importantes.
El acuerdo de la mayorÃa de la sociedad argentina para defender la democracia no fue sencillo de sostener. La reconstrucciÃģn del entramado econÃģmico, social, cultural y polÃtico destruido por la dictadura cÃvico-militar ha recorrido un complicado y largo camino, ya que los sectores de privilegio, los grupos econÃģmicos y la derecha antidemocrÃĄtica han logrado concentrar recursos para condicionar cada avance de la sociedad democrÃĄtica y popular, utilizando los golpes de mercado, la hiperinflaciÃģn, el endeudamiento, la fuga de capitales y han debilitado las estructuras del Estado, permitiendo la enajenaciÃģn de nuestras empresas y recursos naturales sin ningÚn beneficio para las clases populares. Su correlato polÃtico fue el neoliberalismo de la dÃĐcada del 90, de la primera alianza y del macrismo.
En 1985, a poco del retorno de la democracia, pudimos juzgar a los jerarcas de la dictadura en el Juicio a las Juntas, pero luego, por las presiones de los genocidas, se sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Un lustro despuÃĐs, los indultos a los comandantes condenados fueron un duro golpe y retroceso: el propio Estado democrÃĄtico promovÃa el olvido institucional de sus crÃmenes.
AÃąos mÃĄs tarde, los Juicios por la Verdad resultaron trascendentales ante la imposibilidad del avance por el camino punitivo. Y a partir de 2003, con la anulaciÃģn de las leyes de impunidad, y del aÃąo siguiente, cuando el Estado argentino pidiÃģ perdÃģn por los delitos atroces de la dictadura, pudimos decir que logramos profundizar la democracia. Con la llegada de los gobiernos nacionales y populares de NÃĐstor Kirchner y Cristina FernÃĄndez pudimos aspirar a que la impunidad se transformara en justicia, y que ÃĐsta avanzara y creciera fortalecida.
Pero otros avances tambiÃĐn fueron posibles en esa dÃĐcada. La ruptura con el FMI, la nacionalizaciÃģn de YPF, AerolÃneas Argentinas y el sistema solidario de jubilaciones. Se iniciÃģ un camino de mayor justicia social, libertad econÃģmica y soberanÃa polÃtica, que fue interrumpida brutalmente con la llegada al gobierno del macrismo y su vuelta al FMI, limitando nuestras posibilidades como naciÃģn soberana.
A pesar de los retrocesos, el fortalecimiento e institucionalizaciÃģn del proceso de Memoria, Verdad y Justicia ha sido un avance enorme para nuestro pueblo. Constituye uno de los principios de legitimidad de esta democracia que supimos conseguir, hasta hoy la mÃĄs larga de nuestra historia como naciÃģn.
En estos aÃąos, ademÃĄs, hemos conquistado nuevos derechos para los sectores populares. Particularmente, destacamos la ampliaciÃģn de los derechos civiles para la comunidad LGBTQ+ con la ley de matrimonio igualitario, la documentaciÃģn no binaria y las leyes de cupo trans. Las intensas luchas de las mujeres que han logrado la visibilizaciÃģn de las violencias y el avance en las polÃticas pÚblicas que permitieron la promulgaciÃģn de las leyes de EducaciÃģn Sexual Integral y de InterrupciÃģn voluntaria del embarazo, y la creaciÃģn del Ministerio de las Mujeres, GÃĐneros y Diversidades de la NaciÃģn.
Donde hay una necesidad hay un derecho. No queremos una democracia administrada por el FMI. El endeudamiento feroz que contrajo Macri volviÃģ a condicionar la polÃtica econÃģmica de manera contraria a los intereses populares. El aumento de la pobreza y de la indigencia de amplias franjas de la poblaciÃģn debilitan tambiÃĐn la vida democrÃĄtica. En esta coyuntura de demandas sociales complejas, es preciso defender lo logrado y recuperar las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Conquistar nuevos derechos laborales, econÃģmicos, sociales, culturales para las mujeres, para las niÃąeces, para la juventud, para las personas adultas mayores, para las diversidades y disidencias, para nuestros pueblos originarios.
