En la segunda sesión del Concejo Deliberante, el tema principal que se trató fue el decreto 104/18 sobre la Emergencia Tarifaria presentada por el bloque de Concejales PJ-Unidad Ciudadana.

Con la presencia de vecinos que se acercaron al recinto para visibilizar las elevadas sumas en sus boletas de servicios públicos, la reiterada insistencia de los ediles de la oposición logró que se trate sobre tablas y luego se vote en forma nominal el proyecto de Emergencia Tarifaria.

El pedido fue realizado por el concejal Fabián Cagliardi, quien manifestó que “este expediente tiene que ver con los tarifazos que están recibiendo nuestros vecinos de Berisso y solicitamos que sea tratado sobre tablas y que la votación sea nominal para conocer la posición de cada uno de los concejales”.

A la hora de la votación, la emergencia Tarifaria en el Distrito gobernado por el intendente Jorge Nedela no puso ser aprobada. Al igual que sucedió en el Congreso de la Nación, el bloque oficialista con sus 9 integrantes rechazó la iniciativa. A la negativa, se sumó el presidente de la bancada del Frente Renovador, Gustavo Yacenko.

Luego de la votación, la concejala de Unidad Ciudadana, Nora Harmatiuk, expresó que “está claro que la postura del bloque de Cambiemos no es representar a los ciudadanos de a pie y decidieron defender a los empresarios que durante el 2017 se han enriquecido en más de 11 mil millones de pesos con la suba tarifaria que pagamos todos”.

El rechazo a los aumentos desmedidos de las tarifas que impulsa el Gobierno Nacional y Provincial tendrá su continuidad en otros ámbitos de la sociedad. Al igual que en todos los distritos de la Provincia, en Berisso se realizará una Audiencia Pública el 4 de mayo próximo a las 12.00 horas frente a la prestadora de servicio eléctrico EDELAP, ubicada en Avenida Montevideo y esquina 5.

El macrismo se propone sepultar lo que queda de la Ley de Medios, sacrificar el ARSAT y consolidar el emporio Cablevisión/Telecom/Clarín con Telefónica de España como coartada.

Por Cynthia Ottaviano*

Cuando Henry Jenkins (2006) definió la “convergencia”, de la que tanto se habla por estos días en la Argentina, lo hizo desde una perspectiva compleja, sociocultural, antes que técnico-económica.

Para el analista estadounidense, la nueva cartografía que desafía las relaciones humanas puede pensarse como el “flujo del contenido a través de múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas” (2006:14).

Es decir que en el proceso de la “convergencia” intervienen las industrias, las plataformas, pero también resulta necesario analizar el flujo de contenidos y las posibilidades y comportamientos de las audiencias en su rol dinámico, activo y transformador de la comunicación.

De hecho, Jenkins sostuvo que “si nos centramos en la tecnología, perderemos la batalla incluso antes de empezar a librarla”. De allí la necesidad de “enfrentarnos a los protocolos sociales, culturales y políticos que rodean la tecnología y definir el uso de ésta”, porque la convergencia “es más que un mero cambio tecnológico” (2006: 214).

Cuando el macrismo tradujo este aporte académico a una propuesta legislativa,sepultó toda posibilidad de pensar en las clasificaciones propuestas de “convergencia cultural”, “convergencia orgánica” y “convergencia popular” y sólo se abocó a la “convergencia corporativa” y la “convergencia tecnológica”, en el paradigma de la acumulación y concentración del capital y la pérdida de soberanía nacional, científico-técnica, económica, política y comunicacional.

Es decir, obturó la posibilidad del debate sobre la lógica con la que operan las culturas, la producción de contenidos, las “conexiones mentales que establecen” las personas a partir de las informaciones de múltiples plataformas, el flujo impulsado por las propias personas en tiempos de fácil acceso al archivo y la publicación, para recircular la información que debe ser plural y diversa, para no conspirar contra las democracias y afectar la gobernabilidad.

Con sus políticas públicas, el macrismo enterró incluso la idea de que, en ese cambio cultural, “las corporaciones” y “los individuos dentro de los medios corporativos, ejercen todavía un poder superior al de cualquier consumidor individual o incluso al del conjunto de consumidores” (Jenkins, 2006:15).

