El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, dijo que el gobierno respeta el paro por 24 horas que están realizando los profesionales de la salud, nucleados en Cicop, y aunque aseguró que al Estado le asiste “el derecho a descontar los días no trabajados”.

“El sistema operativo, médico y asistencial- son 79 hospitales más todos los servicios conexos- se encuentran plenamente operativos, en algunos lugares, en algunos distritos el nivel de acatamiento puede ser un poco mayor, pero está funcionando todo casi con absoluta normalidad”, resaltó el ministro en declaraciones a Télam y precisó que “en la última medida de fuerza hubo un poco de adhesión en Lanús y San Martín”.

“Hemos hecho un esfuerzo muy fuerte desde la Provincia, estamos dispuestos a seguir haciéndolo, hemos cerrado las negociaciones paritarias con todos los colectivos sindicales, la semana que viene negociaremos con los docentes, pero sentimos que en este caso hay un posicionamiento ideológico que hace difícil la negociación”, dijo Villegas.

La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (Cicop) convocó a un paro de 48 horas, que se cumple hoy y mañana, y a otro por 72 horas para la semana siguiente en todos los hospitales públicos bonaerenses.

La entidad gremial rechazó la propuesta paritaria realizada por el gobierno de María Eugenia Vidal, "por ser similar a la anterior, siendo ya ese el cuarto encuentro del segundo semestre con un estancamiento en la propuesta salarial y sin poder avanzar en temas extra salariales", informó en un comunicado.

El ministro, en diálogo con Télam, trazó un panorama de las medidas de fuerza que realizan los médicos del Cicop, y destacó que “con el sindicato seguimos manteniendo reuniones de mesas técnicas no salariales”.

“Cuando llegamos a la Provincia un médico ingresante, sin antigüedad y con 36 horas de trabajo, cobraba 11 mil pesos; hoy estamos en más de 16.500 pesos, por lo que avanzamos en la cuestión salarial un 34 por ciento”, afirmó.

Villegas dijo que el gobierno provincial está dispuesto “a seguir haciendo esfuerzos en todas las áreas de trabajo en conjunto con los sindicatos. Hay que decir que heredamos 79 hospitales, 53 sin inversiones y 4 para ser demolidos, servicios cerrados, falta de médicos, falta de insumo, y aumentamos el 122 por ciento en 2016 la partida para medicamentos e insumos”.

“Hemos comenzado las obras mas sensibles y criticas, hay un plan de inversión por 29 mil millones de pesos, vamos a invertir en infraestructura, en escuelas, en hospitales”, afirmó.

“Además del 34,6 por ciento de aumento en las partitarias cerrados con algunos gremios, hemos acordado con los sindicatos salud, y Cicop la finalización de la precarización laboral a la que estaban sometidos profesionales que figuraban como becarios”, detalló.

Villegas enfatizó que “lo que llama la atención de Cicop es que parece desconocer todo lo que estamos haciendo y también pareciera que ellos no estuvieron en la provincia”.

“Cuando hay un posicionamiento político, ideológico, es más difícil la conversación y el acuerdo”, afirmó el ministro pero reiteró que “la mesa de diálogo está abierta”.

Al ser consultado por Télam sobre cómo continuará este conflicto, Villegas respondió: ”Vamos a seguir trabajando con los ministerios de Economía y Salud, para evaluar alternativas y acercar posiciones, pero debo decir que al mismo tiempo de respetar la libertad de trabajo y el derecho a la huelga, también digo que como Estado tenemos el derecho de descontar los días no trabajados”.

Por su parte, el tiitular de la Cicop, Fernando Corsiglia, dijo que "se decidió dar continuidad al plan de lucha del segundo semestre, votando medidas de fuerza para las próximas dos semanas; y la actividad central será hoy, en el marco del paro de mujeres, donde participaremos activamente de esa movilización a Plaza de Mayo".

"Entendemos que en la última reunión paritaria el gobierno volvió a incurrir en el mismo error que en la reunión anterior, que es no generar una propuesta integral. Solo ratificó la oferta salarial que realizó el ministerio de Economía. Y con respecto a lo que tiene que ver con las designaciones, no estuvo en condiciones de proponer un cronograma de ingresos, que era nuestra demanda más específica", agregó.

