El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anunció en conferencia de prensa que el aumento en las tarifas de luz se desdoblará en los meses de febrero y marzo. Será de entre el 61% y 148% y no descartan que en octubre vuelva a haber otro incremento.

El ministro Juan José Aranguren, fue quien anunció la medida y, casi cínicamente, celebró que el Gobierno pueda "recomponer la realidad" de las tarifas eléctricas con nuevos aumentos.

En el caso de los usuarios R1 el aumento será de 61% promedio. Si enero pagaba $ 131 por el servicio total mensual, desde marzo la tarifa subirá $ 80 y pasará a pagar $ 211 promedio.

Para los usuarios R2 la suba será de 77% promedio. Estos consumidores pagaban $ 237 en enero y desde marzo abonarán $ 183 más. Por lo tanto, esas facturas llegarán por alrededor de $ 420.

Los que consuman entre 300 y 600 kwh por mes la suba será de 90,12%. En enero estos pagaban $ 618 y desde marzo pagarán como máximo $ 1.175.

El último caso es para lo que consumen entre 600 y 1.500 kwh. En este segmento el tarifazo será el más alto: 148,5%. En enero estos usuarios pagaban $ 1.418 por mes, mientras que en marzo abonarán $ 3.524 como límite, unos $ 2.106 por encima del valor actual.

Además confirmó que para los comercios la suba será igual que para los residenciales.

Según dijeron los funcionarios de Energía, el 83% del total de usuarios verá un aumento menor a $ 183 por mes. Para esquivar el impacto del tarifazo recomiendan reducir el consumo. Si se ahorra 15% se pagará la mitad del aumento desdoblado previsto y si se achica 20% el consumo respecto de los valores de diciembre de 2015, no paga este aumento.

Aranguren afirmó que tras esta reconfiguración se garantizará que "se pueda recuperar en la tarifa el costo económico de la generación de energía" y resaltó que la nueva tarifa es aún "menos de un tercio del valor".

Asimismo, Aranguren dejó entrever que las tarifas de la energía eléctrica podrían volver a subir en octubre próximo, dependiendo de la inflación y otras variables económicas.

"Los aumentos que anunciamos hoy son para el período de febrero hasta octubre", dijo el funcionario al ser consultado sobre si podría haber nuevos aumentos para las facturas de los usuarios residenciales e industriales.

Aranguren agregó que "lo que ocurra luego de octubre no se puede anunciar ahora" dado que su equipo lo verá en esa oportunidad en función "de las variables económicas del país y de la inflación".

El radicalismo participará de las próximas elecciones en ese frente, confirmó este martes el vicegobernador bonaerense, Daniel Salvador. Tras el mimo de Macri, Cambiemos-UCR sería única opción electoral para 2017.

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, aseguró este martes que tanto el radicalismo como todos los espacios que conforman el frente Cambiemos tiene la intención de "participar juntos" de las próximas elecciones legislativas.

"Este será un año con mucho peso electoral, ya estamos a pensando y analizando para tomar decisiones un poco mas adelante, pero la clara intención nuestra y de todos los espacios que conformamos cambiemos es ir juntos", manifestó Salvador.

"La gestión nos pone en un compromiso muy importante, estamos convencidos de que nos queda muchísimo por hacer. Se han puesto las bases para que este año pueda empezar a aparecer mucho de lo que se estuvo generando", añadió.

Durante una cena con el presidente Mauricio Macri, de la que participó Salvador y referentes de la Unión Cívica Radical (UCR), se acordó anoche conformar una mesa con todas la fuerzas de Cambiemos que funcionará como comando de campaña para definir el armado de listas de las elecciones legislativas de este año.

De esta forma, Cambiemos evitaría ir a primarias para consensuar el armado de listas con candidatos de todas las fuerzas del frente oficialista.

Aunque amagaron todo el 2016 con presentar su opción electoral por el ninguneo del PRO, la UCR irá en los lugares que les propongan en la lista de Cambiemos.

El Gobierno amplió este martes la emisión de una Letra del Tesoro, emitida originalmente el 10 de enero último, para ser suscripta de manera directa por la provincia de Córdoba. El endeudamiento no cesa, a pesar de las advertencias.

