El Banco Central busca acelerar el lanzamiento del nuevo billete por la fuerte alza inflacionaria. Con la eliminación progresiva de los próceres, se seguirá reemplazando por animales, como ya ocurrió con los de $500 y los de 200 pesos. Entrará en circulación en octubre próximo y se esperan monedas de cinco y diez pesos, por lo que el papel de menor denominación pasará a ser el de 20.

La inflación esta incontenible. Para ello el gobierno de Mauricio Macri apura el lanzamiento del billete de 1000 pesos que se espera sea en Octubre de este año.

La medida obedece a los altos índices de inflación que la administración de Cambiemos  no logró controlar todavía y que van haciendo perder valor a las monedas y billetes de menor denominación.

Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) indicaron que los nuevos billetes tendrán más medidas de seguridad, con animales autóctonos en reemplazo de personalidades históricas.

Cabe recordar que el yaguareté fue el primero en aparecer en el billete de 500 pesos. Luego debutó la ballena franca en el billete de 200 pesos.

Un guanaco reemplazará a Juan Manuel De Rosas y la Vuelta de Obligado en el billete de 20.

Además, según datos proporcionados por el BCRA, en 2018 será el turno de la moneda de 10 pesos y el billete de menor denominación en circulación será el de 20 pesos, porque el costo de imprimir cada billete es de 2 pesos y su vida útil de un año y medio. Los de 2, 5 y 10 pesos son los que se deterioran más rápido.

Marginado luego de su abrupta salida del gabinete de Macri, el economista encontró un lugar en las gestión bonaerense. "Es un colaborador externo", señalan desde el entorno de Vidal.

El economista y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay comenzó a colaborar "en forma externa" con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que conduce María Eugenia Vidal, aunque sin cargo y sin que su participación se traduzca en un nombramiento en el Ejecutivo provincial.

Según informaron fuentes del gobierno bonaerense, Prat Gay "no es un asesor con cargo sino que colabora en forma externa" con la administración de Vidal "porque tiene una excelente relación personal" con la gobernadora.

En ese sentido, detallaron que el ex ministro de Hacienda del gobierno de Mauricio Macri, hasta su salida en los últimos días de diciembre pasado, mantuvo en los últimos meses algunas reuniones con la gobernadora, con el jefe de Gabinete provincial, Federico Salvai, y con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, "con quienes también se lleva muy bien" con el objetivo de "aportar su mirada y su experiencia en materia económica".

Los voceros subrayaron que la colaboración del economista no se traducirá en un nombramiento concreto, sino que es una suerte de asesoramiento ad honorem.

"Esto no tiene ninguna connotación electoral ni institucional ya que no es ni será funcionario, ni tampoco candidato", finalizaron.

Un estudio sobre los datos del Indec reveló que al tercer trimestre de 2016 pobreza e indigencia entre niños y adolescentes es una vez y media la que afecta al conjunto de la población. En cuatro provincias superan el 50 por ciento.

Casi seis millones de niños y adolescentes (menores de 18 años) en Argentina se encontraban en condiciones de pobreza al tercer trimestre de 2016. Esto significa que el 46,04 por ciento de la población menor de 18 años vivía, a esa fecha, en un hogar con ingresos inferiores a los necesarios para pagar una canasta familiar básica. En el análisis por región y por provincia, las de Santiago del Estero (Noroeste), Corrientes (Noreste), Córdoba (Pampeana) y San Juan (Cuyo) son las que presentan los indicadores de pobreza infantil y adolescente más elevados. En los cuatro casos, el indicador se ubica por encima del 50 por ciento, con un caso extremo en la provincia de San Juan que muestra una pobreza infantil y adolescente del 60,64 por ciento. El estudio, elaborado por el Cippec en base a información del Indec, destaca como uno de los datos relevantes que la pobreza infantil y juvenil en todo el país es una vez y media la tasa de pobreza de la población total: 46,04 contra 31,09 por ciento, respectivamente. “La pobreza argentina adquiere, como imagen, el rostro de sus niños, afectados en mayor medida que los adultos”, advierte el estudio. Así consignó este jueves el diario Página 12.

La encuesta de ingresos del Indec al tercer trimestre del año pasado reflejaba que 13.553.940 personas de la población total (el 31,09 por ciento) era pobre. De ese conjunto, 5.987.782 eran niños y adolescentes menores de 18 años. Es decir, que el 44,18 por ciento del total de pobres eran menores de edad. Esa tasa es mucho más elevada que la relación existente entre población menor de 18 años y población total, que es inferior al 30 por ciento. Es el fenómeno definido como “infantilización de la pobreza”.