En este plan de lucha, la Cicop ya completó 10 días de medida de fuerza total, con cuatro paros totales de 24 horas y tres de 48, siempre con la modalidad de atención de urgencias por guardia y a pacientes internados. Con los próximos paros de 48 y 72 horas completaría un total de 15 días de huelga.

El titular de la AFI se presentará en una reunión reservada de la Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia. Las reuniones reservadas se utilizan para temas de espionaje, no para corrupción, pero el PRO logró imponer esa modalidad.

Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se presentará este mediodía en el Congreso para dar explicaciones sobre las denuncias que lo vinculan al escándalo de las coimas de la empresa brasileña Odebrecht.

Arribas deberá concurrir a la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el senador radical Juan Carlos Marino. Las declaraciones se realizarán a puertas cerradas, en el edificio de la ex Caja de Ahorro que depende del Senado.

Después de que se hicieran públicos los cinco giros por más de medio millón de dólares que habría recibido Arribas en 2013 de parte del cambista brasileño Fernando Meirelles, quien figura como arrepentido del caso denominado Lava Jato. Los diputados kirchneristas exigieron en dos oportunidades la presencia de Arribas en el Parlamento.

La diputada Elisa Carrió, llevó el caso a la Justicia y el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) admitió haber recibido sólo uno de esos depósitos por unos 70 mil dólares, alegando que fue por la venta de su casa en San Pablo.

La semana pasada, el juez federal Lijo pidió a la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas de Arribas, y también solicitó a la Unidad de Información Financiera pruebas para corroborar si existen lazos del funcionario con el Lava Jato.

Según una encuesta elaborada por Analogías, el 52 %de los habitantes de la capital bonaerense tiene una visión negativa de la gestión del actual Intendente Julio Garro. Un 56% considera que la situación en La Plata era mejor hace un año atrás. Además el 54% de los encuestados asegura que el Presidente de la Nación gobierna para las empresas.

La gestión del Intendente de La Plata de Cambiemos se encuentra por el piso, ya que el 52% de los platenses tienen una visión negativa de su gestión al frente de la intendencia, sólo capta un 42% de evaluaciones positivas, de las cuales sólo el 18% respondió por las opciones Muy Buena o Buena, configurando una muy baja intensidad en su espacio de adhesión.

El estudio fue enfocado en La Plata y se basó en 1.600 casos con el método de entrevistas telefónicas, con una muestra distribuida de acuerdo a parámetros censales de sexo, edad, nivel educativo y distribución por localidad.

Otra dato brindado por Analogías es que el 44% de los encuestados opinó que La Plata mejorará, mientras que el 48% asegura que empeorará y que se encontraba, o vivía, mejor con la anterior gestión.

Los motivos de la fuerte desaprobación obedece a los problemas en el servicio de Agua Potable y Saneamiento; luego, en mucho menor importancia sobre el mantenimiento urbano, la recolección de residuos y la atención en los efectores de Salud municipal. Pero al preguntar cuál es el servicio que mejor brinda el Municipio la opción más elegida es Ninguno, con el 30% de las respuestas.

Con respecto al gobierno que encabeza Mauricio Macri, el 56% de los encuestados piensa que favorece a las empresas, mientras que el 7% dice que favorece a los trabajadores. Los apoyos al jefe de Estado caen marcadamente entre los jóvenes, pero trepan para compensar enfáticamente entre los segmentos de mayor edad.

Por su parte, la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, con bastante regularidad en todos los segmentos etarios, de género y territoriales, mantiene un elevado apoyo a su gestión, de casi el 62%, 27 puntos porcentuales por encima del 35% de los encuestados que la evalúan negativamente.

El diputado del Frente Renovador comparó de esa manera las políticas económicas de Cambiemos con las utilizadas por la dictadura cívico-militar y los años de neoliberalismo. Además advirtió que el “error más complicado” sería que este año vuelva a caer el poder adquisitivo del salario.

El legislador nacional y ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Ignacio de Mediguren en declaraciones ofrecidas hoy a un programa de radio a la apertura de importaciones anunciada por el gobierno de Cambiemos.

