El CEOministro intenta desmantelar el call center de la cartera y echar a 140 trabajadores estatales, entre ellos varios delegados de ATE. Denuncian que el Gobierno ya despliega efectivos policiales con la intención de reprimirlos.

Los empleados del sector de call center del Ministerio de Energía tomaron la sede de la cartera en defensa de los puestos de trabajo, luego de una reunión esta mañana en la que los funcionarios de Juan José Aranguren les confirmaron el desmantelamiento del área.

“Nos dijeron que no iban a dar marcha atrás y que la decisión se tomó en el marco del ajuste del Estado porque tienen que buscar más eficiencia”, dijo Leonardo Pérez Martínez, de la junta interna de ATE, tras informar que el ministro y ex CEO de la Shell pretende despedir a 140 empleados.

Pérez Martínez alertó que el recorte en el sector traerá “serios problemas” para los usuarios “más sensibles” que necesitan tener esta vía de comunicación para poder pedir inmediatamente que las empresas restablezcan sus servicios.

“Desde acá atendemos llamadas de electrodependientes, gracias a nuestra intervención se envía un pedido de alerta inmediato a las empresas”, sostuvo en diálogo con el diario Página/12 y destacó que desde ese lugar, en el que recibieron en el año “más de 500 mil llamadas”, también se tramita el Programa Hogar, para que los hogares de bajos recursos sin acceso a la red de gas natural puedan pedir garrafas de forma gratuita.

Las autoridades del ministerio habían firmado un acta el año pasado en la que se comprometían a pasar de a poco a los trabajadores, contratados como monotributistas, a un mejor régimen de contratación. Pero ahora no solamente están incumpliendo este compromiso, sino que decidieron directamente despedir a todos los trabajadores, entre ellos varios delegados.

Los trabajadores denunciaron, por último, que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ordenó movilizar "a Infantería y amenaza con reprimir".

Para los usuarios de Edenor y Edesur, las subas irán del 39% al 47%. En el caso del gas, las facturas llegarán con un aumento promedio del 45%.

El Gobierno de Mauricio Macri oficializó hoy en el Boletín Oficial los nuevos tarifazos en los servicios públicos de luz y gas, dispuestos por el ministro de Energía, Juan José Aranguren.

Según lo anunciado, las subas que rigen en las boletas de la luz irán del 39% al 47% para los usuarios de Edenor y Edesur.

El ENRE informó que por un consumo de 150 kilovatios se van a pagar desde hoy $200 + impuestos, por 300 kilovatios $450 y $573,22 con IVA y tributo municipal, mientras que para los consumos de 600 kilovatios mensuales las boletas serán de $1.100 y de $1.401, tomando los impuestos.

En el caso del gas, a partir de ahora, un hogar de la categoría R1 que consume hasta 500 metros cúbicos anuales, pagará por 25 metros cúbicos mensuales $201 con impuestos incluidos (un 58% de incremento).

La categoría R23, que usa hasta 1.000 metros cúbicos anuales por 85 metros cúbicos mensuales, pagará $596 con impuestos incluidos, con un alza del 55,2%.

En tanto, para un hogar de familia de la categoría R31 que usa hasta 1.250 metros cúbicos anuales, el alza se estima en un 44,3%, y para los R34, con un uso de más de 1.800 metros cúbicos anuales, el aumento se calcula en un 40,2%

En la luz habrá un nuevo tarifazo a partir de febrero, mientras que en el caso del gas se aplicará otro aumento similar en abril próximo, lo que para el invierno significará que se pague el doble que un año antes.

Se aplicará en dos tramos a partir de diciembre para los usuarios de Edenor y Edesur. El aumento para los hogares y comercios que consuman más de 150 kilovatios hora durante el mes será mayor. Este nuevo aumento se suma al del gas, que subirá del 45 al 58%.

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, determinó un tarifazo eléctrico del 39% en el primer tramo de diciembre y de 18% en el segundo de febrero de 2018. De esta forma los usuarios de Edenor y Edesur deberán pagar facturas con un aumento total del 57%.

La suba para los hogares y comercios que consuman más de 150 kilovatios hora durante el mes será mayor, según los datos revelados por la administración de Mauricio Macri en la Audiencia Pública que se llevaba adelante este viernes en el Palacio de las Aguas Corrientes de esta capital.

