El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina pronosticó un incremento de "entre el 7 y el 10 por ciento" después de las elecciones. Aranguren había dicho que no aumentarían.

El presidente de la Confederación de Entidades de Comercialización de Hidrocarburos de la Argentina (CECHA), Carlos Gold, consideró este martes que con la liberación del mercado de combustibles que dispuso el Gobierno, habrá aumentos de entre "el 7 y el 10%" en los surtidores "después de las elecciones" legislativas.

"Esto hace que las petroleras determinen dónde comprarán el crudo. Creemos que el aumento rondará entre el 7 y el 10%, según el tipo de producto y creemos, además, que se dará luego de las elecciones", sostuvo el dirigente.

En declaraciones a radio El Mundo, Gold explicó: "existía un acuerdo que se había firmado a principio de este año entre el Gobierno y las petroleras en función del cual se revisaba, trimestralmente, los componentes del precio de los combustibles y en función de eso, se definía si había o no variación en el costo".

"Ahora, el Gobierno cumplió con la letra del acuerdo y liberó los precios para que las refinadoras puedan acceder a cualquiera de los crudos, ya sean nacionales o internacionales", subrayó.

Tras el escándalo que desataron las declaraciones de la hija de Gerónimo Venegas hablando de los millones de su padre, la herencia, los testaferros y los funcionarios comprometidos, llegó el bozal legal. Si vuelve a mencioar el tema deberá pagar $30 mil.

“Gracias a todos, he expresado lo q tenía que decir, no voy a estar tan presente en las redes hablando de mis hermanas y madre x bozal legal”, contó María Eva Venegas, hija de Gerónimo “Momo” Venegas en su cuenta de twitter, usina del escándalo más importante del mundo gremial y político de los últimos tiempos.

Maria Eva, tiró un bombazo que convulsionó el mundo político gremial. En medio de la sucesión por los bienes del sindicalista mimado del presidente Mauricio Macri, dejó al descubierto la existencia de supuestos bienes a nombre de testaferros.

Concretamente denuncia que Carlos Arrieta, quien fuera la mano derecha de Momo, se quedó con su herencia junto a Ramón Ayala, el actual titular de la Uatre y de las 62 organizaciones peronistas.

Según declaró públicamente su hija, Venegas contaba con un patrimonio declarado cercano a los 3 millones de pesos y una suma que “no se puede calcular siquiera el monto de todo el dinero que estamos disputando” en manos de testaferros.

Tampoco pudo determinar el origen ni la legalidad del patrimonio disputado cuyo origen podria salir a la luz en caso de judicializar su reclamo “Mi padre me dejó pruebas para tener documentación de todo si esta gente no nos daba lo que era nuestro. Ellos saben que tengo las pruebas de cosas que él tenia, bienes con Carlos Arrieta. Ese señor manejaba los bienes pero eran de mi padre. Era su testaferro. Es socio de Ramón Ayala, quien está ahora a cargo del gremio de Uatre. Yo quiero que me den lo que me corresponde”.

Además María Eva dejó en claro que tiene todavía mucho más por decir y lanzó una especie de amenaza: “He expuesto apenas un 30 %, me quedo tranquila que se hará justicia, lamento la traición del Gremio y los que se suponía eran ´amigos´”, dijo cuando advirtió que se iba a tomar un tiempo en las redes por el bozal.

Lejos del perfil confrontativo que tuvo en el gobierno anterior, la Federación Agraria ahora pide retuits en las redes sociales para hacer conocer su reclamo. De rambo a heidi.

La Federación Agraria Argentina (FAA) alertó sobre la impresionante diferencia entre el precio que paga el consumidor y el que recibe el productor. Específicamente, la entidad se mostró alarmada por "la fuerte distorsión de precios al público en los supermercados" y para ejemplificar la situación hizo publico el ticket de compra _en un súper de la ciudad_ de un kilo de matambre de cerdo con un valor de $256,23. El productor porcino recibe sólo 23 pesos por kilo.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe, denunció que "existe una fuerte distorsión de precios al público en los supermercados en muchos alimentos", y remarcó que "es obligación que la Comisión nacional de Defensa de la Competencia actúe sobre la cadena".