El legislador nacional y hombre del massismo, ejemplificó: “Si algo transparente en Argentina es el precio de la carne. Cuando el productor de carne manda su hacienda a Liniers, él no puede hacer nada, se la rematan, el precio que sale, sale. Si usted la respuesta que le da es abrir la importación, ¿quién va a importar? ¿El carnicero de la esquina su casa? No. Va a importar el mismo supermercado o el mismo frigorífico que la distribuye. Conclusión: el precio no va a bajar, bajará un 10 o un 5 por ciento, porque la rentabilidad va a quedar en el importador y usted mató al que produce la vaca, que es el que en definitiva hay que alentar para que produzca más vacas y baje el precio. Cuidado con utilizar una herramienta para lo que no debe ser utilizada”.

De Mendiguren consideró que el gobierno “va a lo más fácil”, a un “viejo concepto” que es el de “abrir las importaciones como (José Alfredo) Martínez de Hoz, (Domingo) Cavallo y creer que todo se regulariza. Y está claro que cuando uno tiene una economía en recesión, caída del nivel de actividad, que no genera empleo, lo primero que tiene que priorizar es el empleo local, que es el que paga un salario para que pueda haber consumo”.

“En este tema puntual” (de las importaciones), y aun obrando “en buena fe”, el oficialismo se compara en su política con la aplicada por los ministros de Economía de la dictadura y el menemismo.

Consultado sobre el aumento de las compras en el exterior por parte de argentinos, como por ejemplo en Chile, el diputado respondió que “Argentina, producto de retraso cambiario, de una presión tributaria inédita, de los altos costos de logística y financiero, quedó cara”.

Además, el diputado dijo que lo “preocupa la implementación” del modelo económico de Cambiemos. “A veces el gobierno tiene errores gruesos. El error más complicado que podría pasar es que este año vuelva el salario a perder poder adquisitivo, porque entonces el nivel de actividad va a ser muy difícil de mantener”, finalizó.

A través de un comunicado el legislador nacional del oficialismo criticó la cena entre dirigentes de su partido y el Presidente. además se mostró enojado  ante la posibilidad de derogar las elecciones primarias en Cambiemos.

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Alfonsín, salió con los tapones de punta contra sus correligionarios, luego de la cumbre con el presidente Mauricio Macri en Olivos, donde se definió conformar una mesa chica para definir la estrategia electoral.

“A los radicales, en especial, una pequeña reflexión”, arrancó en un comunicado, y prosiguió: “A pesar de la convalecencia, sigo leyendo los diarios y vi las noticias sobre la cumbre. Si lo leído es cierto, sólo una cosa quiero decirles: la estrategia electoral y las candidaturas del partido no las designará ninguna cumbre”.

Sin vueltas, Alfonsín advirtió que “las PASO reconocen el derecho de cualquier radical a definir las estrategias que juzguen son las mejores para el país, para Cambiemos y para el partido”. Y remató: “Ninguna cumbre puede eliminar las diferencias ni derogar las PASO”.

Durante el asado del lunes pasado, dirigentes del PRO y la UCR marcaron el objetivo de congeniar en todos los distritos para la conformación de listas electorales. Pero lo cierto es que cada provincia tiene una realidad diferente y en algunos casos no será fácil llegar a coincidencias, sobre todo donde la UCR pisa fuerte.

La mesa que definirá la estrategia a seguir estará integrada por cuatro representantes del PRO, cuatro de la UCR y uno de la Coalición Cívica.

Por el macrismo estarán el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el titular del Pro nacional, Humberto Schiavoni; el ministro de Interior, Rogelio Frigerio; y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. En tanto, por el radicalismo participarán su titular, José Corral; su antecesor, Ernesto Sanz; y los jefes de los bloques de Diputados, Mario Negri, y del Senado, Ángel Rozas.

Se trata de profesionales de la Policía de Prevención Local de la provincia de Buenos Aires, a quienes además les adeudan varios meses de sueldo. El viernes que viene se movilizarán hasta el Ministerio de Seguridad bonaerense.

La gobernadora María Eugenia Vidal y su ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, terminaron el mes de enero con 400 despidos en la administración de la provincia de Buenos Aires.

