Los apuntados en el Gobierno por coordinar esta metodología son: Guillermo Riera, un ex empleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo; Octavio Paulise (administraría cuentas de personajes relevantes y periodistas), reporta en la cartera que conduce Guillermo Dietrich y es el creador del fake de Jorge Lanata en Twitter; José Pablo Pérez Correa trabaja bajo la órbita de Hernán Lombardi; y Luciano Bugallo, asesor de Elisa Carrió.

Los cuatro serán denunciados penalmente por agredir desde las redes sociales a quienes critiquen al Gobierno. Agreden, insultan, amenazan. Y para colmo, los responsables son funcionarios del propio Gobierno, consignó hoy El Destape.

Ya los denunció Marcelo Tinelli y Daniel Filmus por la "campaña sucia" de hace unos años, y ahora se viene una fuerte movida judicial para detener este procedimiento desde el Estado.

Se investigará el presunto desvío de fondos públicos para solventar a un "call center" que se dedicaría a replicar en las redes sociales mensajes de adhesión al Gobierno, o de rechazo a quienes son críticos de la gestión Cambiemos.

La secuencia de mensajes idénticos desde perfiles aparentemente distintos -no asociados- tiene antecedentes en los denominados "foristas", que dejan comentarios en portales con información crítica. El anonimato es una característica, pero por cuestiones técnicas, los servicios permiten el manejo a través de un solo individuo de 700 perfiles falsos, la triangulación de los envíos y la versatilidad en la modificación de las direcciones IP desde donde se registran las coordenadas de ubicación de los usuarios, según reveló un informe del diario Ámbito Fnianciero.

Los funcionarios que serán denunciados penalmente son Pablo Pérez Correa, quien fue empleado del Ministerio de Cultura cuando Hernán Lombardi era el titular de esa cartera y que hoy sigue bajo la órbita del ministro del relato macrista y es el responsable del usuario fascista de Twitter "La Dra. Pignata";  Octavio Paulise,  principal responsable de la estrategia en redes del PRO y administrador de cuenta de famosos pero en formato imitación, también trabaja para Dietrich en el Ministerio de Trasporte;  Luciano Bugallo, quien es asesor de Elisa Carrió y uno de los principales promotores de lo cacerolazos contra el Gobierno de Cristina Kirchner y Guillermo Riera, quien fue un mediocre ex empleado de La Nación y militante de la UCeDé que se desempeña como subsecretario de Vínculo Ciudadano, con 35 especialistas a su cargo.

Luego que el 13 de julio pasado en  el Plenario de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) se resolvió por unanimidad movilizar para hoy, en reclamo por la continuidad de los programas públicos para las cooperativas de trabajo de todo el país.

La decisión fue adoptada tras varias reuniones con funcionarios de gobierno, que no tuvieron resultados positivos. La medida principal, que lleva la consigna “Cooperativas en Defensa del Trabajo, por más Obras y Contra el Tarifazo”, incluye la presentación de petitorios en los Institutos Provinciales de Viviendas de todo el país.

Además denuncian una política de debilitamiento de las cooperativas de trabajo en general, la caída del consumo interno y una persecución a empresas recuperadas, que se inscribe en un retorno al modelo de ajuste del Estado, concentración de la Economía y caída del salario de los trabajadores.

De esta manera, la medida de fuerza busca la continuidad de los programas de viviendas, obras públicas y fortalecimiento; el aumento a $ 5000 del Programa Argentina Trabaja; la inmediata suspensión de los aumentos de tarifas de servicios de luz, agua y gas; y la incorporación de cooperativas como proveedores del Estado.

Christian Miño, presidente de la CNCT, agregó que “este reclamo es parte de una lucha más amplia que viene llevando adelante el pueblo argentino, a través de las multisectoriales contra el Tarifazo y la Marcha Federal convocada por la CTA a mediados de agosto”.

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Las cooperativas buscan acceder a programas y subprogramas del Ministerio de Interior y Obras Públicas, Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo. Lo mismo sucede con el pedido de compras a cooperativas por parte del Estado, como se venía haciendo en años anteriores y que permitía al sector un avance importante en encadenamientos productivos y redes sectoriales.

