El gobierno bonaerense de Cambiemos decidió la disolución de la Unidad Ejecutora Provincial, por lo cual 380 trabajadores se quedarán sin empleo. Hoy, realizarán una marcha para reclamar contra las cesantías. La UEP se encargaba de reparar las escuelas provinciales. Según trascendió, solo 180 empleados serían reincorporados para realizar otras tareas.

“Estamos desde el viernes con una permanencia en el edificio. Decidimos que vamos a luchar por los 380 puestos de trabajo, no importa si recibimos un mail de despido o uno de reubicación”, aseguró la delegada de ATE en la UEP, según reseñó Página 12.

“Hasta ahora no hay ninguna instancia de negociación. Estamos haciendo actividades para visibilizar los despidos: el sábado hubo un festival masivo en pleno centro, la noche del 31 hicimos un brindis en la puerta, vino también mucha gente, todas nuestras familias. La marcha de hoy va a ir hasta la dirección de Cultura y Educación. Todo es parte del esfuerzo para hacer conocer lo que está ocurriendo, que a pesar de la masividad de los apoyos no es mostrado por los grandes medios”, siguió la delegada.

Lo ocurrido en la UEP se suma a otros despidos en el estado provincial: en Azul, fueron echados 200 trabajadres de Fabricaciones Militares. Los cesanteados realizaron movilizaciones contra esa política de ajuste.

En las redes sociales, dirigentes de la oposición cuestionaron a la gobernadora María Eugenia Vidal, que no realizó declaraciones sobre las cesantías. "¿Cómo creerá (Vida) que comienzan el año estas 200 familias?", tuiteó la senadora provincial María Teresa García.

200 despidos antesdeayer. De la Unidad Ejecutora del Ministerio de Educacion. Como creera que comienzan el año estas 200 familias ? pic.twitter.com/gFOBTtiATa

— Maria Teresa Garcia (@TereGarciaOK) January 1, 2018

La situación en Buenos Aires está a tono con lo que pasa en la administración pública en todo el país. En diciembre, fueron despedidos 1800 empleados. Nación y Buenos Aires explican buena parte de esa cifra. Así lo aseguró un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Además, CEPA indicó que en el sector privado se perdieron 1300 puestos en los últimos 30 días del 2017.

La represión sistemática desplegada desde la asunción de Mauricio Macri dejó dos muertos, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, 328 heridos y 354 detenidos. El CEPA constató un total de 111 hechos de este tipo en el país, siete de los cuales se registraron en La Plata.

(Por Fernando M. López *) La brutal embestida de Gendarmería contra los trabajadores de Cresta Roja, apenas doce días después de la asunción de Mauricio Macri, el 22 de diciembre de 2015, sobre la Autopista Riccheri, con camiones hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos, anunció la configuración de un Estado policial que tuvo sus primeros ensayos en la Jujuy de Gerardo Morales con la detención arbitraria de Milagro Sala.

Desde entonces, las políticas de ajuste de Cambiemos fueron de la mano con una creciente represión, criminalización y judicialización de la protesta social, junto a una fuerte campaña mediática para demonizar a los sectores sociales más vulnerables, como los pueblos originarios, convertidos hoy en una suerte de “enemigo interno” por el solo hecho de reclamar tierras ancestrales usurpadas.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dio cuenta de 111 hechos represivos en todo el país desde el 8 de enero de 2016, cuando la Infantería de la Policía bonaerense desalojó con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de cooperativistas despedidos frente a la Municipalidad de La Plata, hasta el asesinato de Rafael Nahuel, el joven de veintidós años que el 25 de noviembre último recibió una bala de plomo por la espalda en medio del ataque del Grupo Albatros de la Prefectura a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.

El crimen de Nahuel se conoció el mismo día que velaban a Santiago Maldonado, quien apareció muerto en el río Chubut 78 días después de la represión de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, comandada por Pablo Noceti, mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En promedio, esos 111 casos representan una represión cada siete días, con un total de 328 heridos y 354 detenidos, en su mayoría (37,8%) en la provincia de Buenos Aires y Capital Federal.

En las provincias del NOA se registró el 19,8% de los hechos represivos; Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Entre Ríos concentraron el 18%; la Patagonia, el 16,2%; y, por último, en las provincias del NEA el 4,5%.

“Más de la mitad de los hechos de represión fueron cometidos enfrentando protestas encabezadas por trabajadores –formales e informales–: 52%. En segundo lugar, el 24% contra militantes de movimientos sociales, el 14% contra familias en condiciones de vulnerabilidad, el 6% contra pueblos originarios y el 4% contra familias y/o vecinos que protestaban reclamando justicia por hechos de gatillo fácil e inseguridad”, detalla el CEPA.

El informe también precisa que el 73% de las represiones fueron protagonizadas por las policías provinciales, incluida la de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que las fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) actuaron en el 27% de los casos.