“El colectivo de trabajadores de los equipos técnicos de la Policía de Prevención Local, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, manifestamos nuestra disconformidad frente al actual escenario político-institucional que va en detrimento de nuestras condiciones laborales, habiendo recibido el día 30 de Enero de 2017 el aviso (Volante I.F.C.U.P.P.L. 3717), sin notificación pertinente, del cese de nuestras tareas laborales a partir del día 31 de diciembre de 2016”, afirmaron los cesanteados.

Según denunciaron en diálogo con el portal Infonews, venían trabajando desde principios del año pasado y “hay muchos compañeros que no cobraron nunca, ni un sólo centavo, y a los que sí nos han pagado, lo han hecho a partir de abril, o sea que nos adeudan enero, febrero y marzo”.

El 3 de enero pasado, se comunicó a la totalidad de las Academias Subordinadas al Instituto de Formación y Capacitación de las unidades de Policía de Prevención Local, la “continuidad de la asignación horaria para los miembros de los gabinetes psicopedagógicos de las APL, continuando con las tareas de contención y seguimiento de los oficiales egresados, tanto aquellos destinados a la UPPL, como los que se encuentran a la espera de destino”.

Por este motivo, la totalidad de los profesionales contratados durante el año 2016, “continuamos cumpliendo nuestra carga horaria y efectuando tareas e informes solicitados por el Instituto”.

Sin embargo, autoridades provinciales les avisaron luego “informalmente” la no renovación de los contratos y que no se haría efectivo el pago de los haberes correspondientes al mes de enero de 2017.

Además, algunos de los profesionales tampoco han percibido los sueldos correspondientes al año 2016, lo cual intensifica la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Seguridad bonaerense y “profundiza la situación de incertidumbre de nuestras familias”, detallaron los despedidos.

Tras declararse en estado de alerta permanente, los profesionales del área convocaron a una movilización para este viernes hasta la sede del Ministerio de Seguridad, en La Plata, en reclamo de la reincorporación de los 400 empleados y el pago de los salarios adeudados.

Así se lo preguntó el ex cónsul de Bolivia, tras las denuncias de trabajo esclavo en los talleres de ropa de la marca de la Primera Dama. Además el funcionario boliviano recordó diversos operativos realizados en Buenos Aires donde se descubrió que la firma Awada esclavizaba a sus trabajadores.

El presidente del Senado del Estado Plurinacional de Bolivia, José Alberto Gonzales, criticó al gobierno argentino y señaló puntualmente a la primera dama, Juliana Awada, por trabajo esclavo en los que está involucrada la firma Cheeky, que pertenece a su familia.

“¿Qué harán la esposa de (Mauricio) Macri y las grandes marcas sin bolivianos en sus talleres?”, se interrogó González a través de la agencia ANF de Bolivia.

El presidente de la Cámara Alta del país vecino reveló en diálogo con los medios de su país que cuando ejerció las funciones de cónsul en Buenos Aires participó en procesos que involucraron a la empresa de Awada por tener talleres clandestinos con trabajadores bolivianos en condición de esclavitud.

“Voy a dar un salto al vacío, pero yo quisiera sugerirle a ese diputado que hable con la esposa del señor Macri, que la señora Awada le cuente cómo trabajan los bolivianos, eso le recomiendo a ese diputado. Yo personalmente he estado participando en procesos donde esta señora (Awada) estaba involucrada por trabajo esclavo. Así que, señores, antes de pensar en muros, piensen bien en su economía”, denunció Gonzales.

El presidente del Senado se refirió a esta causa al ser consultado por  la decisión del Gobierno nacional de endurecer la política migratoria bajo el argumento de que existe un 33 por ciento de extranjeros, en particular bolivianos, peruanos y paraguayos vinculados a delitos.

La mandataria bonaerense abrió el paraguas y realizó esa polémica declaración. Además desestimó que se ponga "en juego la gobernabilidad" en caso de una eventual derrota en las próximas elecciones legislativas. También habló de por qué no suspendió sus vacaciones en el Caribe mexicano mientras se inundaba la Provincia.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseveró"No creo que sea el fin del mundo perder una elección, ni que si el oficialismo no gana las elecciones intermedias se pone en juego la gobernabilidad", sostuvo, aunque reconoció que "es importante porque te da más respaldo. El voto favorable nos ayuda a saber que quieren seguir por acá".

