Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, brindó una conferencia junto al CELS, donde detallo cómo fue llevada la dirigente de la Tupac al penal de Alto Comedero, hecho que tilda “como un secuestro”.

“Lo que busca esta resolución del juez y su ideólogo, el contador Morales, es que Milagro esté muerta”, así lo aseguro Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, quien además denuncio que Sala, “tiene magullones en los hombros y moretones en los brazos por la violencia ejercida por la policía de Jujuy”. En la misma línea, Gómez Alcorta dijo estar “sumamente preocupada”, e hizo “responsables en primer lugar a Mauricio Macri, luego al contador Morales, y al juez”, Pablo Pullen Llermanos, por el futuro y la salud de Sala. “No solo que la quieren acallar, ponerla de rodillas y silenciarla, sino también muerta”, insistió.

Por otra parte, el titular del CELS, Horacio Verbitsky, se refirió a la detención, como “una gran perversidad”, y agrego que el Juez Llermanos, “invoca la medida cautelar para incumplirla”, en referencia a la resolución del magistrado, que hace alusión al llamado de la CIDH a cuidar la salud de sala. “Es absolutamente perverso y responde a la odiosidad del contador Morales y el juez Pullen Llermanos”, remató.

La conferencia de prensa se realizó en el CELS. Entre los presentes, se encontraban los miembros del Comité por la Libertad de Milagro Sala, Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas), la legisladora porteña Paula Penacca, la candidata a legisladora Victoria Montenegro, Eduardo Jozami y Myriam Bregman, entre otros.

Será en una audiencia pública que se realizará el próximo 24 de octubre en Montevideo, Uruguay. Allí también se tratará la embestida del Gobierno argentino contra abogados y jueces laborales.

Luego de una denuncia presentada por  la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluará las violaciones a los derechos humanos laborales en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación, acompañada por las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y diversas organizaciones sindicales, pone de relieve los ataques macristas a gremios, abogados y jueces laborales, destinados a “estigmatizar, desacreditar y criminalizar la labor de los defensores de derechos humanos y a quebrantar la independencia del poder judicial, especialmente la Justicia Nacional del Trabajo”.

En este marco, la CIDH convocó a ambas partes a una audiencia pública que se realizará el 24 de octubre en el Palacio Legislativo de Montevideo, Uruguay.

Los denunciantes indican que “las más altas autoridades del Estado Argentino” están violando la Convención Americana sobre los Derechos Humanos “en forma sistemática y continuada”.

“Hay un grave ataque al ejercicio de la abogacía, al acceso de la justicia y a la independencia judicial”, señaló hoy Matías Cremonte, presidente de la AAL, y precisó que existen “cinco pedidos de juicio político solamente por el contenido de las sentencias y que hubo intervenciones injustificadas a los sindicatos”.

Macri aseguró más de una vez que existe una “mafia de los juicios laborales”, que daña a las pequeñas empresas y sus trabajadores, porque ante el cierre de emprendimientos “los empleados pierden su trabajo”.

Tras estas embestidas verbales, el Gobierno pidió juicios políticos contra los magistrados Diana Cañal y Luis Raffaghelli, por haber dictado una medida cautelar que ordenaba la reinstalación de nueve trabajadores despedidos de la ex Autoridad Federal de Servicios de comunicación Audiovisual (AFSCA); y contra Graciela Marino y Enrique Arias Gibert, por haber intimado a las cámaras empresarias a que cumplieran con el aumento paritario de los empleados bancarios.

También se recusó a la jueza Dora Temis, quien intimó al gobierno de María Eugenia Vidal a retrotraer los descuentos por día de huelga a los docentes bonaerenses.

El director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chiller, afirmó que "durante 35 días el gobierno nacional se dedicó a desviar la investigación" por la desaparición de Santiago Maldonado, y remarcó que la hipótesis principal de la causa apunta a "la responsabilidad" de la Gendarmería, durante una rueda de prensa ofrecida en Esquel, en la que participaron familiares del joven artesano.

