Desde hace tiempo circulan las versiones del deterioro en el que se encuentra el tradicional Tango 01. El avión oficial para trasladar al presidente, hoy "desprogramado", está "tirado" en la base aérea de Palomar. Según informó el Cronista en el día de hoy, Mauricio Macri ya tiene un favorito para reemplazarlo. Se trata de un jet como el que usa Justin Bieber.

La preferencia la admitió el propio jefe de Estado, según fuentes de la Unidad Aérea Presidencial, en una reciente reunión con el ministro de Defensa, Julio Martínez en el que se habló del tema.

Desde que asumió, el mandatario jubiló el Tango 01, comprado en 1992 por Carlos Menem por u$s 67,5 millones.

Casualmente, este avión junto al Gulfstream, de General Dynamics, son los dos modelos que recomendó, semanas atrás, por escrito adquirir Casa Militar, el organismo encargado del traslado aéreo del mandatario y su familia. La Fuerza Aérea aún no emitió dictamen.

Ambos, el Global 6000 y el G650, son similares. Figuran en las revistas especializadas como los jets de moda en el mundo empresarial. Son más pequeños que el actual 757 presidencial.

Según fuentes aeronáuticas consultadas por el matutino económico, en el mercado de usados se consiguen entre u$s 30 y 40 millones. A cambio actual pueden ser hasta $600 millones.

Andrés “cuervo” Larroque denunció el intercambio de base de datos e información de ciudadanos entre el ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública. “Es una amenaza clara a los derechos de los ciudadanos. Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, apellido, teléfono, dirección y DNI”, cuestionó.

Para Larroque, la acción del gobierno de Mauricio Macri,  configura un ataque deliberado y realizado de manera oficial “sobre la libertad individual de las personas, sobre su libertad de opinión y sobre su derecho a la intimidad”.

En este sentido, el referente de La Cámpora señaló: “Con profunda preocupación, vemos este hecho como una amenaza clara y concreta a los derechos de los ciudadanos y por extensión a la democracia como tal”.

Entre los datos que ANSES le brindó a la Secretaria de Comunicación Pública de la Nación se encuentran el “Nombre Apellido DNI; Teléfonos; Dirección; CUIT/CUIL; Email; Fecha de nacimiento; Estado Civil y Nivel de Estudios”.

“¿Para qué quieren los medios oficiales nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección, nuestro DNI, nuestro CUIT o CUIL? ¿Y nuestro teléfono? ¿Nuestro Email? ¿Es necesario que para elaborar una política de medios de comunicación el Estado sepa todo eso?”, se preguntó.

Y recordó: “Los funcionarios involucrados, incluido el Presidente de la Nación, no tienen un buen currículum en lo que a campañas se refiere. ¿Recuerdan el caso de la campaña sucia realizada a Daniel Filmus en la Ciudad de Buenos Aires donde se involucró a su padre? Esa campaña fue realizada con una base de datos con información similar a la que aquí se expone”, concluyó.

El gobierno de Mauricio Macri justificó esta apropiación de la base de datos de la ANSES, que se extenderá inicialmente a lo largo de 2 años, en la necesidad de “instrumentar las políticas de comunicación” oficiales.

“La Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, mediante sus unidades orgánicas, debe mantener informada a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual e instantáneo”, agregó.

Para fundamentar este espionaje seudo-legal, la resolución sostiene por último que “resulta esencial para el Estado Nacional la identificación, evaluación y análisis de problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país, así como la comprensión y detección de variables sociales y culturales que permitan incorporar la diversidad federal en la comunicación pública”.

Los tarifazos siguen siendo el principal dolor de cabeza para los ciudadanos, que ven como sus salarios no llegan a cubrir los costos de energía y para el Gobierno Nacional que empieza a encontrar en su implementación su primera derrota política de peso desde su llegada a La Rosada.

Tras el primer gran cacerolazo que se realizó el 14 de julio y se hizo sentir en todo el país, más de 200 delegados de más de 30 multisectoriales contra el aumento de tarifas de distintas ciudades del país consensuaron la convocatoria a un nuevo “ruidazo” para el próximo domingo 4 de agosto a las 20.

Nuevamente las consignas que reunirán a los ciudadanos son simples: “No al Tarifazo” y “Fuera Aranguren”.

Así lo decidieron durante un encuentro que se realizó el sábado en la Universidad de Luján, según se informó hoy en un comunicado que hicieron llegar a la prensa.

Participaron delegados de las multisectoriales contra el aumento de tarifas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Salta, de la ciudad santafesina de Rosario, de la rionegrina Bariloche y de las localidades bonaerenses de Villa Gesell, Pinamar, La Matanza, Avellaneda, Berazategui, San Miguel, Lomas de Zamora, Tigre, Moreno, Lujan, Ituzaingó, Morón, Chivilcoy, San Isidro, Presidente Perón, Cañuelas, Gral Maradiaga, Almirante Brown, y Berisso entre otras.