En esa inteligencia, en la bitácora gubernamental actual, sólo parecen importar “la combinación de funciones en un mismo dispositivo tecnológico” (convergencia tecnológica) y “el flujo de contenidos mediáticos comercialmente dirigido” (convergencia corporativa), a merced del país extranjero o la corporación que presione a cada tiempo y en cada espacio (Jenkins: 2006:276).

Por lo menos es lo que puede deducirse del proyecto presentado por el oficialismo en el Senado de la Nación, los primeros días de abril, llamado “Ley de fomento de despliegue de infraestructura y competencia Tics”, en consonancia con la visita del presidente de España, Mariano Rajoy.

El gobierno parece haberle entregado a Rajoy la tranquilidad de que -si por ellos fuera-, la corporación de despligue mundial Telefónica podría brindar servicio de televisión satelital, internet, telefonía móvil y fija, lo que hasta el cierre de esta edición está prohibido.

Así, Rajoy no sólo aceptó la grata invitación de ver a los Granaderos con banderas españolas, como símbolo de regresión a la etapa colonial, sino también la posibilidad de que dieran cauce a su reclamo, a partir del gran negocio entregado con anterioridad a su competidora local Telecom, en la habilitación de la ultraconcentración con Cablevisión/Clarín, como regresión a un neocolonialismo cultural.

Para dar cumplimiento a las promesas contraídas con Rajoy, será necesario volver a modificar la desguazada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la ley Argentina Digital (27.078), ahora por otra ley, provocando diversos daños:

1) Poner en riesgo la soberanía nacional, a través de la entrega de Arsat y la infraestructura pasiva desarrollada.

2) Perturbar el acceso de las audiencias a programación local, donde pueden encontrar información relevante y representaciones de subjetividades más genuinas y propias.

3) Generar las condiciones para la liberación tarifaria que, como en otras áreas de la economía local, concluyen en tarifazos.

4) Dejar a merced ministerial, de un gobierno darwinista, la reglamentación para “proteger y promover” la actividad de las pequeñas y medianas empresas, así como las cooperativas.

5) Desproteger a las audiencias y los actores más chicos frente a los corporativos y concentrados, con autoridades de aplicación gubernamentalizadas, alejadas de los parámetros del sistema interamericano de derechos humanos de autonomía e independencia.

6) Entregar la democracia y la gobernabilidad en manos de la comunicación concentrada y transnacionalizada.

Escenario complejo, medidas darwinistas

A lo largo y ancho del país, en la actualidad sólo tres empresas brindan televisión satelital (DirectTV, de manera preponderante; InTV, de Red Intercable, y la TDA, de desarrollo estatal) y sólo dos Telefonía Fija, con participación en móvil.

Con el proyecto gubernamental las telefónicas podrán dar servicios satelitales y audiovisuales, considerados por nueva disposición legislativa como mercancías, y ya no como un derecho humano a la comunicación, en el que el Estado tiene un rol indelegable de salvaguarda.

Lo que fue impedido hace diez años, durante los debates por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (que las telefónicas brindaran servicios de comunicación audiovisual, dadas las características diferenciadas en las escalas de unas y otras licenciatarias), ahora que el gobierno extendió una alfombra roja para permitir la ultraconcentración del Grupo Clarín/Cablevisión con Telecom (quienes brindaban sólo servicios de comunicación audiovisual, también puedan dar telefonía fija, móvil e internet), empieza a admitirse, hasta aquí, con todos los avales gubernamentales y sin demasiada oposición.

Es decir que, mientras con la LSCA se limitaba la cantidad de licencias de comunicación audiovisual se podían operar en el país (radio, tv), a la vez que se imponían límites a la operación de diferentes servicios de telecomunicaciones (telefonía e internet), ya con el DNU 267 de las corporaciones firmado por Macri ni bien asumió el gobierno, y ahora con esta “Ley Rajoy”, nada será igual, al punto que ni habrá distinción entre el cable (televisión por suscripción por vínculo fijo) y la tv satelital, cuando son servicios diferentes, con característica diferenciadas.

“Desde la mirada del usuario es lo mismo”, se sentenció desde el gobierno. Pero no lo es. De mínima, porque el servicio de TV satelital opera a nivel regional -dada la capacidad de abarcar hasta la totalidad de Sudamérica con un solo satélite- y esa situación no sólo afectará la cantidad de puestos de trabajo argentinos, sino que también hará que quienes viven en Formosa no puedan acceder a la programación local, pero sí puedan ver la de México.

