Mientras efectivos de esa fuerza policial anunciaron ayer un cese de actividades para el 27 de diciembre próximo demandando una serie de reclamos gremiales, la Gobernadora de la provincia de Buenos Aires participó del acto de egreso de más de 8000 policías. Promesas y declaraciones.

La mandataria Bonaerense, María Eugenia Vidal, junto al ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo participaron del acto de graduación de 8000 policías en el estadio Único de La Plata.

En su mensaje a los uniformados, afirmó que apuesta "a la vocación de servicio". "Ser valiente no es no tener miedo, sino tener miedo y a pesar de eso hacer lo correcto. Confío en que van a hacer lo correcto y no van a estar solos", insistió.

También puso de relieve acciones de gobierno y adelantó que "Cuando temine el año, 60 mil van a tener un chaleco para sentirse protegidos", en tanto que "uno de cada tres tenía un chaleco puesto y volvía a su casa sin chaleco", al momento de asumir.

"Apostamos a que tengan comunicaciones encriptadas, para que cuando hablen con un compañero o superior, sepan que sólo ustedes pueden escuchar lo que dicen y no cualquiera pueda interceptarlos", agregó Vidal, en tanto que puso de relieve la entrega del bono y el impacto salarial en los escalafones más bajos.

Horas antes, desde Gobernación se emitió un comunicado que  destaca la mejora de ingresos por parte de los uniformados en estos términos: en un año, unos 22 mil efectivos percibieron un aumento de 39 por ciento, en tanto que para el promedio de los agentes la suba interanual alcanza el 35.5 por ciento. En detalle, Gobierno indicó que, al momento de asumir, el sueldo bruto de un oficial subayudante era $15.770 y ahora es de casi $22.000; el policía ingresante era de $11.830 y ahora es de $16.330.

Vidal realizó este tipo de anuncio para calmar los reclamos policiales en un diciembre que propios y ajenos consideran como altamente inflamable y evitar una especie de “sublevación” de los efectivos de La Bonaerense.

Además, remarcó que se duplicó la inversión en equipamiento y tecnología – pasó de $740 millones en 2015 a $1.620,5 millones en 2016- y se elevaron los estándares de formación, con la idea de “avanzar hacia un modelo que privilegia una formación planificada y de calidad”.

En los hechos, la inversión implica que se llegó a 60 mil chalecos antibalas, 836 móviles con tecnología de punta, geolocalización, y 200 nuevos patrulleros equipados con tecnología y cámara 360°. Además, se espera llegar a incorporar 1.000 nuevas motos, 100 dependencias móviles y 5 helicópteros operativos para patrullaje, además de los nuevos sistemas de comunicación y de investigación criminal.

También se destacaron los cambios en materia de formación, con el incremento de la duración del programa académico, la capacitación dentro del Ministerio y con otras agencias, como FBI, DEA e Interpol.

Se trata de la última fábrica con 32 años en el mercado y con 80 empleados que fabrica el insumo. Denuncian la falta de respuesta del Estado y negociados con importadores en detrimento de la producción nacional.

La última fábrica nacional de jeringas, Productos Médico Descartables, está a punto de desaparecer como consecuencia de las políticas de importación que impulsa el gobierno nacional.

La crítica situación que atraviesa la empresa Productos Médicos Descartables se dio a conocer en diferentes programas televisivos, donde el titular de la firma, Enrique Lisjak, apuntó contra el director de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (Anmat), organismo que regula y provee a los centros médicos con este tipo de insumos, Carlos Alberto Chiale.

El empresario aseguró que durante una reunión, el titular del organismo que depende del Ministerio de Salud le exigió que cierre su fábrica y despida a sus empleados, para convertirse en una empresa importadora de productos chinos, los cuales no cumplen con las reglamentaciones internacionales.

Por otra parte, el empresario dialogó con Víctor Hugo Morales en su programa de AM 750 donde indicó que “la situación es desesperante, la empresa no está en condiciones de operar, esto se debe a que debemos cuenta corriente con los proveedores, luz, salarios a la gente. Seguimos trabajando porque la gente no quiere perder su fuente de trabajo”.