Los trabajadores estatales nucleados en la Unión del personal Civil de la Nación (UPCN) y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reiteraron sus denuncias contra funcionarios de la Superintendencia de Seguros -un organismo dependiente del ministerio de Hacienda que comanda Alfonso Prat Gay- por haberse incrementado excesivamente sus salarios en un mes.

Según informó a Télam el secretario de Prensa de UPCN, Sebastián Martínez, “el superintendente Edgardo Podjarny y vicesuperintendente, Guillermo Bolado y los funcionarios con cargos jerárquicos del Organismo se aumentaron el sueldo un 50% en un mes mientras que a los empleados les aumentaron el 7% fijado por paritarias”, a partir del 1° de junio.

“Con los aumentos escalonados que aún faltan del 10 y 14% estos funcionarios pasarán a percibir un aumento que en bruto significa una suma de alrededor del 100%, añadió el dirigente sindical.

Asimismo, Martínez explicó que “UPCN se encuentra en asamblea permanente desde hace varias semanas debido a que la prepotencia de las autoridades que hoy conducen la Superintendencia colocados en los cargos por Decreto del presidente Mauricio Macri no son capaces de generar un dialogo con los trabajadores a quienes tratan como empleados de segunda mientras que ellos se aumentan de forma arbitraria los sueldos con un prepotencia que no se condice con lo que el gobierno plantea”.

El caso más escandaloso es el del superintendente de seguros, Edgardo Isaac Podjarny, quien en mayo percibía un generoso sueldo de $ 96.938. No obstante al mes siguiente, percibió $ 150.200, algo más que el 50%, según informaron delegados de ATE Capital que trabajan en esa dirección. Similar a esta fue la suba que recibieron el vicesuperintendente, Guillermo Bolado, y la línea de gerencias que conducen el ente que fiscaliza a las entidades de seguros en el país.

Pablo Guevara, Delegado General de ATE Capital en la Superintendencia de Seguros, reclamó: “nosotros apenas tuvimos una paritaria del 31% a pagar en tres cuotas; entonces nos piden que vivamos como pobres para que ellos puedan vivir como ricos”. Luego agregó que “lo único que demuestra esto es que sólo les interesa achicar el Estado y echar gente para destinar esos salarios a sus bolsillos”.

Miguel Lunghi aunque minimizó el enojo radical por la estrategia del macrismo de incorporar a sectores del peronismo no kirchnerista a Cambiemos, reconoció que el "radicalismo está mal desde hace bastante tiempo" y evaluó que las próximas elecciones deben marcar el camino para la "recuperación" del partido en la estratégica provincia de Buenos Aires.

"Tenemos que ponernos de pie, hacernos fuerte y colaborar en el espacio que estamos", dijo el jefe comunal, quien consideró que la UCR debe "mantener sus principios" doctrinarios y competir en las primarias de Cambiemos con "listas propios".

"Nosotros vamos a mantener nuestro principios e iremos al espacio a competir el año que viene. La gente nos votará o nos dejará afuera y tendremos que mejorar", aseveró Lunghi en relación a la estrategia electoral que debería plantearse el radicalismo para el 2017, aunque reconoció que "no todos tienen la misma postura" en el centenario partido.

De esta manera, Lunghi se puso en linea con la advertencia lanzada por buena parte de los 40 jefes comunales que la UCR posee en la provincia, tras la inclusión en el gabinete de María Eugenia Vidal del ex massista Joaquín de la Torre y del pase a las filas del oficialismo de los intendentes peronistas Hernán Bertellys (Azul) e Ismael Passaglia (San Nicolás).

En una declaración impulsada por su titular Ricardo Alfonsín el Comité Provincia expresó el martes pasado su malestar por la decisión “inconsulta” del PRO de sumar a otras fuerzas a Cambiemos “sin la debida participación del resto de las fuerzas” y reclamaron la constitución de una “mesa de diálogo” para debatir distintos temas y que la UCR sea tenida en cuenta a la hora de tomar decisiones.

Con todo, el intendente de Tandil aseguró que el "presidente Mauricio Macri tiene la potestad de manejar el Ejecutivo", aunque revindicó el derecho del radicalismo a "debatir" aquellas medidas con las que no están de acuerdo.

"Somos una coalición política parlamentaria, lo que está bien lo aplaudimos y lo que vemos mal lo debatimos en forma democrática", reflexionó Lunghi. quien reclamó al PRO acelerar las conversaciones en torno al armado de Cambiemos para las legislativas del año próximo porque "los meses corren y el 2017 está a la vuelta de la esquina".