Por otra parte, las cooperativas de producción alertan sobre una baja del 40 % en las ventas de los últimos 7 meses, debido a la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones. Esto se ve agravado por el aumento de las tarifas de servicios públicos, luz, gas y agua, que oscila entre el 500 % y hasta el 1000 % en algunos casos. Esta situación no es exclusiva del sector, sino que afecta a toda la industria nacional, pero principalmente a las empresas que no tienen espalda financiera, como las cooperativas y las Pymes. Los sectores cooperativos más perjudicados han sido los textiles, gráficos, portuarios, frigoríficos, construcción y gastronómicos.

El fiscal federal Federico Delgado investiga si fue "maliciosa" la inconsistencia detectada en la declaración jurada del presidente Mauricio Macri en la que se omitieron "algunas cuentas en el exterior y datos de dos sociedades" en el marco de la causa por Panamá Papers.

Delgado explicó en un programa radial que la causa en la que está implicado el Presidente refiere a "la inconsistencia de la declaración jurada del señor Macri, porque hay datos que debió consignar y no lo hizo", algo que es investigado por el fiscal, cuyo trabajo es "reconstruir si esa omisión es maliciosa o no".

"Si no es a propósito, es una falta administrativa, pero si es a propósito, es un delito", destacó Delgado, al recordar que las omisiones se hicieron respecto de "algunas cuentas en el exterior y datos de dos sociedades" y luego destacó que "a la denuncia nosotros tenemos que reconstruirla", aunque ello implique "al presidente o al último eslabón social".

Delgado asimismo señaló que fue el diputado denunciante Norman Martínez, del Frente para la Victoria, "quien pidió que se investigue si esas sociedades no se consignaron o si durante la vida patrimonial se cometió un delito", y afirmó: "Si es así, el Presidente es responsable".

El fiscal aseguró que la información "debe ser proporcionada por Bahamas, Panamá, Brasil, Italia e Inglaterra", y que "si hay buena voluntad, se demora un día", aseguró.

Delgado había destacado que la suerte de parte de la causa está atada a “la voluntad de los Estados”, pues de ellos depende que la Justicia pueda contar con la información necesaria para avanzar en la investigación.

“El sistema judicial autoriza a los jueces a librar exhortos pero las relaciones exteriores las maneja el Poder Ejecutivo. El flujo de la información no depende del Poder Judicial sino de la voluntad del Estado al que se le pidió la información y de la pericia del Estado que la solicita”, aseguró.

Coca Cola despidió a 51 empleados de la sede de Salta, informaron medios locales. Según el secretario general del Sindicato de Aguas Gaseosas Juan Carlos Ortega, los empleados llegaron a las 6 a la portería y no los dejaron entrar a trabajar. Inmediatamente, los trabajadores se manifestaron en la puerta de la compañía y amenazaron con tomar el edificio.

Ortega señaló que nunca recibieron una notificación y que no existió una instancia previa de diálogo. Además, indicó que hasta el momento han desvinculado a 15 trabajadores de producción, 6 de mantenimiento, cuatro preventistas y el resto de prueba de calidad.

"La gente llega a trabajar y se da con la noticia de que fue despedida. Solo en el turno que comenzó a las 6 de la mañana de hoy, van más de 15 despedidos. Muchos son empleados con una antigüedad de 15 a 20 años. Nadie explicó nada hasta el momento oficialmente. Los trabajadores llegan y se dan con la sorpresa de que están desvinculados", comentó.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo salteño dictó por la mañana la conciliación obligatoria luego de notificarse del despido de 51 trabajadores. Por su parte, los trabajadores antes habían decidido en asamblea apostarse en la puerta de ingreso principal a la planta.

El secretario de Trabajo de Salta, Ramiro Chávez, dialogó con sindicalistas y empresarios y, luego, señaló que las partes decidieron mantener reuniones particulares y comunicar los posibles avances al organismo laboral.