En tanto, fuera del área metropolitana, el tarifazo será de hasta el 38% en diciembre y febrero próximos, según anunció hoy el subsecretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, en el marco de la audiencia.

El funcionario justificó los mayores aumentos en Capital y el Conurbano bonaerense en la “normalización” del valor agregado de distribución (VAD), tal como se hizo en los últimos años en las compañías eléctricas provinciales.

Las empresas distribuidoras del interior del país venían actualizando el VAD al ritmo de la inflación, aunque ahora tendrán un incremento 14 puntos superior al índice de precios, que se estima que cerrará en 24% en 2017.

El tarifazo eléctrico se suma al del gas, que se estableció en 45% para los hogares y en 58% para los comercios. Desde diciembre de 2015, cuando asumió Macri, el servicio subió más de un 600%.

Lo acusan de no incluir en las declaraciones juradas sus antecedentes laborales con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited.

El senador por Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas denunció penalmente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por violar el artículo 12 de la Ley de Ética Pública al no incluir en su declaración jurada sus antecedentes laborales y su vínculo con empresas offshore.

"Mintió sobre la provisión de gas de Bolivia, con los contratos que firmó a precios inflados con las empresas chilenas que representan a Shell, y ahora lo vuelve a hacer", dijo el legislador al rdicar la denuncia en Comodoro Py.

En la presentación, que recayó en el juzgado federal 1 de María Servini de Cubria, Solanas acusa a Aranguren de no incluir en las declaraciones juradas sus antecedentes laborales con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC, y Sol Antilles y Guianas Limited, reveladas en los Paradise Papers.

A su vez, sostiene que "el ministro violó la Ley 25.188 de ética en el cumplimiento de su función pública porque una de las empresas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte del actual Gobierno".

"En cualquier Gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa", sentenció el senador y finalizó: "¿Qué está esperando (el presidente) Mauricio Macri para pedirle la renuncia?", sentenció Solanas.

En medio del escándalo financiero de los Paradise Papers, la vicepresidenta trató de defender a Luis Caputo, uno de los ministros involucrados con oscuras guaridas fiscales.

Tras conocerse que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, administró Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de la ciudad estadounidense de Miami vinculada a Delaware y las Islas Caimán, la vicepresidente Gabriela Michetti dijo que es “una persona absolutamente correcta que justamente lo que ha hecho es tratar de ayudar a la Argentina en estos procesos de cambio”.

Así trató de defenderlo al ser consultada por el diario El Tribuno, de Jujuy, donde además consideró que “no hay por qué cuestionar ese tema de las sociedades offshore”.

“Asesorar a alguien para que trabaje con sociedades offshore no necesariamente es ilícito, lo que sí es ilícito es no declararlas”, agregó Michetti en otra de sus insólitas frases, sin tener en cuenta que la participación de Caputo en Noctua Partners no era conocida hasta que quedó en evidencia en las nuevas filtraciones de paraísos fiscales denominada Paradise Papers, a las que tuvo acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Hoy se reveló, además, que otro de los ministros involucrados es Juan José Aranguren, ministro de Energía y ex titular de Shell, quien habría sido el director de una sociedad offshore creada en Barbados para proveer gasoil a América Latina.

Durante el gobierno de Mauricio Macri, esta sociedad “ganó 13 contrataciones para proveer al Estado”, según la información que reveló la periodista Mariel Fitz Patrick, integrante del ICIJ.

A la hora de defender a funcionarios o medidas antipopulares del Gobierno del que forma parte, Michetti no deja de sorprender.

El mes pasado, la vicepresidenta justificó la decisión de Aranguren de liberar el mercado interno de combustibles asegurando que era “a favor de los ciudadanos, no en contra”.

Michetti explicó en esa oportunidad que el Estado “se corre de ser el garante del precio” del combustible, porque si esto no ocurría iba a ser “perjudicial para los ciudadanos, porque si el precio tiene que bajar y el garante está haciendo que el precio sea más alto, es una locura”.