Consultado sobre el rumbo del Gobierno el intendente evaluó que el "país no está bien", aseguró que las "provincias e intendencias están con muchos problemas " y consideró que la administración de Mauricio Macri "cometió errores pero trata de enderezar el barco".

"Hay gente que está mal, no llega a fin de mes, la inflación no se ha podido parar y las tarifas son muy fuertes", evaluó, aunque destacó la voluntad del Ejecutivo de "decir la verdad y no mentir con la inflación del Indec y exhortó a "poner el hombro, sin color político" para enfrentar una situación económica y social que "no es fácil".

Por último, el intendente de Tandil reclamó a "los que se llevaron puesto al país tener un poco respeto y opinar menos".

Es casi una interna. Es que la diputada nacional del PRO e interventora del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Gladys González, acusó al periodista Eduardo Feinmann y al vicepresidente de la Liga Naval Argentina, Fernando Morales, de recibir dinero del gremialista Omar "Caballo" Suárez "para callarse la boca".

En un audio que publicó Política Argentina, se escucha a la legisladora en una reunión enojada con Feinmann y Morales por acusarla de truchar un recibo de sueldo y cobrar por su trabajo como interventora

"Feinmann comía locro con el 'Caballo' Suárez, que le ponía millonada de plata a Radio 10, a Fernando Morales, al 'Negro' Oro", disparó González.

El mes pasado, en una entrevista con Feinmann por Radio El Mundo, Morales afirmó que "González montó un operativo de prensa para exaltar su figura personal diciendo lo mucho que hace por los trabajadores, a quienes no recibe".

Asimismo, denunció: "ella dice que no cobra sueldo, pero desde la intervención dieron a conocer el recibo de sueldo que es de 59 mil pesos".

El enfrentamiento entre los macristas, que se sacan chispas, termina por perjudicar a uno de los alfiles principales del Presidente en los medios. Tanta es la confianza de Cambiemos en Feinmann, que de hecho en las últimas semanas trascendió una foto en la que Feinmann se reunía en privado con Macri, horas antes de que sea internado por un problema cardíaco.

En la misma entrevista Morales sostuvo que, "el problema no es el monto sino que venimos de 12 años de los que decimos que cambiamos y vamos a ser mejores y si una diputada nacional miente y tiene dos trabajos". Sobre esa última frase, Feinmann sumó: "La señora Gladys González se está comportando como los K. Ellos vendieron la imagen de que son distintos y son iguales".

En la misma línea, en el programa televisivo de Alejandro Fantino, el periodista insistió en la denuncia contra la legisladora por truchar los datos en un recibo de sueldo como interventora del SOMU.

El Concejo Deliberante del Partido de Laprida aprobó por unanimidad una solicitud de informes al Ministro de Infraestructura de María Eugenia Vidal, Edgardo Cenzón, respecto del paso del tren por ese distrito.

Las dudas más informes de los representantes locales so npor cuánto tiempo estará suspendido el servicio, y si se pondrá a disposición algún medio alternativo (podría ser un micro) a igual precio que el costo del pasaje en tren para paliar la medida.

Desde el Bloque del Frente para la Victoria remarcaron su preocupación por el tema de la seguridad de los pasajeros, pero recordaron que cada vez que se arregló una vía Ferrocarriles Argentinos se contrató micros que cubrían el mismo trayecto que el tren y tenían el mismo precio que el boleto. "¿Por qué Ferrobaires y el Gobierno Provincial no hacen lo mismo en este caso?", se preguntan los ediles del FpV.

"El disparador del temor de la Gobernadora al accidente de trenes fue un choque en Chacabuco, donde dos trenes se accidentaron por un error humano. La Gobernadora tiene temor al accidente de trenes, pero no teme en empujar a cientos de personas a la ruta 3, sabiendo que los accidentes de tránsito en ruta son la principal causa de muerte. Entonces, ¿la Gobernadora tiene real preocupación por la seguridad de los pasajeros o está intentando cubrirse políticamente?", dispararon los concejales.

El costo de un pasaje en tren Laprida-Constitución es de $ 140, en micro asciende a más de $ 600. Es decir, un estudiante, un vecino que lleva a su hijo a un centro de salud, un pequeño comerciante que viaja a comprar mercaderías deberán pagar el cuádruple con el consiguiente deterioro de su calidad de vida.

El Bloque del Frente para la Victoria ratificó que seguirá luchando para que los lapridenses tengan el servicio del tren, que debe mejorar y mucho, pero que perderlo es retroceder a épocas tristes de la Argentina.

La gobernadora María Eugenia Vidal, profundizó los últimos días la estrategia de acercarse a intendentes del peronismo con la idea de sumarlos a la alianza de gobierno, "Cambiemos".

