Un estudio del CEPA detalla que la caída del empleo persiste en articulación con la baja del salario real y el impulso oficial a convenios flexibilizadores. En lo que va del año, ya hubo 9599 despidos y 2594 suspensiones. Industria y servicios, los más afectados.

Los despidos y suspensiones en la industria continúan sin encontrar un freno. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el mes de marzo otras 4823 personas perdieron sus puestos de trabajo; de cada diez, seis se desempeñaban en fábricas.

La destrucción del empleo industrial se viene agudizando desde septiembre del año pasado, en un proceso que va acompañado, de manera general, por un deterioro de los sueldos y las condiciones laborales, con el impulso oficial a la firma de convenios colectivos con pérdidas de derechos. Contra lo que sostienen el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, sobre una presunta recuperación del empleo y del salario, el relevamiento del CEPA describe que, con excepción de la construcción, donde la merma de puestos se detuvo –tras llegar a los 60 mil despidos, lo que mantiene al sector al tope del ranking negativo– la industria y los servicios continúan expulsando trabajadores

“No hubo cambios en la dinámica de empleo”, señaló a PáginaI12 Hernán Letcher, director del centro de estudios y concejal del FpV en el partido de San Martín. “Al contrario: si en 2016 la política flexibilizadora laboral fue de ‘trazo grueso’, sustentada en la pérdida masiva de puestos de trabajo y la caída de salario real, en 2017 se puede hablar de una ‘sintonía fina’ flexibilizadora, donde además de despidos y caída de los salarios, se suman acuerdos como el de los petroleros en Vaca Muerta, que el propio Gobierno pretende extender a la industria automotriz (el presidente Mauricio Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, al rubro textil y el del calzado entre otros, que incluye la pérdida de derechos laborales adicionales.”

El número de trabajadores afectados en el mes de marzo fue mayor al de febrero. La gran mayoría de los casos se registraron en el sector privado (4008 despedidos y 560 suspendidos) y una minoría (255 cesanteados) en el sector público.

Como marzo marca el fin del primer trimestre, también puede extraerse un panorama sobre cómo se va planteando el año: en este período se acumularon  9599 despidos y 2594 suspensiones, concentrados particularmente en el sector industrial.

El trabajo del CEPA propone mirar el empleo desde varios enfoques. Uno es el comportamiento del mercado laboral desde la asunción del gobierno de Cambiemos. En este sentido, puede decirse que en el primer trimestre de 2017 se está repitiendo una película ya vista el año pasado. Hay dos ciclos que siguen el mismo movimiento, donde a una ola de despidos en el sector público siguen nuevos despidos en el privado.

“En diciembre de 2016, al igual que en diciembre de 2015, los despidos del sector público tomaron preponderancia, representando la mitad de los despidos del mes”, reseña el estudio. “En febrero, al igual que en enero, en cambio, como sucedió luego del impacto que tuvieron al inicio de la actual gestión los despidos en los distintos ministerios nacionales, carteras provinciales y municipales, son los despidos y suspensiones del sector privado los que toman dinamismo. En la etapa anterior, ya hacia el mes de marzo superaban ampliamente a los contabilizados en el sector público. En los meses subsiguientes, las pérdidas de puestos de trabajo en el orden privado pasaron de ser el 56,84 por ciento del total de despidos al 61,22 por ciento en abril de 2016, al 61,83 en mayo, al 62,96 en junio, 65,34 en julio, 66,07 en agosto, 66,81 en septiembre, 67,93 en octubre, 69,80 en noviembre, 69,15 en diciembre, 69,59 en enero, 69,85 en febrero y 70,32 en marzo de 2017, mientras que los del sector público redujeron su participación progresivamente”.

Es decir que los despidos en el Estado actúan como señal de bandera blanca para el ajuste en las empresas; y a la vez retraen el consumo interno, empujando a situaciones de crisis a los sectores peor parados, en el caso de la industria, por la apertura de las importaciones.