A diferencia de lo que hacía con el gobierno anterior donde salía a crtar rutas, ahroa el reclamo llegó desde la cuenta oficial de Twitter, FAA (@fedeagraria) que publicó que un matambre de cerdo en la góndola se vendía en un supermercado de Rosario a 256,23 el kilo, mientras que los pequeños productores se les paga 23 pesos el kilo. "Al productor de cerdo en la Argentina le pagan 23 pesos el kilo, y como hemos mostrado a través de una foto en el Twitter de la FAA, está a la venta en más de 250 pesos y en otros lugares pudimos observar que otros cortes están siendo vendidos en 190 o 200", señaló Príncipe a través de un comunicado.

$256,23 el kilo del matambre de cerdo. Sabías que a los productores nos pagan $23 el kilo? Ahora que lo sabés, ayudanos a difundirlo. ?? pic.twitter.com/eZCWnWC6M2

— Federación Agraria (@fedeagraria) 23 de septiembre de 2017

El dirigente enfatizó que "esta situación de distorsiones de precios la venimos advirtiendo desde FAA hace mucho tiempo". Sin embargo parece que con la gestión Cambiemos los reclamos no salen a la calle.

"Esta situación se replica en otros productos, y lo que venimos planteando hace muchos años es que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia actúe sobre la cadena", instó Principe.

En esa línea, pidió "ver qué pasa después de que el alimento sale del productor, pasa por el matadero, por el frigorífico. Que (el gobierno) mire qué transportes usan para llegar al supermercado y se transforme en este precio exorbitante de 250 pesos" el kilo, enfatizó.

"El gobierno planteó que el consumidor iba a tener como herramienta a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para actuar sobre estos temas de precios en supermercados. Hace mucho tiempo que venimos pidiendo su intervención y no nos escuchan", fustigó.

Príncipe consideró además que "llama la atención que, con mucha más rapidez, cierran un acuerdo de importación de cerdos desde Estados Unidos en menos de 48 horas tras la visita del vicepresidente de ese país (Mike Pence) a la Argentina, incluso con un riesgo sanitario enorme, porque tienen una enfermedad sanitaria que en la Argentina no existe".

Príncipe también recordó que FAA tiene venta directa al público a través de las cooperativas, porque "hay que borrar algunos eslabones de intermediación para tener un precio justo".

"Pagamos un precio más alto al productor que está por encima de los costos de producción y llegamos al consumidor con un precio entre 90 y 100 pesos el kilo de cerdo", sostuvo.

Otra muestra del impacto en los precios se puede observar al tomar en cuenta el comportamiento del valor del cajón de pollo. Desde la Sociedad de Carniceros de Rosario indicaron que los frigoríficos entregaron los cajones de pollo con subas que rondan el 15 por ciento. Se estima que en breve esta alza se traslade al precio al público.

La problemática de los precios no cede. El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) apuntó que durante agosto los precios mayoristas aumentaron 1,9 por ciento en agosto, 0,4 punto por encima de la inflación minorista. Teniendo en cuenta estos números, que tendrán incidencia en la inflación minorista del próximo mes, se advierte que las dificultades que tiene el gobierno para controlar la suba de los precios pese al ajuste económico y a la suba de tasas no ceden.

El presidente fue criticado en septiembre de 2016 por una presunta escena armada en la línea 520 de Derqui. Ahora la repitió con los mismos "pasajeros" y María Eugenia Vidal.

Mauricio Macri volvió a subirse al recordado colectivo 520 de Pilar y reavivó una polémica que se disparó en septiembre de 2016, cuando se viralizaron imágenes que cuestionaban la espontaneidad del "viaje junto a los vecinos" y permitían sospechar sobre una posible escena armada.

Un año después del evento, el mandatario se subió a la misma línea de ómnibus en Derqui, junto al ministro de Transporte Guillermo Dietrich (presente en el primer "viaje") y ahora también con la gobernadora de la provincia María Eugenia Vidal. El evento tenía como objetivo resaltar que la calle por la que habían circulado el año pasado fue asfaltada.

