Tras una prolongada ausencia al frente del ministerio de Desarrollo Social, la funcionaria de Cambiemos aseguró que hay “diálogo” con las organizaciones sociales y que se sigue con “el cronograma establecido”. Internas entre organizaciones piqueteras que respaldan al Gobierno y las que lo critican.

La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, negó hoy que exista una “demora” en la reglamentación de la ley de Emergencia Social, sancionada en diciembre pasado por el Congreso.

Así respondió cuando fue consultada por las protestas que distintos movimientos sociales encabezaron esta semana debido a la falta de implementación de la norma.

La ausencia de Stanley al frente de la cartera de Desarrollo Social se debió a una operación realizada en los primeros días de 2017 en el Hospital Británico de la Capital Federal, en la que se le extrajo un nódulo pulmonar. Desde ese entonces el Ministerio brilló por su ausencia en las inundaciones, aludes e incendios que se registraron en varias provincias del país.

Según afirmó la funcionaria, desde su cartera está “en diálogo permanente” con las organizaciones. “No hay ninguna demora. A partir de la votación de la ley, seguimos en diálogo y con el cronograma establecido”, indicó en diálogo con radio La Red.

Además, Stanley contó que representantes de los movimientos estuvieron este miércoles “en el Ministerio reunidos” y que con ella vienen “trabajando sobre los plazos previstos para la reglamentación”.

No obstante, remarcó que “hay que tener en cuenta que hay que convocar a funcionarios de otros ministerios también para discutir los alcances de la norma sobre lo que implica una nueva organización de la economía popular”.

Respecto a esos “diálogos” que se llevan a cabo con el Ejecutivo nacional y algunos movimientos sociales,el referente del Evita, Emilio Pérsico aseguró que el gobierno compra "paz social" y que  "tiene que hablar con nosotros porque representamos a 4 millones de tipos. Fue un avance que una paritaria para la economía popular".

Por su parte, el dirigente del Barrios de Pie, Daniel Menéndez, en disidencia con Pérsico, insistió en su defensa al Gobierno, pese a los "intentos" por cambiar "los convenios para quitarle algunos derechos a los trabajadores y bajar el costo laboral".

Además de minimizar "algunos despidos que vienen desarrollándose", el titular de Barrio de Pie sostuvo que ven "un intento mucho más nítido de introducir una serie de debates sensibles, como ocurre con la imputabilidad de los menores y el ingreso los inmigrantes".

Tras la sanción de la Emergencia Social, el Gobierno Nacional postergó indefinidamente su reglamentación. La dilación de Macri para poner en funcionamiento la norma generó descontento en las organizaciones sociales y desde esta mañana con una olla popular frente al Obelisco se abrió una jornada nacional de protesta de Barrios de Pie.

Militantes Barrios de Pie instalaron en la mañana de hoy una olla popular en la Plaza de la República, frente al Obelisco porteño, en el inicio de una jornada de protesta en reclamo de una "urgente" reglamentación de la Ley de Emergencia Social aprobada por el Congreso Nacional en diciembre pasado gracias al consenso entre el gobierno, la oposición y los movimientos sociales.

De acuerdo con lo previsto, el reclamo de Barrios de Pie se replicará hoy en las ciudades de Mar del Plata, de la costa atlántica y en Villa Carlos Paz, en Córdoba, donde también habrá ollas populares a partir del mediodía.

"La norma es fundamental para que decenas de miles de familias de todo el país puedan ser asistidas en el marco de los despidos a los que asistimos el último año, y a las subas de los productos básicos, entre ellos los alimentos", aseguró el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, a Télam.

En este sentido, se lamentó de que "desde el Gobierno" pidan "tiempo para la reglamentación" de la ley sancionada el 14 de diciembre pasado, cuando "justamente, como el nombre de la norma lo indica, se trata de una situación de emergencia con lo cual no podemos esperar más".