¿Podría solucionarse? En principio obligando a las licenciatarias a colocar un decodificador “híbrido”, es decir que tenga las señales y canales de la grilla general, pero que habilite el acceso a la TDA, que debería tener la programación local.

Pero ¿qué pasaría si no pagara el servicio? Le cortarían la posibilidad de ver una y otra programación, cuando la de la TDA es de acceso gratuito, vulnerando así el acceso al derecho humano que es la comunicación.

Por otra parte, la concentración o posiciones dominantes, tanto verticales como horizontal, provoca que unas señales sean discriminadas con respecto a otras, porque quien transporta esas señales privilegia las propias, hundiendo la pluralidad y diversidad. Así ha ocurrido con la fusión de Multicanal y Cablevisión, en la que terminaron por “desaparecer” numerosas señales.

En ese escenario es necesario recordar las prácticas predatorias, como consecuencias de ser “dueños y señores” en múltiples zonas geográficas o incluso en todo el país a la vez, dado que pueden compensar las ganancias de unos lugares con las de otros.

Ocurre que al desembarcar en determinadas ciudades pueden establecer precios muy por debajo del “mercado”, que en un principio puede parecer beneficioso para las audiencias, pero una vez que “eliminan” la competencia -que no puede sostener esos precios por una cuestión de costos-, determinan las tarifas, dada la falta de competitividad real, transformándolas en tarifazos.

Una ultra concentración inédita para la Historia argentina

La gravedad de la situación empeora cuando se recuerda la promesa incumplida del gobierno en generar una reglamentación “convergente”, dado que la LSCA era “obsoleta”. En el “mientras tanto” -que lleva dos años y medio de extensión-, Macri hundió la reglamentación y la institucionalidad creada por las leyes votadas en el Congreso, con amplias mayorías. Aún, cuando desde el mismo gobierno se comprometieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a enviar al parlamento el proyecto, como se señaló, hace dos años y medio.

Vale recordar que esos decretos macristas sepultaron la necesidad de adecuación a los límites que establecía la LSCA y fueron la primera senda del largo camino hacia la ultraconcentración comunicacional actual.

Poco tiempo después, Cablevisión compró NEXTEL, la empresa de telefonía móvil, con la posibilidad de obtener espectro radioeléctrico para brindar servicios de 4G, y otras cinco empresas que también disponían de espectro, aunque asignado a otros servicios.

Unas semanas más tarde, llegó la autorización del ultragubernamentalizado Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) -cuya dirección es nombrada y removida a dedo por Mauricio Macri-, para habilitar el uso de ese espacio radioeléctricos para telefonía móvil.

Así, el grupo comunicacional que maneja la única fábrica de papel para diarios de todo el país (en alianza con el diario La Nación), el mayor diario de circulación nacional, diversas radios, entre ellas la de mayor audiencia de la Ciudad de Buenos Aires, canales y señales de TV con altos niveles de audiencia nacional, suma casi el 40% de la telefonía fija, más del 50% de Internet, casi el 40% de la televisión por cable y más del 30% de la telefonía móvil, salvo desaprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia o el poder Judicial.

Nunca existió en la historia de la Argentina un poder comunicacional de estas características, con uno de los yacimientos de datos más extraordinarios que pueda existir, a través del acceso y participación de las audiencias en la telefonía fija y móvil, internet, la radio, la tele, los diarios y revistas, imprentas y sitios digitales, muchos de ellos pagados por cuentas bancarias con débitos automáticos, a través de tarjetas débito y crédito.

Las tensiones entre los diversos actores del campo de las Tics empezó casi antes de presentado el proyecto, no tanto por las consecuencias democráticas de la concentración, sino por las comerciales que implicarían que los nuevos actores sin haber invertido casi nada en infraestructura puedan sumarse al negocio, ya que según el proyecto las empresas de telecomunicaciones podrán compartirla infraestructura pasiva -ductos, postes, torres-, quitándole, además, a Arsat el espectro radioeléctrico reservado por la ley 27.208 para desplegar una red para la seguridad y las emergencias.

La única restricción geográfica que se establece hasta aquí es en localidades de menos de 80 mil habitantes, pero el proyecto sostiene que se materializará por resolución posterior, a manos del gobierno, de manera que la desconfianza tanto como las presiones comenzaron a recorrer los despachos de la casa Rosada.