Además, “la violencia física hacia los manifestantes es acompañada con la táctica de judicialización”, inaugurada el 16 de enero de 2016 con la detención de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur que continúa en el penal de Alto Comedero de Jujuy, a pesar de las resoluciones a su favor de la ONU, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Otros casos similares ocurrieron en Río Negro, con el arresto de integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre ellos el propio secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, y su adjunto, Aldo Capretti.

En Mendoza también estuvo detenida Nélida Rojas, líder de la Tupac Amaru local, junto a cuatro de sus familiares. En esa misma provincia se imputó a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Lautaro Jiménez, Víctor Dávila y Héctor Fresina; a los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira y Jorge Chávez; y al abogado de derechos humanos Enrique Jasid, todos ellos por haber participado activamente del paro realizado el 6 de abril de este año.

La Plata

De las 111 represiones, siete sucedieron en la capital bonaerense, a cargo del intendente macrista Julio Garro. Dos meses después del violento desalojo de los cooperativistas que protestaban frente a la Municipalidad, la Policía bonaerense reprimió con balas de goma, gases lacrimógenos y pistolas Taser a auxiliares de la educación frente a la Dirección General de Escuelas, dejando un saldo de siete heridos.

El 15 de agosto de 2016, la misma fuerza arremetió contra una toma de tierras que tuvo lugar en el predio del Parque Pereyra Iraola, y detuvo a 48 quinteros del cordón frutihortícola de la región. Unas semanas después, el juez César Melazo ordenó el desalojo de un predio de cuatro hectáreas en Melchor Romero. La policía no sólo reprimió con dureza, también incendió las casillas de las familias.

Ese año terminó con la represión a los choferes despedidos de las líneas Este y 520. Hubo más de una veintena de detenidos y varios heridos.

El 8 de febrero de 2017, un joven de veintidós años fue herido con balas de goma en Olmos durante una protesta por la falta de luz tras el temporal que azotó a la ciudad de La Plata. Un mes más tarde, la policía salió a cazar vecinos de Abasto que se quejaban por el mismo problema en la esquina de 179 y 531, dejando varios heridos y detenidos.

Violencia policial en la Patagonia

El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Comahüe, Andrés Ponce de León, repudió ayer el accionar de la Policía Federal, que el fin de semana ingresó a las Residencias Estudiantiles rompiendo puertas y cerraduras. El nivel de abuso fue tal que a una de las alumnas la detuvieron desnuda mientras se encontraba duchándose en el baño, mientras que a otros los inmovilizaron en el suelo con precintos.

“Este suceso es parte de un contexto político más amplio, es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas, pero sentimos que es una excusa para ingresar”, dijo el decano recordando hechos como el de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), donde la Policía de Gerardo Morales irrumpió de manera ilegal y se llevó detenido al presidente del Centro de Estudiantes.

Por su parte, la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (Conadu Histórica) detalló que la Federal impidió el ingreso de abogados, “violando el derecho constitucional de defensa, y no pidieron autorización a la Universidad, violando la autonomía universitaria”.

“Evidentemente, nos enfrentamos a la militarización de la Patagonia por parte de las autoridades nacionales y provinciales en defensa de los predadores de Vaca Muerta, las mineras, Benetton, Lewis y todos los terratenientes”, señalaron los docentes en alusión a los diversos operativos represivos en el sur del país.

Mientras tanto, en Neuquén, estatales, maestros, judiciales, obreros, militantes sociales y organizaciones políticas se movilizaron este lunes hasta la Casa de Gobierno en el marco de un paro de 24 horas para repudiar el desalojo y la represión de los trabajadores de Maderas al Mundo (MAM), en la que resultó herido el diputado de izquierda Raúl Godoy.

El secretario general de la seccional local de ATE, Carlos Quintriqueo, reclamó al gobernador Omar Gutiérrez “que deje de ser el empleado del intendente de Neuquén, Horacio Quiroga (PRO)”.

“Quiroga pide los palos y pide las balas, y Gutiérrez, como buen empleado, lo que nos da son palos y balas de goma. Pedimos que empiece a gobernar y a dar respuestas”, subrayó el gremialista, que llamó a la “unidad” de todos los sectores para enfrentar el ajuste y la represión.

(*) Tomado del diario Contexto de La Plata.

Un informe de CEPA releva que durante el primer semestre de 2017 se registraron 39 hechos represivos hacia los conflictos sociales. De ellos, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre.

Durante los primeros seis meses de 2017, la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros. A modo de ejemplo podemos mencionar que se reprimió a vecinos que reclamaban asistencia ante las inclemencias climáticas (principalmente inundaciones), a pueblos originarios, a mujeres que se movilizaban en el Día Internacional de la Mujer, a vecinos que pedían justicia por casos de gatillo fácil, a maestros, y a movimientos sociales que solicitaban ayuda habitacional y alimentaria.

