El Tribunal Oral y Federal Nš 2 dictÃģ la sentencia del juicio a genocidas del centro clandestino Virrey Cevallos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la Última dictadura cÃvico-militar. Toda la informaciÃģn.
El diputado nacional y nieto recuperado entregó este miércoles una carta al presidente de España, pidiendo “su compromiso para terminar con la impunidad vinculada a los crímenes cometidos por el franquismo”.
El presidente de España fue recibido con honores en el Congreso Nacional, allí mantuvo una reunión con los titulares de ambas Cámaras y una vez terminada la reunión, Pietragalla hizo entrega de la misiva al tiempo que le pidió su compromiso para lograr la extradición de los imputados en la causa que lleva adelante la Justicia Federal de nuestro país.
El legislador le solicitó al mandatario por escrito que “arbitre los medios necesarios a los efectos de lograr el juzgamiento de los responsables de los crímenes cometidos por el franquismo”.
“La Justicia argentina lleva adelante procesos iniciados por numerosas familias víctimas del franquismo ante la imposibilidad obtener una respuesta jurisdiccional en su país. Diversas instituciones españolas han ofrecido resistencia a los pedidos judiciales de exhumación y recolección de testimonios. A su vez, los pedidos de extradición no han sido respondidos”, añadió.
Por último, expresó: “Es por eso que le reitero la necesidad urgente de su intervención para lograr el efectivo juzgamiento de los ciudadanos españoles acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la dictadura franquista, o la imperiosa extradición de los imputados en la causa instruida por la jueza María Romilda Servini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 1”, concluyó.
Mirá la carta
Se trata de Julio Manuel Méndez, uno de los primeros civiles condenados por delitos de lesa humanidad. El hombre, hallado culpable en el juicio por el secuestro, torturas y asesinato del abogado Carlos Moreno en 1977, fue sorprendido viajando en un micro de larga distancia entre Buenos Aires y la ciudad donde vive, Tandil.
Quien lo descubrió fue la periodista y escritora Ivy Cangaro, que casualmente era otra se las pasajeras del viaje entre la Capital Federal y la localidad bonaerense de la cual es oriundo Macri.
Cangaro contó su experiencia en una nota que escribió en el sitio de información política Pájaro Rojo, tomó fotos de Méndez, luego las cotejó para asegurarse de que se tratara efectivamente de esa persona y llevó las pruebas a la Justicia.
"Efectivamente, quien viajaba en el asiento 21 de la empresa El Cóndor-La Estrella que partió de Retiro el jueves 1 de marzo de 2018 a las 13:45 era Julio Méndez, acompañado de su esposa y un amigo. Quien tendría que estar preso, y goza de prisión domiciliaria, además viaja como un pasajero más, impune, libre, desafiante, oscuro. Compartiendo tiempo y espacio con decenas de personas que no saben que ese viejito del asiento de al lado es un criminal", reflexiona la periodista hacia el final de la nota.
Fuente: Infonews
El colectivo "Vecinos sin Genocidas" realizará este martes una concentración frente al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata para rechazar el arresto domiciliario del ex represor Miguel Etchecoltaz, al cumplirse dos meses desde que le fue otorgado.
Acompañados por organismos de derechos humanos, exigirán que el ex número dos de la policía bonaerense, de 88 años, y condenado seis veces por delitos de lesa humanidad, cumpla su pena en una cárcel común.
La concentración comenzará a las 18 en la sede judicial ubicada en avenida Luro al 2400, en el centro de la ciudad balnearia.
"Nosotros queremos que Etchecolatz se vaya, no queremos naturalizar su presencia en el barrio, y por eso reiteramos nuestro repudio al arresto domiciliario, pero también pedimos que la justicia actúe", dijo a Télam Ana Pecoraro, vecina del Bosque, hija de desaparecido e integrante del colectivo Faro de la Memoria.