El Gobierno amplió este martes en más de 90 millones de dólares la emisión de una Letra del Tesoro,

emitida originalmente el 10 de enero último, para ser suscripta de manera directa por la provincia de Córdoba.

La ampliación quedó establecida en una Disposición de la Tesorería General de la Nación, publicada este martes en el Boletín Oficial.

"Amplíase, con fecha 30 de enero de 2017, la emisión de las Letras del Tesoro en Dólares Estadounidenses con vencimiento 17 de abril de 2017, originalmente emitidas el 10 de enero de 2017, por un monto de 90.560.000 millones de pesos", según el texto oficial.

Argentina se convirtió en 2016 en el país que más se endeudó entre los emergentes, llegando a tomar el 40% del total de la deuda de ese conjunto de naciones en el año.

El nivel de endeudamiento, que ya provocó cruces entre dirigentes del propio Cambiemos, parece no haber amedrentado al macrismo que no se detiene en su plan económico.

Unos veinte altos funcionarios del gabinete, más el presidente y vicepresidenta de la Nación fueron ubicados en diferentes áreas estatales. Primos, hermanos, padres, novias, amistades y esposas, entre otros, cobran destacados salarios mientras los grandes medios de comunicación se hacen los distraídos.

El amplio nepotismo desplegado por Cambiemos hace más de un año se publicó en el Boletín Oficial. Allí, veintidós altos funcionarios, entre los que se encuentran el jefe de Estado y la vice, Mauricio Macri y Gabrela Michetti respectivamente, acomodaron a sus más allegados con diferentes puestos de gestión con sueldos que sobrepasan, ampliamente, lo que perciben cualquier trabajador estatal.

La funcionaria que más allegados “ubicó” en la gestión, fue la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien ubicó a su hijo Francisco Langieri Bullrich, a su primo Pedro Cernadas;  a la nieta de su tía María Julieta Williams y a su cuñada Ana Gascón Araoz. Los sueldos de los familiares de Pato van desde 47.300 pesos a los 80.456.

Según el Boletín Oficial, el presidente Mauricio Macri ubicó al medio hermano de su primera esposa– Ivonne Bordeu–  Fernando de Andreis. , con un modesto salario de 65.467 pesos mensuales.

La vicemandataria, Gabriela Michetti, para no ser menos, nombró a su prima, María Alejandra Illia y el Estado le paga unos 68.500 pesos

La lista completa: Entorno familiar, ubicación y salario

El presidente Mauricio Macri nombró al medio hermano de su primera esposa, Fernando de Andreis como Secretario General de la Presidencia de la Nación. Cobra: 65.467$.

La vicepresidenta Gabriela Michetti, ubicó a su prima kinesiologa, María Alejandra Illia, La como asesora del Honorable Senado de la Nación. Cobra: 68.500$

El jefe de Gabinete, Marcos Peña nombró a su hermano Andrés Peña como subsecretario en el Ministerio de Producción. Cobra: 127.000 $.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue la que más allegados ubicó desde su llegada a la cartera que actualmente dirige. Su hijo,  Francisco Langieri Bullrich fue ubicado con un cargo en el Ministerio de Modernización por el que percibe un salario de 69.150. La prima de la Ministra, Paula Urroz, llegada al Congreso  de la mano de Pato consiguió una categoría A4, lo que equivale a un salario de 57.456$. Del mismo modo, el primo de la ministra, Pedro Cernadas, fue designado en la ANSES con un ingreso de  57.840; mientras que la nieta de su tía, Maria Julieta Williams, es la actual Directora General de Innovación Social y Planeamiento Participativo de la Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, cobrando por ello un sueldo de 80.456$.