A pesar de la intención de mostrar su compromiso cumplido, las críticas y sospechas vuelven a caer sobre el viaje de Macri. La polémica se generó en varios sitios en que sostuvieron que los viajeros del colectivo eran extras.

"El presidente Mauricio Macri compartió un viaje en colectivo con vecinos del municipio de Pilar y les explicó detalles del plan del gobierno nacional para mejorar los principales corredores viales en el conurbano bonaerense", había informado el año pasado la Casa Rosada. Y luego circularon en redes sociales fotos que mostraban que en realidad el colectivo estaba frenado en un campo.

Además, el líder de Cambiemos estaba rodeado de custodios. Una vecina contó que era muy difícil llegar al lugar precisamente por la seguridad.

Ayer, el área de Comunicación de Pilar mostró fotos que recuerdan a las del año pasado, en el mismo distrito y en la misma línea de colectivo. "El Presidente y la gobernadora recorrieron obras de asfaltos cumpliendo con una promesa que hicimos hace menos de un año", dijo el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, anfitrión del encuentro. "Cuando habíamos inaugurado la escuela dijimos que íbamos a asfaltar muchas de las calles que conectan con la 234 y que ésta iba a estar hecha hasta Derqui. Y es lo que hoy hicimos".

Según La Nación, este año Macri tomó el colectivo pero hizo el trayecto entre dos paradas. Y los pasajeros fueron los mismos del año pasado.

De hecho la foto de la parada los encuentra a los funcionarios en la más absoluta soledad, lo que alimenta las sospechas de un cierre para ellos.

Tras la medida unilateral del ministro de Energía y hombre de la Shell, Juan José Aranguren, cada petrolera podrá definir los aumentos de sus productos. De esta forma, el Gobierno buscaría despegarse del impacto del nuevo tarifazo de las naftas en pleno proceso electoral.

El Gobierno de Mauricio Macri rompió de manera unilateral el acuerdo que mantenía con el sector petrolero, que apuntaba a proteger a la industria local, y a partir de octubre el precio de los combustibles pasará a estar regidos por el mercado de acuerdo a los precios internacionales del crudo.

El ministro de Energía y ex CEO de la Shell, Juan José Aranguren, envió el viernes la notificación a las empresas del sector, en la que aseguró que “dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales (la cotización del Brent superó hoy los 58 dólares) permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante, mantener la paridad con los mismo con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”.

“En el marco de las distintas variables que intervienen en el mercado hemos observado que con fecha del 13 de septiembre de 2017, se ha satisfecho la condición enunciada por el punto 9 del acuerdo. En consecuencia, los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017”, indica la carta del CEOfuncionario.

Con esta decisión, el Gobierno dio por terminado el Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina que contemplaba la revisión cada tres meses y cuya fórmula emanaba de una combinación de la cotización del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio.

En el Consejo de las Américas, Aranguren había pronosticado el Acuerdo se caería en 2018. Según fuentes citadas por medios especializados del sector, de mantenerse vigente, la revisión de la tarifa a principios de octubre habría arrojado un salto del 6 por ciento del precio del combustible en el surtidor, un aumento políticamente inviable en vísperas de las elecciones.

No obstante, se estima que tras la liberalización de precios, la nafta podría subir entre un 7% y un 12%. La clave pasará por lo que haga YPF, la empresa estatal que controla más del 60% del mercado.

Cambiemos decidió guardar a su segunda candidata a senadora nacional por provincia de Buenos Aires, Gladys González. Ella entrará al Congreso si el macrismo se impone en las elecciones de octubre. ¿Por qué la ocultan? Porque acumula una decena de causas judiciales por todo tipo de delitos. Punto por punto, los casos más comprometedores de González.

En 2006 fue denunciada por un intento de soborno a la revista 23, a cambio de reportajes "favorables" a Horacio Rodríguez Larreta, en ese entonces funcionario clave del macrismo porteño. Entre 2005 y 2007, González se desempeñó como directora del banco Ciudad.

Entre 2007 y 2009, fue denunciada por contrataciones irregulares y sobreprecios somo secetaria de Atención Ciudadana. Entre las irregularidades estuvo la desorbitante contratación de… la mujer de Rodríguez Larreta para que decorase los registros civiles de los CFP.

