El analista político analizó en el programa Animales Sueltos las operaciones políticas y mediáticas para que la Procuradora General de la Nación Abandone su cargo. En los estudios de América, el escritor señaló: “El ministerio de Comunicación ya no tiene sentido". Mirá el video.

El periodista, analista y escritor, Jorge Asís, en el espacio que mantiene en el programa de Alejandro Fantino, sostuvo que "La caída de Gils Carbó es el último mandado que Macri le puede hacer a Clarín", señaló Asís. Y agregó: "Él también (por el presidente) se la quiere cargar".

¿Por qué el último?, le preguntó el conductor. "Porque ya le dio todo a Clarín y más. El ministerio de Comunicación ya no tiene sentido", deslizó.

Tras las diferentes operaciones realizadas para deponer a la procuradora general de la Nación, desde la administración de Cambiemos se busca que la causa por supuestas irregularidades en el compra de un inmueble avance para que la alta funcionaria abandone su cargo.

El fiscal federal Eduardo Taiano presentó este martes, al juez federal Julián Ercolini, un pedido de declaración indagatoria a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la causa que investiga supuestas irregularidades en la compra de un edificio para el organismo.

Ahora Ercolini evaluará el dictamen de Taiano y decidirá si la cita como imputada por la adquisición del inmueble de la calle Perón 667, Capital Federal, por la que se pagó unos 43,8 millones de pesos, reveló hoy el sitio Portal de Noticias.

Por su parte, Gils Carbó le dijo a Radio Con Vos que “el fiscal Taiano está sufriendo enormes presiones para citar a está Procuradora a indagatoria y para que solicite mi procesamiento.”

En ese sentido, denunció: “El caso Odetbrech es uno de los motivos por el cual Macri me quiere desplazar”. También consideró que se puede deber a sus “dictámenes sobre el encarcelamiento de Milagro Sala y los tarifazos”.

Luego reveló: “El mismo Macri dijo que como Procurador quiere un hombre de su confianza”.

En ese sentido, el diputado nacional y consejero de la Magistratura Pablo Tonelli afirmó que no descarta “para nada” que la procuradora sea destituida por decreto y afirmó a FM Blue que “hay jurisprudencia muy añeja” de la Corte Suprema de Justicia que así lo establece.

El Gobierno nacional intenta por todos los medios desplazar a la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Incluso, el diputado nacional de Cambiemos Pablo Tonelli reconoció que podrían hacerlo por decreto. El Colectivo Ni Una Menos, víctimas de la violencia institucional y especialistas, entre otros, cuestionaron con dureza al Ejecutivo.

"Llama la atención la amenaza de que se manejará el MPF por decreto y se desplazará a sus funcionarios y funcionarias", aseguró por su parte el colectivo Ni Una Menos. Que además reconoció el trabajo de Gils Carbó: "Lleva a cabo numerosas acciones concernientes a la defensa y el cuidado de los derechos de los y las ciudadanos y ciudadanas del país".

Entre las críticas a la decisión del macrismo se encuentra la de especialistas en el tema. En ese contexto, el constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que "es un atropello". "Estamos asistiendo a un derrumbe institucional", describió.

En el mismo sentido se expresaron familiares de víctimas de la violencia institucional: "Estamos ante un nuevo intento que pretende desconocer las reglas que regulan el normal funcionamiento de las instituciones y de la democracia", señalaron.

Por último, también se expidieron en apoyo a Gils Carbó los curas villeros: “Como curas en los barrios somos testigos de los enormes aportes y servicios que brinda el programa ATAJO (Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia), por ejemplo, y del poco apego a la misma de grandes sectores del Poder Ejecutivo".

El diputado por Cambiemos aseguró que no descartan "para nada" el desplazamiento. Explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público "es inconstitucional". De instituciones fuertes a la monarquía macrista.

El diputado por Cambiemos e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, aseguró este martes que no descartan "para nada" que el Gobierno destituya por decreto a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y aseguró que ya hay antecedentes. En ese sentido, recordó que "el deseo" del Ejecutivo "desde el primer momento" fue remover a la jefa de los fiscales, y explicó que la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que la remoción debe hacerse a través de un juicio político, "es inconstitucional".

