La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo hoy que “mandaría a la escuela” a Juan José Gómez Centurión, titular de la Aduana, “para que aprenda lo que está probado” en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura. La Rosada salió con un comunicado a descalificar a su funcionario y señaló que sus afirmaciones son "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

“Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente," afirmó hoy en declaraciones a Radio del Plata la presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto..

No obstante, manifestó su sorpresa por los dichos del funcionario -veterano de la guerra de Malvinas y ex carapintada- al considerar que “es parte de la gestión del gobierno, tuvo espacio para decirlo, y por las barbaridades que dijo lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente".

“Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios”, sostuvo Carlotto esta mañana.

Gómez Centurión realizó sus polémicas declaraciones anoche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, donde afirmó no compartir la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En este contexto, Carlotto calificó hoy como “un triunfo" que el Gobierno nacional haya decidido mantener como "inamovibles" los días feriados del 24 de marzo, el 2 de abril y el 20 de junio.

"Lamentablemente, lo hace a destiempo, no tendría que haberlo hecho antes, son fechas intocables", consideró Estela de Carlotto, a la vez que anunció que “nuestra marcha (el 24 de marzo) va a ser igual a la que pensábamos hacer”.

Al finalizar, insistió en que "cada año la marcha será mayor en razón de que hay una toma de conciencia sobre la necesidad de no olvidar lo que pasó, dadas las contradicciones de algunos funcionarios que se han atrevido a ofendernos con el número de desaparecidos”.

Por su parte y conscientes del repudio generalizado por la gravedad de las palabras de su funcionario, la Casa Rosada tomó distancia hoy de las afirmaciones realizadas por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, en relación a la última dictadura, al afirmar que se trata de opiniones vertidas por el funcionario "a título personal" que "no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".

Así lo expresó a través de un comunicado de prensa difundido esta mañana por la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, en el que remarcó que el régimen militar instaurado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 puso en marcha "un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias".

"El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la peor dictadura que soportó nuestro país y, tal como quedó demostrado por la acción de la Conadep, los juicios a las juntas y los juicios posteriores que aún se siguen desplegando, el Terrorismo de Estado instalado desde las cúpulas militares se sostuvo en un plan sistemático de desaparición de personas, robos de bebés, asesinatos, expoliaciones y detenciones arbitrarias", indicó la dependencia encabezada por Claudio Avruj.

De esta forma, buscó dejar en claro la posición del Gobierno en relación a la última dictadura y a despegarlo así de las afirmaciones realizadas anoche en un programa televisivo por el titular de la Aduana.

El gobierno nacional oficializó hoy a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), y evitando su tratamiento legislativo, modificaciones a la Ley de Migraciones. Buscan acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos, ante lo que señala como "una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes".

En este sentido, lo que la norma reglamenta es "un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

“Ante recientes hechos de criminalidad organizada de público y notorio conocimiento, el Estado Nacional ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de nacionalidad extranjera, como consecuencia de un complejo procedimiento recursivo que, en algunos casos, puede llegar a siete años de tramitación”, señalan los considerandos.

Así lo establece el Decreto 70/2017 publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial, con la firma del presidente Mauricio Macri; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y del todos los ministros del gabinete nacional. 

En el inicio de su texto, la norma remarca que los principios establecidos por la Constitución Nacional en relación a los derechos que gozan los extranjeros en el país pero, a su vez, subraya que "cada Estado Nacional tiene la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales" y que el ejercicio de esa potestad "debe hacerse con pleno respeto de los derechos de las personas extranjeras y en forma compatible con las normas de protección de los Derechos Humanos".

En este sentido, el DNU señala que, "en los últimos años se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre la cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y las efectivamente concretadas".

No obstante, afirma que "la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total".

Además, destaca que, "en relación a los delitos vinculados a la narcocriminalidad, se observa que el 33 por ciento de las personas bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal son extranjeros" y argumenta que eso demuestra que "la población extranjera está altamente representada entre los detenidos, teniendo en cuenta que, conforme el último censo nacional, la participación de la población extranjera como porcentaje de la población total es del 4,5 por ciento".

Por otro lado, el DNU indica que, "como consecuencia de los controles implementados por la actual gestión de la Dirección Nacional de Migraciones se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley migratoria, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria".