El trabajo del Cippec, realizado bajo la dirección académica de Alfredo Schclarek Curutchet, apunta que el nivel de pobreza entre la población de niños y adolescentes alcanzado “está lejos de poder resolverse en el tiempo si no se toman las medidas necesarias, y puede prolongarse en el futuro a través del proceso conocido como trampa de la pobreza: si sus condiciones no mejoran sustancialmente en los próximos años, los niños y adolescentes que hoy viven en familias con ingresos que no superan el umbral de la pobreza tendrán menos posibilidades y oportunidades en el futuro para desarrollar su vida como adultos, insertarse sin dificultades en el mercado laboral y formar su propia familia en un entorno saludable”. Es decir, quedarán condenados estructuralmente a una situación de marginalidad social, según el diario citado.

El fenómeno de las tasas de pobreza marcadamente más elevada entre la población menor de 18 años que la que afecta a la población total se repite en cada una de las regiones:

En la región pampeana, el 31,11 por ciento de la población es pobre, pero entre la niñez y adolescencia se eleva al 46,72 por ciento.

En Cuyo, la tasa de pobreza es del 33,89 por ciento para la población total y del 52,9 por ciento entre los menores de 18 años.

En el Noreste del país, las respectivas tasas de pobreza son el 33,37 y 52,9 por ciento.

El Noroeste repite el fenómeno, con un 31,08 por ciento de pobreza entre la población total y el 43,28 por ciento entre los menores de edad.

En la región patagónica, el Indec registró un 23,5 por ciento de pobreza entre la población total y 32,16 por ciento entre niños y adolescentes.

En el mismo estudio se señala que los niveles de indigencia siguen el mismo patrón de comportamiento que la pobreza, con tasas extremas del 11,11 por ciento en la región pampeana, que se eleva a un 15,38 por ciento en el conglomerado urbano del Gran Córdoba (ciudad capital y sus alrededores). “Dicha tasa sugiere que en la provincia de Córdoba residen más de 156 mil niños y adolescentes que pertenecen a un hogar con ingresos insuficientes para comprar una canasta básica alimentaria”, explica el informe de Cippec en este punto.

El fenómeno de la pobreza e indigencia infantil se vio particularmente agravado en los primeros meses de 2016 por distintos factores macroeconómicos. Los elevados niveles de inflación registrados entre los últimos meses de 2015 y primeros de 2016 afectó el poder adquisitivo de la población, en especial a los sectores de menores ingresos con limitada capacidad de pelear una mejora en sus retribuciones ante las bruscas variaciones de precios. Además, dicha inflación impactó en mayor medida en productos de primera necesidad, componentes de la canasta básica alimentaria (referencia para medir los índices de indigencia). Es de presumir que dichas condiciones se habrán visto agravadas en los meses posteriores al tercer trimestre de 2016, por el fuerte impacto de los aumentos en los servicios domiciliarios de luz, agua y gas.

El cambio de gestión derivó en el vaciamiento la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR). El organismo, que ahora maneja la candidata del PRO Gladys Gonzalez, realizó en 2016 con los mismos recursos del año anterior, sólo un 30% operativos sanitarios. Además, se redujeron un 61,9% las prestaciones brindadas y un 60,2% la cantidad de personas atendidas.

La atención sanitaria para la población que vive en las inmediaciones del Riachuelo dispuesta por el ACUMAR sintió fuerte el cambio de Gestión. Es que en 2016 bajó más de un 60%, teniendo los mismos recursos que el año anterior. En 2015 fueron asistidas 32 mil personas y el año pasado sólo se atendieron 13 mil.

Además cayó la dosis de vacunación dispuesta por el organismo que ahora está bajo el mando de Gladys Gonzales, una de las candidatas elegidas por Vidal para estas elecciones, de 14 mil a 7 mil. Las personas vacunas pasaron de 2.638 a 726, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria.

"El abandono de esta responsabilidad implica un enorme riesgo para esos niños y para toda la población, por el reconocido carácter comunitario de las inmunizaciones", señaló la Fundación.

En este sentido el recorte se dio debido a que el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), de Acumar, mantuvo los mismos recursos nominales en ambos años. Hubo, además, reducción en el personal de médicos, psicólogos, nutricionistas y trabajadores sociales porque fueron desplazados o se los dejó sin funciones.