Bullrich también consiguió para su cuñada, Ana Gascón Araoz, un contrato por 47.320$  y para los sobrinos de esta y sus novias por sumas algo menores (RESOLUCIÓN N.° 22/SECM/16 Boletín Oficial CABA-29/02/2016). Todos ellos pasaron a ser personal de planta en la Subsecretaría de Comunicación Social dependiente de la Secretaría de Medios.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca ubicó  a su esposa María Cecilia Loccisano para coordinar el área de Financiamiento Internacional del Ministerio de Salud.Cobra: 54.732$

El cuestionado ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ubicó a su esposa, María Carla Piccolomini como Directora de Relaciones Institucionales de Radio y Televisión Argentina (RTA). Cobra: 141.000$.

El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, nombró a su yerno, Rodrigo de Loredo como presidente de Arsat, la empresa de telecomunicaciones estatal. Cobra: 56. 345$.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, nombró como interventor de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) a su tío Mario Frigerio. Cobra: 57.456$

El ministro de Cultura Pablo Avelluto, nombró a su “sensual” novia Carolina Azzi como titular de coordinación audiovisual de prensa. Cobra: 45.734$.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera designó a su hija  Cabrera como asesora en el ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Cobra: 54732$.

El ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, ubicó a su primo Amadeo Nicora en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Cobra: 113.000$.

El ministro de turismo, Gustavo Santos nombró a su hijo Matias Santos Crocsel, como jefe de asesores de gabinete en el ministerio.Cobra: 135,220$

El vocero presidencial, Iván Pavlovsky, logró que su esposa Marina Klemensiewicz consiga trabajo al frente de la  secretaria de Hábitat e Inclusión de la Ciudad de Buenos Aires. Cobra: 127.200$.

El polémico militar retirado y Director Nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión nombró a sus dos hijos en la función pública, Juan José Gómez Centurión hijo, trabaja en el Municipio de Tres de Febrero cuyo intendente, Diego Valenzuela, se atribuye la responsabilidad del nombramiento por idoneidad, aclarando que se irá cuando concluya la gestión. Cobra 62,540. Su otro hijo, José Rafael Gómez Centurión, fue nombrado en ANSES. Cobra: 58,410.

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, nombró a su esposa, Josefina Rouillet como gerenta del Fondo de las Artes. Cobra: 45.734$.

El cocinero e intendente de Quilmes, Martiniano Molina, nombró a su padre Jorge Molina como director provincial de fiscalización y registro del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Cobra: 56.345$. Además ubicó a su hermano Tomás Molina en la secretaría general de la Comuna. Cobra: 63.000$

El director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, designó a su primo Iván Kerr como Subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación. Cobra: 48.954$.

El diputado Federico Pinedo nombró a su hermano Enrique Pinedo en la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, como director de Relaciones Institucionales de la Cámara alta. Cobra: 56345$.

El diputado Eduardo Amadeo designó a su esposa Beatriz Victoria Orlowski al frente  de la Dirección del Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad. Cobra: 45.734$.

Lucas y Matías Cimadevilla, hijo y sobrino de Mario Cimadevilla, titular de la Unidad AMIA, figuran como empleados de diferentes senadores nacionales, con sueldos superiores a los 45.000$

Hoy el mandatario se juntará a comer un asado con sus aliados de Cambiemos para analizar la estrategia a desarrollar de cara a las elecciones legislativas de este año. Los boinas blancas pedirán en la mesa más espacios en las listas, diálogo entre ambos partidos y abordarán el ascenso de la figura de CFK, entre otros.  

El presidente de la Nación, Mauricio Macri busca establecer acuerdos en Cambiemos para evitar la competencia en las PASO, por eso se reunirá hoy a la noche que viene con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Casa Presidencial de Olivos.

Entre la batería de puntos que los radicales llevaran a Olivos se destacan: más apertura para ocupar cargos en el Poder Ejecutivo. Sólo hay 3 ministros de origen radical entre los 23 que tiene el gabinete de Cambiemos; Candidatos de la UCR en las listas para las elecciones legislativas próximas; autonomía para los Gobernadores del oficialismo; interacción en el Congreso; mayor comunicación entre ambas fuerzas políticas que integran la alinaza Cambiemos y el rol del kirchnerismo en los sufragios.