La Única lucha que se pierde es la que se abandona, por eso seguiremos en las calles, en las aulas, en los lugares de trabajo, con la palabra y la acciÃģn, con el voto, con organizaciÃģn popular para no permitir que nos roben el sueÃąo de una patria justa, solidaria y feliz como la que querÃan quienes fueron parte de 30.000 luchas que llevamos como bandera.
PaÃs que olvida, paÃs que puede repetir la historia. No olvidemos: las polÃticas de Estado marcan el rumbo de un paÃs, son las que garantizan u obstaculizan procesos democrÃĄticos, de justicia e inclusiÃģn social. Vamos a cumplir 40 aÃąos de democracia. Hay que seguir sosteniÃĐndose a ultranza y combatiendo las amenazas que se ciernen sobre ella. Allà estÃĄn los discursos de odio promovidos y alimentados por sectores antidemocrÃĄticos de la oposiciÃģn, o el lawfare, sistema mafioso que surge del entramado de la corporaciÃģn judicial y los medios concentrados, que persiguiÃģ y encarcelÃģ a lÃderes y dirigentes populares y sigue generando prÃĄcticas donde la forma de dirimir diferencias es con la eliminaciÃģn del otro.
Por eso, a pesar de todos los obstÃĄculos para la consolidaciÃģn de la democracia, reafirmamos nuestro compromiso con este sistema a favor de los intereses populares, ampliando y defendiendo derechos de los embates de quienes pretenden vulnerarlos. Una vez mÃĄs, decimos: no al silencio y la indiferencia frente a los signos que denotan acciones en contra de la democracia.
Desde 1985 nuestro propio paÃs juzga a los asesinos de su pueblo, sin tribunales ni cÃģdigos especiales, con todos los derechos y garantÃas. Hasta ahora, logramos que fueran condenados 1.115 genocidas, cuyas condenas estÃĄn firmes en menos del 40 por ciento de los casos y no lo estÃĄn por la complicidad judicial de la CÃĄmara de CasaciÃģn y de la Corte del 2Ã1 para sostener impunidades. De los detenidos, en preventiva o cumpliendo condena, casi el 80 por ciento tiene el beneficio del arresto domiciliario. Decimos a nuestro pueblo y con todas las letras que prÃĄcticamente ninguno tiene problemas de salud que justifiquen ese beneficio, y que las cÃĄrceles de Campo de Mayo y Ezeiza garantizan todos sus derechos.
Le decimos a ese Poder Judicial que tan fÃĄcilmente los manda a casa con domiciliarias, otorga libertades condicionales o excarcelaciones por dos tercios de la condena, que no cumple con la misma facilidad con la ley de vÃctimas. Queremos sostener un debate profundo sobre las libertades condicionales a genocidas. TambiÃĐn reclamamos la apertura de todos los archivos de inteligencia.
Si bien se avanzÃģ en la desclasificaciÃģn y publicidad de parte de los archivos vinculados con el terrorismo de Estado, aÚn falta que se desclasifique, realice un relevamiento exhaustivo y que se permita el acceso pÚblico a los archivos de inteligencia producidos por las Fuerzas de Seguridad, las Fuerzas Armadas y por la ex SIDE.
El acceso a estos documentos es fundamental dado el rol que tuvieron los servicios de inteligencia en el aparato represivo. En sus archivos puede haber informaciÃģn sobre el destino de las vÃctimas de desapariciÃģn forzada, sobre hijos e hijas de desaparecidos y desaparecidas que fueron apropiados y apropiadas que seguimos buscando, y sobre los perpetradores que deben ser investigados. Toda la sociedad tiene derecho a saber quÃĐ informaciÃģn guardan sobre el terrorismo de Estado.