Como si fuera poco, las obligaciones de los prestadores no ocupan ni un artículo del proyecto, que tampoco incluye los servicios audiovisuales a demanda, como la conocida Netflix, a quien en Europa se le reclama cumplir con cuotas pantalla, es decir la sumatoria de programación local y el pago de gravámenes.

Más pérdida de soberanía con la entrega de Arsat

La Argentina diseña y fabrica satélites que pueden brindar servicios de televisión, pero en el proyecto, esto también quedó en el olvido.

El Plan Argentina Conectada, creado hace siete años durante el gobierno de Cristina Kirchner, permitió a Arsat y a empresas públicas provinciales desplegar una red de 36 mil kilómetros de fibra óptica en todo el país, para brindar internet de banda ancha, con una inversión de casi mil millones de dólares, que ahora podrían aprovechar los privados, en detrimento del patrimonio público.

El ex vicepresidente de Arsat, Guillermo Rus lo explica con claridad: “Es que el modelo de negocios de Arsat, basado en fuertes inversiones estatales, fue concebido para no ser deficitario en términos operativos. Es decir, lo que se factura mensualmente por servicios debe ser superior a lo que se gasta. El principal objetivo político y social de la empresa es proveer una alternativa de calidad a Pymes y Cooperativas del interior del país, pero estos numerosos y dispersos clientes no son grandes demandantes de servicios puesto que disponen de pocos usuarios en relación con el total nacional. Quienes concentran la mayor cantidad de clientes de Internet, tanto fija como móvil, son las empresas oligopólicas, es decir, Claro, Telefónica, Telecom y Cablevisión quienes concentran el 100% de los servicios móviles y más del 70% de la banda ancha fija. Con los ingresos generados por la venta de Internet mayorista a Pymes y Cooperativas Arsat cumple su función política y social como empresa estatal, pero para lograr superávit operativo, la empresa le brinda servicios a Claro y Telefónica para que conecten mediante fibra óptica las radiobases del servicio móvil de 4G en aquellas zonas donde deben cumplir con las exigencias regulatorias de la licitación de espectro pero no tienen red troncal o esta no tiene la capacidad suficiente para el tráfico de 4G”.

-¿Qué pasaría si el proyecto se convirtiera en ley?

-De prosperar tal como fue presentado por el Ministerio de Modernización el artículo 1, las empresas de comunicaciones móviles ya no necesitarían los servicios de Arsat, podrían utilizar su infraestructura (ductos) y desplegar rápidamente sus redes -agrega Rus. Esto impactaría fuertemente en los ingresos de Arsat volviendo deficitario el negocio de conectividad mayorista. Y lo mismo pasaría con todas las empresas estatales de telecomunicaciones provinciales y municipales que fueron desarrollando su infraestructura en el marco de planes nacionales, provinciales o locales. El Estado interviene ante la falta de esfuerzos del privado y luego estos se apropian de la infraestructura desplegada, un negocio redondo. En un contexto donde el Plan Satelital de Arsat se encuentra paralizado, Arsat-3 fue suspendido e incluso se lo intentó privatizar creando una nueva empresa con mayoría de la norteamericana Hughes, proveedora del DoD (Departamento de Defensa de los Estados Unidos) pasando por encima de la ley 27.208 que establece en su artículo 10 la obligatoriedad de llevar al Congreso una medida de esta índole.

El camino del deber ser para defender la democracia

Con la imposibilidad de acuerdos parlamentarios mayoritarios que repliquen las voluntades gubernamentales, parece utópico pensar en la posibilidad de una modificación al rumbo tendido por el gobierno.

Sin embargo, el alto grado de responsabilidad democrática que exige el tiempo histórico que se vive, obliga a reflexionar sobre propuestas concretas al proyecto presentado.

Aquí un resumen de diez medidas que podrían tomarse, entre otras:

1) Exigir un freno a la concentración comunicacional, ya que conspira contra las democracias. Como ya se ha publicado en estas páginas, la realidad comunicacional argentina está prohibida en Francia, Inglaterra y otros países que suelen estar a mano para exigir reglas claras y justas en el plano local.

2) Desnaturalizar el incumplimiento de las legislaciones emanadas del Congreso de la Nación Argentina (LSCA y Argentina Digital) e impedir el avance de modificaciones de leyes por decretos y decretos de necesidad y urgencia, regresivos para impedir mayores concentraciones a las ya existentes antes de 2015.

