Un informe elaborado por CEPA sobre el poder adquisitivo docente revela que en 2016 el promedio ponderado de aumento salarial docente fue de 26,90% (en términos nominales). No sólo las paritarias docentes de 2015 estuvieron en promedio por encima del año 2016, sino que adicionalmente se registró en el primer caso una inflación sensiblemente menor.

En 2016 los salarios docentes (nominales) se ubicaron entre el 21,80% (Mendoza) y el 41,25% (Salta), lo que refleja una fuerte dispersión de los salarios.

Considerando la variación del salario promedio de 2016 en relación a 2015, en términos reales el resultado es contundente: se observa una fuerte caída del poder adquisitivo para todas las provincias (excepto Salta). En promedio, para 2016, el poder adquisitivo se retrajo 9,90%.

Considerando las variaciones trimestrales de poder adquisitivo (2016 comparado con 2015) se puede observar una leve variación en el poder adquisitivo perdido como resultado del momento de inicio de pago de los tramos de la paritaria, siendo más beneficiados aquellos cuyos tramos se efectivizan antes en el año calendario, alcanzando una caída de 9,95%.

Las provincias más afectadas han sido Santa Cruz (14,64%), Mendoza (13,67%), Corrientes (12,65%), Neuquén (12,03%), Catamarca (11,54%), San Juan (11,43%) y Formosa (10,12%) superando el 10% de pérdida salarial.

Entre las jurisdicciones más grandes, la Provincia de Buenos Aires, que concentra el 34,34% del gasto en personal de educación del país, sufrió una pérdida en términos reales de 9,10%. Asimismo, Santa Fe, que representa el 7,64% del gasto en personal educativo, tuvo una caída de 7,38%. Por su parte, Córdoba, que ostenta el 6,63% del gasto en personal educativo, tuvo un retroceso de 5,06%. Y finalmente, Mendoza (4,71 del total del gasto en personal educativo), mencionada con anterioridad, sufrió una caída de 13,67 y CABA (4,57 del total del gasto en personal educativo), que retrocedió 7,64%.

Se aprecia que para cada uno de los cargos el poder adquisitivo perdido en promedio alcanza 9,18%. El director de escuela de nivel secundario con diez años de antigüedad, fue el que más perdió, alcanzando 10,69%. Seguidamente, el maestro de jardín y de primario, con la antigüedad mencionada, retrajeron su poder adquisitivo en 8,96%, mientras que el profesor de educación secundaria y superior perdió 8,89% de su poder de compra y finalmente el director de educación primaria con diez años de antigüedad redujo se poder adquisitivo en 8,69%.

El costo fiscal para el diferencial salarial (18% a 25%) para las provincias ascendería a 20.794 millones de pesos.

Un informe de CEPA sobre la evolución del salario mínimo y de la canasta básica argentina en 2016, comparada con el poder adquisitivo de otros países, revela el fuerte aumento de los precios en Argentina.

El país sufrió un fuerte aumento de los precios de la canasta básica, del orden de 5,83% en dólares (de u$21,80 a U$23,07), lo que ha provocado que la Argentina en 2016 pase de la 5° a la 4° posición en relación a los costos de la misma canasta para el resto de los países seleccionados.

Este proceso es posible distinguirlo también al analizar la evolución del IPA-FAO, que para el período noviembre-2015-octubre 2016, presenta un incremento de sólo 10,82%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria calculada por IndEP-CEPA para la región metropolitana lo hizo en 52%.7.

Asimismo, en dicho periodo, nuestro país disminuyó sensiblemente el poder adquisitivo del salario mínimo, pasando esto de un poder de compra de 7,61 canastas a sólo 4,38 canastas, siendo la mayor caída de las economías consideradas, del orden del 29% en poder adquisitivo relativo a alimentos.

El impacto en los precios de la devaluación ha sido el principal factor de la dinámica mencionada. Junto con ello, la quita de retenciones, especialmente a los granos (destinados a alimentación y como insumo fundamental de las cadenas cárnicas, porcina y aviar) incrementó dramáticamente los al acoplar el precio doméstico del precio internacional.

