El gobierno bonaerense presenta una denuncia penal contra Robles y D’Alessandro

La provincia de Buenos Aires denunció a Robles y D’Alssandro por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires presentó ante los tribunales federales de La Plata una denuncia penal contra  Silvio Robles, asesor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti  y Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta que está con licencia, por los delitos de tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según informaron desde Calle 6, Buenos Aires es “históricamente la provincia más perjudicada por el esquema de coparticipación” y aseguraron que esa situación ahora “se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Pretenden así quitarle recursos que les corresponden a las provincias para otorgárselos a la ciudad más rica del país y así financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno”, aseguraron.

En ese plano, desde la administración de Axel Kicillof señalaron que las provincias “nunca fueron escuchadas” por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados, al tiempo que el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por “varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional”.

Por eso, señalaron que los hechos denunciados hoy “deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes”, al tiempo que “se debe impedir este arreglo político completamente ilegal”.

La denuncia penal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof se debe a una filtración de chats, ocurrida después del escándalo de Lago Escondi, donde se revela una conversación privada entre un asesor del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro.

Las conversaciones que se filtraron son de D’Alessandro con Silvio Robles, el director general de la vocalía de Rosatti y están estrechamente vinculados con la causa de los recursos que la Corte ordenó devolver al gobierno porteño. “En 5 te paso letra para que vos lo muevas”, le dice Robles a D’Alessando en un pasaje.

“Espero que hagas sacar el fallo Robles”, le contesta el ministro en tono jocoso. La conversación continúa y gira en torno a otros temas como la composición del Consejo de la Magistratura. Ahí también Robles le explica a D’Alessandro cómo deben comportarse los legisladores de Juntos por el Cambio para ganarle la disputa al kirchnerismo.

La semana pasada el juez federal Sebastián Ramos sobreseyó al colaborador de Rosatti de una de las causas que se iniciaron a partir de estos movimientos.

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Lago Escondido: juez imputado denunció espionaje ilegal y recayó en el acusado Ercolini

El magistrado Pablo Yadarola presentó un escrito por el origen de los chats. La denuncia cayó en el juzgado de Julián Ercolini, quien delegó la investigación en Marcelo Martínez de Giorgi.

La causa por el escándalo de los chats de jueces, fiscales y funcionarios respecto a un viaje a Lago Escondido no deja de generar polémica en la escena política y judicial argentina. La última ocurrió horas atrás cuando, a la par de la denuncia del gobierno nacional, el juez Pablo Yadarola, uno de los involucrados, presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y la misma recayó en el juzgado de Julián Ercolini, otro de los apuntados. En paralelo, la fiscal de Bariloche imputó a los implicados por el viaje.

Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, presentó este fin de semana una denuncia por presunto espionaje ilegal a raíz de la divulgación en internet de conversaciones de un grupo de Telegram en el cual el propio juez, junto con otros tres magistrados, un fiscal y un ministro porteño, elaboraron una estrategia para mentir sobre un viaje a la estancia del terrateniente británico Joe Lewis, junto a directivos del Grupo Clarín.

Para mayor sorpresa, el escrito presentado por Yadarola recayó – por sorteo – en el juzgado de Ercolini, otro de los jueces involucrados en el escándalo de los chats de Lago Escondido. Según consigna Diarioar, el 4 de diciembre, una vez que los audios y los chats quedaron al descubierto, el juez Ercolini se excusó apelando a la figura de “ausencia momentánea del juez” y le pidió al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que asuma, al menos momentáneamente, la investigación de la causa.

Entre las primeras medidas, Martínez de Giorgi solicitó a la Sección de Investigaciones Especiales de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires el rastreo de la dirección IP desde donde se publicó y se puso a la venta el contenido del teléfono de Marcelo D´Alessandro. Cabe aclarar que el material era ofrecido en un portal web por u$s600 y contenía 900 conversaciones y 4099 contactos del ministro en Télegram.

Además del contenido sobre Lago Escondido, los presuntos hackers publicaron en diálogos con el armador radical, operador judicial y ex presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y otro chat con un empresario nombrado como “Fede”.

La presentación de Yadarola por espionaje ilegal coincide con la estrategia que en el chat figura como “contraofensiva” en la cual se proponía revertir la carga de la acusación alegando un presunto espionaje ilegal, elaborar facturas truchas para evitar ser acusados de recibir dadivas e influir en la investigación radicada en Bariloche para que la fiscal y la jueza den por cerrada la causa.

En las últimas horas la fiscal de Bariloche María Cándida Etchepare imputó a los magistrados, fiscales, funcionarios, y empresarios de medios que fueron al encuentro a Lago Escondido, en Bariloche, a mediados en octubre de este año. En la lista de imputados también figuran Leonardo BergrothTomás Reinke, presidente de Mediabit S.A., Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente de Grupo Clarín S.A.

Pese a la intención de los imputados de crear una estrategia coordinada para mentir sobre su estadía en Lago Escondido, la fiscalía pudo determinar que el día 13 de octubre del corriente año “se trasladaron desde Buenos Aires hacia esta ciudad en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK, los pasajeros Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando el día 15 del mismo mes y año, tal como surge de la Declaración Jurada acompañada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ante el requerimiento de esta Fiscalía”. Además, certificó la presencia de los directivos de Clarín.

Días atrás, el Poder Ejecutivo Nacional presentó un escrito por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas contra el juez federal Julián Ercolini, Carlos Mahiques (integrante de la Cámara Federal de Casación Penal), Pablo Yadarola (titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2) y Pablo Cayssials (titular del Juzgado Nacional de primera instancia en lo Contencioso). Además, apuntó contra el fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D Alessandro.

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