El compromiso firmado el 9 de mayo entre empresarios y el presidente Mauricio Macri quedó en el olvido. En aquella oportunidad, por parte de FEMSA/Coca-Cola, Francisco Do Pico, se había comprometido con du firma.

Mirtha Legrand y sus invitados cuestionaron fuertemente aPatricia Bullrich por el tarifazo implementado por el ministro Juan José Aranguren. La conductora calificó al desmedido aumento de las tarifas de los servicios básicos como “salvaje” y criticó que esas medidas “no se anunciaron en campaña”.

La ministra de Seguridad pasó un momento muy incómodo en la mesa de Mirtha Legrand. Los cuestionamientos por el nivel de aumentos en las facturas de gas, luz y agua ya se volvieron un clásico, ya que el tema surge en cada programa y con distintos invitados. En ese sentido, Legrand manifestó su queja sobre los aumentos a pesar de “haber ayudado mucho a este Gobierno”.

"Esto se pudo hacer progresivamente, es salvaje esto", le reprochó la conductora a la ministra.

La funcionaria de Cambiemos, justificó la medida argumentando que lo que se busca "recomponer" la situación energética, para llegar al “autoabastecimiento”. Además agregó que estos aumentos en las boletas de gas fueron "graduales" y dejó entrever que más adelante habrá más aumentos. "No se la agarren con Aranguren porque fue una decisión de todo el Gobierno", agregó la ministra.

Cuando Legrand remarcó que los aumentos no fueron anunciados en campaña, Bullrich insólitamente afirmó: "En todo momento nosotros dijimos que teníamos que hacer una recomposición".

”Nuestro compromiso es bajar la inflación de a poco, y la vamos a bajar a un dígito para el 2019”, puntualizó Alfonso Prat Gay a la prensa, al concluir su disertación en el Quinto Congreso Interancional de Agronegocios que se realiza en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina, en Palermo.

El ministro subrayó que “la inflación ya está bajando”, y sostuvo que “las paritarias han marcado un aumento para los salarios que seguramente se va a traducir en mayor poder adquisitivo”.

Aseguró que “todas las medidas que se tomaron en los primeros meses ordenaron el desorden anterior”, y añadió que “se establecieron reglas de juego que no cambian y un régimen de precios relativos que favorece a la producción”.

Todo esto “más allá de algunos efectos colaterales que hubiéramos querido evitar como sucedió con las tarifas, pero que eran inevitables porque si no las hacíamos nos quedábamos sin energía”, señaló el funcionario.

Prat Gay precisó que “para el año que viene la meta de inflación es de 17%”, y destacó que “los analistas privados aseguran que para el fin de año la variación de precios estará en el orden del 1,5% mensual”.

A su criterio, esa cifra “permite entrar al año que viene en el margen de la meta” de 17% establecida.

“Sería más sencillo si pudiéramos bajar la inflación más rápido, pero no es posible por los desórdenes que recibimos”, destacó el ministro, quien subrayó que “la manera de hacerlo es siendo muy cuidadosos con la herencia recibida en lo social”.

Por eso, remarcó que no se optó por “un ajuste sino un gradualismo que permite llegar a las metas, quizás con un poco más de demora, pero con mucha más consistencia económica, política y social”.

Luego de la jornada de paros y movilizaciones que distintos gremios que nuclean a trabajadores judiciales, de la educación, de la salud y de la administración bonaerense, protagonizaron el martes pasado, el Ejecutivo que encabeza María Eugenia Vidal ofreció un aumento magro paritario de 13,9 por ciento para el segundo semestre.

Los estatales rechazaron de manera unánime la propuesta y ya se avecinan más nubarrones en el plano gremial para el gobierno provincial.

El encuentro pretendía buscar un acuerdo entre las partes, que deben discutir la suba salarial para lo que resta del año, dado que la paritaria firmada en los primeros meses de 2016 regía solo por seis meses.

Así, los ministros de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas, ofrecieron un incremento de 13,9 por ciento para los próximos seis meses, lo que llevaría el acuerdo anual a un total de 28,9 por ciento, teniendo en cuenta el 15 por ciento ya acordado para la primera parte del año.