Otro factor ha sido el desmantelamiento del programa de “Precios Cuidados”, y su reemplazo por “Precios Claros”, este último con un impacto nulo sobre la evolución de los precios.

Una investigación de CEPA señala que la propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aumentaría un 28% los ingresos reales de la recaudación de AUSA – Autopistas Urbanas S.A. -respecto de 2016 y un 19% más que en 2015, es decir, por encima del valor que quieren “recuperar” a causa de la devaluación de 2015 y consiguiente inflación (momento en el que perdieron 8% de sus ingresos por menor recaudación). Es decir, en primer lugar, el aumento no se dirige a sostener el costo de mantenimiento de las autopistas. Asimismo, si se compara desde el inicio del mandato de Macri en la Ciudad, el aumento de la recaudación real de los peajes es de 118% en términos reales.

La intencionalidad recaudatoria de la propuesta oficial se ve reflejada asimismo al observar la evolución de la recaudación real a precios de 2004 en relación a la cantidad de personal e incluso considerando la cantidad de vehículos promedio.

La propuesta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene, en el discurso oficial fines regulatorios. Sin embargo, el promedio de vehículos se ha incrementado desde 2012 en adelante. De existir política regulatoria asociada a la tarifa del peaje de la Ciudad de Buenos Aires (que desincentivara el uso de vehículo y permitiera el reemplazo por otro medio de transporte), debería haber sucedido lo contrario. Junto con ello, la relación entre cantidad de autos vs. vehículos de transporte/camiones livianos debería haberse modificado, reduciéndose la cantidad de autos y manteniéndose relativamente estable (o incrementándose) la cantidad de colectivos y camiones livianos. Por el contrario, se observa que la proporción de autos y transporte/camiones livianos se mantiene estable desde 1999 en adelante en una proporción de 92% y 8% respectivamente.

Asimismo, para analizar esta cuestión es oportuno hacer hincapié en la política de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente sustentada en lo referido a los subterráneos. La tarifa del Subte aumentó significativamente desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumió control. Durante 8 años el precio se mantuvo casi congelado, mientras que desde 2012 el aumento ha sido del orden del 682%. Según el boletín oficial ya se ha aprobado el aumento de tarifa para 2017 a 10 pesos, llevando en definitiva el aumento a 909% desde que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires maneja el Subte. El resultado en términos de “producción” del Subte demuestra que este no ha sido, desde que lo controla el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un modo de transporte promocionado como alternativa para los usuarios y que incentive a dejar los automóviles en casa. En efecto, la duplicación de la tarifa del Subte en 2012 produjo una caída abrupta de la frecuentación del Subte. Los aumentos sucesivos de la tarifa en términos reales han hecho que el Subte aun no recupere los pasajeros que transportaba en 2011, previo al traspaso al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad ha optado por proyectos de vias exclusivas para los colectivos, denominadas Metrobus. Sin embargo, esta estrategia tampoco ha dado resultados en términos de alternativa de transporte para los usuarios de los automóviles. La cantidad de pasajeros transportados por el sistema de colectivos dela Ciudad de Buenos Aires después de un pico en 2012, ha ido decayendo sistemáticamente, a pesar de las múltipes inversiones en las vias exclusivas, “Metrobus”. Hoy la red de colectivos transporta menos usuarios que el 2006. Los datos parciales de 2016, aun no publicados oficialmente, indican que esta tendencia se ha profundizado.

Tampoco se observó complementariedad entre la política tarifaria de peajes y del ferrocarril (FFCC), como lo demuestra la evolución de los pasajeros transportados por FFCC y los vehículos que cruzan los peajes de acceso a la Ciudad.

Al no observarse un sentido regulatorio en la política de tarifas de peajes de la Ciudad de Buenos Aires, y constatando la magnitud del aumento requerido por AUSA en esta oportunidad, se evidencia la orientación recaudatoria de la decisión del Gobierno de la Ciudad. Sumando a las contradicciones en materia de regulación de transporte, no deja de llamar la atención la evolución del presupuesto destinado a infraestructura vial en la Ciudad, que sólo aumenta 8,5% entre 2016 y 2017. Es decir, cae en términos reales, en clara contradicción con la supuesta voluntad de invertir en este rubro.