296 sentencias en 17 aÃąos: ÂĄclaro que el camino recorrido es enorme!. Pero el ÃĄrbol no nos tapa el bosque y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los culpables.
El Poder econÃģmico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin lÃmites y sin importar los costos. Y juicio y castigo a todos los culpables tambiÃĐn implica seguir denunciando a jueces de instrucciÃģn, de oralidad, de cÃĄmaras y Corte, porque con su lentitud extrema al servicio de los poderosos, siguen sosteniendo la impunidad. Asà se explica que Blaquier, Ãcono de la responsabilidad empresarial en el genocidio, no haya llegado a ser juzgado hace mÃĄs de una dÃĐcada. Tienen paralizado el Concejo de la Magistratura, faltan jueces y no se puede avanzar con los juicios polÃticos a los jueces denunciados. Tenemos un Ministerio PÚblico Fiscal presidido por un procurador interino protector de Stornellis.
No nos resignamos antes, tampoco lo haremos ahora.
Especialmente, abrazamos a cada sobreviviente. Sin sus memorias y testimonios estos juicios no serÃan posibles. Sabemos todo lo que reviven al declarar contra sus victimarios, por eso es necesario que toda la sociedad acompaÃąe los juicios.
Seguimos reclamando saber quÃĐ pasÃģ con Jorge Julio LÃģpez y tambiÃĐn que avancen los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en Malvinas, cuya denuncia fue presentada hace 16 aÃąos y todavÃa no tiene respuesta, en parte por responsabilidad de la Corte Suprema.
Ya llevamos mÃĄs de 45 aÃąos buscando a nuestras nietas y nietos desaparecidos. En diciembre Último tuvimos la dicha de encontrar a dos de ellos. Pero faltan cientos todavÃa. Son vÃctimas de la prÃĄctica sistemÃĄtica de apropiaciÃģn de bebÃĐs desplegada por el terrorismo de Estado. NiÃąas y niÃąos que reciÃĐn nacidos fueron arrancados de los brazos de sus madres, les cambiaron el nombre, les borraron su historia familiar y, asÃ, les negaron el derecho a la identidad, fundamental para tener una vida en libertad.
Nacidos en cautiverio en las siniestras maternidades clandestinas de la dictadura, o secuestrados junto con sus padres y madres, estas personas tienen hoy mÃĄs de 40 aÃąos de edad. Algunas quizÃĄ sospechan que pueden ser hijas o hijas de personas desaparecidas, otras no: lo importante es que ayudemos a que conozcan la verdad. Si su identidad estÃĄ vulnerada, tambiÃĐn lo estÃĄ la de sus hijas e hijos: niÃąos, niÃąas, adolescentes y jÃģvenes que, al igual que sus padres y madres, tienen derecho a saber su historia.
Es el derecho de sus Abuelas, que los buscaron sin cesar desde el primer momento y cientos de ellas fallecieron sin poder abrazarlos. Hoy sus familias los siguen buscando: sus hermanas y hermanos, sus tÃos y tÃas, sus primos, muchas nietas y nietos restituidos que han tomado la posta de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo y buena parte de la sociedad que asume como propia esa bÚsqueda porque sabe que es colectiva y profundamente reparadora, como lo demuestra la ola de felicidad que se desata cada vez que anunciamos una restituciÃģn.
La crueldad de la apropiaciÃģn se agrava con el paso del tiempo: encuentros truncados, la verdad oculta, la desesperante incertidumbre de tener un desaparecido o desaparecida viva en la familia, el daÃąo psicolÃģgico causado a sus vÃctimas, la mentira alrededor de ellasâĶ Llamamos a todas las personas que sepan algo, o conozcan a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, a que se acerquen a Abuelas. Que ayuden a romper ese muro de silencio de tantos aÃąos. No es pasado, es presente. El delito de apropiaciÃģn, hasta tanto no sea esclarecido, se sigue cometiendo, dÃa tras dÃa, hora tras hora.