El mandatario estará acompañado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio que representarán al PRO; mientras que en nombre del partido centenario irán el presidente del partido, José Corral; los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Ricardo Colombi (Corrientes); los jefes de los bloques parlamentarios, Ángel Rozas (Senado) y Mario Negri (Diputados), y los ministros Ricardo Buryaile, José Cano, Oscar Aguad y Julio Martínez.

El encuentro será el primero entre Macri y los boina blanca desde que asumió el jefe de Estado. El PRO y la UCR no tuvieron reuniones bilaterales ya que buscaron concentrar la unidad en las Mesas de Cambiemos.

En principio no está invitado Ernesto Sanz, el dirigente del radicalismo con mejor llegada al Presidente. La idea de la UCR es trabajar en la búsqueda de acuerdos para evitar la competencia interna en las PASO. La UCR pondrá en juego 24 de sus 39 bancas en la Cámara de Diputados.

El mandatario nacional oficializó el DNU que endurece los controles de ingreso y facilita la expulsión de extranjeros. Autoridades paraguayas y bolivianas expresaron su malestar, mientras que organizaciones de refugiados y migrantes denunciaron el carácter persecutorio de la medida.

De manera unilateral, el gobierno de Mauricio Macri reformó la Ley de Migraciones 25.871, una decisión que se venía anunciando con un discurso xenófobo, racista y discriminatorio, e incluso tratando de justificarlo con datos falsos, como hizo días atrás la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuando apuntó contra paraguayos, peruanos y bolivianos.

El decreto de necesidad y urgencia 70/2017 firmado por el mandatario y publicado en el Boletín Oficial habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso al país de personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme, o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

Asimismo, endurece los criterios para echar extranjeros del territorio nacional, tras considerar que “en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas”.

El decreto se suma a otras medidas de controles migratorios puestas en marcha la semana última, como la aplicación del sistema Información Anticipada de Pasajero, que obliga a las líneas áreas a brindar datos sobre los pasajeros antes de que arriben o egresen del país.

Macri también creó la Comisión Nacional de Fronteras, como ente regulador y coordinador del funcionamiento de los Pasos Internacionales y Centros de Frontera, y la Dirección de Extranjeros Judicializados, que tendrá, entre otros objetivos, supervisar la materialización de las expulsiones.

El director de Migraciones de Paraguay, Jorge Kronawetter, cuestionó hoy el decreto del presidente argentino al sostener que “no condice con el espíritu de la comunidad internacional”.

“Nosotros siempre hemos luchado por el libre tránsito… queremos descomprimir la situación, que la tecnología haga su trabajo y que todos nuestros ciudadanos puedan tener la posibilidad de libre tránsito en el país y en los países vecinos”, subrayó el funcionario.

Bolivia, en tanto, ya había convocado al embajador argentino tras los dichos xenófobos de la ministra Bulrrich, quien aseguró que son extranjeros “el 33 por ciento” de los presos “por delitos federales”, omitiendo que menos del 6 por ciento de la población carcelaria total es extranjera y que sobre dos millones de inmigrantes que viven en la Argentina apenas 1420 (0,07%) están presos por delitos vinculados al narcotráfico.

“Lamentamos la estigmatización a los ciudadanos bolivianos en Argentina, que coincide con el discurso de (Donald) Trump”, dijo en esa oportunidad Carlos Romero, ministro de Gobierno de Evo Morales.

El embajador de Bolivia en Argentina, Santos Tito, salió hoy a criticar el decreto de Macri y explicó que lo más efectivo para enfrentar el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos es impulsar “acciones conjuntas” a nivel regional.

“No se puede estigmatizar a los bolivianos ya que el conjunto de los bolivianos en Argentina contribuye al desarrollo de ese país”, remarcó.

Desde la Cámara de Diputados de la Nación, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona, sostuvo que “estamos ante un gobierno que en su política exterior adopta medidas y posiciones que generan tensión en la región”, y reclamó que el tema pueda ser tratado en el Congreso porque es “delicadísimo”.

“El Gobierno perfectamente pueda avanzar en mejoras tecnológicas que permitan contar con perfiles de antecedentes, en estrecha colaboración con los países vecinos. Ahora, si se tensionan y ofenden los países vecinos, es muy difícil luego trabajar en la cooperación necesaria a los efectos de que los antecedentes penales se encuentren disponibles”, explicó el diputado al afirmar que Macri eligió “un camino que en su forma y su contenido no es adecuado”.