En cuanto a las causas de la situación que atraviesa la empresa, mencionó que “desde hace bastante tiempo venimos pidiendo respuestas a algo que consideramos justo y que técnicamente, los técnicos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Dirección de Competencia Desleal corroboraron que estamos así porque la importación de jeringas desde China nos está generando un daño que hace imposible trabajar”.

La empresa que es la última de cinco que llegaron a funcionar en el país, cuenta con 80 empleados para la fabricación de jeringas nacionales con todas las exigencias del Ministerio de Salud. Desde el gobierno nacional los quieren obligar a cerrar y firmar un acuerdo para dedicarse exclusivamente a la importación. En este sentido, recordó que “en el momento que funcionaban las cinco empresas nacionales, había seis importadores. La única que queda hoy es Productos Médicos, la nuestra, contra dieciocho empresas importadoras. Pero estos importadores que se suman lo hacen con productos de China”.

“Lo que más bronca da y la sensación de más desprotección es que vamos a quedar expuestos a que el mundo nos venda lo que quiera. China tomo la decisión comercial de venderle al mundo barato y Argentina es el país que compra las jeringas más baratas en el mundo y esto es por una cuestión de calidad, aparte de la política de comercio exterior que impone China”, sentenció.

En busca de respuestas a la apremiante situación, el empresario comentó que “hablamos con la Secretaría de Comercio Exterior y con la Subsecretaría de Industria y no hay una respuesta positiva, todo es dilatorio. La respuesta de la Secretaría de Comercio es que no toman ninguna determinación hasta que Salud no se expida”

“Nuestra denuncia es comercial, no tiene absolutamente nada que ver con el ministerio de Salud. La Organización Mundial de Comercio no dice en ningún lado que hay que pedirle respuesta a otro organismo”, aclaró.

En este contexto, auguró el empresario que “el comerciante que nos reemplace genera 20 veces menos empleo que nosotros. Esta empresa que llegó a tener 120 empleados y que hoy somos 80, se reemplaza con no más de 6 personas. Y si tomamos los indirectos, la relación de generación de empleo es de 35 a 1”, concluyó el empresario.

De esa manera sentenciaron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) las promesas del gobierno, tras un año de gestión de Cambiemos.

En un comunicado publicado por esa entidad, los productores manifestaron: “Luego de un año de anuncios y expresiones del Gobierno sobre la situación grave de la lechería, poco o nada se ha hecho para subsanar la preocupante situación que atraviesa uno de los sectores económicos más dinámicos del país”.

“Los funcionarios que asumieron la responsabilidad de conducir el área diagnosticaron mal, y actuaron peor”, la entidad ruralista explicó que “se explicó una y otra vez que en pocos meses los mercados se irían ‘normalizando’, aplicándose paliativos (subsidios) que resultaron una aspirina para un enfermo gravísimo que, de mínima, necesitaba una sala de terapia intensiva", indicaron en el comunicado los productores

Desde la Carbaplos  recordaron que “los tamberos que aún continúan en pie siguen percibiendo un precio que no alcanza a cubrir los costos. Se agudiza el proceso de destrucción del rodeo lechero nacional, de cierre de tambos y de concentración progresiva de la actividad. Desaparecen tambos, los pueblos aledaños se empobrecen y el país pierde recursos y divisas”.

“Sin política lechera, y solo a expensas de las variables de mercado, será difícil encauzar la senda del desarrollo y el progreso sectorial. Más de un especialista advirtió que, en 5 años ‘normales’, Argentina podría estar produciendo 16.000 millones de litros, y exportando el 40% de ese volumen. De no cambiar el rumbo e implementar una política clara al sector, vemos con tristeza que nos encaminamos hacia una lechería de subsistencia, sólo capaz de abastecer el mercado interno”, alertaron.

Ante esto, cuestionaron la postura de los funcionarios de Cambiemos. “Se dijo que el exceso de stocks de leche en polvo era el problema, y más tarde que el bajo precio internacional no permitía que se mejore el precio al tambero. Consideraron que el problema se iría resolviendo conforme se fuera recuperando el mercado internacional (y el local, por merma de la oferta consecuencia de las inundaciones). No se aplicó entonces ningún plan de contingencia para la grave situación, ni tampoco se implementaron medidas tendientes a corregir las distorsiones evidentes de una cadena láctea que sistemáticamente termina ajustándose por su eslabón más débil, que no puede ni trasladar costos ni acopiar producto”.