Seguidamente, cabe el interrogante: ¿cuál es el destino de estos fondos? Según la normativa, AUSA tiene la obligación de destinar al menos el 55% de la recaudación a obras de infraestructura vial. Esto permite a la empresa de peajes disponer de ingentes recursos para tal destino. Resulta ilustrativo lo mencionado por el portal Nuestras Voces donde se indica que “en 2014 el Grupo Farallon conformó una UTE junto a Rovella Carranza y Vialme” que se adjudicó a través de AUSA la obra del Metrobús en la Autopista 25 de mayo por $ 46.081.487,47 y en 2015 todo el mantenimiento vial de la ciudad de Buenos Aires, por más de $80 millones.

Conjuntamente con ello, el aumento de los peajes de la Ciudad sirve de precedente, “justificando” los aumentos de peajes nacionales (¿es posible un significativo aumento de los peajes nacionales sin aumento de los peajes de la Ciudad?), donde el negocio ya no sólo resulta de la obra pública (en el caso de la Ciudad, AUSA es privada con mayoría estatal), sino directamente se vincula al beneficio de la concesión (a nivel nacional, los peajes están concesionados).

Sumado al incremento en electricidad (del 60% a 148%, desde el 1 de febrero), prepagas (6% también desde febrero), combustibles (8% en enero y próximo aumento en abril), agua, gas (dos aumentos este año), colegios (20% a 40%), canasta escolar (35%) e impuestos inmobiliarios (30% a 40%), entre otros, el aumento de las tarifas de peaje implicará una presión adicional al aumento de la inflación. Sólo en lo relacionado con el aumento de peajes de la Ciudad de Buenos Aires, son más de $250 millones de pesos que irían al costo de transporte/costo de productos en 2017.

El aumento de la tarifa de peajes es otro ladrillo más en una pared de aumentos sucesivos que frena el consumo y limita los ingresos de las mayorías populares argentinas.

Mauricio Macri sostuvo el 17 de enero del presente año  "Las estadísticas dicen que hay más empleo". El presidente se refería a la reciente publicación del Ministerio de Trabajo en base a SIPA para noviembre de 2016, cuya información muestra un aumento de 38.000 puestos adicionales. (Estudio de CEPA)

Con un análisis muy sencillo, es posible identificar que, al margen de las declaraciones grandilocuentes de Cambiemos, la dinámica del mercado de trabajo ha mantenido la misma tendencia que desde el 10 de diciembre de 2015.

Algunas consideraciones:

–  Del total mencionado, 11.785 puestos los explica el sector público. Llama la atención que sea Cambiemos el que recurra al empleo público para hablar de aumento del empleo. Sobre esta cuestión, vale recordar, entre otras menciones críticas a la gestión anterior, la del propio Mauricio Macri el 1° de mayo de 2016 en el festejo del día del trabajador en el gremio de Gastronómicos: "Hace cinco años que no se genera empleo, porque ocultaron el desempleo con trabajo público inútil".

–   Quizás para evitar que el “error” de contratar desde el Estado se repita, en el mes en curso el Gobierno congeló por decreto la contratación de nuevos empleados en el Estado.

–  Repasando el derrotero del empleo estatal, desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos. De hecho, el informe de CEPA para diciembre de 2016 menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público “compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

–   Asimismo, 4.500 puestos se generaron a través de monotributo. Si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y noviembre se produjo un incremento de casi 73 mil personas en la cantidad de monotributistas, variación que no se observa en ningún periodo inmediato anterior. La explicación de Cambiemos ha sido que esto se debe al cumplimiento del pago de la obligación en virtud de obtener de esta forma el beneficio de la AUH. Siguiendo este razonamiento, no se deriva nuevo empleo de la información pertinente, sino solo una mejora en el cumplimiento o una incorporación para la obtención del beneficio.