Tras la publicación del decreto contra los extranjeros en el Boletín Oficial, organizaciones de migrantes han denunciado su temor a que se inicie una ola de persecuciones hacia las personas sin papeles o con documentación en trámite.

“Dicen que es para combatir el delito, pero van por el que no tiene su situación regularizada”, denunció la Red Argentina de Migrantes.

En el mismo sentido, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (Caref) indicó que “se invirtió la dinámica de políticas migratorias”, ya que ahora “el Estado no facilita” la regularización de los trámites, sino que “aumenta los controles de permanencia, con lógica de perseguir”.

El partido de Escobar fue el escenario escogido para que diferentes figuras centrales de la vida política de la provincia de Buenos Aires y organismos de Derechos Humanos ratificaran su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Mirá el video.

Diferentes intendentes del Conurbano bonaerense junto con diputados nacionales y provinciales del Frente Para la Victoria (FPV) manifestaron hoy su repudió del manejo de la movilidad de los feriados del aniversario del golpe de Estado cívico-militar y de la Guerra de Malvinas.

El gobierno nacional  anunciaba en la noche del sábado que “para evitar división” y “en pos de la unidad de los argentinos” dictará un nuevo decreto de necesidad y urgencia que restablecerá como inamovibles el Día de la Memoria, por la Verdad y a Justicia; el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas y también el 20 de junio, Día de la Bandera. Sólo el aniversario de la muerte de Martín Miguel de Güemes, el 17 de junio, quedó afuera de la modificación que intentó Cambiemos.

En el acto participaron el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk; el de Merlo, Gustavo Menéndez; Juan Patricio Mussi de Berazategui; Leonardo Nardini por Malvinas Argentinas; Juan Ignacio Ustarroz  de Mercedes y el intendente Walter Festa de Moreno.

Además, estuvieron presentes la diputada nacional Mayra Mendoza, su par Juan Cabandié, Wado De Pedro, Carlos Castagneto, Rodolfo Tahilade y Luana Volnovich; los legisladores provinciales Lauro Grande, Miguel Funes y Patricia Cubría, además de representantes de organismos de derechos humanos e integrantes del Centro de Veteranos de Malvinas de Escobar.

En declaraciones ofrecidas a PRIMEREANDO, el Intendente de Moreno, Walter Festa aseguró: “Es importante remarcar la fecha, darle un párate a la iniciativa que ha tenido el presidente Macri de olvidar una fecha tan importante como el 24 de marzo y el 2 de abril, que hoy tiene mucho que ver con lo que será este año, en el cual se profundizarán las medidas de ajuste”.

Por su parte el jefe comunal de de Escobar, Ariel Sujarchuk en declaraciones a este sitio, sentenció: “No te podés meter con 30.000 desaparecidos, pero principalmente con 40 millones de argentinos que no queremos más que genocidas caminen por las calles”.

Además Sujarchuk criticó: “Se preocupan mucho que van a combatir la delincuencia, cuando en realidad están favoreciendo a terribles delincuentes. Me parece que esta fecha es tan sagrada, como es por ejemplo el día del Holocausto. La conmemoración de memoria, verdad y justicia se decretan feriado para que todos, desde los chiquitos que van al jardín hasta los más grandes, sepan que ese día no es un día más. Es un día especial, que tiene que ver con nuestra historia, que es la manera con la que forjamos el presente, y que nosotros estamos muy preocupados por el futuro de todos los argentinos.

Otro de los intendentes que brindaron declaraciones a PRIMEREANDO fue Patricio Mussi, quien comparó: “En estos momento se están viviendo otro tipo de genocidios, mucho más silencioso, pero cuando aumentas las tarifas, los peajes, el gas, es otra especie de hacer un genocidio que paulatinamente va dejando a mucha gente invisible, con hambre, sin acceso y lo van matando de a poquito”.