"No lo descarto para nada", sostuvo el legislador al ser consultado en radio Blue sobre si el presidente Mauricio Macri podría recurrir a un decreto para sacar del cargo a Gils Carbó, tal como trascendió en los últimos días.

Tonelli resaltó que el Gobierno "siempre expresó desde el primer momento el deseo de que Gils Carbó deje de ser la Procuradora" porque la consideran "absolutamente parcial, carente de idoneidad, que orienta las investigaciones para favorecer a sus amigos y perjudicar a sus adversarios".

Además, explicó que no es necesario recurrir al juicio político para la destitución porque, según su análisis, la Ley Orgánica del Ministerio Público que lo establece es "inconstitucional".

"El mecanismo de juicio político para remover al Procurador General de la Nación está previsto en la Ley orgánica de la propia Procuración. Pero hay jurisprudencia de la Corte Suprema sobre que ese procedimiento solo lo puede establecer la Constitución, y si eso no ocurre, el hecho de que lo establezca la ley es inconstitucional y no sería aplicable", aseveró.

De todas formas, aclaró que "nunca" hicieron "ninguna maniobra" ante la Justicia para impulsar o acelerar algún proceso en contra de la titular del Ministerio Público, nombrada en el cargo en 2012 durante la segunda presidencia de CFK.

La jefa de los fiscales aseguró que no seguirá las operaciones mediáticas y políticas por parte de Cambiemos que le reclama que dimita de su cargo. La alta funcionaria está trabajando con el acceso de los fiscales a los documentos del caso Odebrecht

La procuradora Alejandra Gils Carbó respondió este martes  a las intenciones del Presidente de la Nación, Mauricio Macri de abandonar su cargo.

“No voy a renunciar ni planeo jubilarme. Una excesiva concentración de poder no es buena para la República. A nadie debería gustarle una excesiva concentración de poder”, dijo la jefa de los fiscales de la Nación.

En declaraciones radiales Gils Carbó relató que se encuentra trabajando para que los fiscales argentinos puedan tener acceso a la documentación del caso Odebrecht, y el jueves que viene se reunirá con el fiscal general brasileño Rodrigo Janot para “ver cómo puede él generar un ámbito para favorecer la cooperación”.

En ese sentido manifestó: “Voy a tratar de destrabar el bloqueo de la información y avanzar en la formación del equipo binacional de fiscales argentinos y brasileños”.

El objetivo es que la justicia argentina pueda acceder a información a pesar de los convenios (de inmunidad). “Lo único que puedo hacer es poner a disposición todos los mecanismos institucionales para lograr la colaboración del ministerio público brasileño”, dijo la funcionaria.

En el caso de las causas que es investigada por la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, explicó: “Yo pedí ir a la bicameral a responder todas las preguntas que tuvieran y suspendieron la audiencia a pedido de legisladores de Cambiemos. No volvieron a citarme”.

El periodista de Clarín escribió un artículo sobre la la Procuradora General de la Nación, donde afirma que alquiló un edificio por 6.500.000 pesos. Vía twitter, el ex jefe de Gabinete le explicó al comunicador que dicho contrato “se rescindió por razones de oportunidad, mérito y conveniencia".

 

Aníbal Fernández se cruzó con el periodista Nicolás Wiñaski por una nota que escribió en el diario Clarín contra la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, refiriéndose al alquiler de un edificio por 6.580.000 pesos.

"Si uno no conoce de qué está hablando, puede llegar a tragarse lo que dice. Si conoce un poquito la cosa, se dará cuenta que Wiñaski vende humo: el contrato se rescindió por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, toda vez que sus amigos del Gobierno suspendieron por decreto (materia penal) la implementación del Código Procesal Penal", respondió el ex funcionario.

Aníbal Fernández además explicó que el edificio iba a utilizarse, porque el cambio de sistema inquisitivo por el de acusación obligaba a incorporar mayores recursos físicos y humanos.

En respuesta al comentario, el periodista le escribió un escueto mensaje: "Wiñazki es con "z". El alquiler del edificio se rescindió con esa excusa. Pero se alquiló con otra. Abrazo".

 

Alejandra Gils Carbó consideró que la líder de la Tupac Amaru cuenta con la inmunidad que le confiere su condición de parlamentaria del Mercosur y que no fueron acreditados los riesgos que justificarían su encarcelamiento. Ahora deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.