En lo referido al empleo privado vale indicar:

. Se observa que, sin el efecto de estacionalidad, la cantidad de puestos de trabajo nuevos se reducen de 23.000 a -1.740 casos. Es decir, si se le quita el efecto estacional (del momento del año) sobre la evolución del empleo, el resultado es negativo.

. La Encuesta de Indicadores Laborales a diciembre de 2016 (que permite inferir la evolución del empleo) muestra una sensible caída de 0,5% respecto de noviembre del mismo año, lo que anticipa que los datos de diciembre profundizarán la tendencia habitual del empleo en la era macrista.

. En línea con la dinámica mencionada previamente, nuevamente la industria es la más afectada en el trascurso del mes de octubre de 2016: se computan 3.420 trabajadores netos menos. Aquí el efecto desestacionalizado tiene el efecto inverso, ya que en un mes donde habitualmente la industria contrata personal, ha habido una importante cantidad de despidos. La desestacionalización de los 3.420 puestos perdidos en un mes de habitual contratación de personal industrial eleva ese valor al equivalente de 5.113 casos menos.

. Dentro de la encuesta mencionada anteriormente –EIL- para el mes de diciembre de 2016, es otra vez la industria la más afectada, computando una caída de 0,8% en términos de empleo para el último mes del año anterior.

Finalmente indicar algunos de los despidos más importantes del mes de enero:

Informe del Centro de Economía Política Argentina evidencia que los despidos producidos  en el sector público y la construcción sirvieron como habilitador y propulsor de los despidos en el sector privado. 

En los informes previos -presentados a lo largo de 2016- se indicó que, en términos secuenciales, a los despidos producidos en una primera instancia en el sector público y la construcción (esta última como resultado de la paralización de la obra pública) entre los meses de diciembre 2015 y enero 2016, le siguieron una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), que seguidamente impactó de manera negativa en el sector de servicios.

Durante el mes de agosto ese proceso se conjugó con una nueva ola de despidos del sector público. En septiembre, una reducción en la cantidad de despidos hacía parecer cierta estabilización en la dinámica del empleo. Sin embargo, tanto octubre como noviembre volvieron a mostrar una elevada cantidad de despidos y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes. Finalmente, en diciembre pareciera iniciarse nuevamente el ciclo: son los despidos del sector público los que impulsan la destrucción de puestos de trabajo en el mercado laboral.

En noviembre se produjeron 11.228 despidos y suspensiones, mientras que en diciembre se trató de 9.488 casos. Si bien la cantidad de diciembre resulta levemente menor, se observan 4.435 casos en el sector público y 5.053 del sector privado, muy distinto de lo producido en noviembre, con -769 casos del sector público y 11.997 en el sector privado. En efecto, entre agosto y noviembre la cantidad de incorporaciones en el estado supero al número de despidos registrados.

Cabe indicar que dentro del total de despidos de diciembre, 2.600 casos están vinculados a tutores virtuales de educación, que según lo acordado en el conflicto (que involucró una toma del Ministerio impulsada por trabajadores estatales), tendrían una solución de continuidad en sus puestos de trabajo.

Adicionalmente, en CONICET tuvo lugar un importante conflicto a fines de diciembre, dado por el no ingreso de 508 investigadores a carrera que habían sido evaluados positivamente en distintas instancias internas. Luego de una toma del Ministerio extendida por una semana, se acordó la continuidad laboral por un año de los investigadores, con beca postdoctoral, y la conformación de una mesa de negociación con el Ministerio de Ciencia y Técnica.

Adicionalmente, si se tiene en cuenta que en el sector privado se registraron 1.700 despidos en la empresa petrolífera YPF, y que éstos han sido impulsados por Cambiemos (producto de la baja de 33 equipos de producción), el 65% de los despidos del mes derivaron de las decisiones de la política del gobierno nacional.

Además de los despidos en YPF y en el Ministerio de Educación (3.000 en total de los cuales sólo 2.600 fueron "revisados”), en la amplia mayoría de los Ministerios hubo cesantías, aunque en cantidades menores: Producción, Cancillería, Interior, Modernización, Salud, Cultura, Trabajo, Sec. Gral. De la Presidencia y ENACOM. A esto se suman 70 casos en Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, y casos en las municipalidades de Neuquén, Chivilcoy y Trevelín.