3) Declarar la comunicación audiovisual y las TICS como derecho humano.

4) Exigir autoridades de aplicación autónomas, técnicas e independientes, como reclamó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo de constitucionalidad de la LSCA.

5) Ampliación de las facultades de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, para que pueda trabajar en la defensa y promoción del derecho humano a la comunicación “convergente”.

6) Restablecer el “abono social” para los servicios de comunicación audiovisual y para las TICS (tarifa preferencial por características socioeconómicas y geográficas).

7) Restringir la participación de satélites extranjeros para servicios de televisión.

8) Establecer criterios claros y ecuánimes fuera del ámbito gubernamental para compartir la infraestructura pasiva, evitando argumentos de baja inversión y mejora de calidad y utilización de infraestructura de Pymes.

9) Excluir la infraestructura de la estatal Arsat y de las empresas provinciales de la obligación de compartir y mantener la reserva de espectro para una futura red de Arsat.

10) Obligatoriedad de incorporación de señales y canales locales (si es con decodificadores, establecer medidas de utilización de TDA de manera independiente del pago del servicio satelital).

En las democracias comunicacionales contemporáneas se requiere la participación plural, diversa e igualitaria de las personas, porque es allí donde se externaliza el derecho humano a la comunicación, ya que hoy las ideas, opiniones, pensamientos y expresiones informativas, culturales y artísticas se encuentran medidas por la institucionalidad y la pedagogía que construyen los medios de comunicación audiovisual, tanto televisivos, como radiales, telefónicos o digitales.

Sin comunicación no hay democracia, y sin democracias no hay derecho humano a la comunicación.

En la encrucijada actual argentina, tal vez sea saludable recuperar una mirada más de Jenkins que señala que en la medida que sólo “sigamos haciendo énfasis en el acceso (en términos de infraestructura), la reforma continuará centrándose en las tecnologías”, sin embargo, “tan pronto como comencemos a hablar de participación, pasaremos a poner el acento en los protocolos y las prácticas culturales” (2006:32-33).

Y es en esas prácticas culturales y en esos protocolos, en cuanto pautas y guías para la democratización de las comunicaciones, que se requieren consensos para una convergencia comprendida, ya no como asunto puramente tecnológico o mercantil, sino como fenómeno cultural de características extraordinarias.

*Defensora del Público (MC)

Fuente: Contraeditorial

El colegio de Farmacéuticos bonaerense convocó a una concentración para este jueves en defensa de la denominada “Ley de Farmacias”. Marcharán a la Casa de Gobierno y a la Legislatura.

La concentración comenzará a las 11 en la sede del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Cfpba) y además de contar con la participación de profesionales propietarios y empleados de las farmacias de todo el territorio bonaerense, y el acompañamiento de los estudiantes de la carrera.

Bajo las consignas “No al Monopolio”, “No a las Sociedades Anónimas” y “No a los Fondos de Inversión” son las principales consignas que impulsan la movilización, que tendrá como primera parada la Gobernación.

De todas maneras, en todo el territorio bonaerense, se mantendrá la farmacia de turno para garantizar la necesaria atención de los pacientes.

A la gobernadora María Eugenia Vidal se le reclama un pronunciamiento que viene eludiendo sobre la defensa de la ley 10.606 y del modelo sanitarista de salud existente hace años, además de no haber hecho lugar a los pedidos de reunión solicitados por la Confederación Argentina de Farmacéuticos (CoFA) y el Colegio, a través de la presidente de ambas organizaciones, la farmacéutica María Isabel Reinoso.

El silencio de la Gobernadora llama la atención por cuanto el juicio entablado en 2012 por la cadena Farmacity es contra el Estado provincial y no en perjuicio de las entidades farmacéuticas.

La segunda parada de la marcha será en la Legislatura bonaerense, donde los farmacéuticos respaldarán con su presencia el tratamiento de un proyecto presentado por el diputado Lisandro Bonelli.

Días atrás la Procaduría General de la Nación, a cargo en forma interina de Eduardo Casal, cedió ante las fuertes presiones políticas y emitió un dictamen que declaró inconstitucional el artículo 14 de la ley de farmacias contradiciendo una jurisprudencia consolidada durante años por todas las instancias de la justicia bonaerense, incluida la Corte Suprema provincial. Aunque esa resolución, vale aclararlo, no es vinculante y sólo representa una sugerencia.