"La hipótesis que manejamos desde el primer día es la de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la responsabilidad que tuvo Gendarmería en ese hecho. Creemos que es inapropiada la reacción que tuvo la ministra de Seguridad, (Patricia) Bullrich, para esclarecer este hecho. Durante 35 días el Gobierno desvió la investigación", señalo Chiller.

El director del CELS adelantó que, junto con los familiares de Maldonado, pedirán que se realicen nuevas medidas en la causa con el propósito de obtener nuevos elementos de prueba.

"Vamos a insistir con los peritajes en los vehículos y procuraremos que se recuperen algunas imágenes que se registraron el primero de agosto, cuando se produjo la represión de Gendarmería en la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen", remarcó.

Por su parte, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, agradeció el apoyo que la comunidad originaria le dio a la investigación y aseguró que los incidentes que se produjeron el viernes pasado en Plaza de Mayo "estuvieron armados".

"Agradezco el apoyo de la comunidad mapuche, de la gente que marchó el viernes en Plaza de Mayo y de los medios que informaron bien sobre lo que le pasó a Santiago ese día", observó el hermano del artesano.

Ayer, declaró ante el juez federal de Esquel Guido Otranto el integrante de la comunidad Pu Lof de Cushamen Matías Santana, según quien Santiago Maldonado estuvo en el lugar el pasado 1 de agosto y, tras ser golpeado por efectivos de la Gendarmería, fue subido a una camioneta de esa fuerza.

"Creemos que esta declaración es muy importante porque orienta la investigación hacia la hipótesis que manejamos desde el primer momento. Este puede ser un principio para encausar la causa en el rumbo que debe tener", sostuvo la abogada y representante de la familia Maldonado, Verónica Heredia.

El paradero de Santiago Maldonado se desconoce desde hace 35 días, tras la realización de un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche ubicada en el noroeste de Chubut.

La referente de Derechos Humanos dijo que "es muy doloroso lo que pasa con Santiago Maldonado", el joven que está desaparecido hace una semana en Chubut. Taty Almeida participó de una conferencia brindada por organismos de DD. HH., que volvieron a pedir al Gobierno de Cambiemos que de respuesta sobre la situación.

"El caso es extremadamente grave", dijo por su parte el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky. Criticó al presidente Mauricio Macri y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Entre los expositores, estuvo Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo: "Hay que decirlo con todas las letras. Tenemos un nuevo desaparecido en democracia. Es un espanto la situación. El viernes 11 vamos a convocar a una marcha, en paz, para pedir que Santiago aparezca con vida".

Luego fue el turno de Taty Almeida: "Es muy doloroso. Nos recuerda a épocas muy oscuras del país. En democracia tuvimos que lamentar la desaparición de Julio López, pero ahí el Estado no fue responsable. Acá es el Estado el responsable. Como hace 40 años volvemos a pedir 'aparición con vida'"

El periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le pidió oficialmente a la CIDH que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

A horas del 24 de marzo, y en medio de una ola de declaraciones y provocaciones de distintos funcionarios del Gobierno Nacional a los organismos de Derechos Humanos, se suma una denuncia preocupante.

El presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, aseguró que el gobierno nacional le solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que reciba "a familiares de los responsables del terrorismo de Estado".

En diálogo con Radio Universidad el autor de "El Vuelo", quien participó de la audiencia del 20 de marzo en la sede del organismo internacional por la detención de Milagro Sala, vinculó a la Iglesia con la promoción de la idea de la "memoria completa".

"(Claudio) Avruj le planteó a la Comisión que reciba a una delegación eclesiástica y dijo que sería presidida por el nuncio apostólico que es el embajador del papa Bergoglio en la Argentina", expresó el periodista en Otra Vuelta de Tuerca.

Una delegación de la CIDH llegará en mayo a la Argentina para escuchar a las partes sobre la detención de la líder de la Tupac Amaru. Por este motivo realizará sesiones en la capital federal, recorrerá el predio de la Esma y visitará a Milagro Sala en Jujuy.

Se trata de Ignacio Agustín Montagut, quien se paseo mostrando una bandera del Vaticano frente a la catedral y provocó los incidentes. Mira el video.