Para finalizar, esa entidad reclamó a ,os funcionarios del sector "actuar con celeridad frente a esta grave situación para evitar que sigan desapareciendo tambos y perder una vez más el tren del desarrollo en el que están subidos el resto de los países productores de leche".

Al conmemorarse el decimoquinto aniversario de las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre de 2001 el país se encuentra gestionado por el mejor “equipo de los últimos 50 años” que cuentan en sus antecedentes haber sido los responsables de la decadencia política, social y económica por la que tuvo que atravesar Argentina.

La violencia ejercida por el establishment, los grupos concentrados de poder y el gobierno del ex presidente Fernando de la Rua (1999-2001), asesinó a 38 personas en todo el país en apenas dos días; eso sin contar a los miles que fallecieron gracias a las políticas económicas digitadas desde otras capitales del famoso primer mundo.

La ex miembro de la Alianza y ahora figura central de Cambiemos, la diputada Elisa Carrió dijo el domingo pasado por TV que “el 20 de diciembre de 2001, los que mataron en Plaza de Mayo, estaban enviados por la Provincia de Buenos Aires. Los muertos del golpe a De la Rúa son muertos puestos por los que querían el poder”.

Otros ex funcionarios de la Alianza que ahora se pasean con total impunidad por canales de TV, radios y mantienen sus sobvervias oficinas en los diferentes ministerios son personajes como la actual ministra de seguridad Patricia Bullrich; el entonces ministro de Cultura, Hernán Lombardi. Y funcionarios como Darío Lopérfido, José de la Sota, Prat Gay y otros que hoy forman parte de ese famoso “mejor equipo de los últimos 50 años”.

Recordemos que los primeros “actos” se originaron con diferentes saqueos a supermecados que comenzaron en el interior del país en las últimas horas del 18 de diciembre de 2001. Así comenzaban las protestas decididas contra una década de infamia neoliberal. Sectores medios urbanos confluyeron con los desposeídos de los ’90 y sus movimientos piqueteros. El 19 y 20 el Congreso y la Plaza de Mayo recordaban escenas el Cordobazo o la lucha del pueblo palestino por su liberación. El pueblo con piedras, la policía (uniformada y de civil) con balas de goma, plomo, gases lacrimógenos (vencidos en buena parte de ellos), caballos, motos, palos, etc, etc,etc.

Llegó la muerte, las detenciones arbitrarias, golpes a las Madres de Plaza de Mayo, heridos, asfixiados, consignas y muy a lo lejos se respiraba que en esa consigna vacía del “que se vayan todos”, había una más superadora, sin nombre aún, pero que transformó al país desde 2003 hasta 2015.

El presidente debió retirarse en helicóptero, pero  volvieron de la mano de Mauricio Macri. El resto es historia conocida, y futuro incierto.

Los ex combatientes argentinos que participaron en el conflicto bélico con Inglaterra por las Islas del Atlántico Sur se movilizarán el martes que viene frente al Congreso, luego que el Presidente de la nación vetara al Art 3 de la ley de jubilación anticipada para los veteranos.

La semana pasada la Casa Rosada promulgó en el Boletín Oficial la ley que habilita a los ex combatientes, con 53 años de edad, a acceder a la “jubilación anticipada” por el servicio militar prestado en el Atlántico Sur. Pero la norma, que fue sancionada por el Congreso el 16 de noviembre, trajo una novedad: fue eliminada la “garantía” de cobro de dos jubilaciones mínimas al momento del retiro, uno de los reclamos considerados fundamentales para los ex conscriptos que no pudieron reinsertarse en el mercado laboral o trabajaron “en negro” tras el conflicto bélico.