Los farmacéuticos de todos los partidos de la Provincia están generando en cada distrito ordenanzas municipales y proyectos de comunicación para advertir y repudiar la pretendida llegada de las farmashopping en condiciones especiales.

En rigor, Farmacity no tiene prohibido instalarse en la Provincia si respeta las mismas normas que rigen para todos los farmacéuticos de barrio. El problema radica en que pretende la sanción de una ley a su medida.

La medida de fuerza es por 24 horas en todo el territorio bonaerense. También habrá una marcha a la Casa provincial en la Ciudad de Buenos Aires. Es el cuarto día paro desde el inicio del ciclo lectivo.

Los docentes de la provincia de Buenos Aires realizarán este miércoles el cuarto paro en el marco de la interminable discusión paritaria que los gremios del sector mantienen con la administración de la gobernadora María Eugenia Vidal.

A las 10.30 las columnas de los gremios docentes se movilizarán a la sede de la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital Federal.

El viernes pasado los sindicatos docentes bonaerenses rechazaron la nueva propuesta salarial del gobierno de Vidal y denunciaron que, lejos de ser superadora de las ofertas anteriores, proponía peores condiciones.

Esta oferta incluía una suba salarial del 10% en tres cuotas para el primer semestre de este año, un reconocimiento por presentismo de hasta 3 mil pesos por docente y proponía volver a negociar de cara al segundo trimestre.

Los docentes denunciaron que esta propuesta era peor que las anteriores que ofrecía una suba del 15% para todo el año en tres cuotas pero que completaba una suba para el primer semestre del 11% a diferencia del 10% propuesto el viernes pasado.

Por su parte el gobierno de Vidal amenazó con descontar el día a los docentes que se sumen al paro.

Una joven falleció en su casa ubicada en el barrio Buen Ayre del partido de Ituzaingó, cuando colgaba la ropa en la ventana de su habitación a causa de una descarga eléctrica. El deceso se provocó por estar colgados a la luz debido a los elevados tarifazos y al retiro de de los medidores por parte de la empresa.

Se trata de Romelia Dos Santos, quien falleció ayer luego de soportar una descarga eléctrica sobre la reja de la ventana de su habitación. El hecho ocurrió sobre la calle Nicolas Repetto y otras manzanas cercanas, luego que Edenor había retirado los medidores por falta de pago y los vecinos, al no tener otra opción, se colgaron de la luz.

Según un informe divulgado por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las empresas distribuidoras de energía eléctrica le cortaron el suministro a más de un millón de usuarios.

Una de las vecinas del barrio explico al sitio La Ciudad Web, que le adeuda a Edenor 15.000 pesos de luz. “Como hago para pagar esa factura sino tengo trabajo. De las 8 familias que vivimos en el pasillo, a uno le vino $8000 a otro $10.000 y a mi $15.000″, ¿qué quieren, que vivamos en la oscuridad? Nosotros dependemos de la luz, no tenemos gas.  Hace meses que le reclamamos a Edenor que los cables están todos viejos y que hay que cambiarlos. Hace un mes se prendió fuego un cable y aunque reclamamos, nadie vino. Hoy ya es tarde”.

“Colgarse para poder tener luz, está mal, pero peor es vivir a oscuras, sin poder tener electricidad. Desde hace tiempo que ya no podemos pagar la luz”. La vida en el barrio es cada vez más triste. Los colectivos que van al centro van vacíos. A las 10 de la mañana, el barrio está lleno de gente, pero no porque sea feriado, es porque no hay trabajo y los hombres se quedan en sus casas. Las changas hace rato que desaparecieron”, sentenció la vecina.

Para Andrés Chambouleyron, presidente del ENRE, el problema radica en el excesivo aumento de las tarifas que hace imposible su pago. La problemática es aún mayor debido a que muchos usuarios luego del corte del suministro, se cuelgan del servicio o del alumbrado público.

Hasta el momento, la empresa eléctrica suspendió el suministro de luz para el barrio; mientras que la Policía Bonaerense investiga los pormenores del deceso de la joven de 14 años.

El bloque de Unidad Ciudadana en Diputados consideró que “las rebajas en los impuestos provinciales en las tarifas de luz, agua y gas impactan de manera insignificante”. Pedirán el tratamiento de otros proyectos en la sesión convocada para este jueves.