Además, Menéndez ratificó que Barrios de Pie inició una "campaña de juntada de firmas" en demanda de la reglamentación de la Emergencia Social y adelantó que, si se mantiene esta situación, el 22 de febrero próximo harán junto a "otras organizaciones sociales y la CGT, una marcha hacia el Ministerio de Trabajo" para "repudiar el desprecio con el que se trata a los trabajadores en cada una de las acciones oficiales".

Por otro lado, el referente de Barrios de Pie remarcó que "el mismo Indec dio cuenta del aumento de la desigualdad social" al afirmar que "el 10 por ciento más rico de la población obtiene un tercio de los ingresos totales, mientras que el decil inferior obtiene sólo el 1,2 por ciento".

"La ley no existe si no es reglamentada porque no se pueden liberar las partidas", subrayó.

"Es decir, estamos como si no se hubiera ni tratado el tema", advirtió el dirigente al insistir en que "la sensación es que fuimos utilizados dentro de la premura que tenían para resolver la situación a fines de año y, ahora, nos piden tiempo".

"Cuando hay hambre, el tiempo no puede ser la variable de ajuste", aseguró Menéndez.

El Gobierno busca avanzar  sobre las organizaciones sociales y ya trazó una estrategia para recortarles su poder.

Es así como desde el Ministerio de Trabajo planean quitar a las agrupaciones barriales y de trabajadores desocupados del programa de formación profesional, que actualmente se implementa desde la Secretaría de Empleo, dirigida por el ex techint Miguel Angel Ponte. A esto se suma que la medida contempla la obligatoriedad de que los beneficiarios de esos cursos reporten ante la cartera laboral vía redes sociales o algún sistema de ubicación georeferencial.

Además del Plan Maestro Programa 2017 -que acaba de pulir Ponte-, el balance del año que pasó detalló que se terminó con diez programas de empleo. Según los cálculos de los técnicos que llevó el ex director de Recursos Humanos de Ternium (Techint), el recorte de políticas de empleo permitió "ahorrar" unos 1.000 millones de pesos durante este año. La decisión va en línea con la orden de Casa Rosada de ajustar erogaciones en todas las áreas.

Hasta ahora, el Ministerio de Trabajo organizaba cursos de formación laboral a través de las organizaciones sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) o el Frente Darío Santillán, entre otras. Eran esas agrupaciones las que llevaban las listas de los alumnos y docentes, y la cartera laboral pagaba a profesores y estudiantes. Para este año, la gestión de Triaca prevé correr del medio a las organizaciones y tener una relación directa con los alumnos, que son trabajadores desocupados que buscan empleo.

Además, planean para este año llevar adelante un mecanismo de control de los beneficiarios de los cursos vía algún tipo de sistema georreferencial que permita mostrar su ubicación y la utilización de algún tipo de red social (Facebook o Twitter). Pero si esa persona no tuviera ni teléfono celular, ni correo electrónico ni manejara algún tipo de red social -según definieron en el más alto nivel de Trabajo- será registrada por otra persona cercana que utilice alguna de esas herramientas digitales, detalló una fuente consultada.

Estos grandes ejes de funcionamiento complementan la decisión de reformular las indemnizaciones agravadas por trabajo no registrado y el sistema de pasantías laborales -de tres meses a un año-, como anticipó la semana pasada el periodista Mariano Martín en Ámbito Financiero. La información fue confirmada el domingo por Ponte -cuando dijo que "entrar y salir del mercado laboral hace a su esencia, como comer y descomer"-, y hoy la ratificó el ministro Jorge Triaca, quien detalló que buscarán crear 300.000 nuevos empleos vía el programa de pasantías.

La Cámara Alta convirtió hoy en ley la iniciativa acordada entre el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y la CTEP, la CCC y Barrios de Pie. El proyecto fue aprobado por unanimidad con 49 votos.

La ley que declara la “emergencia social” hasta el 31 de diciembre de 2019 y dispone la creación del Consejo de la Economía Popular y del Salario Social Complementario y del Registro Nacional de la Economía Popular (RENATREP) fue sancionada esta tarde en el Congreso.