Señaló que reclamarán que el Tribunal Oral 1 de La Plata se expida sobre un pedido presentado el 5 de febrero último por organismos de derechos humanos para que el arresto domiciliario, otorgado por razones de edad y salud, sea revisado.
Este reclamo se replicará en un acto que se realizará a la misma hora en las calles 47 y 11 de La Plata encabezado por Rubén López, hijo de Jorge Julio López, testigo clave del juicio contra Etchecolatz que se encuentra desaparecido desde septiembre de 2006.
El Tribunal Oral Federal N 5 emitió las sentencias para los 54 imputados de lesa humanidad en el juicio ESMA III, el proceso más prolongado en la historia del sistema penal argentino. El juicio tomó cinco años con 410 audiencias, en los que fallecieron 11 de los 65 imputados. Entre las condenas más destacadas: perpetua para los represores Alfredo Astiz y Jorge "Tigre" Acosta.
El juicio de ESMA III comenzó en 2012 y se analizaron 789 delitos de lesa humanidad, entre ellos varios casos referidos a los denominados vuelos de la muerte, por los que hay cinco efectivos de la Armada imputados.
Es la primera vez que la Justicia de un Estado nacional procesa una causa por crímenes contra la humanidad de tal magnitud y duración. En casos similares de otros países se requirió la presencia de tribunales internacionales.
Además de Astiz y Acosta, fueron condenados a perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic y Ricardo Miguel Cavallo.
Los 54 represores juzgados en la Megacausa ESMA son: Jorge Eduardo Acosta, Randolfo Agusti Scacchi, Juan Alemann, Juan Arturo Alomar, Paulino Oscar Altamira, Mario Daniel Arru, Alfredo Astiz, Juan Antonio Azic, Daniel Humberto Baucero, Julio César Binotti, Carlos Octavio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Miguel Enrique Clements, Daniel Néstor Cuomo, Rodolfo Cionchi, Juan de Dios Daer, Alejandro Domingo D’Agostino, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Jorge Manuel Díaz Smith, Francisco Di Paola, Adolfo Miguel Donda, Juan Carlos Fotea, Rubén Oscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Pablo García Velasco, Alberto E. González, Orlando González, Ricardo Jorge Lynch Jones, Jorge Luis Magnacco, Roque Ángel Martello, Rogelio José Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Víctor Roberto Olivera, Rubén Ricardo Ormello, Eduardo Aroldo Otero, Mario Pablo Palet, Guillermo Pazos, Antonio Rosario Pereyra, Antonio Pernías, Claudio Orlando Pittana, Julio Alberto Poch, Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Rádice, Francisco Lucio Rioja, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Sifredi, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suárez Mason, Gonzalo Torres de Tolosa, Eugenio Vilardo y Ernesto F. Weber.
Mientras la escandalosa decisión de la CSJ de recortar las penas a los culpables de cometer delitos de lesa humanida recorre todo el orbe y desde la propia ONU le recuerdan a nuestro país que debe cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, el descontento popular crece cada vez más. El 88% de los argentinos repudia la decisión del máximo tribunal de Justicia.
“Furia en Argentina por sentencia que podría dejar a represores libres”. Así tituló el diario británico The Guardian tras conocerse la semana pasada el fallo de la Corte Suprema que beneficia a criminales de lesa humanidad con la derogada ley del 2×1 (24.390), permitiéndoles reducir sus penas.
La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) instó hoy al máximo tribunal y al Estado argentino a tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos.
Amerigo Incalcaterra, representante de ACNUDH para la región, recordó que “deben cumplir no solo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
“Los crímenes de lesa humanidad agravian no solo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”, insistió el funcionario de la ONU.
Hoy, el reconocido abogado de derechos humanos, Marcelo Parrilli, presentó una denuncia contra los jueces que habilitaron el 2×1 a los genocidas, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, a quienes acusó del delito de prevaricato.