Luego de los anuncios de la gobernadora, en sintonía con el pedido del presidente Mauricio Macri desde Vaca Muerta, sobre la baja de impuestos de 15% para las boletas de luz y 6% para el agua y el gas, desde el bloque de Unidad Ciudadana adelantaron que pedirán para la sesión de este jueves en Diputados el tratamiento de distintos proyectos que “realmente tengan un impacto en el bolsillo de los bonaerenses”.

Acorde a lo informado, existen cuatro iniciativas impulsadas por la bancada opositora que buscará llevarlas al recinto este jueves. Una que busca retrotraer el precio de las tarifas al 1 de enero de 2017, otra que conforma una comisión que defina el valor real que deben tener los aumentos. La tercera que decreta la Emergencia Tarifaria en la Provincia y una última que establece una auditoría a las distribuidoras de servicios públicos que definen los precios de las tarifas.

“En plena crisis por los tarifazos impagables en la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal anunció una baja en los impuestos que representan una gran estafa a los 16 millones de bonaerenses y que tiene poca incidencia en el valor total de las facturas” señalaron en un comunicado, al tiempo que ejemplificaron que “una boleta de gas de aproximadamente mil pesos paga de impuesto provincial 65 pesos. Si les hacemos el descuento decretado por Vidal, la baja no llega a los 10 pesos. Además, dejan afuera a las Pymes que están al filo de la quiebra por este tema”.

Los empresarios amigos de Cambiemos siguen amasando fortunas con las tarifas impagables de los servicios públicos. Ante la dimensión de la protesta social, en varios municipios ya se decretó la emergencia tarifaria, mientras el Gobierno ratificó los aumentos salvajes de la tarifas, en cuotas y con intereses.

“Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano ganaron 11.303 millones de pesos con la estafa del tarifazo en 2017″, dice un informe de la organización OETEC-ID, de Buenos Aires.

En su informe “Los dueños argentinos de la luz: oligopolio, conflictos de interés y ganancias abusivas”, el Observatorio OETEC da cuenta de las exorbitantes ganancias obtenidas por los empresarios Nicolás Caputo, Marcelo Mindlin y Rogelio Pagano durante el 2017, primer año pleno de tarifazo eléctrico.

“Estos señores, que en conjunto concentran el 51% de los usuarios del servicio público de electricidad a nivel nacional y el 49% de la demanda total, ganaron el año pasado unos 11.303 millones de pesos, esto es, casi 1.000 millones por mes”, asegura Federico Bernal, director del OETEC y autor del citado informe.

Las ganancias incluyen los distintos segmentos del sector energético y sus subsidiarias.

El trabajo del OETEC recuerda que Caputo y Mindlin están verticalmente integrados al controlar centrales de generación y transportistas (Transener y Transba) y destaca, asimismo, que Caputo es accionista minoritario de Edesur y que Mindlin controla Edenor. Por su parte, Pagano es el dueño de EDESA (Salta) y de las cuatro distribuidoras bajo jurisdicción bonaerense: EDEN, EDES, EDEA y EDELAP. El resto de las distribuidoras se reparte entre empresas provinciales y privadas mayoritariamente extranjeras:

Semejante nivel de concentración deja al descubierto quienes son los “verdaderos dueños de la luz (…). Más de la mitad de los usuarios del servicio público de electricidad están en poder, directa e indirectamente, de tres firmas. Pero no son cualquier firma sino las que pertenecen al “hermano” del Presidente Macri, Nicolás Caputo, y a dos socios estratégicos de la Alianza Cambiemos como son Mindlin y Pagano”, afirman desde esa organización

En consecuencia, “la estafa del tarifazo es indisoluble de este inédito y aberrante nivel concentración, abuso de posición dominante, verticalización y cartelización empresarial en materia eléctrica (energética en general). Consideremos, por ello, que las acciones populares de resistencia y reversión de la estafa (iniciativas de asociaciones de usuarios, proyectos de ley, cautelares, etc.) no pueden enmarcarse desentendiéndose de lo anterior”, señala el OETEC.