Lo cierto, tras la aplicación de la medida, es que los ciudadanos fueron los principales afectados, ya que las petroleras esperaron hasta después de las elecciones legislativas para imponer un tarifazo de entre el 9% y el 12%.

Aranguren fue director de una sociedad offshore radicada en Barbados que era subsidiaria de la empresa Shell. Su nombre aparece junto al del ministro de Finanzas, Luis Caputo, en las filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Ya son dos los CEOministros de Mauricio Macri relacionados al entramado de sociedades offshore. Tras el escándalo que salpicó al titular de Finanzas, Luis Caputo, vinculado con una gerenciadora de fondos de inversión de Miami ligada a Delaware y a las Islas Caimán, trascendió que el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, fue director de una sociedad radicada en Barbados que era subsidiaria de la empresa Shell.

Durante el gobierno de Cambiemos, esta sociedad “ganó 13 contrataciones para proveer al Estado”, según la información que reveló la periodista Mariel Fitz Patrick, integrante del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Si bien el ministro ya no forma parte de la sociedad creada en 1996, la firma sigue operando para mantener negocios con el país. En mayo de 2016, Aranguren fue denunciado penalmente por beneficiarse con el tarifazo de gas.

Además de ambos ministros macristas, el ICIJ dio a conocer el nombre del Alan Faena, con sociedades en Islas Caimán e Islas Vírgenes que utilizó para distintas inversiones inmobiliarias en Puerto Madero. También el financista Ignacio Jorge Rosner, titular del fondo de inversión OP Investments, interesado en el Grupo Indalo.

Asimismo, aparecen el secretario de Comercio de Trump, Wilbur Ross, y el Secretario de Estado de EEUU, Rex Tilerson, asi como George Soros, Paul Allen (Cofundador de Microsoft), Apple, Nike, Glencore Argentina y Carlos Slim, Goldman Sachs, BNP, HSBC, entre otros.

Líderes latinoamericanos como el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos; el ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, también conocido como el “Rey de la soja” y el ministro de Hacienda de Brasil, Henrique Meirelles, son otros de los nombres del escándalo.

Por otro lado, se publicaron los nombres de celebridades como Madonna, Bono, la actriz británica Keira Kinghtley y el corredor de Formula 1, el británico Lewis Hamilton. También trascendió el nombre del paraguayo Juan Ángel Napout ex presidente de Conmebol y ex vicepresidente de FIFA, que se encuentra preso en Estados Unidos.

El fuerte aumento, que corresponde a los usuarios de Edenor y Edesur, se aplicará en dos etapas a partir del 1° de diciembre. Los datos forman parte del informe del ENRE para la audiencia pública que se realizará en dos semanas.

Un nuevo tarifazo en la luz, impulsado por el CEOministro de Energía, Juan José Aranguren, golpeará con fuerza a las familias de Capital Federal y el Gran Buenos Aires antes de fin de año.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer que desde el 1 de diciembre las tarifas de Edenor y Edesur aumentarán en un 39% para consumos de hasta 400 kwh por mes, en un 38% para un gasto de 400 a 600 kwh mensuales, y en un 47% para los que utilicen más de 600 kwh.

La información se conoce antes de la audiencia pública del 17 de noviembre, donde se formalizará el incremento y donde además se contemplará la segunda parte del tarifazo que se aplicará a partir del 1 de febrero de 2018.

Para ese mes se contemplan subas del 16% para consumos residenciales de hasta 400 kwh,  del 14% para los consumos de 400 a 600 kwh, y de 27% para los usuarios con más de 600 kwh.

De esta forma, el aumento total entre las dos etapas será del 61%, 57% y 86%, respectivamente.

Según el ENRE, las subas de diciembre están determinadas por un incremento del 35% en los precios mayoristas para pequeñas y medianas demandas, y del 25% para los usuarios con demandas superiores a 300 kW/mes, así como una propuesta de asignación para el transporte en alta tensión presentada por el Ministerio de Energía de $31,3 /megavatio para el área metropolitana.

Mientras tanto, para calcular las tarifas de febrero, el organismo estimó un ajuste del 10,9% considerando el semestre agosto-enero sobre el costo de distribución correspondiente a la tercera fase de la revisión tarifaria, y un incremento adicional del 20% en el precio mayorista.