En febrero de 2016, tuvo diferentes denuncias como interventora del gremio SOMU. Fue acusada por "administración fraudulenta, malversación de fondos, usurpación de cargos y bienes, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, estafa procesal, falso testimonio, falsificación de instrumentos públicos", según reseñó el portal El Disenso.

Ese año, un concejal del PRO de Avellaneda, Daniel García, también acusó a González por pedirle el 10% de los salarios de los funcionarios provinciales para donarlo a "una fundación". "Esa causa está parada, todavía no me ponen como particular danmificado, lo que es una barbaridad", describió García en diálogo con Primereando las noticias.

En lo que va del 2017, la situación judicial siguió complicándose para la candidata macrista: 5 ONG denunicaron una resolución de González al frente de la ACUMAR en la que se autorizó la descarga en el río de sustancias contamiantes. Esas sustancias estaban prohibidas antes de esa decisión administrativa.

Por último, Danial García, que abandonó al PRO y armó el partido Podemos en Avellaneda, denunció que el gobierno de María Eugenia Vidal paga sobreprecios en las contrataciones de obra pública en ese municipio. La beneficiaria es la empresa C.O.V.Y.C. SA, que pertenece a la familia del candidato de Cambiemos en la tercera sección electoral, Lucas Yacob. Yacob responde a Gladys González: "Estamos trabajando en otra denuncia que vincule las otras que hemos hecho. Vamos a demostrar que ese vínculo entre Yacob y González tiene que ver con las otras causas de corrupción que tiene González", describió García, el dirigente macrista arrepentido.

El diputado Pablo Garate le pidió a Vidal, a través de un proyecto de ley, que deje de llevar candidatos a las inauguraciones oficiales y se tome licencia. "Le pedimos a la señora gobernadora que cumpla con el deber ético de pedir licencia puesto que tiene decidido realizar campaña partidaria en favor de los candidatos de Cambiemos, de manera tal que se abstenga de utilizar al Estado, con todos sus recursos económicos y humanos, en beneficio propio", expresó.

El diputado bonaerense del Frente 1País Pablo Garate presentó un proyecto en la Legislatura en el que solicitó a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que "pida licencia" en su cargo, "si va a realizar campaña política desde el Estado, en beneficio de su agrupación partidaria".

En la iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados, el legislador pide que, en caso de no solicitar licencia, Vidal "se circunscriba a realizar actos oficiales en el marco de la legislación vigente y sin presencia de los candidatos del oficialismo".

En este sentido, consideró que la presencia de los candidatos del oficialismo en sus actos "no cumplen ninguna función institucional" y sostuvo que no deberían tener protagonismo en esos eventos "por motivos éticos".

"Hoy Cambiemos esconde a sus candidatos, que son los que deberían estar haciendo campaña, y, en su lugar, muestra a sus gobernantes que son los que deberían estar gobernando ¿Esta es la reforma política, la transparencia y la ética que pregonaban antes de llegar al poder? ¿No terminan haciendo lo mismo que antes criticaban?", se preguntó el diputado massista.

Garate recordó que no es la primera vez que piden que se separe el Estado y el partido de gobierno, y dijo que ya se hizo durante el anterior gobierno, y se vuelve a hacer ahora, sobre todo teniendo en cuenta que son "momentos electorales".

Dijo que el cambio que propicia el gobierno significa también "dar más institucionalidad a la provincia y al país" y, en este contexto, lamentó estas prácticas.

"Le pedimos a la señora gobernadora que cumpla con el deber ético de pedir licencia puesto que tiene decidido -de acuerdo a lo que indican sus acciones- realizar campaña partidaria en favor de los candidatos de Cambiemos, de manera tal que se abstenga de utilizar al Estado, con todos sus recursos económicos y humanos, en beneficio propio", expresó el diputado.

El economista que encabeza Evolución, blanqueó que en el Congreso será integrante de Cambiemos. Martín Lousteau, del amague opositor a segunda marca porteña del PRO.