“Debe denunciarse en todos los foros, audiencias, iniciativas parlamentarias, actos públicos, etc., la anarquía de mercado que impera en el país y que tiene, en el sector energético, su más alto, irrefutable y vergonzoso ejemplo”, sintetiza Bernal, quien advierte que en la Argentina actual “la energía está en manos de un conjunto de empresas nacionales y multinacionales, con dos grandes cabezas: el Grupo Shell y un puñado de poderosísimas familias criollas, aliadas del Presidente y que hoy son parte del Estado”, concluye el informe.

Mientras en casi todo el país, miles de vecinos se manifestaron en un masivo ruidazo durante la noche del miércoles pasado y el jueves último en una marcha y encendidos de vela que tuvo lugar entre el Congreso y el Obelisco.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación figura como uno de los auspiciantes del concierto que brindará en la Ciudad de Buenos Aires la famosa cantante pop española. A la par desde esa cartera se registran despidos en pensiones

La funcionaria al mando del Ministerio de Desarrollo Social, Carolina Stanley, financiará el recital de la cantante española Marta Sánchez; mientras que recorta pensiones y realiza despidos en el sector.

Hace una semana, la Agencia Nacional de Discapacidad despidió a 60 trabajadores, algunos de ellos con más de 20 años de antigüedad. Los despidos no corresponden solamente a la sede porteña sino que se extienden por distintos puntos del país, entre ellos, las delegaciones de Córdoba, Neuquén, Mendoza y Ushuaia.

En 2017, desde la cartera que conduce Stanley se dio de baja a más de 100 mil pensiones no contributivas y en septiembre de ese año el Gobierno creó la Agencia Nacional de Discapacidad en reemplazo de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. En esa ocasión los trabajadores de ATE denunciaron que la medida tendería a un vaciamiento del organismo.

Ahora, desde Desarrollo Social se financiarán los conciertos que Marta Sánchez realizará el viernes 27 de abril en ND Teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio amaneció rodeado de efectivos de la Policía de la Ciudad que se encuentran custodiando el edificio y niegan el ingreso de los trabajadores. Tensión en la puerta de la cartera. El Ministro culpó a la gestión anterior y prometió recortes en el Inta y Senasa.

El Ministerio de Agroindustria, a cargo de Luis Etchevehere, envió 330 telegramas de despidos y desde este lunes la Policía de la Ciudad se encuentra en las puertas del edificio impidiendo el ingreso de los trabajadores.

Los despidos serían en un 50 por ciento en Capital Federal y el resto en las delegaciones de las delegaciones del interior del país.

Desde ATE se rechazó el plan de recorte de Cambiemos, que nuevamente apunta contra los empleados públicos y se espera una fuerte medida de lucha contra los despidos.

El Ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, confirmó "la desvinculación de 330 empleados" de la cartera que dirige y justificó la decisión en que el kirchnerismo "multiplicó por siete" la cantidad de trabajadores de ese organismo.

En declaraciones a radio Continental, el ministro explicó que "en el 2008 el Ministerio tenía 606 empleados y cuando se fue el kirchnerismo lo dejaron con 4.200 empleados. O sea, lo multiplicaron por siete".

"Lo que estamos haciendo es cumpliendo la ley. El Congreso votó una reducción del 10,5 por ciento nominal del presupuesto para el Ministerio de Agroindustria, a lo que hay que sumarle la inflación. Nos tenemos que adaptar a lo que dice el Congreso", aseveró el funcionario, quien prometió más recortes en el Inta y Senasa.

Fue luego que la mandataría provincial indicó que quiere que los docentes ganen más pero que no sabe de dónde sacar el dinero, el diputado de Unidad Ciudadana le respondió por la red social del pajarito.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal , habló de la paritaria de los docentes que viene rechazando de manera constante las paritarias bajísimas y en cuotas del gobierno. "Quisiera que los docentes ganen más, pero díganme de dónde sacamos la plata", indicó.

Rapidamente el diputado Axel Kicillof explicó a través de su cuenta de Twitter cómo podría la mandataria provincial conseguir fondos para mejorar la propuesta.

"Ante su consulta gobernadora: este año usted recibirá $40 mil millones más por el consenso fiscal. Les bajaron los haberes a todos los jubilados del país para darle esa plata a usted. En sus dos años de gestión recibió $90 mil millones adicionales de la Nación", indicó el economista.

"Además tomará deuda por $74 mil millones este año. Otra opción sería que el gobierno nacional deje de perdonarle impuestos a los ricos (retenciones y bienes personales). Es hora que empiece a gobernar para los bonaerenses que la necesitan", agregó.