La propuesta fue rechazada de manera unánime por los sindicatos que formaron parte de la discusión –ATE, SOEME, CICOP, Salud Pública y UPCN, entre otros- por considerarla insuficiente, teniendo en cuenta que la inflación del primer semestre oscila entre el 27 y el 29 por ciento.

“Lamentablemente, no esperábamos una oferta como la que nos hicieron hoy, absolutamente insuficiente, porque necesitamos recuperar el salario que se ha perdido”, planteó el titular de ATE, Oscar de Isasi, para explicar el rechazo a la oferta.

Las partes volverán a encontrarse el próximo hoy en el Ministerio de Economía bonaerense para continuar la discusión, pero el panorama es de conflictividad latente.

El presidente Mauricio Macri sigue cumpliendo al pie de la letra el pedido de los polémicos editoriales de La Nación. Tanto como recibir a familiares de represores, como incluir un desfile militar en los festejos patrios y darles más poder a los militares. Estos tres puntos fueron solicitados desde las columnas del diario donde se reivindica la sangrienta última dictadura en el país, consignó hoy El Destape.

En su plan de darles más poder a los militares, ya cumplió con darles mayor presupuesto y ahora está en marcha un plan secreto para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad interior. Así lo reveló hoy un informe del diario Tiempo Argentino.

Funcionarios del ministerio de Defensa trabajan en secreto en una norma que permitirá a los militares realizar tareas contra delitos transnacionales. "El proyecto es manipulado en secreto por funcionarios de la cartera que responden al mayor retirado del Ejército Juan José Gómez Centurión, referente del PRO en la materia, que opera como ministro de Defensa en las sombras", afirma el informe.

"La idea es presentar el proyecto en el segundo semestre", afirmó una fuente del Ministerio a ese diario. "Pero la presentación en sociedad dependerá de que se pueda instalar fuerte en la población y la política la necesidad de la ley. ¿Cómo ocurrirá eso? Simple: con una campaña de saturación de noticias sobre el narcotráfico y su efecto corruptor sobre la política y las fuerzas de seguridad". Así de claro fue el funcionario sobre este tema.

La idea final sería "dotar a las Fuerzas Armadas de facultades para que puedan realizar tareas de inteligencia y seguridad doméstica".

Según informó Horacio Verbitsky en un su columna del Página12, el 9 de julio el Gerente de Aeropuertos de Aerolíneas Argentinas, Ricardo Lehmacher, envió por correo electrónico una circular a todos los jefes de Escala de la compañía aérea estatal comunicando el privilegio concedido. Su texto, que se publica en facsímil dice que los ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, y Fernando Rosenkrantz “tendrán derecho a upgrade a clase ejecutiva sujeto a espacio en los vuelos de nuestra empresa”.

Esto significa que los cinco jueces podrán comprar pasajes en clase turista y en cualquier lugar del mundo pasar a la clase ejecutiva sin abonar la diferencia, siempre que en ese vuelo haya asientos desocupados. Como la resolución no especifica la razón por la que se concede el beneficio ni el carácter de los viajes cubiertos, se aplicará no sólo a los de carácter oficial sino también a aquellos que forman parte de la vida privada de los jueces, es decir un fuero personal prohibido en forma explícita por el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Al cotejar los viajes realizados desde 2011 por el presidente del máximo cuerpo judicial junto a su reciente esposa se advierte que se podría haber ahorrado 732 mil pesos; mientras que de computarse el asiento de su pareja el monto ronda el millón y medio de pesos según se especifica en la versión dominical del diario.

La concesión al Poder Judicial ocurre en el contexto donde La Corte se encuentra en el centro de la escena ya que debe resolver el fondo de la cuestión en lo que atañe a los aumentos desmedidos en las factura de gas.

En este sentido, ante el pedido de per saltum del gobierno nacional, pospuso su respuesta hasta tanto se cumpla con el pedido de informes para conocer si se tuvieron en cuenta los "principios de gradualidad y progresividad" en la modificación del cuadro tarifario.