Por su parte la diputada nacional del FPV, Mayra Mendoza declaró: “Es repudiable la decisión del Gobierno nacional de Mauricio macri de querer borrar por decreto lo que significa un hecho simbólico pero fundamentalmente para la construcción de nuestra democracia”.

Por último, el legislador provincial Carlos Castagneto, manifestó: “El Gobierno Nacional sigue tomando medidas incorrectas, más allá que después se quiera corregir. Es una metodología que ellos sienten así; el 24 de marzo y el 2 de abril no tendrían que ser feriados, no reconocen que sus funcionarios, como lo hizo José Gómez Centurión ayer, es una falta de respeto a la historia de Argentina, a la memoria, la verdad y la justicia”.

La ex Presidenta de la Nación se refirió a las polémicas declaraciones del titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, quien cuestionó el número de desaparecidos, entre otras cuestiones; y responsabilizó al jefe de Estado por las declaraciones del titular de la Aduana.

A través de sus diferentes redes sociales, la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, consideró que “Gómez Centurión cometió apología del delito” y enfatizó que “las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición” de personas durante el último golpe de Estado.

“Río Gallegos. Leo las declaraciones de Gómez Centurión y pienso, es un espanto pero de verdad, ¿se sorprenden?”, escribió, y continuó con una serie de tuits en los que repudió las declaraciones del funcionario que anoche negó que la desaparición de personas del “gobierno de facto haya sido un plan sistemático” y que “no es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras”.

Así lo aseguró la edil del FPV junto a los organismos de Derechos Humanos que se concentraron en la Municipalidad de La Plata para ratificar el compromiso con la verdad, la memoria y la justicia.

La concejala del Frente Para la Victoria (FpV) Nacional y Popular, Florencia Saintout, junto a sus compañeros del bloque y a organismos de derechos humanos, se concentraron este lunes en las inmediaciones del Palacio Municipal bajo la consigna “La Plata tiene memoria”, ratificando su compromiso innegociable con la verdad, la memoria y la justicia. Durante el encuentro se hizo lectura de un documento crítico sobre la política de derechos humanos del gobierno, elaborado por organizaciones locales.

Ante la presión ejercida por los organismos de derechos humanos, acompañados por un pueblo organizado y con memoria, el gobierno nacional anunció la marcha atrás del Decreto nº 52/17, que establece la movilidad de los feriados del 24 de marzo – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia-, del 2 de abril -Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas- y del 20 de junio -Día de la Bandera-.

Durante la concentración en La Plata se hizo lectura de un documento elaborado en conjunto por  Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Regional La Plata, Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, Familiares de Detenidos Desaparecidos por razones políticas, Hermanos de Detenidos Desaparecidos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Plata, Mesa por los Derechos Humanos de La Plata, y el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata. La actividad contó con el acompañamiento de organizaciones político-sindicales.

En ese marco, la concejala Florencia Saintout sostuvo: “La dictadura necesitó del olvido y del silencio como este gobierno necesita del silencio y del olvido para continuar su programa de miseria planificada. Por eso, además de juntarnos para repudiar, nos juntamos para celebrar los movimientos de derechos humanos que tenemos; la sociedad que tenemos; que lo paran a Macri, una vez más”.

Los organismos de derechos humanos calificaron la marcha atrás del gobierno como “el triunfo de todo el pueblo unido”, y sostuvieron en su documento que “hace más de 40 años que venimos teniendo una política impostergable para construir procesos populares de memoria, verdad y justicia […] y hoy volvemos a decir fuertemente que estaremos en la calle con el pueblo cada vez que se intente avasallar los derechos conquistados”. A la vez que convocaron a marchar masivamente el próximo 24 de Marzo “para que nunca más se interrumpa la democracia, para defender la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos y tomar su ejemplo en la búsqueda de un país con justicia social”.

En esta línea, Saintout concluyó: “En La Plata no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos; seguimos peleando por justicia, por memoria, por verdad y por libertad y lo vamos a demostrar el 24 de marzo, movilizándonos desde La Plata, todos juntos, como tantas otras veces lo hicimos”.