Si se toma en cuenta el acumulado a partir diciembre de 2015, el número de trabajadores afectados desde la asunción del gobierno macrista llega a  249.143, entre despedidos y suspendidos. Siguen siendo más entre los privados que en los estatales: 178.589 despidos y suspensiones en el área privada y 75.378 en la administración pública.

Este relevamiento viene siendo realizado por el CEPA de manera mensual, en base a datos que aportan los despedidos, las organizaciones gremiales, cámaras empresarias y publicaciones periodísticas.

Una de las polémicas ligadas al debate sobre las mediciones de despidos es que los puestos de trabajo recuperados –en el caso de que esto estuviera realmente sucediendo a escala– no son computados. Sin embargo, en el caso de la industria, son las propias estadísticas oficiales las que corroboran que la pérdida de empleo industrial no se ha detenido, y que su caída es similar a la que reflejan estos relevamientos no oficiales: así lo muestran, por caso, los números del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, de la Anses), que registra los despidos de la economía formal. Y en lo mismo coincide la Encuesta de Indicadores Laborales, realizada por el Ministerio de Trabajo. Un cuadro elaborado en base a estos datos oficiales ilustra cómo, también con los números del Estado, se ve al trabajo industrial en un proceso de deterioro ininterrumpido.

Algunos casos de marzo

Dentro de la industria, en el sector petrolero, hubo 520 despidos vinculados a Amarilla Gas, SP, Tecpetrol, Tuboscope Vetco de Argentina SA e YPF.

n electrónica y electrodomésticos se denunciaron 380 despidos en Brighstart, Iatec y Visteon, todos en la provincia de Tierra del Fuego.

En el sector de alimentos y bebidas, en Coca Cola, Felfort, Magnasco y Olivi Hermanos, este último caso por cierre, a los que se suman 100  suspensiones en La Campagnola, en Mendoza. El frigorífico Deltacar, en Pilar, despidió a 40 personas y suspendió a 160.

Los textiles tuvieron 197 despidos de empresas como Unisol-Puma  (Sanagasta, Chilecito, La Rioja), Enod y Tejedurías Naiberger.

En el rubro servicios, los trabajadores de call centers atravesaron un mes muy difícil, con 1090 casos, motorizados entre otros por Task Solution, en Córdoba, por servicios realizados para Telecom. Los 300 casos de American Express, relacionados con el rubro financiero, fueron también de gran significación.

En comercio hubo 133 despidos en empresas como Rizzi Distribuciones, Easy e Hipermercado Libertad. En la actividad del transporte hubo 40 despidos en empresas como Monza y Línea Oeste.

El estudio del CEPA detalla una serie de fábricas y empresas de servicios que, sin haber llegado a despedir, atraviesan situaciones muy complicadas, por las que está en riesgo el futuro laboral de otras 9 mil personas.

Por ejemplo, la multinacional norteamericana Ingredion –que tiene 86 fábricas distribuidas en 60 países, con 12 mil empleados a nivel mundial– despidió en sus plantas de Baradero y Chacabuco a 186 empleados; hay muchos más, cerca de 3 mil, sin garantías de continuidad. De Sancor, en Santa Fe, también penden de un hilo mil puestos de trabajo. Nextel tiene la intención de tercerizar la atención al cliente, que involucra a 1500 trabajadores. Los petroleros de Santa Cruz denuncian que están en dificultad 3 mil puestos de trabajo entre YPF, PAE, Sinopec, Sipetrol, Capsa y Tecpetrol.

Si se miran los totales desde la asunción de Cambiemos a hoy, al tope de la tabla de los sectores más golpeados siguen estando los trabajadores de la construcción, con 60.626 despedidos por la paralización de la obra pública, aunque con varios meses consecutivos sin nuevas pérdidas de puestos de trabajo. En la industria, los metalúrgicos abren el ranking negativo, seguidos por los textiles, muy afectados por caída del consumo local y apertura importadora (el caso de Alpargatas lo refleja en estos días).

