No les quedaba otra: Larreta obedece a la Justicia y derriba el muro de Clarín que bloquea una calle

En 2015, un fallo de una jueza ordenÃģ demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevÃģ el caso hasta la Corte Suprema. Ahora, el Gobierno de la Cuidad deberÃĄ acatar la orden la judicial y destruir la pared.

Desde el gobierno de la Ciudad informaron que el sÃĄbado comenzarÃĄn las obras para demoler el muro que el Grupo Clarín levantÃģ de forma ilegal en la intersecciÃģn de las calles Ascasubi y Luna. La medida serÃĄ dispuesta por La DirecciÃģn General Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno porteÃąo.

Cabe recordar que en 2015, un fallo de una jueza ordenÃģ demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevÃģ el caso hasta la Corte Suprema. La misma desestimÃģ un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteÃąo y dejÃģ firme la decisiÃģn de primera instancia.

De acuerdo al comunicado del Ejecutivo porteÃąo a la Justicia, se lee: “Pongo en conocimiento de Vuestra SeÃąoría que la DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIA ha informado mediante comunicaciÃģn oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demoliciÃģn de muro en la intersecciÃģn de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta ÃĄrea operativa serÃĄ el SABADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la maÃąana”.

En este marco, el senador Mariano Recalde expresÃģ: “ÂŋSabías que Clarín bloqueÃģ una calle de Barracas y construyÃģ un muro de 4 metros de alto para cercar su planta de impresiÃģn? ÂŋSabías que desde hace 7 aÃąos la Justicia le ordena a Larreta que lo derribe y la Ciudad siempre se niega a hacerlo?”.

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ÂŋLa ciudad de la Élite?: cobrarÃĄn entradas para ingresar a un Cementerio

Se trata del Cementerio de la Recoleta. Tras dos aÃąos de pandemia y con el sector de turismo golpeado, el gobierno de Larreta exigirÃĄ un pago para ingresar, aunque se diferencia segÚn el tipo de visitante. ÂŋQuiÃĐnes deberÃĄn pagar?

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta decidiÃģ que desde el lunes 4 de abril se cobrarÃĄ una entrada para ingresar al mítico Cementerio de la Recoleta. Desde el sector de turismo se resisten a la medida argumentando que los Últimos dos aÃąos de pandemia golearon fuerte a sus ingresos.
 
Los operadores turísticos, que incluyen el lugar en sus tours, se resistiera, y explican que verÃĄn una pÃĐrdida en sus ingresos, justo cuando intentan recuperarse.
 
Lo cierto es que el Gobierno de la Ciudad cobrarÃĄ el ingreso que tendrÃĄ un valor de $1.400 para extranjeros, y $700 para turistas nacionales que ingresen en grupos de visitas, con guía o agencia turística.
 
Los que aÚn no deberÃĄn pagar serÃĄn los argentinos que vayan de forma particular y los jubilados. AdemÃĄs, a la lista de visitas “gratuitas” al cementerio, se incluirÃĄn a los estudiantes de todos los niveles de escuelas del Gobierno porteÃąo o de otras jurisdicciones provinciales que hagan visitas educativas.
 
SegÚn consignÃģ BAE negocios, esta decisiÃģn estaba prevista desde el 2014, cuando Mauricio Macri gobernaba en la Ciudad, por la ley 4.977, que creÃģ el Fondo de Garantía Turística de los Cementerios de la Ciudad. Este estaría integrado por “el pago de las contribuciones que deberÃĄ realizar cada turista en concepto de visita guiada”.
 
La DirecciÃģn General de Cementerios dijo a BAE negocios que el dinero recaudado buscarÃĄn renovar el panteÃģn en Flores, refaccionar las galerías de nichos en la Chacarita, colocar carteles orientativos y reforzar la seguridad en Recoleta, entre otras mejoras planeadas en las necrÃģpolis porteÃąas.
 
En las redes sociales hubo rechazo por el cobro de entradas:

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Un fallo judicial le parÃģ el carro a Larreta y su ambiciÃģn por construir en la Ciudad

La Justicia declarÃģ nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declarÃģ este sÃĄbado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcciÃģn de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva EcolÃģgica, y que conllevaba la destrucciÃģn de uno de los Últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logrÃģ luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas PÚblicas (IPYPP), la CÃĄtedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del aÃąo pasado y desarrollaron campaÃąas como la de “Costanera Verde PÚblica2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionÃģ la falta de participaciÃģn ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboraciÃģn del Estudio DiagnÃģstico y la EvaluaciÃģn de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibiÃģ un rechazo casi unÃĄnime en la audiencia pÚblica, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestÃģ: “La política de los convenios urbanísticos estÃĄ destruyendo la planificaciÃģn de la Ciudad y los barrios porteÃąos. Estamos inmersos en la desplanificaciÃģn de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulaciÃģn inmobiliaria”.
 
“TambiÃĐn, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que mÃĄs beneficios ha obtenido del GCBA en los Últimos aÃąos (AdjudicaciÃģn de la concesiÃģn del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorizaciÃģn de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorizaciÃģn para el shopping Distrito Arcos, la autorizaciÃģn para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcciÃģn de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la ConstituciÃģn de la Ciudad”, agregÃģ.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participaciÃģn ciudadana ni con la elaboraciÃģn de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la ConstituciÃģn. No realizaron el anÃĄlisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pÚblica. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanciÃģn en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso comÚn de la Ciudadanía porteÃąa. Viola la protecciÃģn del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los Últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revoluciÃģn democrÃĄtica social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenciÃģ.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la CÃĄtedra de Ingeniería Comunitaria expresÃģ: “Este fallo histÃģrico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climÃĄtica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura mÃĄxima anual, sino que, ademÃĄs pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que tambiÃĐn debe ser un interÃĐs pÚblico del GCBA el respeto de la participaciÃģn ciudadana en la decisiÃģn de políticas ambientales. El paradigma democrÃĄtico estÃĄ cambiando”, indicÃģ.
 
“La emergencia climÃĄtica y ambiental se ha ido profundizando en la Última dÃĐcada. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectÃĄreas de espacios verdes pÚblicos y se impulsa la consolidaciÃģn de la ocupaciÃģn y privatizaciÃģn de todo el entorno ribereÃąo”, advirtieÃģ al tiempo que aÃąadiÃģ: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera estÃĄ rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteÃąa desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder pÚblico”, concluyÃģ.

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