A través de un decreto, el presidente dispuso que el Ministerio de Energía ponga en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de las centrales que están en manos del Estado.

El presidente Mauricio Macri autorizó al CEOministro de Energía, Juan José Aranguren, a privatizar total o parcialmente las centrales de generación eléctrica Manuel Belgrano, José de San Martín, Vuelta de Obligado y Guillermo Brown.

También habilitó la venta de las acciones estatales en Central Dique SA, Central Térmica Güemes SA, Central Puerto SA, Centrales Térmicas Patagónicas SA, Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por distribución troncal de la Patagonia SA y Dioxitek SA.

A través del decreto 882/2017, el presidente dispuso que el ex CEO de la Shell ponga en marcha “las medidas necesarias para la venta, cesión u otros mecanismos de transferencia” de esas centrales.

Además, se oficializó el cambio de nombre y ampliación de Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), desde la cual durante los últimos años se promovió el desarrollo y amplió la capacidad del sistema interconectado nacional, que presta servicio eléctrico en todo el país. A partir de ahora, esa compañía estatal se llamará Integración Energética Argentina S.A. y absorberá a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A (Ebisa), que comercializa la energía producida por Yacyretá.

El decreto también establece que la nueva sociedad anónima se desprenda de los activos del Estado en las centrales térmicas de generación eléctrica Ensenada de Barragán y Brigadier López, de los activos y los derechos correspondientes al proyecto Central Termoeléctrica Manuel Belgrano II, así como la participación accionaria de la ex Enarsa en Compañía Inversora de Transmisión Eléctrica Citelec Sociedad Anónima.

Por último, se determinó el cambio de nombre de las represas radioeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, ubicadas sobre el Rio Santa Cruz, que pasarán a llamarse Cóndor Cliff y Barrancosa.

Una reflexión sobre el desafuero y encarcelamiento de Julio De Vido, el segundo preso político en la Argentina de Macri.

(Por Federico Bernal *) El juez Luis Rodríguez -el mismo que decidió privar de la libertad al diputado nacional Julio De Vido-, lleva la causa 5.611/2016 contra Juan José Aranguren en la que se lo acusa (e investiga) de haber incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Por dicha causa, el CEO-ministro fue imputado por el fiscal Carlos Stornelli en junio del año pasado. Hablamos del camarista que ordenó al mencionado juez se "promueva su desafuero para proceder a una limitación de su libertad personal" (textual del fallo; pág. 3). Citamos el argumento central para esta absoluta violación al Estado de Derecho y las mínimas garantías constitucionales de las personas, según consta en el fallo de la Cámara Criminal y Correccional Federal (Sala 2) que ordena el desafuero y la detención de De Vido (el subrayado es nuestro): "… se impulse el desafuero del nombrado [Julio De Vido] al considerar…  los riesgos que su libertad supone , y sin poder descartar la fuga, alude además a la  posibilidad de entorpecer mediante la presión e influencia en posibles testigos, como así también a partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real ". Nos preguntamos a propósito: ¿Por qué no se echó mano a semejantes suposiciones para el caso de Juan José Aranguren, imputado como se dijo en la causa 5.611/2016? El ex ministro de Planificación es el segundo preso político en la Argentina de Macri. El gran botín: Cristina Fernández de Kirchner. Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

La causa en manos de Rodríguez -originada en la denuncia de los diputados del FpV, Doñate y Tailhade- fue ampliada en 2016 por la compra de gas a Chile. Pues bien, este Observatorio demostró una semana atrás (ver bibliografía) que, como consecuencia de no haber mantenido las tasas de crecimiento del 2016 (lo mínimo esperable del tarifazo y los nuevos precios del gas en boca de pozo), el gas "no producido" entre enero y agosto de 2017 fue importado en un 95% de Shell (vía Chile y a través de 22 embarques de GNL contratados a la empresa). En otras palabras, prácticamente la misma cantidad de gas que no se produjo el Estado lo compró a la empresa de la que el ministro fue CEO y accionista (durante buena parte del año pasado). El monto involucrado: cerca de 400 millones de dólares en apenas ocho meses.