Ignacio Agustín Montagut es uno de los responsables de los incidentes en la marcha de las mujeres en Plaza de Mayo. Los disturbios comenzaron cuando el joven se paseo frente a la Catedral ondeando una bandera del Vaticano, a partir de este hecho se produjeron los incidentes. Se supo que trabaja para Patricia Bullrich, y que militó para el partido neonazi de Alejandro Biondini.

Montagut trabaja en el equipo de Patricia Bullrich desde el mes de octubre de 2016, además, militó en la campaña electoral que llevo a Macri a la presidencia según se observa en sus publicaciones en las redes sociales.

La marcha dejó a 30 mujeres detenidas y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, justificó la represión ejercida por las fuerzas de seguridad debido a las “conductas depredatorias”. Según distintos testimonios, las detuvieron cuando terminaron de comer pizza tras la marcha.

Abogados del CELS y La Liga Argentina por los Derechos del Hombre se hicieron presentes en las distintas comisarías para defender y exigir la libertad de todas las mujeres golpeadas y detenidas por la Policía.

Otro dato sugestivo es que Montagut, en su cuenta Facebook se define como "Amigo de la gorra". Se puede observar en las imágenes como provoca a un pequeño grupo de mujeres con la bandera del Vaticano delante de la Catedral.

Mediante un comunicado el CELS, calificó de "preocupante la campaña que busca instalar la idea de que para "más seguridad" es necesaria la intervención de las Fuerzas Armadas en la "lucha" contra el narcotráfico y el terrorismo", al analizar la gacetilla de prensa enviada por la cartera de seguridad tras el encuentro.

"En una gacetilla enviada a la prensa, el ministerio informó que en la reunión se trataron diversos temas con el fin de establecer los procedimientos y acuerdos de futuras operaciones coordinadas con miras al fortalecimiento de la seguridad y el control de las fronteras de nuestro país, en donde las Fuerzas Armadas brindarán apoyo logístico", señalaron desde el CELS.

Ante la comunicación del organismo defensor de las derechos humanos, desde el Ministerio de Defensa se informó a Télam que se trató de una reunión por el tema radarización, "que es una actividad que está a cargo de las Fuerzas Armadas, en particular de la Fuerza Aérea".

"Es más, fue durante la gestión del ministro Julio Martínez que se retiraron a los efectivos militares de las fronteras, donde estaban colaborando con la Gendarmería, por entender que esa actividad contradice las normas constitucionales y leyes específicas", aseguró Ignacio Uzquiza, jefe de prensa de la cartera de Defensa.

El comunicado del CELS, sostiene que "este anuncio se suma a otras declaraciones y decisiones ya tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la declaración de emergencia en seguridad, en enero de este año, que amplió el rol de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interna, incluyendo la habilitación para derribar aeronaves que no se identifiquen".

Por lo que subraya que "la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad está prohibida por leyes fundamentales de la reconstrucción del estado democrático argentino que fueron consecuencia de acuerdos políticos transversales".

En ese sentido el CELS explica que la Ley 23 554 de Defensa Nacional fue sancionada en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín, producto del acuerdo entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso" y que "un arco similar se estableció en 1991 para la aprobación de la Ley 24 059 de Seguridad Interior, sancionada por el presidente Carlos Menem".

A su vez detalla que en 2001 fue aprobada la ley de Inteligencia Nacional y que "las tres normas precisaron el marco regulatorio, y establecen que la defensa nacional es el ámbito exclusivo de injerencia de las Fuerzas Armadas y desarticulan el conjunto de prerrogativas que tenían en materia de seguridad interior".

También agrega que "años más tarde, en 2006, el armado legal se completó con el decreto reglamentario de la Ley de Defensa, firmado por el presidente Néstor Kirchner".

Finalmente el documento difundido por las redes sociales señala que "en los países de América Latina en donde las Fuerzas Armadas juegan un papel en cuestiones de seguridad interior, en general, justificado con la retórica de la "lucha contra el narcotráfico", las consecuencias solo han sido negativas: los problemas de seguridad no se han solucionado y las violaciones a los derechos humanos se han incrementado".