“Distintas fuentes de la actividad textil aseguran que la caída efectiva en los puestos de trabajo es incluso más elevada, pero difícil de constatar por el bajo nivel de registro en el sector y la utilización por parte de las grandes marcas de diseño de indumentaria de cadenas de subcontratación provistas por empleo informal y población inmigrante de países vecinos, en sendos casos deliberadamente sin documentar”, aclara el informe. De hecho, el textil es uno de los rubros con más trabajo en negro.

El sector automotriz continúa con una cantidad alta de despidos y suspensiones (Volkswagen, Renault, Ford, Honda, Iveco son algunos ejemplos a los que se suman cesantías en autopartistas y en la producción de neumáticos).

En el acumulado desde diciembre, los más afectados del rubro servicios son los empleados de comercio y los gastronómicos, que representan casi el 45 por ciento de los casos. “En ambos”, marca el informe, “se manifiesta un ostensible silencio de las conducciones sindicales respecto de la bajas en el empleo”.

Marzo y abril son meses de discusiones paritarias y movilizaciones en aumento. Sus principales motivos están siendo los reclamos por despidos, por aumentos salariales o incumplimiento de acuerdos y por atrasos en los pagos. “En relación con estos reclamos, resulta imprescindible destacar que el eje del abordaje planteado por el gobierno nacional y local, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, no reside en resolver algunos de los problemas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas sencillamente no lleguen a las calles de la ciudad”, apunta el CEPA.

En el mismo sentido, el centro de estudios observa la profundización de la estrategia “ejemplificadora” del Gobierno con los docentes. “El objetivo reside en ilustrar a los trabajadores argentinos y a los gremios de cada sector, pero también al empresarzzzziado de nuestro país, qué intereses defiende a rajatabla el gobierno nacional y cuánto está dispuesto a invertir para recorrer el camino de la flexibilización (…) Tales acciones están dirigidas a justificar aumentos salariales limitados, que consoliden la pérdida de poder adquisitivo producida a lo largo de 2016, junto con el condicionamiento de futuros reclamos, pasos necesarios en el proceso flexibilizador explicitado por el propio Gobierno.”

Finalmente, el relevamiento reseña que el paro nacional de la CGT realizado a principios de abril tuvo altísimo acatamiento. “El Gobierno cuestionó tal convocatoria criticando a los sindicalistas y mencionado que el costo del paro implicaba 15 mil millones de pesos. Esto resulta sintomático, dado que esos mismos sindicalistas hicieron lo imposible por evitar el paro, forzado finalmente por las exigencias de los mismos trabajadores en la movilización del día 6 de marzo.”

Informe sobre la evolución del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y un análisis realizado por CEPA.

Las expectativas de los agentes financieros relevados por el BCRA en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), muestran un incremento de la inflación, una disminución del crecimiento, un tipo de cambio que se aprecia y un leve aumento del déficit fiscal.

Difícilmente alguien pueda decir que las consultoras encuestadas tengan filiación con el gobierno anterior. Es más, muchas de ellas tienen relación estrecha con funcionarios actuales y durante 2016 acompañaron con sus posiciones el optimismo del gobierno. Parece que esa “luna de miel” ha quedado en el camino. La imposibilidad de Cambiemos de dar soluciones concretas a los problemas económicos y políticos comienza ya a avispar incluso a los “propios” y prende una señal de alerta incluso en sectores de pertenencia histórica al modelo representado por Macri.

Lo “positivo” (aunque preocupante) es que, a diferencia de lo que sucede con los sectores populares, donde las repetidas expresiones masivas son ninguneadas de manera recurrente, estos actores son escuchados por el gobierno de Cambiemos. Tal vez por ello, algunos integrantes del gabinete han comenzado a discutir, puertas adentro, la posibilidad de postergar temporariamente las decisiones de ajuste económico antipopular hasta después de las elecciones. Tantos desaguisados pueden disgustar incluso a la familia.