"Lo hasta aquí expuesto configura una situación crítica que amerita la adopción de medidas urgentes", concluyen los considerandos de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial.

En este sentido, el decreto señala que, "el análisis efectuado de diversos regímenes vigentes en el Derecho Comparado permite concluir que los procedimientos de expulsión de personas de nacionalidad extranjera se sustancian por regla general de manera expedita, pues la cuestión a resolver en ellos queda circunscripta a determinar si a un extranjero le asiste o no el derecho de permanecer en el territorio del Estado respectivo".

Con este argumento, esgrime que "la razonabilidad del plazo de duración de un proceso reviste gran importancia para el efectivo respeto del derecho al debido proceso legal garantizado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales suscritos por nuestro país".

Por ese motivo, la norma entiende que esa situación "justifica la regulación inmediata de un procedimiento migratorio especial de carácter sumarísimo, aplicable a aquellos casos en los que personas de nacionalidad extranjera se encontraran involucradas en hechos delictivos y a quienes hubieren ingresado en forma clandestina al territorio nacional, eludiendo el control migratorio".

Además, remarca que el "procedimiento sumarísimo" que establece el decreto es "respetuoso del artículo 22 inciso tercero de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto se orienta a la protección de la seguridad y el orden público".

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que el 2016 fue "uno de los años más intensos" en su vida y aseguró que se propuso "no trabajar para ser presidenta".

María Eugenia Vidal se subió al relato M y explicó que el año pasado "fue difícil" para ella "como lo fue para todos los argentinos y también para los que viven en la provincia". Y como todo el arco dirigencial de Cambiemos, aclaró que siente que "empezamos un camino, en mi vida personal y profesional, una nueva etapa".

Consultada sobre su primera experiencia como mandataria, la gobernadora explicó que "todos los inicios tienen dificultades, pero son desafiantes, te enseñan mucho" y agregó que "el poder es un lugar al que hay que aprender a respetar y en el que hay que tener cuidado".

"Estos son lugares donde es muy fácil que te alejes de la gente, todo está armado para eso. Desde una residencia para el gobernador, los traslados, la custodia. Hay que hacer un ejercicio permanente para no olvidarte de que estás acá para trabajar para la gente. Sos su empleado en un lugar que ocupás cuatro años", detalló en una entrevista a un matutino porteño.

Al respecto, Vidal precisó que para hacerle frente a este trabajo tiene la ayuda de un terapeuta a la que va "una vez por semana, desde hace tres años" y el apoyo principalmente del presidente Mauricio Macri: "Cada quince días lo iba a ver, a la quinta Los Abrojos, o hablábamos por teléfono o por mensajitos. Ha sido un sostén muy fuerte para mi, desde lo personal, no solo desde lo político y la gestión", contó.

Además, Vidal aseguró que "la principal cualidad que ha tenido Mauricio siempre es no dejar de ser quién es.

Vas a su casa en Olivos y te abre él la puerta. Y te atiende un domingo a la mañana en bermudas y con ojotas".

El director de la Aduana, Gómez Centurión, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes". Para el macrismo "no fue un plan sistemático" y "no fueron 30 mil". Grave.

El director de la Aduana, Juan José Gómez Centurión afirmó que la última Dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio", al tiempo que graficó que "no fueron 30 mil", sino 8.000 los desaparecidos durante ese período.

"En términos históricos, no es lo mismo 8.000 verdades contra 22.000 mentiras", precisó Gómez Centurión en declaraciones al canal América, el domingo a última hora.

El funcionario nacional indicó que "fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente".

Además, negó que la Dictadura haya llevado a cabo un genocidio y justificó el accionar del dictador Alfredo Astiz al considerar que "cumplió órdenes".

"Vos estás diciendo que fue un plan genocida, yo no comparto esa visión de la historia Fue una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder concretamente", precisó el director de la Aduana en respuesta a un diálogo con la periodista Romina Manguel, a quien tildó de "militante".

Vecinos se manifestaron en Abasto en reclamo de semáforos y lomas de burro en una de las esquinas más peligrosas de esa localidad platense, donde murió un motociclista de veinticuatro años y otro se encuentra en coma. La madre de la víctima fatal le pidió al intendente de La Plata que deje de “rascarse las pelotas” y se ponga “a trabajar para el pueblo”.