El decreto, que incluyó la firma del presidente Mauricio Macri y de todos los ministros del gabinete, “observó”el artículo N°3 de la ley 27.329, que estipulaba que aquellos que pidan la jubilación anticipada “en ningún caso, el haber resultante podrá ser menor que el equivalente a dos (2) jubilaciones mínimas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)”.

“El martes 20 de diciembre a las 17 horas tendremos una nueva batalla legal. Esta vez el pueblo, representado por el Congreso, junto a nosotros los ex-soldados que combatimos en Malvinas, los mismos que en el año 1982 al volver de la guerra fuimos abandonados por el Estado luego que fuéramos a dar lo más sublime que un hombre le puede dar a su patria: la vida”, informó a través de las redes Fabián Luis Volonté, dirigente de la agrupación M28 y miembro de la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (ACOMADEH). Y concluyó: “Los espero en el Congreso de la Nación para torcer la decisión del Presidente que de por sí ya perdió el voto de todos los ex-soldados que fuimos a dar la vida por la patria. Los espero en el último combate del año”.

El legislador Roberto Requião, del Partido del Movimento Democrático Brasileño, presentó un pedido de informes por la dilación en la entrega de documentación de cuentas vinculadas a Macri y sus familiares que operan en Brasil.

Un senador de la oposición al gobierno de Michel Temer presentó un pedido de informes ante el Parlamento para que se inste al Ministerio de Justicia local a explicar por qué retrasa la entrega de información solicitada por un juez argentino sobre la posible existencia de vínculos entre empresas que operan en Brasil y el presidente Mauricio Macri, en el marco de los Panamá Papers.

El requerimiento fue presentado por el legislador Roberto Requião, quien se hizo eco del exhorto enviado al Palacio Planalto por el juez federal Sebastián Casanello, que investiga los vínculos de Macri con empresas off shore. El magistrado había remitido al ministro de Justicia y Ciudadanía, Alexandre de Moraes (ex abogado de Eduardo Cunha, el destituido diputado y arquitecto político del golpe contra Dilma Rousseff) un pedido de datos sobre Fleg Trading, Global Colección y Owners do Brasil Participações. El objetivo es determinar si existe una relación comercial entre ellas y el jefe de Estado argentino. La respuesta había sido un mero “no”, a lo que Casanello envió otro pedido de cooperación con más detalles. Nunca hubo respuesta.

Por su parte, el senador Requião había presentado el 14 de diciembre también un pedido de informes para que se explique en qué empresas brasileras tenía participación Mauricio Macri. Ante el continuo silencio del gobierno de Temer, el legislador elevó una queja ante el Senado Federal, que ahora deberá resolver si insta a De Moraes para que dé una respuesta.

El legislador opositor no solo pidió saber “cuál es el contenido exacto de la solicitud de cooperación internacional” hecho por Casanello sino también sobre los requerimientos que “involucren” a Macri, a su padre Franco, a sus hermanos Mariano y Gianfranco, o a funcionarios del Grupo Macri.

Hace días, los hermanos del titular de la Casa Rosada pidieron al banco alemán UBS Deutschland AG que cierre la cuenta de su sociedad offshore BF Corporation abierta en esa entidad, y que también destruya ” toda la correspondencia” que tuviera en sus manos. Luego de este pedido, los apoderados de esa compañía se negaron a responder sobre operaciones por varios millones de dólares y pidieron que se transfiera los fondos de esa firma a la entidad suiza J Safra Sarasin.

En tanto, el senador Requião también pregunta “cuáles son los pedidos de cooperación internacional provenientes de la Argentina vinculados a los Panamá Papers” y “cuál es la fecha y el contenido de esas solicitudes”. En otro de los puntos del planteo llevado al Parlamento pide que se precise si Macri “figuraba como uno de los socios o accionistas” de Fleg Trading (“creada –según el texto- para instalar el sistema de cobranzas Pago Fácil” en Brasil a través de Global Collection) y Global Colection Owner do Brasil Participações, y si Socma “habría realizado aportes” en ellas.

El organismo internacional reclama subir la edad jubilatoria de las mujeres a 65 años, reducir 20% la fórmula de cálculo de los haberes y cambiar el método de ajuste.