Observatorio Monetario-Financiero del CEPA.

Descargá el informe

(Por Centro de Economía Política Argentina, CEPA) Mauricio Macri mencionó recientemente que la conflictividad del país influye en la llegada de inversiones. Esta resulta la enésima razón sostenida por Cambiemos en relación a las razones que explicarían la escasa llegada de inversiones en nuestro país. En la misma línea ya se había expresado Eduardo Eurnekian, quien expresó que "el dinero no va a venir porque todos los días hay un despelote"

A contramano de esta postura, Carlos Pagni sostuvo hace unos días atrás que “si soy inversor no me inquieta las protestas en la calle. Si la protesta en la calle es porque se está discutiendo la educación, se está discutiendo la racionalidad del gasto, se está discutiendo la racionalidad económica, y bueno, yo si soy inversor no voy a ser tan ingenuo de creer que se va a discutir eso y no va a haber protestas en la calle”.

Según declaraciones de Hernán Letcher, director CEPA: “El discurso repetido por Mauricio Macri responsabilizando a la conflictividad por la pírrica llegada de inversiones tiene naturalmente como finalidad condicionar las demandas populares y apelar a la aceptación silenciosa de las políticas que significaron una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los sectores concentrados. Pero es también un mensaje hacia los grandes ganadores de la etapa, apuntando a garantizar a esos sectores el rumbo emprendido desde el 10 de diciembre de 2015. El ataque a los docentes, la estigmatización a su secretario general Baradel, los avances orientados a quitar la personería gremial a quienes reclaman, los acuerdos de flexibilización laboral y la participación activa del Ministerio de Trabajo a favor del capital se suman a la pérdida de puestos de trabajo y caída de salario real como mecanismos promovidos por el gobierno para disciplinar a los trabajadores y favorecer al empresariado concentrado”.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que en términos agregados, en 2016 el gobierno tendría que haber recaudado en concepto de retenciones por el grupo de posiciones mencionadas US$ 9.561 millones, mientras que –producto de las quitas- sólo recaudó US$ 4.869 millones, es decir: la mitad de lo que tendría que haber percibido. En concreto, el gobierno resignó US$ 4.692 millones a lo largo del año.

Algunas equivalencias en el debate público actual

El importe anual que se dejó de percibir resulta sumamente relevante, ya que mediante la implementación de tres decretos el Estado Nacional dejó de recaudar casi la mitad de uno de los tributos con mayor impacto progresivo y $3,5 de cada $100 del total de los recursos tributarios.

La política implementada redujo la recaudación en $69.609 millones de pesos. Si se considera que el déficit fiscal del año 2016 ascendió a $359.382 millones, alcanzando 4,6% sobre el PBI, el monto dejado de recaudar equivale al 19,36% de tal déficit. En definitiva, se podría haber reducido el déficit a 3,70%.

Por otro lado, en relación al actual debate docente es posible considerar otra equivalencia. La diferencia entre pagar a todos los docentes de la Argentina 35% de aumento en lugar de 18% implica una erogación de 50.500 millones de pesos. Si bien esta erogación corresponde al nivel provincial de gobierno mientras que las retenciones refieren al orden nacional, es posible considerar que lo que se dejó de percibir por retenciones supera en $20.000 millones al diferencial salarial de los docentes.

Asimismo, el monto proyectado es también superior al subsidio anual de las tarifas recortado en 2016, estimado en $50 mil millones. Es decir, sin dicha quita y con dicha recaudación podría haberse evitado tal ajuste.