Como sea, con la denuncia penal contra Aranguren -recordemos, vigente y por la que fue imputado- no apareció ningún fiscal ni juez ordenando al señor Luis Rodríguez pidiendo la renuncia de este funcionario al presidente Macri y su posterior detención. Claro, el diputado De Vido puede "presionar e influir posibles testigos", pero un ministro de la nación en ejercicio de sus funciones no. Más de la anarquía jurídica: "A partir de sus vínculos con reparticiones en las que conserve algún grado de incidencia real", De Vido podría "entorpecer" la investigación en marcha. Pero Aranguren nada, a pesar de ser la máxima autoridad energética de la República Argentina, a pesar de haber sido doce años CEO de Shell desde donde saltó al cargo que hoy ostenta; Aranguren nada de nada, con un ministerio que en agosto de 2016 fue allanado por orden del juez Rodríguez:

Aranguren nada de nada, insistimos, habiendo sido accionista de la referida empresa incluso siendo ministro (simultaneidad mantenida entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016), con el agravante además de desconocerse el destino de la supuesta venta de esas acciones y, más importante todavía, si podrá recomprarlas una vez finalizada su gestión.

Y del allanamiento a Shell como testigo… El juez Rodríguez, a fines de agosto del año pasado, citó como testigo al actual CEO de Shell, Teófilo Lacroze (ver imagen de abajo). Pero claro, Aranguren en calidad de ministro y con los lazos que él mismo reconoce tener con Shell y frente a lo cual aceptó excusarse de intervenir en cuestiones vinculadas con su anterior empleador, Aranguren no tiene influencia con ese testigo real y confirmado (no ya testigo "posible", como se supone con el caso De Vido).

En palabras del comunicado del Centro de Información Judicial sobre la citación al CEO de Shell (subrayado nuestro): "El juez Luis O. Rodríguez, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9, citó a prestar declaración testimonial al Sr. Presidente de SHELL Compañía Argentina de Petróleo SA, Teófilo LACROZE. La audiencia fue fijada para el próximo 8 de septiembre, en el marco de la causa n° 5611/2016  donde se investiga si el actual Ministro de Energía y Minería de la Nación, Ing. Juan José Aranguren, habría incurrido en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública , en relación con las decisiones adoptadas durante su gestión tendientes a beneficiar a la empresa Shell, entre ellas, la compra de gas a la República de Chile y el beneficio económico que habría obtenido al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC".

Interrogante del millón: entre el 29 de agosto que se formuló la citación a Lacroze y el 8 de septiembre que se fijó para la audiencia, ¿por qué ni a Stornelli ni al fiscal Germán Moldes ni a Martín Irurzun (ambos jueces también promotores del desafuero y la detención de Julio De Vido) se les cruzó por la cabeza que Aranguren -ex CEO de Shell y entonces accionista de la compañía- podría influenciar al testigo y CEO de Shell por las compras de gas a Chile, gas que a su vez le es vendido al país vecino por la mismísima Shell?

En suma, De Vido, uno de los ex funcionarios más perseguidos, atacados y vigilados por la prensa oficialista como por la administración Macri va preso para evitar "entorpecer" una de las causas contra él abiertas y en marcha. Pero el señor Aranguren, en una denuncia penal vigente contra su persona y por la que fue imputado, ampliada el año pasado, con su ministerio allanado, que involucra a la empresa que presidió durante más de una década y de la que además fue accionista en paralelo a su rol de ministro, empresa que desde la asunción de Mauricio Macri cuadruplicó -entre 2016 y 2017- su negocio de GNL con la Argentina, empresa de la cual se adquirió la casi totalidad del gas no producido por la insólita caída de las tasas de producción para los primeros ocho meses de este año por cerca de 400 millones de dólares, en fin, con todos estos elementos de prueba y sospecha parece impensado que Aranguren pueda llegar a "entorpecer" nada ni "presionar e influir posibles testigos", siquiera al actual CEO de Shell citado por el propio juez interviniente en la causa.

Otro capítulo escrito del Libro Negro de la Tercera Tiranía…

En TN, la inefable Elisa Carrió, anticipaba la archiconocida estrategia de ir por la presa mayor y su rutilante triunfo con la privación ilegítima de la libertad de Julio De Vido: "Vamos a ver cómo obra el Senado frente a un pedido de desafuero de la Justicia [a Cristina Fernández de Kirchner]… y creo que se lo van a dar… creo que va a pasar lo de De Vido".