En el 2008, después de la intimidación de la Corte Suprema, que pidió que se mejore la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca Matanza Riachuelo; que se logre la recomposición del ambiente de la cuenta y que se prevengan los posibles daños, el PISA desarrolló el Plan Sanitario de Emergencia (PSE). De esta manera se pusieron en funcionamiento 12 Unidades Sanitarias Móviles, de las cuales 6 son para atención primaria de salud, dos de odontología, una de “Evaluación del crecimiento y desarrollo”, una de diagnóstico por imágenes, una de oftalmología y una de zoonosis.

Sin embargo, con el cambio de gestión, mientras que en 2015 se realizaron 145 operativos con las Unidades Sanitarias Móviles, en 2016 sólo se hicieron 44; el número de personas atendidas bajo más de la mitad, pasó de 31.967 a 12.721, y la cantidad de vacunados que en su mayoría son chicos pasó de 2.638 a 726.

A semanas de que vuelva a regir el fútbol privado, Clarín desempolvó a Fernando Niembro. El ex candidato de Cambiemos, autor de la frase "Si quieren ver fútbol gratis que se vayan a Cuba", aseguró que el fútbol es "es un juego colectivo profesional" que "también" pertenece a "los empresarios y los periodistas".

El escándalo de corrupción que explotó en 2015 con la firma La Usina Producciones y el Gobierno de la Ciudad llevó a que el periodista Fernando Niembro sea apartado de su cargo como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires en la lista de María Eugenia Vidal.

Lejos de las cámaras de Fox, Niembro se refugió en la Secretaría de la Presidencia bajo el ala de Fernando De Andreis y el coordinador del Fútbol Para Todos Fernando Marín. Desde ahí participó activamente del desfinanciamiento del Fútbol Para Todos, la negociación con los privados, en forzar la intervención de la AFA, digitar la Comisión Normalizadora e incidir fuertemente en la elección de Edgardo Bauza como entrenador de la Selección nacional.

Leé más: Paso a paso: los artículos de la Ley de Medios que el Gobierno omitió para privatizar el fútbol

El diario Clarín le otorgó la posibilidad de reaparecer en público a pocos meses de que vuelva el fútbol privado y que Cambiemos tenga que afrontar una difícil elección legislativa en la Provincia que participó en 2015. La excusa fue pegarle al rosarino Marcelo Bielsa por su conferencia en donde habló de la perversión de los medios de comunicación en el fútbol de hoy.

"Suena exagerado. Bielsa debe saber que participa de un juego colectivo, profesional, que excede a los entrenadores, que hoy es también de los jugadores, el público, los empresarios y los periodistas. Cada uno juega su rol", sugiere niembro en su editorial argumentando que el fútbol no es de los protagonistas sino de "los empresarios y los periodistas".

Por último el comentarista deportivo que pedía que quieran ver el fútbol gratis "se vayan a Cuba", remató argumentando que Bielsa "debería esforzarse en entender que las cosas son simples, sólo se trata de ganar. Aunque duela".

Tras casi medio año de desidia de la gestión Vidal, hoy asumirá Javier Tizado como titular de la cartera que dejó vacante Joaquín De la Torre en diciembre de 2016.

Finalmente Javier Tizado asumirá hoy como nuevo ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires. Será en el Salón Dorado de la Gobernación y de esta manera le pondrá fin a la novela que se hizo eterna desde que el actual ministro de Gobierno, Joaquín De la Torre, dejara aquel cargo en diciembre de 2016. Es el tercer hombre que ocupa el ministerio desde que Cambiemos gobierna.

Entonces, después de más de cinco meses la gobernadora María Eugenia Vidal contará con ministro de Producción. La elección del indicado fue la semana pasada, luego de un desfile de candidatos que fueron entrevistándose con los hombres más cercanos a la mandataria provincial.

El elegido fue Tizado, quien venía desempeñándose como subsecretario de Comercio Interior de la Nación, además de ocupar la vicepresidencia del club Chacarita Juniors -luego de derrotar con la lista que encabezó Horacio Fernández al candidato apoyado por el gastronómico Luis Barrionuevo, Daniel Tujsnaider-, se trata de un empresario que comenzó trabajando como abogado jr en Techint y desde diciembre de 2015 es funcionario en el Gobierno nacional.

La novela de esta designación data desde hace varios meses. A principos de mayo de este año, cuando todo parecía encaminarse a un final feliz, todo volvió a quedar en la nada porque se cayó la posibilidad de que Diego Cifarelli -titular de la Federación de Molineros (FAIM)-, se quede con el puesto.

