El vicepresidente de la Comisión de Relaciones exteriores y diputado nacional por el Frente Para la Victoria (FPV), Guillermo Carmona, logró el compromiso de detallar la denuncia por parte de Anders Kompass, ex funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y uno de los principales denunciantes de la jefa de la cartera de exteriores, Susana Malcorra.
El ex funcionario de la ONU y Carmona denunciarán el rol jugado por la ahoracanciller argentina, cuando se desempeñaba como jefa de Gabinete del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, cuando (29 de abril de 2015(, se conoció de los sistemáticos casos de abusos sexuales perpetrados contra menores por las fuerzas de paz de Guinea Francesa, Chad y Guinea Ecuatorial en un campamento de refugiados en la República Centroafricana (RCA).
Los testimonios, que habían sido recogidos casi un año antes por personal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y Unicef, fueron filtrados al diario británico The Guardian. El artículo incluyó el testimonio de Anders Kompass, un especialista en Derechos Humanos de Suecia con más de 40 años de experiencia, que había sido suspendido y estaba siendo investigado por la ONU por haber alertado al gobierno francés sobre los abusos.
Hasta ahora, Kompass ha guardado silencio sobre su papel en este asunto, pero un panel independiente nombrado por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, estableció la inocencia del funcionario sueco que sólo intentaba que cesaran los abusos contra menores, y concluyó que varios funcionarios de alto rango –entre los que se menciona a la actual canciller argentina, Susana Malcorra, que en ese momento se desempeñaba como jefa de Gabinete de Ban Ki-moon, estaban más preocupados en concertar esfuerzos para silenciar y perseguir al denunciante del escándalo, Anders Kompass que en proteger a los niños del peligro en que se encontraban o de sancionar a los abusadores, según la revista estadounidense Foreign Policy.
También trascendió, que un niño de 11 años declaró que un soldado francés le prometió comida a cambio de sexo oral, luego lo violó, y le dio galletas y dinero en efectivo. El chico dio una descripción detallada del soldado y afirmó que podría identificarlo, pero no se tomó ninguna medida, ni siquiera una advertencia a los soldados, no se hizo ningún esfuerzo para evitar el abuso en curso, ninguna alerta fue expedida a las decenas de miles de adultos desplazados en el campamento. El personal de Unicef reportó casos de sexo oral forzado y violación anal de los niños de 8 a 15 años y no se tomó ninguna acción. En total, las entrevistas documentan el abuso sexual de 13 niños por parte de 16 soldados de la fuerza de paz: 11 eran franceses, tres de Chad, y dos de Guinea Ecuatorial. Otros siete Cascos Azules actuaron como cómplices. El informe implica a 23 soldados en total.
A mediados de julio de 2014, la ONU no había tomado ninguna medida contra los abusos en curso. En ese contexto, el funcionario sueco Anders Kompass informó a las autoridades diplomáticas francesas, que solicitaron una copia del informe con el fin de iniciar una investigación. El 30 de julio recibió una respuesta del gobierno francés, que le informaba que una investigación estaba en curso.
Tres meses más tarde, cuando el secretario general presentó su informe anual sobre la respuesta de la ONU a la explotación y los abusos sexuales de 2014, no contenía mención alguna de las denuncias de abuso sexual infantil en la República Centroafricana.
En lugar de preocuparse por los casos de abuso infantil, la jefa de Gabinete de Ban Ki-moon quería silenciar el escándalo y para eso concertó con otros funcionarios de alto rango de la ONU una estrategia para obligar a Kompass a que renunciara.
La jefa de Gabinete Susana Malcorra organizó una reunión en la ciudad de Turín entre el alto comisionado para los Refugiados, Zeid Ra’ad Al Hussein; la alta comisionada adjunta, Flavia Pansieri; el subsecretario general (USG) para OSSI, Carman Lapointe; y el director de Ética de la ONU, Joan Dubinsky, para discutir el caso Kompass: si la negligencia para combatir los abusos sexuales por parte de los Cascos Azules, se hacía pública, la ONU enfrentaría preguntas para las que no había respuestas razonables.
Como resultado de la reunión realizada en Turín, el grupo integrado por Malcorra continuó tramando una manera de silenciar a Kompass. Dos semanas más tarde, el 9 de abril de 2015, Zeid solicitó formalmente una investigación sobre Kompass por su “filtración” sobre la denuncia de abuso sexual en la República Centroafricana.
Durante toda la investigación, las víctimas no aparecen mencionadas en las declaraciones, ni existen expresiones de inquietud o curiosidad sobre su bienestar. Nadie menciona el apoyo prestado a los niños víctimas; esas omisiones ni se observaron ni explicaron. El enfoque único de atención concertada es en la supuesta “filtración” de Anders Kompass.
Durante la semana del 13 de abril de 2015, un mes después de su negativa a renunciar, Kompass fue suspendido con goce de sueldo y escoltado desde su oficina. Susana Malcorra, que ocupaba una de las posiciones más poderosas en el sistema de la ONU como jefa de Gabinete del secretario general, declaró a los medios que Kompass estaba siendo investigado porque era culpable de mala conducta. Esto era un caso flagrante de prejuzgamiento.
Kompass fue perseguido y hostigado por altos cargos de la ONU hasta que un tribunal de apelación ordenó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que levantara inmediatamente la suspensión laboral del funcionario humanitario sueco. El juez Thomas Laker dijo que la decisión de la ONU de suspender a Kompass, quien se desempeñaba como director de Operaciones de Campo para la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, fue “prima facie ilegal” (desde primera vista ilegal).
Frente a la dimensión que tomaba el escándalo, el 3 de junio de 2015, el secretario general de la ONU Ban Ki-moon, anunció la formación de un panel independiente, compuesto por tres jueces, para realizar una revisión externa para examinar los acontecimientos tras el abuso sexual de los niños en la República Centroafricana y que permitió conocer el encubrimiento por parte de la actual canciller argentina a los perpetradores del hecho.