Con el viejo argumento de que el régimen previsional no es sustentable, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone aumentar en forma gradual la edad de jubilación de las mujeres llevándola de la actual opción a los 60 años a los 65 años. La receta del organismo internacional plantea, además, reducir un 20% la fórmula de cálculo de las nuevas jubilaciones y modificar la fórmula de movilidad que ajusta 2 veces por año los haberes.

La propuesta del FMI se conoce en un momento clave ya que la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de año, fijó un plazo máximo de 3 años para que se implemente una reforma del sistema previsional “universal, integral, solidaria y sustentable”.

El documento del FMI es de noviembre pasado (Report 16/346) se enmarca en el artículo IV del Convenio de Consulta que elabora el “staff team” del organismo luego de visitar cada país y recabar información del Gobierno y del sector privado.

El largo Informe, que difundió el Instituto de Trabajo y Economía, Fundación G. Abdala y que dio a conocer Ismael Bermudez en Clarín, analiza la situación general de la Argentina y contiene una propuesta de reforma previsional.

El Informe señala que en los últimos años hubo “una expansión del número de beneficiarios” a la que se sumó la inclusión reciente de una pensión universal para adultos mayores no contributiva.

A eso se agrega, dice el texto, el costo de los ajustes del Programa de Reparación Historica, el proceso de envejecimiento poblacional en curso, a la vez que el sistema dejó de recibir el 15% de la coparticipación por un fallo de la Corte Suprema que benefició a varias provincias.

Para “corregir el desbalance previsional”, el Informe propone: Incrementar la edad de jubilación de las mujeres: pasar de la actual opción de jubilarse a los 60 años a 65 años en los próximos 10 años.

No obstante, el Informe dice que el Gobierno les informó que en promedio las mujeres se están jubilando a los 63 años.

Reducir el haber inicial. Esto es bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario (“tasa de reemplazo”), que actualmente sería del 72%, a un 60%.

Ahora, el haber inicial se compone de una Prestación de suma fija más el 1,5% del salario promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año de aporte ( de un mínimo de 30 años de aportes hasta 45 años).

Además el FMI plantea reemplazarla por la variación del índice de costo de vida ya que de este modo, según el FMI, los incrementos de los haberes serán menores, como también la determinación del haber inicial, logrando un importante “ahorro previsional.

Otra de las recomendaciones implica transferir programas de ANSES a distintas cartetas, algo que ya está en marcha. Eso significa pasar la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y Procrear al Ministerio de Desarrollo Social y el Conectar Igualdad a la órbita del Ministerio de Educación y Deporte.

Llamativamente, el pasado 7 de diciembre, a través del decreto 1239/2016, el Gobierno transfirió el programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.Ar Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes, cartera que conduce Esteban Bullrich.

Los médicos bonaerenses agrupados en la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (Cicop) realizarán mañana un nuevo paro de actividades previo a una reunión prevista para este jueves con el gobierno provincial, en la que aspiran a llegar a un acuerdo similar al alcanzado con la mayoría de los gremios estatales.

El gobierno de María Eugenia Vidal retomará las negociaciones paritarias con los gremios que nuclean a profesiones de la salud y también a los empleados del Poder Judicial, los dos sectores con los que aún mantiene conflictos salariales abiertos.

Tanto los médicos de la Cicop como la Asociación Judicial Bonaerense fueron convocados a dos reuniones separadas que se realizarán el jueves, pero un día antes, la Cicop realizará un paro que afectará la atención en todos los hospitales de la Provincia y cuya convocatoria fue ratificada por el secretario general del gremio, Fernando Corsiglia.

En declaraciones a la prensa, el dirigente del gremio de los profesionales de la salud insistió en que "no" aceptarán “una propuesta a la baja y para todo 2017 como hicieron con la paritaria general de estatales”.

Se refirió así a la intención ya anunciada por el Gobierno de buscar replicar, con otros sectores de trabajadores públicos, el acuerdo que alcanzó con los estatales de la ley 10.430: un aumento de 3,6 al básico para el último trimestre del año y una suba de 18% en cuatro cuotas -ajustables por inflación- para todo el 2017.