A partir de la baja de Cifarelli, en la ronda de nombres había uno muy concreto que parecía picar en punta: Carolina Castro, un cuadro del que hablaban tanto en el vidalismo como en el entorno de De la torre. Castro es una alumna ejemplar de la Unión Industrial Argentina (UIA), que cuando Mauricio Macri ascendió a la Presidencia de la Nación se fue a trabajar con el ministro de la Producción nacional, Francisco Cabrera.

El director de la AFI, involucrado en el escándalo de coimas de Odebrecht, no asistió a la invitación que le habían cursado para hoy al Congreso y ahora será citado formalmente.

El Congreso decidió este miércoles citar formalmente al director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, luego de que declinara la invitación que se le había cursado para este miércoles, mientras que la oposición reclamó que se aparte del cargo mientras dure la investigación sobre el presunto cobro de coimas de parte de la firma brasileña Odebrecht.

La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia se reunió a pesar de que Arribas faltó al encuentro y resolvió "por unanimidad" citarlo "en un tiempo prudencial, con un temario que lo va a decidir la comisión", informó el presidente del cuerpo, el senador oficialista Juan Carlos Marino.

"Ya no es una invitación, es una citación", aclaró Marino tras el encuentro a puertas cerradas en el edificio anexo del Senado, donde los diputados y senadores de la oposición, además, pidieron que el director de Inteligencia se aparte de su cargo mientras dure la investigación.

A pedido de la diputada kirchnerista Teresa García, la Comisión Bicameral había invitado al funcionario a explicar su situación luego de que Leonardo Meirelles, un operador financiero de Odebrecht, declarara ante la Justicia argentina que en 2013 realizó diez transferencias por un total de 850 mil dólares a una cuenta de Arribas.

Sin embargo, el funcionario notificó este martes por escrito a la comisión sobre su ausencia en el encuentro y envío una copia de la denuncia que le hizo a Meirelles por "falso testimonio" y respuestas a una serie de preguntas que le había hecho llegar la diputada García.

Según indicó Marino en declaraciones a la prensa luego de la reunión, a la que calificó como "excelente, con posiciones diferentes", las respuestas enviadas por Arribas "algunos las creyeron suficientes y otros no", aunque señaló que todos los legisladores coincidieron en que "se ha equivocado en no venir".

El senador radical fue el único integrante de la comisión que salió a hablar y destacó el "nivel de responsabilidad de todos los miembros" del cuerpo al poner de relieve la necesidad de "tratar de que no sea vulnerable el sistema de Inteligencia".

No obstante, según confirmó la agencia de noticias NA, durante el encuentro la oposición pidió que Arribas dé un paso al costado mientras dure la investigación, como hizo el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión.

El oficialismo argumentó que eran casos distintos, porque cuando Gómez Centurión fue denunciado se encontraba en su cargo mientras que los hechos que se le imputan a Arribas tuvieron lugar antes de que fuera director de la AFI.

Marino insistió en que el tema sobre el que gira la polémica "lo tiene que resolver la Justicia" y recomendó al funcionario "que se ponga inmediatamente a disposición de la Justicia, como ya lo ha hecho antes, con toda la documentación que crea pertinente".

Posteriormente, la diputada del Frente Renovador Marcela Passo, que integra la comisión, remarcó que "no se trata de un hecho de su vida privada", ya que "Arribas ocupa hoy un cargo desde el cual puede tapar lo que hizo tiempo atrás" y, por lo tanto, "no debería seguir en su cargo mientras dure la investigación".

(por Ignacio Cantala) Macri impulsaría por decreto la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria. El proyecto oficial cuenta con el apoyo de los sindicatos y las empresas de medicina prepaga y supone una reducción de derechos a la población, vulnera el sistema público y pone en riesgo las arcas provinciales. El rol de los gobernadores y algunos senadores para detener el impulso privatizador en la Salud.

La nueva oleada de reformas que el gobierno de Macri impulsa en el ámbito de la Salud implica una serie de graves riesgos para las provincias y una enorme pérdida de derechos para los ciudadanos, según advierten los especialistas.