Milagro Sala, presa política en Jujuy del gobernador Gerardo Morales y el presidente Mauricio Macri, obtuvo hoy dos dictámenes favorables por parte de la Procuración General de la Nación.

En su pronunciamiento a pedido de la Corte Suprema, la procuradora Alejandra Gils Carbó sostuvo que la detención de la dirigente de la Tupac Amaru “es ilegal y debe ser dejada sin efecto”, ya que cuenta con inmunidad de arresto en su carácter de parlamentaria del Mercosur. También consideró que la Justicia jujeña no fundó los riesgos procesales que justificarían la prisión preventiva desde enero de 2016.

Ambas decisiones se dieron en el marco de los recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala ante la Corte contra sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia provincial.

“La inmunidad de arresto otorgada a los parlamentarios del Mercosur tiene por objeto garantizar el desempeño de la función encomendada por la soberanía popular”, explicó la jefa de los fiscales y agregó que “el artículo 16 de la ley 27.120 no configura una prerrogativa personal, sino que se trata de una garantía funcional prevista a fin de consolidar el proceso de integración regional y que no vulnera la igualdad ante la ley”.

En cuanto a la prisión preventiva, Gils Carbó dijo que es “arbitraria” porque “tuvo por acreditada la probabilidad de que la recurrente entorpeciera la investigación de los hechos a partir de ciertas denuncias y declaraciones testimoniales que no tienen vinculación con la existencia de ese riesgo procesal”.

La procuradora recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han destacado que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, y que es legítima cuando tiene por objeto asegurar que el imputado no obstruya el desarrollo del proceso o eluda la acción de la justicia.

“El tribunal regional ha establecido que ‘cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención’. De tal forma, este caso podría comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional”, subrayó.

Gils Carbó citó, además, la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas, que en octubre del año pasado declaró “arbitraria” la detención de la dirigente y exigió su liberación inmediata: “Pareciera que las acciones legales y procesales [en contra de la señora Sala] se aceleraron a partir de la protesta social iniciada en el mes de diciembre” de 2015 y que “se pudo observar que jueces y fiscales asignados para el conocimiento de las acusaciones, fueron seleccionados e iniciaron funciones para delitos que no se ajustan a los criterios de urgencia o que pudieron haber esperado a que concluyera la feria judicial”.

El dictamen para sacar a Gils Carbó que cuenta con la aprobación de la mayoría en el Congreso, elimina la única unidad del país que investiga violencia contra las mujeres.

Por primera vez y ante el atroz crimen de una adolescente en Mar del Plata, el colectivo #NiUnaMenos, junto a agrupaciones feministas y de derechos humanos, convocaron a un paro de mujeres y marchas por todo el país.

En este contexto, y casi como una provocación, el Gobierno obtuvo dictamen en el Congreso de un proyecto de modificación del Ministerio Público Fiscal que elimina la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), única en el país dedicada a la investigación de femicidios.

El objetivo de la administración macrista es modificar la ley Orgánica del Ministerio Público, que es la que establece los lineamientos de su política criminal y con esto cercenar las atribuciones de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. De esta manera la resolución termina eliminando la UFEM.

Según indicó el periodista Ariel Lijalad en Nuestras Voces, la UFEM fue creada por la Procuradora Gils Carbó el 29 de junio de 2015 por la Resolución 1960/15. La procuradora había indicado que “la importancia de considerar la violencia contra las mujeres por razón de su género en todas sus manifestaciones, se asienta en la urgencia de identificar los patrones que se encuentran más naturalizados pero que sostienen los mecanismos más eficientes de control social y de reproducción de las desigualdades”, y agregó: “Se trata de un fenómeno de extrema gravedad, que trasciende el ámbito doméstico y atraviesa todos los espacios en los que se desenvuelven las mujeres en la sociedad, enquistado en la propia raíz patriarcal que la rige”. Y no sólo para las mujeres, ya que el trabajo de la UFEM abarca la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales”.

El proyecto fue presentado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, el cual determina que el procurador puede crear unidades fiscales especializadas como la UFEM. Sin embargo es una propuesta que debería someterse a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público y si dentro de los 30 días hábiles la Comisión no se expide queda automáticamente aprobada.