Siempre la industria

Se manifiesta, dentro del sector privado, una significativa representación de los despidos de la industria sobre el total de los relevados. En diciembre los 4.110 casos de la industria representan el 89% de los despidos.

Vale indicar que no hubo suspensiones en el mes de diciembre. Los despidos en el sector primario han sido importantes al interior del sector, pero poco significativos en el conjunto. En los servicios y la construcción no hay despidos significativos.

En el total de los despidos y suspensiones, el 84% de los casos de la industria están vinculados a ocho actividades: metalúrgica, textiles, automotriz (con autopartes y neumático), electrónica y electrodomésticos, alimentos y bebidas, petróleo, energético y frigorífico.

Sobre el conjunto de los casos, en el mes de diciembre el 81% de los despidos se han concentrado en cuatro actividades: petróleo, metalúrgica, alimentos y bebidas y electrónica y electrodomésticos.

Honrando el compromiso asumido

Entre mayo y agosto, a pesar de la existencia del compromiso firmado por el Presidente Mauricio Macri y las grandes empresas por 90 días, se puede percibir que el comportamiento empresario fue homogéneo respecto de los despidos y suspensiones durante y después del mismo: siguieron expulsando trabajadores.

Seguidamente, el nuevo acuerdo realizado a fines de noviembre recorre el mismo camino. En el informe de despidos correspondiente al mes de noviembre, se indicó que sólo en la semana posterior al acuerdo se produjeron 511 despidos. Este derrotero continuó durante diciembre, con el dato característico de haber sido impulsados desde el Gobierno.

Resulta sintomático el corrimiento del Ministerio de Trabajo y el mayor protagonismo el Ministerio de Desarrollo Social. Macri vetó la Ley Anti despidos, no concedió la reapertura de paritarias exigida por un amplio arco sindical del sector público y privado, y plantea que los convenios colectivos son vetustos y tienen que ser del siglo XXI, pero acepta sin demasiados cuestionamientos con dos Ministros clave como Stanley y Triaca la emergencia social. Básicamente, porque este esquema de contención es directamente funcional al modelo excluyente en el orden económico, que apunta a la flexibilización laboral.

Finalmente, cabe indicar que Mauricio Macri sostuvo el 17 de enero del presente año "Las estadísticas dicen que hay más empleo". El presidente se refería a la reciente publicación del Ministerio de Trabajo en base a SIPA para octubre de 2016, cuya información muestra un aumento de 40.000 puestos en dicho mes, explicados por un incremento aproximado de 10 mil puestos en el sector público, 10 mil a través de monotributo y 20 mil en el sector privado. El informe del MTEySS da cuenta de resultados netos en cantidad de trabajadores, es decir, no refleja la evolución de los despidos sino la cantidad final de trabajadores a un determinado mes, mientras que el presente informe de CEPA releva despidos y suspensiones producidas. Esto hace que ambos informes resulten sólo parcialmente comparables. Con esta salvedad, vale la pena mencionar las siguientes cuestiones:

Desde diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, el sector público expulsa a aproximadamente 70 mil trabajadores. Sin embargo, esa dinámica se modifica desde abril en adelante, conjugándose despidos en menor cuantía e incorporación de personal, llegándose en la actualidad a superar la cantidad de trabajadores existentes en diciembre de 2015. Es decir, el incremento neto de empleo público que se observa hacia finales de año 2016 no invalida la existencia de despidos durante el ciclo macrista y el efecto disciplinador de los mismos.

De hecho, el informe de CEPA para octubre computa 135 despidos que evidentemente fueron más que compensados con ingresos nuevos de personal. Asimismo, el presente informe (diciembre) menciona una sensible cantidad de despidos en el sector público "compatibles” con esta dinámica, es decir, presumiblemente reemplazados.