La actitud de la gobernadora, irritó al resto de los integrantes de la alianza, primero, la diputada nacional Elisa Carrió, cuestionó las decisiones de Vidal y ahora los radicales bonaerenses sostuvieron en un comunicado que la gobernadora toma decisiones de manera "inconsulta".

"Preocupa el hecho de que el PRO tome decisiones que afectan la composición de Cambiemos de manera inconsulta y sin la debida participación del resto de las fuerzas", dispararon los boina blanca haciendo públicas las fuertes diferencias al interior de Cambiemos.

El comité que preside, Ricardo Alfonsín, fue por más y reclamó que "las incorporaciones a realizarse se apoyen y funden en valores como los que explican el nacimiento de Cambiemos: la defensa de las ideas y los principios asociados a una ética republicana de la política", al hacer referencia a la incorporación de Joaquin de La Torre y al claro acercamiento de algunos barones del conurbano, como el caso Mario Ishii y Alejandro Granados.

En el comunicado, la UCR cuestionó el accionar de Vidal al remarcar que, "la idea de la gobernabilidad de ninguna manera puede justificar la omisión de consideraciones como las aludidas. Una actitud semejante terminaría debilitando la confianza de la sociedad en Cambiemos, y a la postre, la misma gobernabilidad".

"La primera condición para afianzar Cambiemos tiene que ver con la necesidad de asegurar un trato considerado y respetuoso entre sus integrantes", concluyen con dureza.

Sin embargo, para el PRO, la preocupación más grande está puesta en lograr sostener la gobernabilidad, por eso el acercamiento a los intendentes históricos.

Fuentes cercanas a la Gobernadora, sostienen que la apuesta de Vidal es generar acuerdos después de 2017 dado que argumentan que

“construir una nueva transversalidad será un proceso largo de maduración. No se va a materializar antes de 2017”.

En ese sentido, las misma fuentes admitieron que de incluir formalmente a un sector del peronismo en el armado político, Cambiemos "dejará de existir" y "construiremos otro relato", se sinceran.

El hombre del poncho, el intendente de Jose C Paz, Mario Ishii, salió hoy a ratificar lo que es ya un secreto a voces: su acercamiento a la gestión de Cambiemos y su buena sintonía con el gobierno provincial que lidera María Eugenia Vidal.

Consultado por Radio Splendid sobre las fotos y las recorridas conjuntas con la gobernadora, Ishii respondió: "Yo lo que hice, desde el PJ, es ayudar a que puedan gobernar".

Además el intendente remarcó que trata de cuidar la democracia y defender las instituciones. Por ello señaló que hay que "ayudar en todo lo que pueda ayudar, porque si le va bien a ella nos va bien a nosotros".

"Tengo muy buena relación con Vidal", agregó el caudillo del Oeste y uno de los barones del Conurbano que sobrevivieron a la renovación que hubo en los últimos comicios.

"La relación es que el gobierno me cumple a rajatabla la coparticipación y me atiende el teléfono", precisó Ishii que aprovechó para reflotar la vieja disputa que mantiene con Daniel Scioli. "hizo mala gestión y por eso se han perdido las elecciones", disparó.

Mauricio Macri firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU), para ampliar en casi 100 mil millones de pesos el gasto nacional en obras públicas, la mayoría en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.

Casi la mitad de ese monto (45 mil millones de pesos) está destinado al soterramiento del ferrocarril sarmiento, cuya licitación fue ganada por la UTE, que integran la italiana Ghella y la constructora IECSA de Angelo Calcaterra, primo del presidente, quien anunció que su compañía está en venta.

En el decreto 797, firmado hace poco menos de un mes pero que recién esta semana, empezó a trascender en toda su magnitud, los gastos son presupuestados hasta 2019 e incluye casi todas las obras que Macri pensó para convertir a la Ciudad de Buenos Aires, en una capital de clase mundial.

Al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se le destinarán 12.030 millones para la mega Estación Central Obelisco que bajo la 9 de Julio cruzará trenes, subte y autos; 3000 para el viaducto línea San Martín; 2250 para su electrificación; 2500 para los viaductos de la línea Mitre-Retiro, el mismo monto para la reelectrificación de su tramo hasta Nuñez y más de 3000 mil millones para la línea Belgrano.

Macri presupuestó hasta 2019 una inversión de 2700 millones de pesos en carriles exclusivos, repavimentación y veredas de la Ciudad. Y 1100 millones en ciclovías y bicisenadas.

Hay algunas plantas cloacales para la Provincia de Buenos Aires y metrobús para las ciudades de Tres de Febrero, Morón, Lanús y Mar del Plata. Y hasta Córdoba y Neuquén tendrán sus carriles exclusivos reservados con fondos de Nación.

Hay que tener en cuenta que un DNU, si no se trata en 10 días, puede ser aplicado con el Gobierno pero con un riesgo: si luego el recinto lo rechaza, el presidente debe dar marcha atrás.