De los $772 millones distribuidos por la Nación en 162 partidas, $513 millones fueron a intendencias del oficialismo. La obra pública como herramienta de campaña y de castigo.

Lejos quedaron los tiempos en los que el PRO reclamaba acceso a la información y transparencia en la transferencia de los fondos del Tesoro Nacional. Ahora es el macrismo el que usa los fondos para beneficiar a los propios y castigar a los díscolos, en busca de apuntalar sus campañas en un año electoral.

De las 162 partidas a localidades en todo el país que recibieron $772 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante los primeros 5 meses de 2017, la mayor parte fue a intendentes de Cambiemos: unos $ 513,9 millones. En cambio, a los alcaldes del peronismo, en todas sus variantes nacionales, se les transfirieron unos $ 207,7 millones. Finalmente, a "otros" que pueden ostentar la administración de su provincia, como los socialistas santafesinos o el dasnevismo en Chubut apenas recibieron unos $ 50,6 millones.

Los datos los dio a conocer hoy El Cronista y surgen de uno de los anexos entregado en su último informe al Congreso por el Jefe de Gabinete Marcos Peña.

Desagregado el mapa de los ATN, justificando las asistencias como E ("emergencia") o D ("desequilibrio financiero"), se tratan de 87 partidas dirigidas a municipios del oficialismo, 49 para el PJ y 26 para otros colores políticos. Para graficar, en la provincia de Buenos Aires (que el año pasado recibió $ 1927 millones de una torta de $ 4683 millones, según otro anexo oficial), se distribuyeron $ 144 millones en 23 partidas a municipios de Cambiemos.

También, en el mismo documento oficial, se detallan transferencias a gobiernos provinciales (como marca la ley) por más de $ 1000 millones. Entre ellas, las más beneficiadas fueron Jujuy, controlada por el radical Gerardo Morales, con tres pagos por $ 300 millones (el 19 de enero, el 16 de febrero y el 5 de junio); y la Mendoza de su correligionario Alfredo Cornejo, con un abono de $ 200 millones el 16 de febrero. La otra cara de la moneda: Catamarca de la peronista Lucía Corpacci recibió un par de ayudas: una el 7 de abril por $ 2 millones y otra el 16 de mayo por $ 20 millones.

La ley 23.548 de Coparticipación Federal, de 1988, creó un fondo de ATN para que el Estado distribuyera ante "situaciones de emergencia y desequilibrios financieros". Desde el menemismo hay denuncias de su uso discrecional y el "republicanismo" de Cambiemos lejos de transparentar la situación, la tiño de más oscurantismo.

Se trata de Norberto Bianco, el médico del centro de detención de Campo de Mayo, acusado de apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina durante la dictadura militar.

Tras al fallo de la corte que declara aplicable el beneficio del 2×1 para las pena de prisión por delitos de lesa humanidad, fue liberado el obstetra de la ESMA, Norberto Bianco, tras cumplir dos tercios de su condena. El pasado 18 de abril recibió por parte de la Cámara de Casación Penal la confirmación de la condena de 13 años dictada a fines de 2014. Sorpresivamente en el día de ayer, en otro atropello al compromiso que adoptaría el estado durante el pasado gobierno de honrar la memoria, verdad y justicia; el poder judicial otorgó la libertad al médico que lideraba el grupo de encargados de participar en los partos, y de entregar los bebes a los apropiadores durante la dictadura.

El Nunca Más, documento clave en la defensa de los derechos humanos y en los juicios contra los responsables de la última dictadura militar, relata que en marzo de 1997 el juez federal de San Isidro, Roberto Markevich, declaró culpable a Norberto Bianco de falsificar los documentos de Carolina Susana (6 de octubre del '76) y Pablo Hernán (27 de septiembre del '77) para luego inscribirlos como hijos legítimos.

En marzo de 1999, tras declarar que no son los padres biológicos de Pablo y Carolina, el juez Markevich señalaba que “las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que Bianco desempeñaba su actividad profesional durante el período en que los menores nacieran, la existencia de un Centro Clandestino de Detención en el destacamento militar de Campo de Mayo, apoyado en la concordancia existente con el resto de elementos probatorios colectados, son indicios suficientes que permiten afirmar en que los menores inscriptos son hijos de mujeres víctimas de otra desaparición forzada durante el último régimen militar".