Con la detención de De Vido consumada, y consultado en este sentido, el Jefe de Gabinete disparó: "Esa sensación de impunidad que se generó de que no se puede investigar al poder se está revirtiendo". El caldo de cultivo para ir por la gran presa dejó de cocinarse a fuego rápido; ahora hierve.

Milagro Sala fue y sigue siendo la primera prueba piloto; el ex ministro de Planificación Federal -segundo preso político en la Argentina de Macri-, es la escalada antes del gran paso de ir por la ex Presidenta.

Carentes de Estado de Derecho y de democracia real; absolutamente desprovistos de las más mínimas garantías constitucionales como es la libertad de las personas; víctimas asimismo de total anarquía jurídica como aquí se demuestra para el caso del señor Aranguren, así nos debatimos los argentinos y las argentinas por estas horas indignantes, horas que sentencian de muerte cualquier resabio de Justicia verdadera, y a la Nación como entidad genuinamente republicana y democrática.

Horas, en definitiva, que ya escriben uno de los capítulos más oscuros de la historia nacional, flamante contenido del Libro Negro de la Tercera Tiranía. Si su primera versión llevaba firma y prólogo de un dictador impuesto a través de un golpe de Estado, su edición del siglo XXI llevará la de un dictador impuesto por el fraude democrático.

(*) El autor es asesor del diputado y ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Dirige el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC).

El Gobierno lleva importados 1.578.066 metros cúbicos de crudo entre enero de 2016 y agosto de 2017. Este volumen representa un 4,2% superior a todo el petróleo comprado entre 2008 y 2015. El aumento de la importación beneficia a las grandes petroleras extranjeras en detrimento de YPF y las provincias hidrocarburíferas.

Los datos sobre la creciente importación de petróleo durante la gestión de Mauricio Macri corresponden al propio Ministerio de Energía de la Nación, a cargo del ex CEO de la Shell Juan José Aranguren.

El Gobierno lleva importados 1.578.066 metros cúbicos entre enero de 2016 y agosto de 2017 (inclusive), volumen que es un 4,2% superior a todo el petróleo comprado en el exterior entre 2008 y 2015, y equivale al 57% de las importaciones totales registradas durante los tres gobiernos kirchneristas.

Al analizar estos datos, el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) encontró que “la administración neoliberal” de Macri “había importado en su primer año de gestión un 215% más de crudo que en 2015, elevando a un inédito 3% la participación de las importaciones sobre la producción total”.

“En 2017, al ritmo de los intereses de una Shell apoderada del Ministerio de Energía, las compras de petróleo al extranjero se dispararon aún más. A mediados del corriente afirmábamos que las importaciones, entre enero y mayo de 2017, habían cuadruplicado las de igual período de 2015. En junio, ya alcanzaban un 90% del total del volumen importado entre 2008 y 2015 (con los últimos datos actualizados por el Ministerio, ese porcentaje en realidad fue del 94%). Pues bien, continuando esta insólita tendencia, en agosto de 2017 el macrismo, que supuestamente había venido para salvarnos de la debacle hidrocarburífera y reinstalarnos en la senda del autoabastecimiento marcó todo un récord histórico”, señaló OETEC.

Cristina Fernández de Kirchner, que se hizo eco de esta información durante su acto de esta tarde en Hurlingham, advirtió que “cuando importan petróleo es porque no están produciendo nuestros campos de petróleo, con lo cual se eliminan puestos de trabajo, las provincias hidrocarburíferas reciben  menos regalías y se van más dólares del país”.

“Hoy la producción de petróleo y gas es la más baja de los últimos 27 años”, sostuvo la candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana y preció que “el gas se lo compran a la British Petroleum, que es de la Shell”, multinacional vinculada a Aranguren.

En ese mismo acto, Cristina desmintió las justificaciones de Macri para avanzar con los tarifazos: “Era mentira que no había energía. El problema del aumento de la energía es porque los dueños de las empresas son ellos. Por eso han aumentado las tarifas y por eso las van a seguir aumentando”.