A este punto es relevante mencionar que, pese a la devaluación y la quita de retenciones, durante 2016 la producción agropecuaria se contrajo 5,52% medida en unidades físicas, pero aumentó sus precios (producto de las medidas mencionadas a lo largo del presente trabajo) en 83,86%. Lo mismo produjo en el sector minero, que redujo su producción en 5,3% pero aumentó los precios casi 50%. Finalmente la industria redujo su producción en unidades físicas en 5,7%, aumentando los precios casi un 40%. En conclusión, el impacto “prometido” por la quita de retenciones y la devaluación no se materializó en ningún aspecto productivo. En lo relacionado con el empleo, la información referida a estas actividades indica que entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016 la industria redujo la cantidad de trabajadores de 1.252.108 a 1.204.285 (casi 4%), la minería redujo 6,3% (de 85.735 a 80.325 empleos), y el sector agropecuario aumentó su plantilla un escaso 1,7% (de 316.546 a 322.081 trabajadores). Es decir, la quita de retenciones tampoco tuvo como correlato un aumento del empleo.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) que parte de la revisión crítica de la metodología del INDEC, señala como punto central el deliberado cambio metodológico realizado por el organismo, con la finalidad de impedir el empalme hacia atrás en las series de pobreza e indigencia y soslayar el salto de pobreza con Cambiemos, gobierno asumido el 10 de diciembre de 2015.

Asimismo, esta decisión intenta deslegitimar la reducción de la pobreza durante la gestión del gobierno anterior, en el marco de la actual instalación de un discurso de austeridad fiscal, dirigido al recorte de importantes partidas del gasto social.

Como siguiente paso, se ha instalado que el empalme natural a los datos de pobreza publicados por el INDEC es la serie provista por la UCA para el periodo 2010 – 2016. Esta estimación de pobreza carece de consistencia metodológica y los elementos que la componen (ingresos, valor de canastas y coeficiente de Engel fijo, entre los principales) demuestran que el empalme tiene una explicación política antes que técnica. En efecto, una eventual desautorización de parte del órgano oficial de estadísticas -INDEC- a los datos elaborados por la UCA, también conllevaría una deslegitimación del conjunto del discurso construido por la UCA para el periodo anterior, que señaló niveles de pobreza cercanos al 30% (y un piso elevado de pobres favorable a Cambiemos) y contribuyó a erosionar la política pública y orientación del gasto social del kirchnerismo.

El objetivo político de la instalación mediática de este empalme lo resumió hace sólo unos dios atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó al expresar que “en treinta y tres años de democracia el peronismo gobernó el 90% del tiempo y tenemos 30% de pobres", es decir, las políticas de corte social del gobierno anterior no permitieron reducir la pobreza en nuestro país.

La metodología, dominio de estimación, y distintos inconvenientes metodológicos de la UCA mencionados anteriormente, impiden que dichas estimaciones sean confiables. Al contrario, los datos de la UCA parecen basarse una fuerte subestimación de los ingresos de la población viviendo con ingresos alrededor de la línea de pobreza y una canasta básica total muy subestimada basada en una inversa del coeficiente de Engel de 2,08 muy por debajo de cualquier coeficiente utilizado por otros organismos. Por lo demás, UCA usa un coeficiente fijo que le impide tomar en cuenta los efectos de los aumentos de precios fuera de los alimentos.

Esta estrategia se adecúa a los intereses del presidente Mauricio Macri, quien indicó al momento de anunciar la nueva medición de pobreza que “este es el punto de partida desde el cual acepto ser evaluado". La decisión de pretender juzgar el gobierno de Cambiemos a partir de ese momento implica ocultar el impacto de las propias medidas económicas impulsadas por el macrismo desde su asunción.

En efecto, la medición de pobreza por ingresos resulta muy sensible a las variaciones tanto del ingreso como de los precios de la canasta alimentaria. En este sentido, la decisión de devaluar la moneda a mediados de diciembre conjuntamente con la quita de retenciones y sumado a ello, el tarifazo posterior han golpeado severamente el ingreso de bolsillo de las mayorías argentinas. Resulta oportuno mencionar que el método de estimación de pobreza por ingresos es "indirecto", en tanto considera pobres/indigentes a aquellos que no cuentan con recursos monetarios suficientes para satisfacer sus necesidades básicas, tomando para el análisis sólo una dimensión. En efecto, existen métodos "directos" que consisten en verificar si los hogares han efectivamente satisfecho una serie de necesidades previamente establecidas (no sólo de ingreso monetario), es el caso de medición de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) o la Medición de Pobreza Multidimensional (IPM).