La norma, acordada con el gobierno de Mauricio Macri, la CGT y organizaciones como la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, obtuvo el respaldo unánime de los senadores (49 votos).

El Consejo de la Economía Popular funcionará en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social como “un ámbito institucional permanente”, estará integrado por un representante de esa cartera, uno del Ministerio de Trabajo, otro de Hacienda y tres correspondientes a las organizaciones sociales inscritas en el RENATREP.

Según el proyecto, ese órgano será el encargado de trabajar en la “progresiva implementación de la transformación de los actuales programas sociales nacionales en salario social complementario”.

Para ello, se faculta a la Jefatura de Gabinete a “efectuar reestructuraciones presupuestarias que fueren necesarias” hasta un monto de 25 mil millones de pesos durante el plazo de vigencia de la ley y en el caso de que ese monto haya sido ejecutado por completo al 31 de diciembre de 2018, se asignará un adicional de hasta 5 mil millones de pesos.

Así lo aseguró el coordinador del Movimiento Barrios de Pie, luego de rubricar un acuerdo de emergencia social con el Gobierno de Cambiemos. “Quieren que prendamos fuego el país y no lo vamos a hacer”, lanzó.

La organización social que en sus banderas y pecheras tiene a la mítica imagen del Che Guevara, acordó con el Gobierno de Cambiemos una especie de “Pax social decembrista” al firmar una declaración de emergencia social con los ejecutivos nacionales y provinciales.

De esta manera, la gobernadora María Eugenia Vidal y el presidente Mauricio Macri garantizan gracias a este tipo de organizaciones (a las que se les suman las CCC, la CTEP y el Movimiento Evita) territoriales una “paz” en los barrios más urgentes de la Provincia y el país por tres años.

En esa línea, el Ministerio de Trabajo prevé un plan en los que se creará un registro de trabajadores de la economía popular y habrá un aumento de 30 mil millones de pesos en las partidas sociales.

Por eso, las declaraciones del referente de Barrios de Pie brindadas a a FM Concepto , explican el camino del entendimiento y la articulación entre esa fuerza socila y el Gobierno. “Creemos que hay que acompañar el proceso que haga la sociedad. La verdad es que aquellos que critican pretenden que los movimientos sociales prendamos fuego el país y nosotros no vamos a prender fuego el país. Porque las condiciones que hoy tenemos y la legitimidad que tiene el Gobierno nos llevan a encontrar mecanismos para que nuestros compañeros estén un poquito mejor en un marco en el que tenemos claro que la consolidación de este modelo va a traer enormes prejuicio”.

En ese sentido Menéndez, detalló: “No nos guiaba la intención de hacer pagar (al Gobierno) un costo político, sino de sacar la mejor reforma posible”.

En un artículo de Primereando firmado por Andres Fridanza el 17 de octubre último, se detalla la estrategia del Gobierno y de estos movimientos sociales al asegurar: el macrismo quiere entregarles llave en mano el control y aplicación de sus políticas sociales. Por esa vía, tercerizando en las ‘orgas’ una buena parte del manejo de fondos, el gobierno logra una carambola: se desliga de un mundo que le resulta ajeno (y por momentos hostil), mientras se ahorra los múltiples conflictos que acechan la gestión, sin dejar de cumplir con el papel caritativo (aunque profesionalizado) que pretende para sí mismo.

“La CTEP y Barrios de Pie tienen más de veinte entes ejecutores a su cargo. Desde el ministerio aseguran que su intención es reimpulsar el Argentina Trabaja, que alcanza a unas 105 mil personas, en 143 localidades de 15 provincias, con el 50% del plan concentrado en el conurbano bonaerense”, se escribió desde está agencia de noticias.