Mención aparte merece el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios. Denunciando que esta es una política de Estado para disciplinar y someter a los chicos a través del miedo, La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días. Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos. La violencia policial no se circunscribe al espacio público sino que se ejerce dentro de las mismas escuelas.

Las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social. La represión funciona de esta forma como mecanismo de “contención” del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes.

Entre estas prácticas represivas no sólo se encuentra la utilización de violencia física hacia los manifestantes sino también la utilización de las herramientas que les provee la justicia, con una táctica que se profundiza cada vez más: la judicialización de la protesta social.

La lógica que se inauguró en enero de 2016 con el encarcelamiento de la dirigente social Milagro

Sala no hace más que profundizarse, apuntando tanto a dirigentes sociales como a gremiales. Tras

dos años de gestión de Cambiemos cada vez son más los manifestantes que se suman a la lista de

imputados y/o encarcelados. Entre ellos podemos mencionar a referentes de diferentes provincias. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE y CTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el pasado 6 de abril.

Los hechos producidos en la noche del viernes, al cierre de una movilización masiva en reclamo

por la aparición con vida de Santiago Maldonado, parecen ser un eslabón más de la política

implementada por Cambiemos.

– Descripción de los hechos represivos a manifestantes durante el primer semestre de 2017

ene-17 Caba .Los manifestantes que se habían reunido en el Palacio Sarmiento para rechazar el despido de tres mil trabajadores y docentes fueron reprimidos y no pudieron ingresar

ene-17 Caba .En medio de un fuerte operativo policial, las familias que vivían en el Padelai abandonaron el edificio que ocupaban desde 2012

ene-17 Caba .Incidentes, corridas y pedradas en Once: la policía desalojó violentamente a los manteros y hay tres detenidos

ene-17 Chubut .Dos miembros de la comunidad Lof de Resistencia Mapuche fueron hospitalizados producto de la represión llevada adelante por la Gendarmería, infantería y policía de la provincia.

ene-17 Santa Fé .Vecinos de barrio Las Flores, Rosario, que cortaban el ingreso a la autopista Rosario – Buenos Aires a la altura del puente de Circunvalación en reclamo por los daños que les dejó el último temporal fueron reprimidos por efectivos de la Policía santafesina. Según denunciaron, los agentes de la fuerza provincial desalojaron a los manifestantes con disparos de balas de goma.

ene-17 Mendoza .Reprimen y detienen a feriantes de Guaymallén. Reclamaban recuperar el lugar donde funcionan tradicionalmente.

ene-17 Caba .La policía federal avanzó contra trabajadores y manifestantes en la toma de AGR

ene-17 Santa Fé .La policía reprimió a vecinos que habían ocupado un terreno en la zona sudoeste. Tras la represión detuvieron a jóvenes del barrio

ene-17 Buenos Aires .En San Nicolás un grupo de vecinos desplazados por las inundaciones, que llevaban adelante una olla popular, reclamaron agua potable y alimentos. Pero fueron reprimidos con balas de gomas, que dejó ocho jóvenes heridos y un detenido.

ene-17 Salta .A la mañana, un grupo de ochenta personas cortó el camino que conecta a Tartagal con Aguaray. Infantería enfrentó con gases lacrimógenos a los manifestantes

ene-17 Salta .La Policía de Salta reprimió un corte de media calzada de la ruta nacional 34, que llevaban adelante miembros de la Comunidad guaraní Happo Pau cerca de Embarcación

feb-17 Buenos Aires .Un joven de 22 años fue herido por la noche en el marco de una protesta por la falta de luz que los vecinos de Olmos realizan en queja tras el temporal de la ciudad de La Plata.

feb-17 Río Negro .Trabajadores de Ate Rio Negro, marchaban por la visita de Macri a la Ciudad, manifestando en contra de la política de ajuste del gobierno Nacional. Fueron reprimidos y apresaron a dos trabajadores

feb-17 Chaco .La Jornada Nacional de Protesta del Polo Obrero comenzó en el Chaco con represión policial, en el marco de la movilización que se desarrolla junto al Sitraic (sindicato de la construcción)

feb-17 Córdoba .En Carlos Paz se realizó la movilización exigiendo justicia para Franco Amaya, el joven asesinado a la madrugada por un efectivo de la policía. Luego de la movilización, la policía reprimió, golpeando y encarcelando a algunos de los manifestantes

feb-17 San Juan .Un fuerte despliegue de policía provincial e Infantería buscó impedir el reclamo contra una multinacional y las políticas del gobierno durante la Fiesta del Sol. En las inmediaciones del Parque, donde los manifestantes se concentraron para realizar intervenciones artísticas, la policía avanzó con uniformados en moto, empujando y generando forcejeos hasta formar un cordón para impedir el avance.