De la misma manera que el gobierno realizó con la tasa de desocupación, la publicación del INDEC omite deliberadamente la evolución de la pobreza desde el inicio del gobierno de Cambiemos. En efecto, la evolución de los precios de los alimentos en los meses de diciembre y enero (por las medidas económicas del gobierno nacional) se tradujeron en un consecuente y previsible aumento de la indigencia y la pobreza medidas por ingresos.

Finalmente mencionar que ante el vacío creado por la ausencia de publicación de un empalme oficial por parte del INDEC, hubo intentos, de parte de diversos centros de estudios, de reconstruir la serie de pobreza entre 2003 y 2016, tomando como punto de partida el II trimestre de 2016. Esto se basa en un error metodológico importante que constituye en mantener canastas fijas en variedades y cantidades y proyectarlas por medio de índices de precios. Está demostrado que ante fuertes cambios de precios relativos los consumidores varían su estructura de consumo y por ende el valor de la CBA y CBT no sigue estrictamente la evolución del IPC. Este ejercicio ha arrojado una sobrestimación de la pobreza reconstruida “hacia atrás”, con valores ubicados entre el 25 y 30% para 2015.

Un informe de CEPA revela que si se consideran el total de gastos que debe afrontar una familia para iniciar el ciclo escolar en marzo de 2017, incluyendo en ello indumentaria escolar, cuotas y matriculas (en el caso de colegios privados) y textos escolares, el total alcanza los $10.761 por hijo o hija en la escuela primaria, y $13.565 por hijo o hija en escuela secundaria, en el caso de escuelas privadas. Asimismo, para las escuelas públicas se debe destinar $3.340 para el nivel primario y $4.555 para el nivel secundario.

Con los costos totales mencionados de la canasta escolar completa, y a sabiendas de que la mitad de los trabajadores registrados se encuentra por debajo de ingresos netos por $14.402,73, estos trabajadores deberán destinar al menos entre 75% y 94% de su sueldo a la canasta escolar en caso de hijos en escuela privada y entre23% y 32% en caso de escuela pública. Si se considera el total de los trabajadores registrados, el promedio de sueldo neto asciende a $18.788,61, por lo que entonces el porcentaje a destinar resulta levemente menor: entre57% y 72% para el trabajadores registrado con hijos en escuela privada y entre 18% y 24% en el caso de que los hijos concurran a la escuela pública.

Si se considera el promedio de los trabajadores afiliados a os gremios seleccionados (UOCRA, UPCN, Gastronómicos, Comercio, Gráficos y UOM) tienen que dedicar 1,15 sueldos al inicio de clases de un hijo en nivel primario privado, un sueldo y medio si el hijo va a secundaria privada, un poco más de un tercio de su sueldo si su hijo concurre a una primaria estatal y algo menos de la mitad de un sueldo si lo hace en un establecimiento público en el nivel secundario.

Si se considera el caso de un docente de nivel primario, en este caso con 10 años de antigüedad, según su salario tendrá que destinar 1,11 sueldos al inicio de clases de un hijo en nivel primario privado, casi un sueldo y medio si el hijo va a secundaria privada, un poco más de un tercio de su sueldo si su hijo concurre a una primaria estatal y algo menos de la mitad de un sueldo si lo hace en un establecimiento público en el nivel secundario.

En relación a la inflación, en el comparativo de la canasta sólo de útiles, el monto total para el nivel primario ascendía a $240,20 en 2016 y hoy alcanza los $ 387,05, es decir, un incremento del 61,14%. Cuando se compara el costo de la canasta sólo de útiles para el nivel secundario, se observa que para 2016 alcanzaba los $258,64, mientras que este año se necesitan $426,15 para la misma canasta, es decir, 64,77% más que el año anterior. Se ha percibido un sensible aumento de precios de los productos de la canasta en el último mes.