Todas las personas tenemos derecho a nuestra identidad. Y este derecho, que nos ha llevado dÃĐcadas para que sea plenamente reconocido y comprendido, es irrenunciable e intrÃnseco a la vida en democracia. Para las personas que permanecen con su identidad falseada, para sus hijas e hijos, para sus familias biolÃģgicas que los siguen buscando, la dictadura aÚn no terminÃģ. Necesitamos encontrar a esas 300 nietas y nietos. Necesitamos toda la ayuda posible. Necesitamos abrazarlos y que sepan la verdad.
Una de las mayores deudas de la democracia es la erradicaciÃģn de la violencia institucional. Nos preocupa profundamente la repeticiÃģn de casos cometidos a lo largo y ancho de nuestro paÃs. Sigue siendo urgente que se terminen estas prÃĄcticas contrarias a un Estado de derecho: violencia policial y de otras Fuerzas tanto nacionales como provinciales, abuso de autoridad, criminalizaciÃģn de la pobreza, condiciones inhumanas en lugares de detenciÃģn, causas armadas de las que son vÃctimas principalmente los sectores populares.
Volvemos a decir que nos oponemos al uso de las armas taser, que son picanas portÃĄtiles y pueden llegar a ser letales. Son calificadas por organismos internacionales como elementos de tortura. Desde hace mÃĄs de diez aÃąos combatimos el intento de compra del macrismo en la Ciudad, algo que pudo concretar recientemente el Gobierno de Horacio RodrÃguez Larreta, y que habÃa logrado Patricia Bullrich a nivel nacional y ahora se renueva la compra desde el mismo ministerio, esta vez dirigido por AnÃbal FernÃĄndez. Lo reiteramos: la picana es incompatible con la democracia.
La violencia institucional no es la soluciÃģn a la inseguridad: la respuesta es siempre la inclusiÃģn en derechos, principalmente de los mÃĄs fundamentales. Necesitamos implementar una seguridad que sea el instrumento para la plena vigencia de los derechos humanos. Es fundamental impulsar reformas legislativas para desnaturalizar las prÃĄcticas violentas del Estado y evitar que la historia se repita.
Reclamamos Justicia por Lucas GonzÃĄlez en el juicio iniciado recientemente a tres policÃas de la Ciudad por su homicidio y a otros 11 por el encubrimiento. AcompaÃąamos especialmente a la familia y esperamos que el Poder Judicial le dÃĐ una respuesta que consiga al menos reparar una parte de tanto dolor.
Seguimos exigiendo justicia para las vÃctimas de los crÃmenes cometidos durante la gestiÃģn de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Mauricio Macri en los territorios de las comunidades de pueblos originarios. Recordamos que aquella persecuciÃģn cobrÃģ las vidas de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, por eso continuamos acompaÃąando a sus familias en la demanda de Justicia.
La voracidad inmobiliaria, el extractivismo y el desmonte generan un profundo perjuicio ambiental y daÃąan profundamente a las comunidades campesinas e indÃgenas, empujÃĄndolas al desarraigo y las migraciones forzadas. El ejemplo de Lago Escondido, territorio vedado a la comunidad por Joe Lewis, violentando incluso resoluciones judiciales, muestra la complicidad del poder econÃģmico, en este caso extranjero, con sectores de la corporaciÃģn judicial de nuestro paÃs.
Una vez mÃĄs, reclamamos la resoluciÃģn pacÃfica de los conflictos y la libertad de las detenidas de la comunidad que continÚan detenidas.