Las dos medidas principales del gobierno nacional que estructuran su política de salud se encuentran en el Decreto de creación de la Cobertura Universal de Salud (CUS) y el proyecto de ley enviado al Senado para la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria (AGNET). Otro otro elemento fundamental de la política sanitaria macrista lo constituye el desmantelamiento de las principales políticas nacionales de carácter territorial, preventivo y de atención primaria destinadas principalmente a los sectores de menores recursos. En este aspecto, puede observarse la desarticulación de programas como REMEDIAR, promotores territoriales de salud, prevención del dengue, la demora y falta en la entrega de medicamentos o el escaso interés en impulsar los hospitales SAMIC. A esta lista debe sumarse el convenio de patentes express firmado con los EEUU que pone en riesgo a la industria y laboratorios nacionales.

Respondiendo a la lógica liberal, el gobierno de Cambiemos ha asumido la Salud desde el paradigma de los negocios. Por ello, su principal preocupación es como reducir el “gasto” público y al mismo tiempo como aumentar la rentabilidad de los otros actores del sistema: las obras sociales sindicales y la medicina prepaga.

La CUS está impregnada de neoliberalismo. En primer término, porque la propuesta viene impulsada por el Banco Mundial y la OMS (Organización Munduial de la Salud) cuya autonomía es casi inexistente respecto de los principales Estados que conforman el Banco y debido al rol financiador de la industria farmacéutica.

Las derrotas de los gobiernos de corte nacional y popular en América Latina detuvieron el impulso que desde la OPS (Organización Panamericana de la Salud) construía una alternativa al esquema de la CUS. En verdad, la alternativa es oponer al negocio la noción de derechos. Traducido a política pública ello supone garantizar el acceso y la atención en detrimento de la privatización de prestaciones y la reducción del gasto.

La trama sindical. Negocios y paritarias como ejes de la política sanitaria

La CUS fue puesta en marcha con el reparto de 30.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución. Según el decreto, el Estado aporta 8.000 millones de pesos por única vez para la puesta en funcionamiento de la CUS. Otra suma importante, cerca de 3.000 millones de pesos fue asignada a las Obras Sociales sindicales. Otros 4.500 millones de pesos se asignarán mediante un mecanismo aún no conocido y el 50% del total del Fondo se destinó a la compra de bonos de la deuda mediante un fideicomiso.

Desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional la relación con los Sindicatos está determinada por el flujo de fondos. Las suntuosas cantidades que recibirán las obras sociales debido al CUS pusieron a los sindicatos como un actor de peso para impulsar la aplicación de este nuevo esquema de salud.

El cuadro de reformas se completa con el proyecto de ley de creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET). Entre otras facultades, el proyecto propone que la agencia determinará la canasta de prestaciones cubiertas (reduciendo acceso a derechos vigentes), será la única autorizada para incorporar cuestiones al PMO –Programa Médico Obligatorio-, además establece que sus resoluciones respecto de tratamientos y prestaciones serán de carácter vinculante para la justicia. Ya se escucharon voces respecto de la inconstitucionalidad de ese punto.

Las Provincias las grandes perdedoras

El tratamiento de la AGNET en el Senado dejó al desnudo los factores de poder que están detrás de la aprobación de la norma. Por un lado, el gobierno nacional con su impulso privatizador junto a los sindicatos y prepagas, pues la agencia supondrá una reducción de sus costos y por lo tanto un incremento de sus rentabilidades. Del otro lado, los gobernadores y los sectores que defienden el rol del Estado como garantía del ejercicio efectivo de acceder a la Salud.

Fueron estos sectores, quienes pusieron en alerta a los gobernadores, al recordarles que no estando previsto el modo en que se sustentará la CUS quienes deberán aportar los recursos para afrontar el pago de las prestaciones serán las arcas provinciales. Gráficamente la operación supone mangueras que derivan recursos del sistema público al sector privado.

Muchos gobernadores, algunos protagonistas de la década del 90 y conocedores del impulso neoliberal por descentalizar funciones a las provincias pero no los recursos, comenzaron a apoyar una propuesta alternativa en la cual la Agencia asume un carácter federal y sus funciones están asociadas a la investigación, la innovación y el control, pero fundamentalmente destinada a fomentar el derecho y acceso a la salud.

Los intereses contradictorios entre gobernadores y sindicatos explican, en parte, porqué la AGNET no avanzó en el tratamiento en el Senado.

Sin ley, hay Decreto

La discusión paritaria con el intento oficialista de imponer un techo del 20% a los convenios para cumplir sus metas de inflación y reducir el “costo” laboral también se introdujo en la negociación de la política sanitaria.