“Acá el único beneficiado fue el padre de Garro, al que le asfaltaron la calle que pasa por la puerta de su casa, en Estancia Chica. Para ir a Estancia Chica, el señor Garro pasa por 203 y 520, pero nunca hicieron nada para prevenir los accidentes y sacar del abandono a Abasto”, dicen los vecinos de Matías Gabriel Quiñones, de veinticuatro años, quien fue atropellado el miércoles por un automovilista de 84 en la intersección de 520 y 203, en Abasto.

Matías Gabriel Quiñones, de 24 años, fue atropellado el miércoles por un automovilista de 84 en la intersección de 520 y 203, . El impacto lo despidió de la moto en la que circulaba y murió en el acto, al golpearse la cabeza contra el cordón de una estación de servicio. Se trata de una tragedia que pudo haberse evitado si las autoridades locales hubiesen escuchado a tiempo el reclamo de los vecinos, que desde hace casi un año piden señalizaciones, semáforos y lomas de burro.

“Cinco minutos antes lo crucé y me dijo ‘Chau, ma, después vuelvo’. Ese ‘después vuelvo’ nunca lo voy a tener. No es justo. Dejó una nena de tres años y una mujer de veinte, toda una vida por delante, con muchos proyectos que se terminaron por un hombre que ya no debería manejar y por la falta de respuestas del Municipio”, remarcó la madre de la víctima, Andrea Giles, en diálogo con Contexto.

No es el primer accidente que ocurre en esa peligrosa esquina. Dos semanas antes de la muerte de Matías, uno de sus familiares, llamado Sergio Bustos, sufrió un accidente similar y aún se encuentra en coma en el Hospital de Quilmes. En los últimos meses suman cinco los choques en el mismo lugar, incluido un colectivo que impactó contra la estación de servicio.

Giles encabezó ayer un corte de la intersección junto a más de un centenar de vecinos para exigir justicia y que el intendente Julio Garro atienda sus reclamos.

“No hay semáforos, señalización, lomas de burro, no hay nada. Recién liberamos el corte y venía un camión por la 203 para agarrar la 520, y un auto casi lo choca estando todos nosotros ahí”, comentó indignada la mujer, que le pidió al jefe comunal que deje de “rascarse las pelotas” y se ponga “a trabajar para el pueblo”.

“Para ellos, las palabras se las lleva el viento. Hablan y hablan para que la gente los vote y luego no hacen nada, como la señora gobernadora (María Eugenia Vidal), que se fue de viaje para despejarse cuando la provincia se inundaba”, agregó.

Mientras Giles hablaba con Contexto, un grupo de efectivos de la Policía Local intentó atacar a los jóvenes que la acompañaban, bajo la excusa de que “buscaban drogas”. La intervención desesperada de la mujer evitó que el episodio pasara a mayores, y terminara en una represión con detenciones.

“Vinieron a sacar a los chicos que estaban con nosotros. La Policía Local está descontrolada. Ahora pasás por la calle y te revisan todo. Tienen que bajar un cambio. Nosotros hicimos un corte pacífico, pero ellos están muy acelerados. Parecen estar nerviosos porque vamos a protestar hasta que pongan los semáforos”, explicó.

El delegado municipal, Gabriel Barletta, les prometió antes de la manifestación que ya había realizado las gestiones en el Municipio y que los semáforos serían colocados en dos semanas. De hecho, en medio del corte apareció una cuadrilla para realizar el primer pozo, que les demandó unas seis horas.

Pero después de tantas promesas incumplidas, los vecinos temen que luego de unos días todo quede en la nada, por lo que decidieron realizar cortes totales en 520 y 203, de 14 a 19 hs, hasta ver un avance concreto de la obra.

Según denunciaron, en el barrio no sólo faltan semáforos, lomas de burro y señalizaciones de tránsito, sino también luminaria, asfalto y arreglo de baches.

“Acá el único beneficiado fue el padre de Garro, al que le asfaltaron la calle que pasa por la puerta de su casa, en Estancia Chica. Para ir a Estancia Chica, el señor Garro pasa por 203 y 520, pero nunca hicieron nada para prevenir los accidentes y sacar del abandono a Abasto”, subrayaron.

De esa localidad platense también es el secretario de Gobierno municipal, Nelson Marino, quien está al tanto de la situación, pero hasta ahora prefirió mirar para otro lado.