Por otro lado, si bien la evolución de la cantidad de monotributistas no presenta un comportamiento uniforme en relación a los trabajadores registrados, resulta llamativo el aumento de estos durante dicho mes y a lo largo de todo el 2016: se observa que entre enero y octubre se produjo un incremento en la cantidad de monotributistas de casi 66 mil personas.

En lo referido al sector privado, se observa que, sin el efecto de estacionalidad, la cantidad de puestos de trabajo nuevos se reduce a sólo 1.583 casos. Se destaca allí mismo el dinamismo del sector agropecuario, explicado por la estacionalidad de puestos particularmente en la provincia de Entre Ríos (que aumentó en el mes más de 5% su plantilla, tal como sucede cada año en octubre y noviembre).

En línea con la dinámica mencionada previamente, la industria se ve afectada nuevamente en el mes de octubre: se computan 3.313 trabajadores netos menos en la industria.

Poder ver el informe completo acá: Informe laboral CEPA – El inicio de un nuevo ciclo – a Dic 2016

(Por CEPA) El Gobierno Nacional decidió reemplazar a Melconian por González Fraga al frente del Banco Nación. Más allá de ligeros matices en la mirada económica, ambos economistas reflejan un rumbo común en materia económica.

La mirada económica. El recambio en la dirección del Banco Nación implicó la salida de un economista

amante del ajuste ortodoxo, quien había sido mencionado por el propio Menem como su candidato a

Ministro de Economía en un eventual nuevo gobierno, y que sostenía a principios de noviembre de 2015

y en plena campaña electoral “…Y ahora no se puede más subir los sueldos por no sé cuánto y las

jubilaciones arriba de esto…”.

Su reemplazante no se aleja demasiado de ese lugar. Cuando se refirió a la política del gobierno kirchnerista indicó “le hizo creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”, además de cuestionar a los pobres actuales inquiriendo “a mí me gustaría saber qué tan pobres son los pobres".

Los deberes a favor del establishment. En 1984, cuando era jefe del Departamento de Deuda Externa del

BCRA, fue Melconian quien sepultó las investigaciones sobre fraudes de grupos económicos con los

seguros de cambio, mecanismo por el cual se estatiza la deuda pública.

Tal como menciona Maximiliano Montenegro en Pagina 12, en agosto de 1984, se crea el cuerpo de

inspectores de la deuda externa dentro de la órbita del BCRA. Esta área pone a la luz las maniobras

realizadas por las mayores empresas de la Argentina (multinacionales como IBM, Esso, Kodak, Renault y

Cargill, y de la oligarquía diversificada como Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar) consistentes en

autopréstamos, falsos créditos y otras maniobras por 6000 millones de dólares. Entre las empresas

figuraba SIDECO y SOCMA del Grupo Macri. Melconian fue quien elevó el informe al Directorio del BCRA,

a contramano de los indicado por los auditores, con la propuesta de cerrar los cuestionamientos a las

compañías. Finalmente, las deudas fueron consideradas legitimas e incluidas en la deuda pública

argentina.

El caso de González Fraga es similar. Como cuenta Verbitzky, en cuanto González Fraga se hizo cargo del

BCRA, “disolvió su Centro de Estudios Penales, creado por el penalista David Baigún, entre cuyas

finalidades estaba la realización de investigaciones empíricas sobre los delitos financieros [y] la

sincronización de las tareas de prevención delictiva”.

Los negocios primero. Ya en épocas más recientes, Melconian no se privó de demandar al país ante el

juez Griesa, como titular de u$ 772.268 en bonos. El esfuerzo del conjunto de los argentinos para atender

dichas obligaciones no fue un impedimento para el hoy ex Presidente del Banco Nación.

Por su parte, tal como indicó oportunamente el diario Miradas al Sur, “antes de asumir en el BCRA,

González Fraga había sido representante y lobbista del inversor saudita Gaith Pharaon, dueño del Banco

de Crédito y Comercio Internacional (Bcci) que fue el epicentro de un escándalo financiero a escala

planetaria cuando se comprobó que sus principales inversiones provenían del tráfico de armas y

estupefacientes”. González Fraga, utilizando la consultora Alpha, que “vendió” a su socio para asumir en

el Banco Central, autorizó que el Bcci instalara una sucursal en nuestro país y construyera el Hotel Hyatt

a través de la empresa presidida por Gaith Pharaon, que sólo invirtió 11 millones de dólares, porque el

resto (27 millones) se saldaron con títulos de deuda pública argentina que el Bcci compró al 20 por ciento

del valor reconocido por el Banco Central.