Frente a estos aumentos, el incremento de la AUH en el año estuvo muy por debajo, alcanzando sólo el 29%. Si se consideran los hogares que perciben la AUH, teniendo en cuenta solamente para el costo de los útiles, las familias hoy pueden comprar un total de 3,21 canastas de útiles de nivel primario y un 2,92 canasta de útiles de nivel secundario, mientras que en el 2016 podía adquirir 4,02 canastas y 3,73 canastas, es decir, han perdido entre 19,95% y 21,72% de su poder adquisitivo.

Asimismo, los libros aumentaron por encima de estos guarismos: el mismo libro para nivel primario que en 2016 se compraba por $243,00 hoy se adquiere $480,00, un incremento total de 98%. Algo similar sucede para el nivel secundario: el costo del mismo libro que se comercializaba a $191, asciende hoy a $383. Un incremento de 101%.

Finalmente, cabe mencionar que a finales de la gestión anterior, en octubre y noviembre de 2015, se entregaron libros que permitieron reducir el gasto de la canasta escolar en muchos hogares. La entrega de libros representó un ahorro sobre la canasta de textos de 69% para la familia con hijos en edad de primer ciclo primario, 33% para las familias con hijos en edad de segundo ciclo primario y 15% para las familias con hijos en edad de nivel secundario. Para el presente ciclo, esta política tendrá menos impacto: los libros se repartirán sólo desde mayo próximo y sólo incluirán libros de texto para primaria y secundaria, pero no para secundarios ni libros de colecciones.

La sensible reducción de los programas Progresar, Conectar Igualdad e incluso de las pensiones no contributivas contradicen la "apuesta" del Gobierno por sostener la inversión social en la Argentina.

Según un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se ha producido una reducción en el presupuesto para los programas Progresar y Conectar Igualdad que contradice los argumentos del Gobierno en cuanto al mantenimiento de la inversión social.

Los jóvenes alcanzados por el programa Progresar se redujeron sustancialmente en sólo seis meses: de 904.950 casos en diciembre de 2015, la cantidad se reduce a 723.085 a junio de 2016, es decir, 181.865 casos menos. En monto, la reducción es de $659.035.914 en diciembre de 2015, a $526.591.506 en junio de 2016, $132.444.408 menos en la comparación vis à vis.

Siguiendo con el análisis del Programa Progresar, la sumatoria de los últimos seis meses de 2015 ascendió a una inversión de $3.859.229.994, mientras que en los primeros seis meses de 2016 el monto sólo asciende a $2.939.276.872, es decir, 23,84% menos.

Considerando el efecto de la inflación, el monto de los primeros seis meses a valores de julio de 2015, ascendería a $3.606.803.103, mientras que el de los primeros seis meses de 2016 sólo llegaría a los $2.221.062.858, es decir, 38,42% menos.

Si se realiza la comparación considerando exclusivamente el mes de diciembre de 2015 en relación al último mes con información publicada (junio de 2016), entonces la caída vis à vis resulta ser de 19,18% en términos nominales y 44,98% en términos reales.

En el programa Conectar Igualdad se constata que la cantidad de netbooks entregadas en 2016 alcanzan solo las 94.111 unidades, es decir, no logran cubrir los 600.000 casos que implica atender a los alumnos ingresantes al nivel secundario por año. Esto representa sólo el 16% de la demanda necesaria anual.

Finalmente, en lo referido a pensiones, entre 2015 y 2016 se computan 25.968 pensiones no contributivas menos, entre invalidez, madre de 7 o más hijos y pensiones graciables.