En una escueta y rápida entrevista, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habló sobre las baja de la edad de imputabilidad, del consumo de estupefacientes.

De visita oficial por las costas bonaerenses por el Operativo Sol, el Ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, ofreció una entrevista a la Revista Noticias, donde aseguró que nunca en su vida consumió drogas.

El ministro de Seguridad de la Provincia  al abordar la baja de la edad de imputabilidad indicó que es un tema para discutirlo y asegura que "no caben dudas de que hay muchos homicidios cometidos por menores. Eso obliga a la sociedad a rediscutir un montón de cosas. Y hoy no son chicos que no saben lo que hacen.  Hay una edad donde creo que los chicos ya saben lo que hacen."

Sobre el consumo de estupefacientes, le respondió al  el ex jefe de Gabinete, Anibal Fernández, quien había dicho que el Ministro de Seguridad bonaerense habría consumido drogas alguna vez . Ritondo respondió: "Nunca en mi vida”.

Cabe recordar que en enero de 2016, Fernández invitó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires a hacerse una rinoscopia. De esta forma lo relacionó con el uso de drogas, en medio de la búsqueda de los tres prófugos del Triple Crimen. "Le informo a Ritondo que sus prófugos no andarían por ningún "submundo" sino por la casa de la suegra y la verdulería. Una propuesta de Cambiemos es la lucha contra el narcotráfico, en la que acompañamos. Para ello es fundamental no fomentar el consumo. Por lo mismo, invito al ministro Ritondo a realizarse una rinoscopía en la que estoy dispuesto a acompañarlo. Espero que el ministro Ritondo acompañe mi propuesta, así podremos quitarle dudas a la ciudadanía sobre pertenencias a "submundos" y narcos", sostuvo Fernández a través de su cuenta de Twitter.

A través de un comunicado emitido hoy por ese gremio se acusó al  Ministro de Trabajo  y al jefe del Banco Central de estafadores por no homologar el acuerdo que incluía la reapertura de la paritaria y una suma fija de 2.000 pesos más un aumento salarial del 10%.

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, acusó hoy de "sinverguenzas y estafadores" al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por no homologar un acuerdo negociado entre los bancos y el sindicato para un incremento salarial.

El entendimiento incluía la reapertura de la paritaria 2016 para compensar la pérdida de poder adquisitivo de ese año y una suma fija de $2.000 más un aumento salarial del 10%, equivalente a un aumento del 19,5% para el sueldo inicial, a cuenta de lo que se negocie en la paritaria 2017.

La cartera que conduce Jorge Triaca no homologó el acuerdo negociado entre el gremio y los bancos, y enterada de esta decisión, La Bancaria intimó al cumplimiento de lo acordado con las entidades.

"Este hecho es de una extrema gravedad, en el que tenemos que decir que tanto el Sr Triaca como los funcionarios cómplices de esta maniobra legal como los banqueros que se avienen a incumplir sus acuerdos con los trabajadores bancarios son no solos unos sinverguenzas sino que de consumar este robo de ingresos de carácter alimentario para la familia bancaria se convierte en vulgares estafadores", sentenció la entidad gremial en un comunicado.

Comunicado completo

Se trata del jefe comunal Ramón Canosa, quien criticó duramente al Presidente de la Nación por las políticas que afectan a la industria nacional y cuestionó al gobierno provincial porque “a ésta altura de la situación ya debería tener otro tipo de apoyo y atención de parte de Vidal”.

La fábrica textil GGM de Las suspendió al 30 % del personal, lo que se generó un conflicto sindical entre los delegados y la patronal, a la que se le sumó el intendente de esa localidad bonaerense para buscar una solución a pesar del abandono de la Gobernadora María Eugenia Vidal y de las políticas aperturistas impulsadas por el presidente Mauricio Macri.

El jefe comunal, tras decretar la emergencia laboral en Las Flores se reunió hoy con los delegados sindicales y acordó con los operarios. Allí informó sobre el acuerdo alcanzado con el titular de la empresa Guillermo Gotelli, a quien convenció para no dejar a los operarios en la calle, detalló el portal Play.