Menendez, de todas maneras aclaró que “propugnar una mayoría que construya y profundice otro modelo de país va a ser un proceso que hay que ir llevando de cara a la sociedad, pero hay responsabilidades. Tenemos que debatir situaciones completas. Todo lo que se logra es poco, pero seamos conscientes de que hay un gobierno que hubiera querido poner muchísimo menos”.

“Nuestro rol es que los compañeros tengan el menor costo social posible. En algunos debates hay un enorme desprecio por el aquí y el ahora. Hoy hay necesidades que hay que articular y buscar respuesta. Esto no debe agotarse en la discusión alrededor de diciembre. La situación es suficientemente grave para pensar en políticas que trasciendan”, señaló

Diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas exigieron en las puertas del Congreso de la Nación que se sancionen la ley que insta a la creación de un millón de puestos laborales y fija un salario social complementario. Si vetan la iniciativa prometieron un diciembre plagado de protestas.

Trabajadores formales e informales, desocupados y distintas organizaciones colmaron la Plaza de los Dos Congresos en defensa del proyecto de Emergencia Social y Alimentaria, que ya tiene media sanción del Senado, y que podría ser tratado en la Cámara de Diputados el próximo jueves en una sesión especial.

Participaron de la marcha, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la Corriente Clasista y Combativa, y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA. “Si Macri la veta, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre”, advirtieron.

La iniciativa establece un aumento del 15 por ciento en las asignaciones por hijo y por embarazo, insta al Poder Ejecutivo a poner en marcha la creación de un millón de puestos de trabajo, y fija un salario social complementario para que los trabajadores informales que perciben bajos ingresos lleguen a cobrar un monto similar o superior al salario mínimo, vital y móvil.

La movilización estuvo encabezada por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie, con el apoyo de la CGT y las dos CTA.

El secretario general de la CTEP, Esteban Castro, celebró los “200 mil trabajadores que marcharon al Congreso” y agregó que “hay un 40 por ciento de compañeros que no tienen salario”.

“Lo que estamos reclamando es el salario social complementario. Queremos estar registrados en el Ministerio de Trabajo. (…) Este es el primer paso de un largo camino. Los monopolios, que tienen un profundo odio de clase, van a tratar de romper nuestra unidad, pero nosotros la vamos a sostener porque estamos profundamente unidos en el amor al pueblo”, subrayó.

Otro de los oradores del acto fue Daniel Menéndez, líder de Barrios de Pie, quien aseguró que “los diputados tienen la responsabilidad histórica de aprobar esta ley antes de fin de año, un año que ha sido el peor para los trabajadores”.

“Acá no queremos más planes sociales, queremos nuevos derechos, trabajo y un piso de dignidad para los que peor la pasan”, sostuvo y advirtió que si Mauricio Macri veta la emergencia social, como hizo con la ley antidespidos, vamos a ganar la calle durante todo el mes de diciembre repudiando a un presidente que no se pone al pie de los que menos tienen”.

A su turno, Carlos Alderete, titular de la CCC, agregó: “Quiero la paz, pasar el fin de año con mi familia, mis compañeros, pero con un pedazo de pan en la mesa. Hasta no lograr el trabajo genuino, no vamos a aflojar”.

El encargado de cerrar la protesta fue Juan Carlos Schmid, uno de los secretarios generales de la CGT, quien trató de recoger el guante de las críticas a su central por no convocar a un paro general luego del ajuste salvaje y los cientos de miles de despidos.

“No tenemos un balde en la cabeza, lo que estamos haciendo es acumular el poder social que permita torcer el destino y la tristeza de millones de compatriotas. Lo vamos a hacer negociando, pero también confrontando si fuera necesario. Queremos la democratización de la economía y el fin de la desigualdad. Cuando paz, pan, trabajo, tierra y techo sean una realidad, entonces estaremos viviendo en una Argentina feliz”, remarcó.

ATE y otros gremios de la CTA Autónoma realizan hoy un paro nacional, con movilización a Plaza de Mayo, en reclamo de la reapertura de la paritaria y contra "los despidos y la precarización laboral".