"No pienso perder un año de gestión por hacer campaña", reafirmó.

En una entrevista con radio Mitre, estimó que cuando visite un municipio "a la actividad institucional "le sumará un acto de campaña y dijo que la alianza con la UCR en el marco de Cambiemos hace que ese espacio no sea "una coalición electoral" sino "una coalición de gobierno".

La mandataria provincial apoyó la decisión del gobierno nacional de no tener "injerencia" en la discusión de las provincias de sus paritarias docentes al afirmar que los sueldos "los pagan los gobernadores".

Agregó que las negociaciones se enmarcarán en los acuerdos que establecieron que ninguna provincia pueda dar aumentos inferiores al 20 por ciento, por encima del salario mínimo vital y móvil.

La gobernadora fue taxativa a la hora de rechazar la posibilidad de desdoblar una elección para minimizar impactos electorales negativos de políticas nacionales como el aumento de tarifas, a las que consideró un "sinceramiento necesario para tener inversiones".

"Hubo infinidad menos de cortes, y consumo menor. El objetivo de aumentar la tarifa no es recaudar más, es ahorrar energía. Nos decían que la electricidad era casi gratuita y tenías cuatro días sin luz", subrayó.

Luego de destacar que "hay tarifa social para el 35 por ciento de los usuarios que pagan menos de 100 pesos por mes", Vidal reiteró los conceptos de esfuerzo colectivo para conseguir mayores inversiones y más trabajo.

Sobre el empleo, la mandataria bonaerense dijo que su meta es llegar a que la obra pública provincial tenga una ejecución del 100 por ciento para este año, redundando en nuevos puestos de trabajo.

A diferencia de lo que debió enfrentar en 2016, Vidal ponderó que se hayan bajado los plazos para el inicio de obras: "El esquema administrativo de la provincia tiene un retraso de 30 años. Cuando llegamos, lanzar una obra hídrica importante llevaba un año y medio, hoy 8 meses, que es una barbaridad y que hay que reducir aún más".

Sobre la asignación de obras, desmintió que vaya a haber discrecionalidades según el signo que gobierna cada municipio y dijo que el fondo a distribuir es "equitativo" y que en las obras que dependen de la provincia "nos fijamos en que se hagan en tiempo y forma, no por dónde pasan".

También se refirió a la polémica por sus vacaciones en México durante las inundaciones en la localidad de La Emilia, defendió el trabajo de su equipo de gobierno, destacó la labor del vicegobernador, Daniel Salvador, y aclaró que "se hizo todo lo que había que hacer".

"Es la primera situación de emergencia en la que no estoy. Estuve hablando con el equipo, con el gobierno nacional. El equipo tiene que poder trabajar sin mí. Si la gente hubiera recibido menos porque yo no estaba, ahí si teníamos un problema", añadió.

Consultada por las paritarias docentes, dijo estar de acuerdo con la cancelación de la que se realizaba nivel nacional ya que los sueldos "los pagan los gobernadores" y se mostró a favor de la utilización de clausulas "gatillo" por inflación.

Al respecto anunció que se apartaron de la Policía a 3358 efectivos y anticipó que "el mes que viene van a ser más, no es una purga, es una política. Todos los días empiezan nuevas investigaciones. En 2015 hubo 25 denuncias por enriquecimiento hoy hay 600. Hay denuncias penales y aportamos pruebas de lavado".

Vidal criticó además la liberación de los ocho policías bonaerenses acusados en la causa por el hallazgo de sobres con dinero presuntamente proveniente de coimas en la Jefatura Departamental de La Plata, al considerar que es "un mensaje desalentador para la sociedad", que le hace sentir "vergüenza" como ciudadana.

Afirmó que no comparte la opinión del director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, respecto de la última dictadura militar, ante lo cual resaltó que en ese período "hubo un plan sistemático" y que es "un tema judicialmente saldado". "Es la opinión de Gómez Centurión. Nosotros no la compartimos", sostuvo.

Señaló que le "consta que el Presidente le pidió que solicitara disculpas, que fue lo que hizo".