feb-17 Caba .Un grupo de docentes fue reprimido por la policía, que no lo dejó llegar hasta el Congreso, el día de la apertura de sesiones

feb-17 Santa Cruz .Trabajadores de la Cooperativa " 11 de Noviembre" cortaron la Ruta 3 en el acceso norte a Caleta Olivia, pidiendo reconocimiento como cooperativa y por más trabajo. Denunciaron represión con Infantería, con golpes y tiros

mar-17 Caba .Una multitud marchó a la Plaza de Mayo en el Día Internacional de la Mujer, desde Congreso hasta Casa Rosada. Luego de la marcha por el Paro Internacional de Mujeres, la Policía de la Ciudad y de la Federal reprimió con gases lacrimógenos a un grupo de manifestantes, con dos heridas como saldo

mar-17 Buenos Aires .La Plata: Vecinos sin luz habían salido a protestar cortando la esquina de 179 y 531, en Abasto. La policía detuvo a un grupo de personas y hay heridos por balas de goma.

mar-17 Córdoba .Fuerte represión en el ministerio de Trabajo cordobés a trabajadores despedidos del call center Task Solution, cuando éstos se manifestaban en defensa de sus puestos laborales

abr-17 Entre Ríos .La Policía impidió la toma de la Departamental de Escuelas por parte de los docentes. Desde Agmer repudiaron los hechos de violencia policial.

abr-17 Gran BsAs .En el marco del Paro General la Gendarmería aplicó protocolo antipiquete para desalojar a los grupos de izquierda que estaban llevando a cabo el corte y hubo 6 detenidos.

abr-17 CABA .Docentes que trataban de instalar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación fueron reprimidos por la policía. Les golpearon y les arrojaron gas pimienta. Detuvieron a docentes.

abr-17 Gran BsAs .Trabajadores de Carrefour denunciaron que la patronal contrató "rompehuelgas" para frenar una protesta sindical. Golpearon a los trabajadores para impedir la medida de fuerza.

abr-17 Santa Fé .Represión a carreros en el Concejo Municipal de Rosario. Mientras sesionaban los concejales de la ciudad afuera había una manifestación que fue duramente reprimida.

may-17 Catamarca .Trabajadores municipales suspendidos que se acercaron a protestar en el edificio de la comuna fueron reprimidos por Infantería.

may-17 Salta .Desalojo y represión contra los empleados de ATE. La Policía realizó un operativo para "desalojar" un portón de la Municipalidad de Cerrillos. Hubo al menos 10 detenidos.

jun-17 Tucumán .La policía junto con Gendarmería impidió que los "bolseros" cortaran la Ruta 9, que conecta a Tucumán con el aeropuerto de Termas de Río Hondo. La orden fue librada por un juez federal de Santiago del Estero.

abr-17 Chaco .La policía "dispersó" a manifestantes que demandaban viviendas y asistencia social en el cruce de rutas 16 y 11.

abr-17 Mendoza .Vecinos que protestaban frente a una comisaría por un intento de secuestro a una joven fueron reprimidos con balas de goma.

abr-17 Mendoza Una protesta de vecinos que ayuda social tras una tormenta en el Acceso Este (ruta 7) fue desalojada violentamente por la Infantería.

may-17 La Rioja La policía no les permitió llegar al desfile tradicional desfile del Día de La Rioja en el Parque de la Ciudad a las madres del dolor y otros familiares de víctimas de la impunidad. Desplegaron un cordón policial.

may-17 Mendoza .La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y el Movimiento Nacional Campesino Indígena denunciaron que un grupo de aproximadamente 9 personas, dos de las cuales están armadas, ingresaron violentamente en el campo de La Estación. Agredieron a dos trabajadores.

jun-17 Chaco .La policía desalojó a vendedores ambulantes que reclamaban en la ruta nacional 16. Detuvieron a dos de los manifestantes.

jun-17 Chaco .Movimientos sociales fueron reprimidos por la policía provincial. El conflicto fue avanzando según se iban corriendo los afectados. Hubo más de 40 detenidos.

jun-17 Gran BsAs .Juan Manuel Casolati, director de la Fundación Felices los Niños, fue arrestado por cortar la calle durante una protesta contra el cierre provisorio de la fundación.

jun-17 CABA .La Policía de la Ciudad reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos una manifestación de organizaciones sociales en las cercanías del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hubo a siete personas detenidas y seis heridos de bala

Un informe de CEPA demuestra como las políticas impulsadas por Cambiemos desde el inicio de su gestión (entre los que debe incluirse la reciente modificación en la fórmula de cálculo de movilidad) apuntan a consolidar el valor de la Jubilación Mínima y de AUH en un piso sensiblemente más bajo de poder adquisitivo.

Asimismo, si se compara el poder adquisitivo del último aumento de la gestión anterior (en septiembre alcanzaba 101,15) respecto del poder adquisitivo del aumento a aplicarse desde septiembre de 2017 (alcanzaría el 95,04) se observa una pérdida de 6,04%.

En lo referido a la AUH, el resultado muestra que el promedio del período 09/2014 a 11/2015 alcanzó 98,16% (respecto de 09/2014=100), mientras que el promedio del período posterior, entre 12/2015 y 02/2018, se redujo a 92,15%. Es decir, 6,12% menos de poder adquisitivo.