Los dirigentes y afiliados de ATE se concentraron a las 11.00 de la mañana  en la esquina de Avenida de Mayo y Avenida 9 de Julio y desde allí marchaon hacia la principal plaza porteña y del país.

También marcharon trabajadores de sindicatos de la CTA Autónoma, como la Federación de Aceiteros, los docentes de Conadu Histórica, Sipreba y Agentes de Propaganda Médica (AAPM), e integrantes de organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

En una conferencia de prensa que encabezó ayer, el secretario general de ATE nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, sostuvo que la medida de fuerza es para pedirle al Gobierno "la reapertura de las paritarias, aumento en el salario básico, el cese despidos y la inmediata reincorporación de todos los trabajadores injustamente despedidos".

El sindicato pide además al gobierno que asista financieramente a las provincias, y estas a los municipios, "para que la ayuda llegue a los trabajadores de todos los niveles del Estado".

“Macri, la pobreza no se llora, se combate con políticas públicas”, sostuvo el secretario general de ATE, Hugo "Cachorro" Godoy al abrir el acto en el marco del paro nacional del sector que tuvo lugar en todo el país.

“Estamos acá por el fin de los despidos y la reincorporación de los trabajadores, por la reapertura de paritarias en el Estado nacional y provinciales y municipales. Porque no nos resignamos a las migajas del poder, peleamos por la distribución de la riqueza con equidad”, señaló Godoy.

En ese marco, agregó que “no aceptamos un escuálido bono fijo no remunerativo, queremos aumento salarial digno”.

En su discurso, Godoy -quien mantiene un duro enfrentamiento con la CTA que lidera Pablo Micheli- apuntó que “el otro día veía a Macri lloroso hablando de pobreza. Señor Macri: la pobreza no se llora, se combate con políticas públicas y con salarios dignos”.

Finalmente, el titular de ATE destacó “la unidad de los que estamos acá: estudiantes, trabajadores del sector privado, estatales y organizaciones sociales. La unidad no se construye con siglas sino en la lucha contra el ajuste y en el armado de una propuesta que transforme la realidad”.

Organizaciones sociales y partidos de izquierda cortaron la avenida 9 de Julio en reclamo de trabajo genuino, contra los despidos y aumentos salariales.

Distintas organizaciones sociales se movilizaron en contra de la política económica del gobierno de Macri, el corte se produjo sobre la 9 de Julio y los manifestantes exigieron una respuesta urgente a su situación por parte de las autoridades nacionales.

En un comunicado de prensa difundido por las distintas organizaciones y partidos de izquierda, manifiestan que: "El crecimiento de la pobreza está tomando características enormes y gravísimas entre las y los trabajadores, producto de la inflación imparable, los tarifazos, los despidos y la falta de trabajo. Las organizaciones sociales que luchamos contra la desocupación, por trabajo genuino y contra el hambre, advertimos que la situación está llegando a un límite. Cada vez son más las familias que recurren a los centros de abastecimiento popular y comedores de nuestras organizaciones. La miseria de los aumentos en la Asignación Universal por Hijo, las cooperativas cuyo salario depende del Gobierno y los planes sociales contrastan con el aumento de los precios y los tarifazos, mientras no se crea trabajo genuino y se despide a mansalva", dicho comunicado lleva la firma de AGTCAP, Polo Obrero, MST Teresa Vive, Barrios de Pie, FPDS Corriente Nacional, Pueblo Unido, Frente Popular Darío Santillán, Lucha y Trabajo, Votamos Luchar, Corriente Clasista y Combativa y el FOB.

Las distintas organizaciones se concentraron en las cercanías del Obelisco y otras en la estación Constitución, y luego marcharon hacia el ministerio de Salud y Desarrollo Social, en el cruce de 9 de Julio con la calle Moreno. Aunque el Metrobus no fue interrumpido y funciona normalmente.