En los últimos días ha crecido el rumor de que el Gobierno Nacional impulsará la creación de la Agencia por la vía del Decreto. El republicanismo y el respeto a la división de poderes constituyen un ideario declamado por el gobierno nacional, pero no creído por los integrantes de su mesa chica. La concreción de un negocio no puede subsumirse al respeto institucional.

La AGNET se incorporó al combo de seducción y cooptación de voluntades para cerrar paritarias no superiores al 20%. Operadores de la Casa Rosada muestran gráficos a los sindicalistas destacando como impactaría en la reducción de su “gasto” en la obra social la tarea que desarrollará la Agencia.

Por su parte, Senadores de todos los bloques ya han expresado su preocupación, pues se estaría avasallando las facultares legislativas. “Se trata de un proyecto que está siendo discutido en el seno del parlamento y el Poder Ejecutivo no puede imponernos su mirada con un decreto” afirmó un Senador a este cronista. En off confirmó que voltearán el decreto cuando llegue a la Comisión Bicameral si la intentona se concreta.

Para Cambiemos, la AGNET es fundamental para consolidar las reformas en Salud. Sin la Agencia, la CUS estaría incompleta. Es la Agencia la que se encargará de quitar derechos, reducir el gasto público e incrementar la rentabilidad de los otros subsectores del sistema de salud.

La ruta del dinero ya definió el rumbo del sindicalismo en este asunto. Además, el proyecto oficialista les reserva dos asientos en el Directorio de la Agencia. A esta altura ya no resulta paradójico que la fórmula de cómodos sillones y garantía de rentabilidad resulte más atractiva a los sindicatos que la defensa de los derechos de los trabajadores en su acceso a la salud.

En línea con la política de endeudamiento del Gobierno Nacional, María Eugenia Vidal saldrá mañana a tomar nueva deuda a 5 años. El año pasado la Provincia gestionó deuda por casi 60 mil millones.

El gobierno bonaerense licitará este jueves una nueva emisión de deuda en pesos a 2022, ajustada a tasa variable, con ofertas en tramos competitivo y no competitivo, amortización total al vencimiento y títulos emitidos a la par.

La licitación pública se realizará mañana, entre las 10 y las 16, y estará abierta para personas físicas y jurídicas cuyas propuestas deberán ser canalizadas a través de los agentes colocadores locales BBVA Banco Francés S.A.; Banco de Galicia y Buenos Aires; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Santander Río S.A., y HSBC Bank Argentina S.A.

Los títulos serán emitidos a tasa variable con vencimiento a los cinco años de la fecha de emisión, con tasa Badlar más un spread fijo a licitar, informó esta tarde el Ministerio de Economía bonaerense.

Las ofertas en el tramo competitivo deberán indicarse el monto expresado en términos de valor nominal y el margen ofertado, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar únicamente el monto a suscribir.

La colocación primaria de los títulos se realizará a través del módulo de licitaciones del sistema informático SIOPEL del MAE.

Según los últimos datos suministrados por el Ministerio de Economía bonaerense (correspondientes al tercer trimestre de 2016), la deuda pública se encuentra en $180.615 millones vs los $122.084 millones al cierre de 2015. El incremento de deuda en moneda nacional fue del 48% para los primeros 9 meses de 2016.

Piden a Vidal que declare la emergencia para el sector. Alertan que 5 mil empresas ya cerraron sus puertas por la crisis económica.

Empresarios Pyme nucleados en diferentes entidades realizarán una protesta frente al Ministerio de Producción bonaerense. Será este jueves a las 11hs en la sede de esa cartera, en 51 e/ 10 y 11.

Según indicaron, el objetivo es visibilizar la difícil situación que atraviesa el sector por la caída de las ventas, el impacto de la inflación y el aumento de las tarifas de Servicios Públicos. También reclamarán por el abrupto incremento de las importaciones.

Luego, se dirigirán hasta la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para solicitar a los legisladores que declaren la emergencia Pyme.

La convocatoria la encabezan APYME (Asamblea de pequeños y medianos empresarios); Asociación PYME; CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales); CGERA (Confederación General Empresaria de la República Argentina); Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino; y la Asociación Civil Pymes Sur.

Durante el 2016 cerraron más de 5mil PYMES y según datos que arrojó el Ministerio de Economía de la Provincia, cayeron las ventas minoristas 3.5%; cayó la actividad industrial 3.4%; caída en la producción de alimentos y bebidas 3.4%, caída de las industrias de la construcción 10%; caída de la actividad textil y del cuero 3.2%.