En definitiva, el promedio del poder adquisitivo de la jubilación mínima en el período 03/2013 a 11/2015 alcanzó 93,39% (respecto de 03/2013=100), mientras que el promedio del período posterior, entre 12/2015 y 02/2018, se redujo a 88,86%. Es decir, 4,85% menos de poder adquisitivo.

Un estudio de CEPA sostiene que tras un año y medio transcurrido de la gestión del actual gobierno resulta cada vez más evidente la situación de retroceso y el proceso de deterioro de las condiciones de vida de las personas mayores de nuestro país, quienes día a día ven disminuir el poder adquisitivo de sus jubilaciones, lo que afecta notablemente su capacidad de compra de bienes de consumo básicos.

Sin lugar a dudas, en el marco de este contexto desfavorable, la problemática en torno a los medicamentos adquiere mayor relevancia. En este sentido, al mismo tiempo que PAMI recorta sus prestaciones y disminuye la cobertura de medicamentos, se registra una tendencia preocupante de incremento sostenido de los precios de venta de los mismos.

Algunos datos claves:

. Los remedios más consumidos las personas mayores treparon hasta un 236% en 2 años.

. La suba promedio de los 50 remedios más demandados fue de 98,9%.

. La situación se agrava si se toma en cuenta que el PAMI viene recortando prestaciones de manera sistemática para reducir el gasto.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina, sostiene que si se toma el año y medio de gestión de Cambiemos (hasta mayo) la deuda en moneda extranjera del Estado nacional suma 70.524 millones de dólares, y los compromisos previos 29.472 millones de dólares (vencimientos de 2016 y 2017). Cambiemos se endeudó 2,4 veces más que lo necesario, o a la inversa, los vencimientos previos sólo representan el 42% de la deuda emitida por el Estado nacional.

Según el estudio de CEPA, lejos está esta cifra del 75% que Caputo pretende adjudicar a los pagos de deuda del gobierno anterior.

Incluso, si se incorporan al cálculo los 9.300 millones de dólares pagados a losHoldouts (buitres) en efectivo como parte de los compromisos “heredados”, el ratio Vencimientos previos/Deuda acumulado ascendería a 55%. Ello no sería del todo preciso dado que el arreglo con los fondos buitre –y la magnitud del mismo- correspondió estrictamente a las decisiones del gobierno actual, no del anterior.

Pero además, las declaraciones de Luis Caputo efectúan una doble operación.

1) Argumentan que el endeudamiento responde a una “pesada herencia” de elevados vencimientos y, por ende, el aumento de las obligaciones financieras resultaría ajeno al modelo económico que lo sustenta. De los 70 mil millones de deuda del estado nacional en dólares solo 29 mil millones fueron a pagar compromisos previos, luego 20 mil millones se fugaron y otros 21 mil millones incrementaron reservas del Banco Central.

2) Las declaraciones de Caputo omiten deliberadamente que, incluso en un contexto como el actual donde la baja en las tasas favorecería un roll-over (o canje) de deuda, no hay ninguna necesidad de re-financiar la totalidad de los compromisos con nueva deuda. Aun en las condiciones actuales del país sería posible sostener un proceso de desendeudamiento con utilización de reservas compuestas por dólares obtenidos por vías más genuinas (por ejemplo, el saldo comercial). Desde ya, esta última opción no es la adoptada por la gestión de Cambiemos.

Las declaraciones de la Ministra Stanley, quien mencionó que “en 2015 se dieron de baja 168 mil pensiones con los mismos criterios que usamos hoy” evitan ahondar en razones y con ello, buscan responsabilizar al gobierno anterior de bajas en las pensiones no contributivas. Cuando se accede a los números la realidad es otra.

Según un estudio reciente de CEPA (Centro de Economía Política Argrntina), los once meses que van desde junio de 2014 a abril de 2015 (datos disponibles) se observan 145.122 bajas y suspensiones. La proyección de este guarismo a los 12 meses estimaría unas 160.000 bajas y suspensiones (un dato similar al mencionado por Stanley para el 2015 completo).

Se observa que la amplia mayoría de las bajas de pensiones por Invalidez corresponden a Jubilaciones (62%). Cabe agregar que el fallecimiento representa el 18% de los casos de bajas, el 6% son renuncias voluntarias, otro 6% por obtener empleo (dependiente o independiente).

De las jubilaciones, la mayor parte responden a la moratoria jubilatoria. En efecto, la Anses dicta en 2014 una Resolución que permite pasar de la pensión no contributiva a la Moratoria rápidamente. La facilidad pasar al régimen de moratoria se constata en la propia resolución:

La adhesión al régimen especial de regularización de la Ley Nº 26.970 podrá realizarse por medio de alguna de las siguientes formas:

1.- A través de telefonía celular mediante el envío de un mensaje de texto “SMS” al número 26737 informando los siguientes datos: DNI y sexo del interesado.