“Los profesionales de la salud no vamos a aceptar un aumento por todo el año 2017 de 18 por ciento y en cuotas como hicieron con un sector de los estatales. Y además deben saber esos trabajadores, trabajadoras, los medios y la opinión pública, que no es un incremento de un 18 por ciento, sino que apenas supera el 11, porque el 18 recién se ejecuta en el mes de octubre de 2017”, dijo Corsiglia.

En un comunicado, el sindicato señaló que "no hay paz social en nuestro sector" y advirtió que el año "termina con conflicto en el ámbito de la Salud Pública de la provincia de Buenos Aires por absoluta responsabilidad del gobierno de María Eugenia Vidal".

En tanto, los judiciales, que la semana pasada realizaron un paro de 72 horas, recibieron en lo que va del año una suba del 32,5 por ciento y reclaman ahora otro incremento del 12,5 por ciento para el tramo agosto-diciembre, con la intención de lograr un aumento del 45 por ciento en el año.

Los maestros marcharán a la Casa de la Provincia de Buenos Aires que se encuentra a cuadras del Congreso. Piden discutir una recomposición salarial y advierten que la inflación de este año superó el aumento otorgado por la Gobernadora María Eugenia Vidal.

El Frente Gremial Docente Bonaerense (FGDB) profundiza las acciones tendientes a exigir la “urgente reapertura de paritarias” del sector a los fines de discutir una recomposición salarial ya que, advierten, la inflación de 2016 superó el aumento otorgado por la administración de María Eugenia Vidal a comienzos de año. Ante la negativa del Ejecutivo de reabrir esta negociación, los maestros decidieron convocar para este miércoles a una manifestación frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal.

Además de pedir el cumplimiento de la cláusula de monitoreo salarial, el Frente Gremial que nuclea a los sindicados SUTEBA, FEB, SADOP, UDA y AMET insiste con una serie de reclamos referidos a las condiciones laborales déficit de infraestructura escolar y, ante eso, un mayor Presupuesto Educativo para el próximo año.

Asimismo, solicitan la “eliminación del Impuesto a las Ganancias para la Cuarta Categoría; el funcionamiento de las Comisiones Técnicas, Cogestión, UEGD y todo espacio de diálogo y negociación; cobertura total de cargos; aumento de cupos para los Comedores Escolares; continuidad integral de los Programas Socioeducativos y el desarrollo integral del Programa Nacional de Formación Permanente (PNFP).

La insólita foto que “retocó Massa” dio que hablar hoy en el mundo de las redes sociales y en todos los medios de comunicación del país. Las negociaciones por ganancias entre el líder del Frente Renovador y funcionarios del Gobierno pasó a un plano secundario, mientras la CGT acordó con el Ejecutivo.

Esta nota se podría titular también “encuentre las 10 diferencias”, pero todo empezó cuando la diputada Graciela Camaño subió a Twitter una imagen de una reunión sobre tema ganancias. "Nosotros el domingo a la noche trabajamos", remarcaba la legisladora, quien en su mensaje disparaba hacia otros políticos.

En la imagen se podía ver a Sergio Massa junto al vicejefe de Gabinete Mario Quintana, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el diputado de Cambiemos Luciano Laspina.

Aunque lo importante de la(s) foto(s) era una negociación por Ganancias, el asunto que se llevó toda la atención fue el fotoshop utilizado. "Sushi no”,  fue la consigna que, alguien ordenó  a un que se encargó de borrar, los platos que contenían arroz y pescado.

El encuentro fue entre sushi y sanguchitos de miga, y tuvo por objeto destrabar las negociaciones sobre el proyecto de Ganancias. Uno de los puntos centrales, que según fuentes de la oposición manifestaron que tendría el visto bueno del bloque PJ en el Senado, sería el de establecer para los trabajadores casados con hijos, un mínimo no imponible cercano a los $ 40.000 pesos.

Muchos remarcaron, en las redes, la necesidad de Camaño de despegar al grupo de la foto de otro grupo, el grupo Sushi, círculo de confianza del ex presidente Fernando De la Rúa apodado de esa manera porque eran habitués de restaurantes exclusivos del barrio Las Cañitas.