"Es un tema judicialmente saldado: hubo un plan sistemático y ni el Gobierno nacional, ni nosotros compartimos lo que dijo", concluyó.

Los maestros rechazaron el 18% que intenta establecer el gobierno de Cambiemos como techo en las paritarias y exigieron no menos del 35% para comenzar el ciclo lectivo. mañana se movilizarán hasta el Hotel Savoy, en Capital Federal, donde habrá una reunión oficial con los gobernadores.

El Frente Gremial Docente Bonaerense aseguró que “el panorama no es nada favorable” de cara a las negociaciones salariales, ya que el gobierno de Mauricio Macri “quiere volver a los 90 en materia educativa, dejando sin efecto la paritaria nacional”.

Mientras el presidente, junto a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y el resto de los gobernadores de Cambiemos, intentan imponer un techo del 18%; los maestros ya adelantaron que “si prima la lógica del ajuste, se complicará el inicio de clases”.

“En primer lugar vamos a tener que discutir la pérdida del nivel adquisitivo del salario del año pasado, que está entre un 8% y un 10%. Y a eso hay que sumarle lo necesario para poder afrontar la inflación de este año, que rondará en un 25%. Por eso, la demanda que vamos a llevar los docentes al ámbito de paritarias será de un piso no menor al 35%”, explicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

En forma similar se manifestó Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), al considerar que el 18% de aumento para este año “ya de partida es inaceptable”.

“Claramente está lejos de lo que tiene que venir a dar cuenta un salario docente”, que a nivel inicial es de 9.800 pesos de bolsillo, sostuvo la dirigente gremial y ratificó la necesidad de “recuperar la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”.

En la provincia de Buenos Aires, las negociaciones comenzarán el próximo lunes a las 15, pero antes los docentes se movilizarán a Capital Federal para expresar masivamente su reclamo salarial.

El gobierno de Macri convocó a un grupo de mandatarios provinciales a una reunión para este jueves en el Hotel Savoy con el objetivo de unificar criterios en torno al 18%, luego de descartar la paritaria nacional docente.

“Esta paritaria está establecida por ley y permite que los docentes de todo el país podamos discutir un piso salarial. El gobierno quiere desentenderse de la asistencia que debe dar a las provincias para que paguen ese salario”, remarcó Baradel.

Por su parte, el secretario general de la UDA, Sergio Romero, consideró que los gobernadores que concurrirán al Savoy “tienen una actitud cómplice” con Cambiemos.

“Desestiman la paritaria federal y ponen en riesgo coparticipaciones nacionales que reciben las provincias producto de nuestra negociación”, añadió el sindicalista.

Los privados de Sadop también repudiaron las maniobras macrista y adelantaron medidas de fuerza. El titular del gremio, Roberto Almirón, adelantó que “si no hay una respuesta satisfactoria, habrá paros y diversas expresiones del conflicto”.

El titular de la Aduana Nacional, Juan José Gómez Centurión, fue denunciado hoy por "apología del crimen" a raíz de las declaraciones en las que negó la existencia de un "plan sistemático" de represión ilegal en la última dictadura militar.

Era de esperarse. El escándalo que generó Gomez Centurión llegó a la justicia. La denuncia fue presentada por la ex legisladora porteña Delia Bisutti y por el abogado Sergio Zurano, y quedó a cargo el juez federal Ariel Lijo, según el sorteo hecho en la Cámara Federal porteña.

Bisuti es sobreviviente del centro clandestino de detención conocido como "Sheraton" que funcionó la comisaría de Villa Insuperable y, además, su esposo está desaparecido.

"Se preguntan los denunciantes y preguntan al señor juez si es legítimo que un funcionario del Gobierno Nacional se exprese como Gómez Centurión lo ha hecho, teniendo en cuenta la calificación que a sus palabras otorgan su carácter de funcionario, más allá de eventuales y posteriores disculpas", afirmaron en la denuncia.

"No bastan los comunicados cuando se delinque", agregaron. Las declaraciones del funcionario "justificaron la acción criminal" perpetrada en la dictadura y "condenada en los juicios de lesa humanidad", agregaron los denunciantes.

Lijo deberá ahora dar vista a la fiscalía para que determine si corresponde o no imputar al funcionario.