2.- Mediante transferencia electrónica de datos vía internet a través del sitio “web” de ANSES o a través de llamado telefónico a las Unidades de Atención Telefónica de ANSES al número 130 o por presentación ante las Unidades de Atención Integral (UDAI).

. Como puede deducirse, los beneficiarios hicieron uso de este instrumento: pasaban de cobrar $4.475 (70% de la mínima) a $6.394 (mínima).

. En la actualidad, no tiene vigencia la moratoria jubilatoria para los hombres (para las mujeres se encuentra disponible por dos años más).

. Si se consideran solamente las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez en el periodo mencionado (2014-2015), la razón Jubilación representa la amplia mayoría de los casos de bajas (65%).

. Cabe aclarar que, tal como se percibe en el cuadro siguiente, las suspensiones por jubilación relacionadas con pensiones por invalidez alcanzan las 49.722, mientras que las bajas implican 42.675. Es decir, esas mismas suspensiones se convierten en bajas. Lo mismo sucede con los casos de fallecimiento.

De acuerdo a un estudio de CEPA, desde la llegada de Cambiemos se han acentuando los programas de inserción laboral bajo condiciones de precarización, en detrimento de los programas que incentivaban la formación profesional y universitaria de la juventud. Durante 2016 más de 113 mil jóvenes adicionales comienzan a combinar el estudio con el trabajo o con la búsqueda de empleo.

Entre el segundo trimestre (abril-mayo-junio) de 2015 y el cuarto trimestre (octubre-noviembre-diciembre) de 2016, la tasa de desempleo en jóvenes entre 18 y 25 años se incrementó en más de 3 puntos porcentuales, llegando a un máximo de 23,63% en el segundo trimestre de 2016.

Estas cifras van a contramano del proceso previo experimentado por los jóvenes. En el segundo trimestre de 2004 el desempleo juvenil se ubicó en 27,86% y se redujo sensiblemente a 17,12% para el segundo trimestre de 2008. La crisis de 2009 lo elevó a 19,94%, pero luego se evidencia una nueva reducción que ubica en un 17,86% a la tasa de desempleo juvenil en el año 2015. Es ostensible el salto a 23,63% en 2016, en línea con el aumento de la desocupación en el conjunto de los estratos etarios.

Durante la etapa anterior, la expansión económica y el aumento de los salarios reales abrieron oportunidades para la formación de los jóvenes. Se constata que la tasa de escolarización se incrementó a partir de 2007 y sostenidamente hasta 2011 (de 41,91% a 44,85%), dando cuenta de la mayor holgura de los hogares para propiciar la escolarización de sus integrantes en edad de formación.

Nuevamente, a partir del año 2013 la tasa de escolarización aumentó consistentemente de 43.67% a un máximo de 45.61% de los jóvenes de 18 a 25 años. Cada punto porcentual de aumento en la tasa de escolarización equivale a aproximadamente 37.600 jóvenes de entre 18 y 25 años.

En efecto, en octubre de 2014 se implementó el Plan Progresar, un programa de subsidio dirigido a los jóvenes de entre 18 y 24 años, que tenía como requisito -para su continuación- la aprobación de una cantidad mínima de materias o cursos. En efecto, propiciaba la escolarización juvenil.

El incremento de la tasa de escolarización de 2 puntos porcentuales (43,67% a 45,61%) entre 2013 y 2015 equivale a cerca de 750.000 jóvenes que se abocan a los estudios universitarios, terciarios o capacitaciones de distinta índole, y se trata de un valor similar a los beneficiarios del Plan PROGRESAR.

Es también relevante observar la evolución de la cantidad de jóvenes que se dedican full time al estudio: pasaron de un 55.89% en 2004 a un máximo de 67.79% en el 2015.

Como contracara, durante el 2016, el porcentaje de alumnos con dedicación exclusiva, disminuyo hasta 64.11%, más de 3 puntos porcentuales, lo cual significa más de 113 mil jóvenes adicionales que comienzan a combinar el estudio con el trabajo o con la búsqueda de empleo. Se trata de un número muy similar a los que peregrinaron a la Rural en busca de su primer trabajo.

Desde la llegada de Cambiemos se han acentuando los programas de inserción laboral bajo condiciones de precarización, en detrimento de los programas que incentivaban la formación profesional y universitaria de la juventud. De esta manera se comienzan a vaciar programas como el PROGRESAR, para darle más importancia a convenios de primer empleo con empresas como Mac Donalds, el Plan Primer Empleo o el Programa de Inserción Laboral.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra como el gobierno de Cambiemos fue modificando el programa precios cuidados y actualmente ofrece una variedad de productos muy limitada y con escasos productos de consumo masivo, permitiendo a las grandes empresas mantener sus marcas líderes por fuera del control de precios.