Los parecidos mencionados dan cuenta de una coherencia, al fin y al cabo, característica de la ortodoxia

económica, que no solo comparte fuertes premisas teóricas sino además tiene un historial común de

beneficios al poder económico., cada vez que tuvo la oportunidad.

Centro de Economía Política Argentina.

La primera semana del 2017 vino acompañada de una serie de modificaciones en el esquema macroeconómico del país pero a su vez, y en mayor medida,por grandes acontecimientos en la escena económica internacional.

En el plano nacional sucedieron varios hechos de relevancia: el estreno de la tasa de pases como

"referencia monetaria", una tasa promedio entre la pasiva que se opera poco (la mayoría de los

pases son a 1 día) y la activa, que directamente no se opera; la formalización de la baja "gradual"

de retenciones a la soja; la eliminación de la obligatoriedad a las exportaciones de servicios para

liquidar las divisas en el BCRA y la reducción de los impuestos internos a los autos de lujo. Pero, sin

dudas, la medida central ha sido la quita total de restricciones a la entrada y salida de capitales.

Continua leyendo el informe realizado por el Observatorio Monetario Financiero – CEPA acá

Según un estudio elaborado por el CEPA, se triplicaron los problemas de salud mental a causa de los despidos y suspensiones registradas durante el primer año de gestión de Cambiemos. Las más perjudicadas son las mujeres.

Una investigación reflejó que se triplicaron los problemas de salud mental y deterioraron en un 20,5 por ciento el indicador de salud física, de los miles de trabajadores despedidos por el presidente, Mauricio Macri.

El estudio, realizado por investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), el Centro de Economía Política (CEPA) y universidades del país, analizó el impacto en la salud física y mental de los trabajadores, ante los más de 232 mil despidos y suspensiones que hubo tanto en el sector público como privado durante el primer año de gestión de Cambiemos.

Las principales damnificadas al interior de los trabajadores despedidos son las mujeres de mediana edad con elevado nivel educativo, jefas de hogares monoparentales y a cargo de familias.

Por su parte, los más afectados en términos de salud mental fueron los empleados del sector público, mientras que a nivel de salud física los más dañados fueron los que trabajan en cooperativas, un deterioro que supera el 40 por ciento al del promedio de la población.

"En relación a los quintiles salariales, el dato que resalta es que aquellos que se ubican en la clase media (entre el tercer y cuarto quintil de ingresos), perciben un empeoramiento mayor de su salud mental (de 209 por ciento y 274 por ciento, respectivamente)", señala la investigación.

Mientras, los indicadores de los despedidos de menores ingresos (quintiles una y dos) se incrementaron por debajo de la media.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el análisis de la fuga de capitales en los primeros 11 meses de 2016 revela un crecimiento de alrededor del 84% en relación con el año 2015.

La formación de activos externos del Sector Privado No Financiero (FAE del SPNF) que se publica en el Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA) trepó a 11.966 millones de dólares en lo que va del año 2016 (primeros 11 meses). Mientras que, entre enero y noviembre de 2015, las compras netas de moneda extranjera totalizaron 6.495 millones de dólares, registrando un incremento muy significativo en 2016, de alrededor del 84% en relación con el año anterior.

También se incrementó el promedio mensual de fuga de capitales a lo largo de 2016, que alcanzó 1.088 millones de dólares en contraste con un promedio mensual de 590 millones de dólares en 2015.

Se observa que, a partir de enero de 2016, a la tenencia de billetes en el exterior se le adiciona otro componente, que también está asociado a un alto nivel de liquidez, que es el de “otras inversiones”, referido a inversiones en cartera, tales como acciones y títulos públicos.