Mirá el Informe Completo CEPA

Mejorar_el_gasto_FINAL (1)

El Diputado Provincial Lauro Grande (FPV) presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense de pedido de informes al poder Ejecutivo a fin de dar a conocer la situación de la industria radicada en la provincia y cuales son las políticas públicas y acciones implementadas por el Gobierno provincial. Como por ejemplo cuál fue el impacto de la suba en las tarifas de los servicios públicos, qué líneas de crédito están vigentes o cuáles son las políticas para el fomento de las Pymes.

Este pedido surge luego de conocer un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la situación actual de la industria nacional, que concluye: “estamos frente a una verdadera crisis industrial. Sus motivos son varios pero se explican sobre todo en la política recesiva del gobierno, con la intención de reducir el proceso inflacionario. Dicha política generó una caída del poder adquisitivo de la gran mayoría de la población económicamente activa, impactando en lo que había sido un pilar del crecimiento en años anteriores: el mercado interno”

El proyecto está acompañado por los diputados de bloque FpV Lucía Portos, Rocío Giaccone, Juan Agustín Debandi, César Valicenti, José Ignacio Cote Rossi, Miguel Funes, Karina Nazabal, Gabriel Godoy y Marisol Merquel.

Además, presentó una resolución para declarar de interés legislativo el proyecto de ordenanza presentado por el Concejal Hernán Letcher (FPV) en el Concejo Deliberante de San Martín pidiendo que se declare la emergencia industrial en el distrito de San Martín.

El proyecto pide se declarare la emergencia y expresa la profunda preocupación por la situación que atraviesa desde hace más de un año el sector dedicado a la producción industrial PyME, en el Partido de Gral. San Martín. Además, solicita al gobierno nacional un urgente cambio en la política comercial externa con el objetivo de frenar las importaciones que afectan al sector y realizar conjuntamente con empresarios y trabajadores, un análisis profundo sobre cuáles motivos y causas impiden el crecimiento de la industria.

El partido de San Martín posee la concentración industrial PyME más significativa del país. La industria está basada principalmente en un entramado de empresas especialmente de los rubros textiles, metalúrgicas, plásticos, químicos, entre otros.

Letcher alertó que: “San Martín está atravesando una grave crisis, particularmente en las PyMEs, provocada por la fuerte caída del consumo interno, el incremento de los servicios públicos y la apertura de las importaciones. Este combo es brutal para el desarrollo de la industria. Y el Gobierno no muestra ninguna vocación de modificar el rumbo. Al contrario. Este inicio de año ya hubo aumento de servicios, se apuntaló la apertura importadora, como en el caso de la electrónica, y no se prevé un aumento del salario real, base del consumo interno, si el propio Gobierno propone pautas salariales para sus propios empleados que no superan las expectativas de inflación”.

En este último año la actividad más afectada de toda la industria fue la manufacturera, la cual vio retroceder su participación porcentual en 0,93 puntos porcentuales, seguida por la construcción que retrocedió 0,92 puntos porcentuales. Entre ambas actividades representan el 70% de la economía de San Martín. Asimismo, la actividad industrial cayó en 2016 más de 5%, destruyendo 90.000 puestos de trabajo y poniendo en peligro tanto la continuidad de las empresas como la fuente laboral de miles de trabajadores locales.

El diputado Lauro Grande invitó: “¿Este era el cambio que nos proponía Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal? Los invitamos a recorrer San Martín para que vean de primera mano el desastre que provocaron. La situación que atraviesan las Pymes es muy grave, consecuencia de las decisiones económicas del gobierno, como la apertura de las importaciones, los abusivos aumentos tarifarios y la marcada caída consumo interno”

La ordenanza propone elaborar un programa que incluya incentivos locales –reducción de tasas, capacitación, misiones comerciales, normas técnicas, etc.-, provinciales y nacionales para la mejora productiva del sector, la protección del trabajo decente y el aprovechamiento de la actividad industrial PyME de nuestra ciudad, con el objetivo fundamental de incrementar el valor local de la cadena.