La canasta de Precios Cuidados de 2017 tiene menos productos que la última canasta de 2015: 481 productos en mayo de 2017 versus 505 en octubre de 2015.

Los alimentos y bebidas pasaron de representar el 67% a solamente un 57% del conjunto de los productos de la canasta.

Además de las modificaciones en magnitudes, ha habido cambios cualitativos al interior del programa. Se registran menos marcas líderes y una ostensible estrategia de las grandes empresas dirigida a colocar en el programa sus productos menos vendidos –en general segundas marcas-, “liberando” a sus productos más vendidos de un acuerdo de precios que ponga techo a los aumentos. Entre los principales cambios respecto del acuerdo de octubre 2015, se identifican los siguientes ítems:

Se eliminan proveedores clave como CCU, Bimbo, AGD, Canale, Papelera del Plata, Kimberly Clark, Mondelez (Kraft) y PEPSICO.

Otros proveedores dejan una significativa menor cantidad de productos en el acuerdo, como es el caso de las firmas SC Johnson & Son, Molinos Rio de La Plata, Unilever, P&G y SANCOR. Gran parte de los productos que retiran del acuerdo eran las líneas más populares de cada empresa y fueron reemplazados por otros, menos vendidos. El caso del reemplazo de la leche en sachet La Serenísima por la segunda marca de Mastellone, denominada La Armonía, es ilustrativo de esta estrategia.

Las gaseosas línea cola: es paradigmático el caso de la Coca Cola común, variedad preferida por la gran mayoría de los consumidores y que representa un 70% del volumen de venta de la línea Coca-Coca. Este producto (Coca Cola común de litro y medio) fue reemplazado por Coca-Cola Zero, que representa solamente el 10% del volumen de venta de la empresa. Tampoco se encuentran las gaseosas Seven Up y Mirinda en el rubro bebidas sin alcohol de Precios Cuidados 2017.

En lo que refiere a enlatados, fueron quitados el atún de la marca La Campagnola y de la marca Gomes Da Costa, dos de las marcas más vendidas en este rubro.

En materia de aceites, de la canasta de Precios Cuidados fueron eliminados el aceite Natura, Cañuelas y Cocinero.

Es curioso que en la línea de lácteos ya no estén las dos principales marcas del rubro -La Serenísima y SanCor, que representan el 80% del mercado lácteo- en lo que refiere a la leche en sachet y en dulces de leche. Fue eliminado del acuerdo de precios, asimismo, el Queso Mendicrim de Sancor.

La Cervecería y Maltería Quilmes eliminó, precisamente, la cerveza de Precios Cuidados (antes estaba la cerveza Iguana y Quilmes de litro), y en lo que refiere a CCU (que produce las marcas Bieckert y Schneider) directamente salió del acuerdo como proveedor. Ello también ilustra la reticencia de un segmento del mercado de bebidas alcohólicas -populares en Argentina, como la cerveza- para acogerse a un acuerdo de regulación de precios.

Cabe indicar que tampoco el acuerdo 2017 contempla ninguna variedad de vinos (antes se incluía Uvita y El Recero de RPB, Facundo y Finca La Escondida de Grupo Peñaflor, Resero de Fecovita y Lucuma de Mapawine) ni de Fernet (antes se incluía la marca 1882).

En materia de productos de higiene y cosmética, no es menor la salida del Programa Precios Cuidados de dos importantes empresas como Papelera del Plata y Kimberly Clark, continuando solamente P&G y Unilever, pero adhiriendo este año con una menor cantidad de productos.

En octubre de 2015, tres importantes marcas líderes en pañales para bebés (Huggies, Pampers y Babysec) tenían una variedad en Precios Cuidados, y actualmente sólo se encuentra Huggies.

Cabe indicar que la incorporación de productos de menor popularidad no es en sí mismo un aspecto negativo, ya que uno de los objetivos originales del programa era propiciar la participación en el mercado de proveedores más chicos y ampliar la oferta. Sin embargo, cuando la incorporación de productos de menor calidad se realiza de manera paralela a la eliminación de productos líderes y se evidencia una aparición de productos de segundas marcas de los mismos grandes proveedores concentrados, el beneficio al mundo pyme y la diversificación de proveedores pierde sentido.

Salieron del acuerdo y aumentaron los precios. Al analizar dos casos paradigmáticos de marcas líderes que habían sido parte de Precios Cuidados y ya no están en mayo de 2017, se observa con claridad la estrategia empresarial vinculada a eludir controles para aumentar precios en productos que son de consumo popular. La Coca-Cola Común de 1,5 litros salió de Precios Cuidados hace 6 meses, en septiembre de 2017. El precio actual es de $37,16, mientras que si se hubiera mantenido dentro del acuerdo de precios sería de $21,51, un 42% menos. El aceite Cocinero por 900 ml salió del programa en abril de 2016, si hubiera continuado en Precios Cuidados, el precio actual sería de $13,86, muy inferior al valor actual de $28,10.