Con el Relevamiento Nacional de Barrios Populares impulsado por Desarrollo Social y una serie de organizaciones sociales, el Gobierno busca evitar cualquier tipo de conflictividad social de envergadura para diciembre próximo; por ello Stanley como el Ministro de Trabajo, están estudiando la propuesta de un “aguinaldo social”.

Otro acuerdo entre el Gobierno y diferentes movimientos sociales se encuentra en plena marcha: un bono de fin de año para evitar conflictos se encuentra en etapa de estudio y reuniones. Un asunto que no pasa desapercibido por la Casa Rosada frente a la crítica situación social y económica en todo el país y el simbolismo que tiene un mes como diciembre.

De forma separada, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y su par de Trabajo, Jorge Triaca, estudian la propuesta de un “aguinaldo social” para diciembre, que consiste en la ampliación del bono con una suma fija por cada hijo, aunque la idea del Ejecutivo es pagar por grupo familiar.

Tema sensible y de prioridad absoluta para la Casa Rosada y que incluye un monitoreo constante de la situación en las zonas más marginadas del país.

Principio del formulario

El pasado 12 de octubre, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, anunció un bono de mil pesos para jubilados que cobren la mínima y para los beneficiarios de la asignación universal por hijo (AUH).

Pero los movimientos sociales exigen aumentar la suma y para eso negocian en simultáneo con los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social.

Al ministerio de Trabajo, en tanto, acudieron los beneficiarios del Programa Trabajo Autogestionado y del Programa Construir Empleo, que cobran alrededor de 3100 pesos por mes.

El Gobierno ofreció actualizar el monto que perciben estos beneficiarios, pero los movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita reclaman que además de actualizarles los planes les paguen un bono navideño.

La respuesta del Ejecutivo, por el momento, es que estos beneficiarios ya van a cobrar el bono mediante el pago que se va a hacer a través de la AUH.

De todo esto hablarán mañana Stanley con el Presidente Mauricio Macri al mediodía en el Salón Norte de Casa Rosada.

En el Museo el Bicentenario, altos funcionarios de Cambiemos junto a los principales referentes de Barrios de Pie, la CCC y la CTEP lanzaron a horas de la tarde, el primer Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que se ejecutará en todo el país. Información de primera mano para la campaña electoral.

Con la presencia del jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; y el Secretario de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; además de Daniel Menéndez de Barrios de Pie, y referentes de La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Caritas, se detallaron los pormenores del “Relevamiento de los Barrios Populares”.

Los integrantes de estos movimientos sociales actuarán como “Relevadores” de la encuesta impulsada por el gobierno de Mauricio Macri en todo el país. Concretamente, refieren al modo en que las organizaciones ubican a los humildes como objetos, dependientes de un plan y, más grave aún, obligando a que parte del dinero que reciben por el plan deban devolverlo a la organización que se los consiguió.

Conscientes del costo político que les genera a este tipo de organizaciones sociales caminar el territorio junto con el Gobierno de Macri, en la previa a que se ponga en funcionamiento el programa, han montado en la calle escenarios que los ubica como protagonistas del malestar social.

A esta estrategia de visibilizar el conflicto en la esfera pública subyace una lógica de la negociación y el acuerdo en tanto el gobierno nacional como las organizaciones que salen beneficiadas, unos por que logran reducir las manifestaciones en contra de sus políticas de exclusión y los otros porque consolidan la reproducción de sus estructuras organizativas.

La ministra de Desarrollo Social, ante las organizaciones reunidas en la Casa Rosada, planteó: "Debemos trabajar juntos por este país que tiene una pobreza del 32 por ciento. Podemos tener diferencias pero si hay un interés superior va a primar ese interés y trabajaremos de la mano".

A la hora de cerrar el acto en la sede del Ejecutivo nacional, Marcos Peña puntualizó: "Hay chicos que no reciben la protección de la AUH y que el Estado no los ve. Mucha de la retórica de la política se cae a pedazos si hay chicos que el Estado no está viendo".