"En diciembre asumiría en el Congreso como diputado nacional ¿Qué bancada va a integrar?¿Tiene pensado formar un bloque propio?", le preguntó atento el periodista al economista y candidato porteño de Evolución Martín Lousteau. La respuesta blanqueó lo que es un secreto a voces: "Vamos a aportar a la discusión y la interacción del interbloque Cambiemos, pero desde nuestra identidad", aseguró Lousteau.

El hombre que juega a ser opositor de Horacio Rodriguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, pero que pedía a gritos unas PASO en Cambiemos, será parte de la avanzada del oficialismo en el Congreso de la Nación a partir de diciembre.

De esta manera, Lousteau refrenda la idea de una segunda marca del PRO para, a partir de su colectora, sumar bancas en el congreso.

"No somos levanta manos", trató de justificar su posición opoficialista el ex embajador de Mauricio Macri en los Estados Unidos.

En el mismo reportaje al portal Letra P, Lousteau esbozó una tenue crítica al Gobierno por su tratamiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, mecho malas y buenas a la gestión de Rodriguez Larreta, cruzó dardos hacia Elisa "Lilita" Carrió y hasta trató de ubicarse en una tercera posición porteña, entre el kirchnerismo y el macrismo, que quedó desarticulada cuando reconoció que formará parte de la coalición de Gobierno (de nuevo) desde diciembre.

El candidato a concejal por esa fuerza política Federico Achaval frente a lo ocurrido efectuó la denuncia a la comisaría 1ra. de la localidad cabeza del Partido del Pilar. Encontraron seis impactos de bala de plomo. Apuntan a Ducote como responsable de lo ocurrido por el nivel de violencia política que se vive en el distrito.

Un grave atentado se registró en el Partido del Pilar cuando desconocidos balearon el frente de un local de Unidad Ciudadana que funciona en la localidad de Villa Verde.

El candidato a concejal por esa fuerza política Federico Achaval frente a lo ocurrido efectuó la denuncia a la comisaría 1ra. de la localidad cabeza de ese partido, la Ciudad de Pilar.

Más tarde, las pericias comprobaron que la unidad básica recibió seis impactos de proyectiles de plomo.

"Fueron seis disparos con bala de plomo que entraron por la ventana. Por suerte no hubo ningún herido, pero nos preocupa porque sabemos que este es el resultado de la intolerancia que venimos sufriendo de parte del oficialismo desde las PASO", consignó Achaval, postulante a concejal por Unión Ciudadana en Pilar.

Al mismo tiempo, Achaval aseguró que "es muy grave y preocupante recibir este tipo de agresiones en un local en el que lo único que se hace es estar a disposición de la gente del barrio, acercar soluciones y contener".

Las acusaciones apuntan al nivel de agresión del oficialismo local, que lidera el intendente Nicolás Ducote, que se agravaron cuando Cambiemso fue derrotado por Unidad Ciudadana en las urnas.

“Esperamos que a Ducote no se le vaya la situación de las manos y que reflexione sobre la responsabilidad que tiene de garantizar una campaña pacífica. No queremos que el diálogo y la transparencia sean más promesas incumplidas”, manifestó Achával.

El ex candidato a gobernador santafecino del PRO fue inhabilitado junto con dos funcionarios más por el plazo de seis meses. Detectaron graves irregularidades en los balances.

Miguel Del Sel, Norberto Principato y Diego Barreto, intendente de Funes, fueron inhabilitados para presentarse como candidatos y ejercer cargos públicos por el plazo de seis meses. La medida la tomó el juez federal de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, quien consideró que el balance del PRO presentado en 2012 no detalla la procedencia ni el uso de los fondos de campaña.

En dicho balance, el ex Midachi firmó como presidente del partido y los otros como tesoreros.

Según consignó el diario La Capital de Rosario, el magistrado alegó que la liquidación presentada no cuenta con "la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financiero de la campaña".

Al mismo tiempo, señaló que el partido que gobierna la nación "no presentó los extractos bancarios de las dos cuentas declaradas y registradas en el Banco de la Nación Argentina, por lo que no se pudo hacer un análisis de las mismas".

El juez detalló que incluso la Cámara Nacional Electoral había informado al PRO sobre irregularidades nunca subsanadas por los referentes del espacio. Omitieron informar partidas pendientes de cobro derivadas de aportes públicos y privados para las campañas.