El rabino licitó 50 buses por US$ 35 millones. Se desató una brutal confrontación entre firmas locales y chinas y todo terminó en funcionarios desplazados, por estar disconforme con un dictamen. Puso al hijo de Rousselot, que falló a favor de otra firma. Hay denuncias cruzadas.

Un negocio de US$ 35 millones desató una pelea entre empresarios locales y chinos, y el ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman. El episodio, rodeado de suspicacias que derivó en denuncias cruzadas, dejó expuesta la relación entre los funcionarios y las empresas y la intervención directa de Mauricio Macri para definir a los adjudicatarios.

Todo comenzó con una licitación para adquirir cincuenta buses eléctricos. Según consignó Perfil, "el negocio ecológico huele tan mal que ya suma dos impugnaciones; un reclamo al jefe de Gabinete, Marcos Peña; el desplazamiento de tres funcionarios; el coletazo de un escándalo de corrupción en China; el ascenso estrepitoso del funcionario que prestó su firma para darle el contrato a una de las empresas; y al menos dos denuncias judiciales que se concretarán en los próximos días".

Claro que el negocio tiene un condimento extra: habría sido una orden del presidente Mauricio Macri para supuestamente favorecer la relación con inversores chinos. Pero en lugar de “facilitar” el vínculo, terminará en un cruce de sospechas de corrupción.

En 2016, cinco oferentes locales se presentaron a la licitación asociadas a distintas fábricas chinas de buses que funcionan con baterías que se cargan en terminales eléctricas.

El 23 de diciembre, la comisión técnica dictaminó que había tres empresas en condiciones de cumplir con el pliego: Newsan, CTS Auto SA y Vía Bariloche. Pero los técnicos se inclinaron más por Vía Bariloche, una empresa de la familia Trappa, vinculada al kirchnerismo, y asociada en esta licitación con la china Higer, acusada de defraudar al Estado chino con subsidios que recibió de manera indebida.

Ese mismo 23, la abogada que integraba la comisión evaluadora, Leticia Pereyra, analizó la propuesta de los técnicos y elevó su informe legal. La funcionaria sostuvo que la oferta más favorable era la de CTS. Pero agregó que si las otras finalistas –Newsan y Vía Bariloche– subsanaban una serie de faltas con el pliego, estaban en condiciones de acceder al contrato.

Sin embargo, tres días después, el Ministerio decidió que no había lugar para “subsanar” faltas y que el negocio debía ser adjudicado a CTS, asociada a la china BYD. Pedro Orbaiz, el jefe técnico que habían favorecido en su dictamen a Vía Bariloche, se negó a firmar. Bergman no se echó para atrás. Decidió removerlo a él y sus suplentes de la comisión.

Por ello el 26 de diciembre, el Rabino conformó a las apuradas una nueva comisión que emitió otro dictamen otorgando el negocio a CTS. Para lograr las firmas necesarias, Bergman autorizó a Julián Rousselot, jefe de Informática del Ministerio, a sustituir al técnico especializado en buses eléctricos.

Tres semanas más tarde, Bergman ascendió a Rousellot a subsecretario de Coordinación Administrativa, el área encargada de la revisión legal de las licitaciones públicas. Rousselot es ingeniero en informática, titular de uno de los gremios de informática que busca insertarse en el mundo gremial e hijo del denunciado ex intendente de Morón Juan Carlos Rousselot.

¿Cómo hizo Rousselot, un ingeniero informático, para evaluar en tan sólo cuatro días un expediente de 10 mil fojas sobre un tema que no es de su expertise?

El 6 de enero, Vía Bariloche presentó una carta a Marcos Peña denunciando supuestas irregularidades en la licitación. “La Comisión Evaluadora recomienda adjudicar la compra y el servicio técnico por 5 años a la empresa CTS, la cual no registra actividad económica alguna desde su creación, no posee empleados ni instalaciones, y cuyo patrimonio neto asciende a $ 20 mil”, sostuvo.

Vía Bariloche y Newsan impugnaron la decisión de entregar el negocio a CTS, pero Vía Bariloche irá por más y presentará una denuncia ante la Justicia, según informó la firma.