Como hacemos cada aÃąo desde 2016, denunciamos la existencia de presas y presos polÃticos en nuestro paÃs. La mÃĄs emblemÃĄtica de ellas, Milagro Sala, quien junto con otras compaÃąeras y compaÃąeros de la Tupac, lleva ya siete aÃąos detenida injustamente en la provincia de Jujuy. Frente al agravamiento de su estado de salud, y agotadas las instancias judiciales, reclamamos al Presidente de la NaciÃģn que resuelva la libertad para Milagro Sala sin haber recibido al dÃa de hoy una respuesta a nuestro reclamo. Pero la persecuciÃģn de la corporaciÃģn judicial se extiende a la justicia federal e incluso provincial, y es padecida por luchadores y luchadoras populares y referentes de la polÃtica a travÃĐs del lawfare con causas judiciales armadas y que no cuentan con ninguno de los requisitos del debido proceso, entre las que se encuentra la persecuciÃģn sufrida por la Vicepresidenta Cristina FernÃĄndez.
Atravesamos una situaciÃģn internacional signada por la postpandemia, las crisis humanitarias, las guerras, la apariciÃģn de expresiones polÃticas de ultraderecha y neofacistas. El enfrentamiento bÃĐlico entre Rusia y Ucrania ha dejado al descubierto el rol que juega Europa, defendiendo los intereses norteamericanos y presagia un nuevo reordenamiento de las potencias mundiales sin que se sepa a ciencia cierta cuÃĄles serÃĄn las consecuencias a nivel planetario, y en donde los instrumentos internacionales, como la ONU, estÃĄn demostrando su inutilidad para lograr la paz y sojuzgamiento a Estados Unidos, una de las potencias en conflicto.
Este escenario es aprovechado por los fundamentalismos religiosos y los autodenominados libertarios que crecen en toda la regiÃģn, y que se muestran como apartidistas, antipolÃticos o antisistema cuando en realidad son parte de la estructura polÃtica de dominaciÃģn y disciplinamiento social y buscan alcanzar espacios de poder incidiendo en las polÃticas pÚblicas o marcando las agendas gubernamentales.
AmÃĐrica Latina hoy muestra procesos de recuperaciÃģn de la democracia, la soberanÃa y la autodeterminaciÃģn, como Brasil con Lula, Colombia con Petro y Francia MÃĄrquez, Bolivia con Arce y Chile con Boric. Pero, recientemente, en nuestra Patria Grande tambiÃĐn hemos sido testigos de los fallidos intentos de femimagnicidio contra Cristina FernÃĄndez y Francia MÃĄrquez, el intento de golpe de Estado contra el gobierno encabezado por el compaÃąero Lula y el golpe de Estado en PerÚ, que mantiene preso al Presidente Pedro Castillo.
Denunciamos: basta de persecuciÃģn y muerte a los hermanos y hermanas peruanas.
Vamos a seguir cuidando esta democracia en la Argentina y en toda la Patria Grande, siempre, porque cuando lo hacemos estamos honrando la memoria de quienes lucharon por una Patria libre, justa y solidaria; porque cuando lo hacemos reclamamos que se terminen las prÃĄcticas y discursos de odio y negacionismo, como llamar âcurroâ a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia; porque ya salimos del silencio y no vamos a volver Nunca MÃĄs; porque como pueblo nos hemos ganado el derecho a tener un Poder Judicial al que podamos llamar Justicia y que no sea una sucursal de las corporaciones, funcionando como el brazo judicial de la persecuciÃģn; porque queremos un pueblo feliz y para eso tiene que haber pan y trabajo.
A 47 aÃąos del golpe genocida, construyamos una Patria para el pueblo.
Con Memoria, con Verdad y con Justicia. Siempre.
Lo repetimos acÃĄ, en esta Plaza, ÂĄSON 30.000 Y ESTÃN PRESENTES!
RestituciÃģn de la identidad de las nietas y nietos
Libertad a las presas polÃticas y los presos polÃticos
Juicio y castigo a los genocidas y a todos los partÃcipes civiles
ÂĄNUNCA MÃS EL SILENCIO!
ÂĄ30.000 DETENIDOS-DESAPARECIDOS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!
ÂĄ30.000 DETENIDAS-DESAPARECIDAS: PRESENTES, AHORA Y SIEMPRE!