Adicionalmente a las modificaciones en materia de marcas, la nueva canasta de Precios Cuidados presenta una oferta láctea considerablemente más reducida, en paralelo a una escalada de precios de los mismos sin precedentes desde fines de 2015 (según INDEC, el precio de los lácteos se incrementó entre un 40% y 45% en el 2016). Resulta ilustrativo de esta política el hecho de que ya no esté contemplado un producto como la manteca, y que el principal producto lácteo -la leche fluida en sachet- se ofrezca en una única opción de una segunda marca.

También vale remarcar que no hay una correlación entre el nivel de consumo de un producto y la variedad de productos a elegir. Es posible encontrar, por ejemplo, 20 variedades de pescado (entre atún, caballa y merluza), pero menos de 6 variedades de leche, en todas sus presentaciones (fluida en sachet, larga vida y en polvo), sin importar la mayor masividad y requerimiento nutritivo en las familias que tiene este producto.

En relación a los productos frescos, la canasta ha pasado de 10 a 5 cortes de carne y de 9 a 5 variedades de frutas y verduras.

También los recortes se manifiestan en productos para celíacos. En octubre de 2015 la canasta de Precios Cuidados incluía numerosas opciones para celíacos, como el postre en polvo mousse y premezcla para panadería y repostería, apostando a un acuerdo diverso e inclusivo, fundamentalmente en un segmento donde los diferenciales de precios son significativos.

Se destaca la eliminación de las aguas saborizadas Cellier-Favaloro, bajas en sodio, el agua mineral Nihuil y las tapas de tarta Mendía y la manteca baja en sodio Sancor. Todos productos aptos para el consumo de personas con problemas cardíacos.

En síntesis, la estrategia de Cambiemos ha sido fuertemente perjudicial para la potencialidad que el programa ostentaba. Vaporizó la marca Precios Cuidados como activo intangible -que los publicistas denominan valor de marca- eliminando la publicidad, los productos líderes, el compromiso oficial del gobierno con el programa y despidiendo a la mayor parte del personal que tenía la experiencia y el conocimiento necesarios para llevar a cabo este trabajo. El programa ya no oficia como un sistema de precios de referencia sino que ofrece una variedad de productos muy limitada y con escasos productos de consumo masivo, permitiendo a las grandes empresas mantener sus marcas líderes y mayormente consumidas –con estrategias publicitarias detrás- por fuera del control de precios.

Según los datos que se recaban mensualmente desde el Observatorio de Conflictividad Socio-Laboral de CEPA, los conflictos en el primer trimestre de 2017 (que para el mes de marzo ascendieron a 2 por día) concentraron sus motivos en reclamos por despidos, readecuación salarial, cumplimiento de acuerdos, condiciones de trabajo y quejas por atrasos en los pagos.

Desde principios de marzo de 2017 a la fecha, la conflictividad a nivel nacional y particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires ha ido incrementándose con diferentes metodologías de protesta, primando aquellas con participación en la vía pública, como los paros con movilización, las concentraciones en las puertas de instituciones/organismos, los cortes de ruta y calles y las ollas populares.

El eje del abordaje planteado por el Gobierno Nacional y local por los reclamos desarrollados en la Ciudad de Buenos Aires, no se ha centrado en resolver las problemáticas que originan el reclamo sino en encontrar el mecanismo para que tales demandas, sencillamente, no lleguen a las calles de la Ciudad. Uno de esos mecanismos ha sido la represión recurriendo a las fuerzas de seguridad. Una de las conclusiones del presente informe reside en que en el primer trimestre de 2017 se registran un 133% más de casos de conflictos con represión, en comparación con igual trimestre de 2016.

En este sentido, se ha observado desde inicios de 2017 una profundización en la estrategia “ejemplificadora” del gobierno con los trabajadores en su conjunto pero en particular se ha manifestado en el conflicto docente como caso testigo. La represión policial a los docentes en la plaza de los Dos Congresos para evitar la instalación de la “Escuela itinerante” se suma a la premeditada estigmatización de un sector gremial representado en el ataque a Roberto Baradel, Secretario General de SUTEBA, los descuentos por los paros realizados, el adicional para los docentes que no adhirieron al paro y las amenazas con multar y quitar la personería gremial. Todo ello en el marco de sostener una prácticamente idéntica oferta –respecto de la original-, la cual impide recuperar el poder adquisitivo perdido en 2016.

La estrategia del gobierno en el ámbito laboral se podría resumir, en el “trazo grueso”, en las oleadas de despidos a lo largo de 2016 y con continuidad en el pasado trimestre y en la cristalización, en 2017, de la caída del salario real sustanciada el año previo. El complemento es la “sintonía fina” flexibilizadora en 2017, donde juega un rol central el acuerdo firmado con el sector petrolero en Vaca Muerta, que el gobierno pretende extender a la industria automotriz (Macri estuvo en Córdoba anunciándolo), a la construcción, textil y calzado entre los principales sectores.