El letrado solicitó declaración indagatoria a los denunciados y que “oportunamente se aplique el máximo de las sanciones penales previstas” e “inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos”. La causa quedó radicada ante el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas.
“Los tres ministros denunciados tienen fuertes vinculaciones con el actual Gobierno nacional”, remarcó Parrilli y apuntó, especialmente, a los ministros Rosatti y Rosenkrantz, a quienes presidente Mauricio Macri “pretendió nombrarlos ministros de la Corte Suprema por decreto obviando las vías constitucionales pertinentes, maniobra que luego tuvo de desandar dado el rechazo que tal proceder tuvo en la totalidad de la sociedad”.
Mientras tanto, un centenar de abogados querellantes en causa por delitos de lesa humanidad analizan un pedido de juicio político contra los tres miembros de la Corte, los fiscales de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad ya solicitaron que se declare la “inconstitucionalidad” del fallo y se suman al menos tres acciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una de ellas impulsada por una diputada de Cambiemos, Anabella Hers.
El rechazo de los argentinos está más que claro. Una reciente encuesta de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) revela que el 88% está en desacuerdo con el fallo de la Corte que le otorgó el beneficio del 2×1 a los genocidas. El estudio agrega que, del total de los consultados, el 64% cree que el máximo tribunal no tomó la decisión de manera independiente y que “el Gobierno intentó desligarse” de la decisión.
Precisamente, el propio secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien la semana pasada dijo acordar con el fallo, en las últimas horas sostuvo que “es un error mezclar la decisión de la Corte como una política del Gobierno” porque “unánimemente cuestiona la aplicación del 2×1 en delitos de lesa humanidad”.
Este miércoles, a las 18, todos los organismos de derechos humanos, con el acompañamiento de partidos políticos, así como organizaciones gremiales y sociales, marcharán a la Plaza de Mayo para repudiar a los jueces que reducen penas a los represores y aMacri por sus políticas en contra de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Que la “furia” del pueblo salga a las calles para echar y juzgar a los PROgenocidas de la Corte.
La decisión del nuevo Intendente de Tres de Febrero, el periodista Diego Valenzuela, de Cambiemos, de designar al ex militar pasado a retiro Juan Manuel Lucioni, en Seguridad, despertó la alarma de la comunidad que impulsa el juzgamiento de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura militar. En José C. Paz, el Intendente Mario Ishii convocó al ex militar carapintada, Aldo Rico, para la cartera.
El elegido de Valenzuela ya había sido sancionado en 2006 por la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, por haber participado de uniforme – junto a otros militares y policías – en un acto en Plaza San Martín donde se homenajeó "a los muertos por la subversión" y se reivindicó al terrorismo de Estado.
Como consecuencia de la designación, organismos de Derechos Humanos salieron con todo a impugnar la elección del alcalde del PRO.
Y fue la Comisión de Familiares y Compañeros de los Detenidos-Desaparecidos de Tres de Febrero una de las primeras en manifestar repudio al nombramiento al considerar que el funcionario "no se encuentra en condiciones de ejercer un cargo público".
El acto en el que Juan Manuel Lucioni fue descubierto tuvo lugar el 24 de mayo de 2006, cuando, junto a un grupo de militares vestidos de uniforme, y cerca de 3000 personas organizaron un "homenaje a los muertos por la subversión".
De los asistentes algunas personas se vinculaban con el ex represor Luis Abelardo Patti. En ese encuentro asistieron, ademas, Cecilia Pando y Karina Mujica (exnovia del genocida Alfredo Astiz).
En ese momento los presentes expresaban que los militares juzgados por crímenes de lesa humanidad eran “camaradas que están siendo perseguidos políticamente”.
Fue esto lo que motivó sanciones por parte del gobierno de Cristina Kirchner, que arrestó por 40 días a Lucioni y luego lo pasó a disponibilidad.
Por el momento el flamante alcalde de Tres de Febrero no dio explicaciones y tampoco convocó a los organismos de Derechos humanos.