A su vez también solicitó a Enargas que se detallen los “parámetros tenidos en cuenta para alterar el alcance de la tarifa social y si la aplicación de la nueva normativa implica modificar la cantidad de beneficiarios de dicha tarifa”.

La vicepresidenta Gabriela Michetti reiteró hoy que los 50 mil dólares que le robaron en su casa en noviembre pasado están constatados en su "declaración jurada como un préstamo" que le hizo su pareja y aseguró que debe ser la "política con menos patrimonio del país".

Michetti explicó que la información del robo de 245 mil pesos y 50 mil dólares en su vivienda del barrio porteño de Balvanera ocurrido el 22 de noviembre cuando fue el balotaje presidencial, se manejó en forma "discreta" porque el autor del hecho fue un efectivo policial que integraba su "custodia de muchísima confianza".

La vicepresidenta contó que no se informó sobre lo sucedido por pedido de "las personas que estaban en la investigación, tanto de la Policía como de la Justicia".

"Yo hice todos los pasos que tenía que hacer a nivel de la denuncia, fui muy detallista a la hora de explicar lo que había pasado y lo que me habían sustraído. Lo primero que me dijeron que sospechaban que podría ser la custodia", señaló Michetti.

En diálogo con radio La Red agregó: "Tengo una relación muy afectuosa con la custodia, entran y salen de mi casa como si fueran parte de la familia". "Cuando la sospecha fue sobre mi custodia, me dijeron si quería que esto si hiciera con tranquilidad, sin obstaculización, tratar el tema con discreción, pero sin que esto fuera secreto, ya que era totalmente publico porque está en el juzgado, está todo publicado en la Justicia", indicó.

Al respecto expresó: "Me pidieron eso… Yo quería a todo costa que se llegara a la verdad, hicimos todo con un tratamiento muy discreto". Confirmó que de los 245 mil pesos robados, 200 mil eran a donaciones de la Fundación Suma, y los 45 mil restantes eran para "una obra de refacción" en su casa. Sobre los 50 mil dólares, señaló que fue un "préstamo" que le hizo su pareja, Juan, cuyo destino era para abonar una maestría que quería hacer su hijo Lautaro.

"Está declarado en las declaraciones juradas, de Juan como un préstamo y en la mía como un préstamo que recibí, eso está perfectamente aclarado", subrayó.

Luego comentó: "Creo que soy la política con menos patrimonio del país, tengo solo la mitad de mi casa y la otra parte es de mi hijo, no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad, ni un auto tengo. No he crecido en patrimonio".

Comunicado

A través de un comunicado, que además reprodujo en su cuenta de Facebook, la vicepresidenta brindó precisiones sobre el robo que sufrió en su casa en noviembre de 2015 y que recién ahora se difunde: en ese sentido, dijo que "no" tiene "nada que ocultar", al afirmar que "se pretenden dejar dudas" sobre su "correcto proceder".

Michetti aludió así al diario Tiempo Argentino, que en su edición de hoy informó que la vicepresidenta sufrió un robo en su casa de Balvanera el 22 de noviembre de 2015 (día en que Cambiemos ganó las elecciones presidenciales), por el que le sustrajeron la suma de 245 mil pesos y 50 mil dólares, caso por el que la justicia apunta a David Juan Pablo Cruzado, un oficial mayor de la Policía Metropolitana.

"Quiero dejar bien en claro que no tengo nada que ocultar", afirmó Michetti y se preguntó: "¿Con qué sentido denunciaría con detalle ante la Justicia lo que me robaron si no tuviera la tranquilidad de poder explicarlo perfectamente?"

"Con respecto al por qué no se dio a conocer: es porque estaba involucrado uno de los miembros de mi custodia", sostuvo la vicepresidenta, en relación a Cruzado.

"Y ante las dudas que se quieren sembrar respecto del dinero sustraído, aclaro que los 200 mil pesos declarados pertenecían a donaciones que se realizaron a la Fundación Suma que yo presido", que estaban en su casa porque "siete días después tendría lugar la Cena Anual de recaudación de fondos y ese dinero había sido recaudado a tal efecto", explicó.