Allí se destaca que los trabajadores serán reincorporados el lunes próximo; que se cobrará por las horas trabajadas y que el total de los trabajadores pero a media jornada (excepto quienes tienen tareas específicas ineludibles de jornada completa) y que cobran 5 mil pesos los jornales y 2 mil los mensuales.

En una entrevista con los medios a la salida de la reunión, Canosa volvió a resaltar que la marcha del pasado miércoles se podría haber pospuesto a hoy si no se les cumplía con el pago prometido, más que nada “para no alterar la reunión que se había pactado para ayer”. También Canosa fue crítico hacia el gobierno de Mauricio Macri por las políticas que afectan a la industria nacional y cuestionó al gobierno provincial porque “a ésta altura de la situación ya debería tener otro tipo de apoyo y atención de parte de Vidal”.

Tras el hackeo realizado ayer a la cuenta de twitter oficial de la Ministra de Seguridad de la Nación, ahora se venden remeras con uno de los tantos mensajes publicados en la red social del pajarito de la alta funcionaria

Con el lema “Macri Gato”, ya se encuentran a la venta al público remeras que contienen esa inscripción. La responsable de la seguridad de todos los argentinos y miembro del mejor equipo de los últimos 50 años, Patricia Bullrich, es novedad nuevamente por este tipo de distracciones y falta de profesionalidad.

Ayer, fue hackeado el twitter de la Minsitra de Seguridad. En los mensajes publicados  informaron su número de teléfono y criticaron la labor de la funcionaria en esa cartera y del presidente Mauricio Macri. A la vez fingieron que la funcionaria había renunciado.

En los tuits se puedía leer mensajes como: “Macri Gato”, “Esta Ginebra Me pegó fuerte”. Además publicaron el teléfono personal de la funcionaria y escribieron que la misma renunciaba, entre otros.

"A pesar de conocer el pronóstico de las reiteradas tormentas que azotan al distrito, más las demandas constantes de los vecinos por mejores condiciones en los servicios públicos, el gobierno local no realiza tareas necesarias en las zonas de riesgo como los barrios cercanos a ríos y arroyos”, señaló un proyecto que presentó la legisladora Lucía Portos pidiendo que el intendente adecue la estructura estatal de emergencias.

El temporal que dejó destrozos en Pilar todavía hace ruido en el distrito del norte del Conurbano bonaerense. Es que la oposición sigue cuestionando fuertemente a la gestión de Nicolás Ducoté y su falta de pericia para paliar las consecuencias generadas en la población.

En las últimas horas fue la diputada bonaerense, Lucía Portos, la que presentó un proyecto legislativo donde manifiesta la preocupación por “la desidia del municipio de Pilar ante la omisión de tomar las medidas a su alcance para prevenir graves consecuencias del temporal”.

Los vientos, que alcanzaron ráfagas de hasta 130 km/h, y las fuertes lluvias que provocaron el desplome de árboles y postes, generaron el colapso del servicio eléctrico, que según información oficial dejó a casi todo Pilar se quedó sin luz.

En el escrito Portos sostiene que: “A pesar de conocer el pronóstico de las reiteradas tormentas que azotan al distrito, más las demandas constantes de los vecinos por mejores condiciones en los servicios públicos, el gobierno local no realiza tareas necesarias en las zonas de riesgo como los barrios cercanos a ríos y arroyos”.

“A pesar de las demandas constantes de los vecinos y de conocer, también, la llegada de las tormentas, hace tiempo el municipio no realiza tareas de prevención en las zonas de riesgo en los barrios cercanos a ríos o arroyos como Río Luján, La Lomita, San Jorge, Los Tilos, El Manantial, Carabassa, Agustoni, entre otros”, señaló la diputada.

Además agregó que, en materia de seguridad, servicio de energía, acceso a la salud, libre tránsito, entre otras, han reclamado durante meses el control y mantenimiento de los postes de energía eléctrica, muchos de ellos se han caído”.

El proyecto insta a las autoridades locales a que “adecuen la estructura estatal de emergencias, respecto a medidas de prevención ya mencionadas, lo mismo en cuanto a la atención de salud, ya que las ambulancias no podían ingresar a los barrios perjudicados, en particular en La Lonja, donde ocurrió la muerte de una mujer y sus dos hijas por la caída de un árbol, los vecinos tuvieron que caminar durante media hora para acercar a las víctimas hasta la ambulancia”.