Por otra parte, la salida de divisas a través del giro de utilidades y dividendos al exterior durante los primeros once meses de 2016 alcanzó niveles significativamente superiores en comparación con el año anterior. La salida de divisas (neta de entradas) bajo este concepto representó 2.696 millones de dólares durante lo que va del año 2016, en contraste con los 239 millones que fueron girados entre enero y noviembre de 2015 (y los 294 millones de dólares durante todo el año 2015). Por ende, las salidas de divisas en concepto de remisión de utilidades y dividendos registraron un incremento interanual del 1028% entre los períodos enero-noviembre 2015 y enero-noviembre 2016. Durante el último período del gobierno anterior, el giro de utilidades nunca superó los 41 millones de dólares mensuales, mientras que durante la gestión de la alianza Cambiemos, la mayor salida fue de 492 millones de dólares en el mes de abril de 2016.

Finalmente, si se contempla en conjunto la formación de activos externos y la remisión de utilidades y dividendos, la fuga de capitales bajo estos dos conceptos suma un total de 14.662 millones de dólares entre enero y noviembre de 2016, lo que representa alrededor de un 40% de las reservas internacionales y un incremento del 118% en relación con el mismo período del año anterior. Entre enero y noviembre de 2015, la salida de divisas, bajo ambos conceptos, alcanzó un total de 6.734 millones de dólares, representando menos de la mitad (un 46%) de lo registrado en 2016.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un informe exhaustivo donde analiza la dinámica laboral y empresarial en los primeros nueve meses del gobierno de Macri.

El informe confirma con datos estadísticos la destrucción de puestos de trabajo y expulsión de trabajadores desde el momento de asunción de Macri y permite observar además que tipo de empresas son protagonistas de esta nueva espiral de despidos.

La apertura indiscriminada de las importaciones, la devaluación del tipo de cambio sin contemplar, la caída del salario real, el tarifazo en los servicios públicos, etc. han configurado un escenario de enorme fragilidad para el universo de pequeñas y medianas empresas que destinan casi el 80% de su producción al mercado interno.

El hilo que sigue esta historia es bien conocido: sin mercado interno no venden, sin ventas las empresas se achican, crece la desocupación, la pobreza, etc.

Ahora bien, una novedad que arroja el estudio es que a pesar de que la actual política económica las dejo al borde del abismo, las Pymes no han sido las primeras en expulsar trabajadores.

En este sentido, tomando los datos del SIPA (solo mide empleo privado registrado) y relacionándolo con el tamaño de la empresa el informe establece que “se observa un aumento de la expulsión de fuerza de trabajo a medida que aumenta el tamaño de la empresa”. Así, las empresas con menos de 100 trabajadores despidieron a una tasa de 0.94%, las empresas de entre 100 y 2.500 trabajadores lo hicieron a una tasa de 1,01% y las empresas de más de 2.500 trabajadores redujeron sus planteles en 9,30%.

Esto resulta paradójico, pues las pequeñas y medianas empresas han sido las más castigadas por el actual modelo económico, contabilizando 1.992 empresas desaparecidas desde dicicmbre de 2015 a septiempre de 2016, muy por encima de las 144 o las 9 empresas desaparecidas en el rango de 100 a 2.500 trabajadores y de 2.500 en adelante respectivamente.  Además, fueron las más castigadas por la pérdida de poder adquisitivo, registrando una baja de -5,61%, cuando para igual período de los años 2014-2015 habían registrado un incremento de 4,45%.

Finalmente, el informe analiza la dinámica laboral por rama económica y observa que los sectores más beneficiados por la actual política económica (devaluación, quita de retenciones, altas tasas de interés) como el Agro, la Minería o el Sector financiero han realizado ajustes en sus plantillas o en los salarios.

El informe confirma la paradoja de la economía macrista: la nueva política macroeconómica benefició a los sectores concentrados y dejó en una gran fragilidad al sector pyme, pese a lo cual los esfuerzos de uno y otro por generar empleo y sostener el salario de sus trabajadores es inversamente proporcional a los beneficios obtenidos.

Si seguimos esperando el derrame, se incrementarán el número de empresas desaparecidas y de desocupados.