"Las declaraciones de los funcionarios son aberrantes porque nadie parece tener responsabilidad sobre este hecho tan grave; hemos retrocedido 40 años en la historia pidiendo la aparición con vida de un joven que fue a colaborar y a apoyar la lucha de estos pobladores originarios que están reclamando sus derechos", afirmó Carlotto en declaraciones a Radio del Plata.

Ayer, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó en una conferencia de prensa que "no" tiene "asegurado que Gendarmería lo detuvo", y agregó que "Nosotros hemos abierto toda la posibilidad para que la Justicia investigue, revisando todos los vehículos que estuvieron ese día, esos vehículos no han dado ninguna pista de que Maldonado pudo haber estado en alguno de ellos".

Bullrich puntualizó que están "a la cabeza de esta búsqueda, lo que queremos aclarar es que acá hay una desaparición y no nos parece bien que se hable de una desaparición forzada cuando no hay un testimonio, una sola persona que se haya presentado a la fiscalía, o al juez, a decir o aportar algún dato diciendo que se lo llevó Gendarmería"; y reiteró que "hasta ahora el mismo juez y la misma fiscal niegan esa posibilidad".

Frente a estas declaraciones, Carlotto respondió hoy que "caratular" la desaparición de Maldonado "como una persona que se fue y que hay que buscarla al estilo del que se fue del hogar porque se separó de la mujer o un niño que hace travesuras, es imposible de concebir y aceptar".

"Todos se lavan las manos", disparó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo en alusión a las autoridades nacionales, tras recordar la convocatoria para el viernes próximo a las 17, a una movilización a Plaza de Mayo en reclamo de la aparición con vida, "sin banderas políticas y las consignas propias de la búsqueda con la necesidad de que todos se sientan parte".

Carlotto consideró que "no puede ser que después de tantos años de democracia tengamos que buscar de la misma manera que hace 40 años en dictadura. Sin querer comparar los tiempos, porque este es un gobierno votado, parece que no gobierna como tal, y deslinda responsabilidad en un hecho tan grave".

Por otra parte, Carlotto afirmó que "hay testigos de cómo se lo llevaba la Gendarmería" a Maldonado y sostuvo que en esa fuerza de seguridad "lavaron las camionetas, una cosa extraña", para concluir que las Abuelas están "luchando para que la historia no se repita y la gente no desaparezca".

Ayer, el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, aseguró que "el Gobierno es el primer interesado en saber qué le pasó" al joven desaparecido y recordó que se dispuso una recompensa oficial para quien aporte datos fidedignos al respecto.

"Está claro que el Gobierno es el primer interesado en saber qué le pasó a Maldonado. Lo mejor que podemos hacer es no sacar conclusiones apresuradas hay un juez que está actuando y una investigación abierta", dijo Peña a Télam.

En tanto, el gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial una recompensa de 500.000 pesos para quien pueda aportar datos fidedignos sobre el paradero de Maldonado.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo hoy que el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich son "responsables" de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez el pasado martes durante un operativo de Gendarmería Nacional en el paraje de la comunidad mapuche Lof de Cushamen, en Chubut.

"Santiago fue perseguido por las fuerzas de Gendarmería y por lo tanto no pueden decir que no tuvieron nada que ver porque es responsabilidad del Estado, de Macri y de Bullrich y a ellos les exigimos su aparición con vida", reclamó el dirigente de derechos humanos en diálogo con radio Diez.

El Premio Nobel se refirió también al conflicto por las tierras en Chubut y tras asegurar que viene de lejos, remarcó que los indígenas "defienden sus tierras y quien persigue a los pueblos originarios es el Estado".

La familia Benetton "se adueña de la Patagonia expulsando y alambrando las tierras que son de los mapuches", denunció.

Pérez Esquivel afirmó luego que el Gobierno nacional "viola el artículo 75 de la Constitución Nacional (que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas), el convenio de la Organización Internacional del Trabajo número 169 sobre pueblos originarios y la declaración de las Naciones Unidas de los pueblos indígenas".

"Benetton tiene más de un millón de hectáreas en Argentina, es un señor terrateniente que tiene condicionada a Gendarmería, a los jueces y a la policía", señaló Pérez Esquivel al mostrar su preocupación por "la violencia institucional ejercida por el Estado, porque una democracia significa derechos para todos y no sólo poner el voto en una urna".

Maldonado, de 28 años, fue visto por última vez el martes pasado luego de un operativo de Gendarmería y la Policía provincial tras desalojar la ruta 40 en Esquel.

Según varios testimonios, el joven corría para resguardarse de los disparos que realizó la Gendarmería en su ingreso en la comunidad mapuche del Pu Lof de Cushamen, no llegó a cruzar el río y se refugió bajo un árbol, donde fue capturado.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que para el Gobierno y para el juez federal Guido Otranto "no hay ningún indicio de que la Gendarmería" haya detenido a Santiago Maldonado y agregó que tampoco puede confirmar que "haya estado en el lugar, porque estaban todas las personas encapuchadas".

En reclamo por la aparición con vida de Maldonado, hoy a las 13 los organismos de derechos humanos realizarán una conferencia de prensa en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Virrey Cevallos 592, 1° 2, CABA.

Según informaron en un comunicado, estarán presentes los representantes de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo-línea fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asociación Buena Memoria y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

Por su parte, Pérez Esquivel confirmó que hoy viajará hacia el lugar de la desaparición de Maldonado, una delegación de la Comisión Provincial por la Memoria acompañada por Nora Cortiñas, integrante de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, en solidaridad con la comunidad mapuche.

"Seguirá siendo presa política" aun en prisión domiciliaria opinó el premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel sobre la situación de Milagro Sala, por quien la CIDH intercedió, recomendando que cambien su lugar de detención.

El premio Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel advirtió este martes que aunque reciba el beneficio de la

prisión domiciliaria, Milagro Sala seguirá siendo una "presa política" y volvió a reclamar su liberación.

"La prisión domiciliaria no resuelve el problema de fondo porque Milagro Sala está condenada antes de ser juzgada, es una presa política", señaló Pérez Esquivel.

En declaraciones a Radio, el dirigente consideró que en Jujuy "está en riesgo la continuidad de la democracia" porque, según evaluó, "se está violando el estado de derecho".

"Gerardo Morales se está vengando de Sala", advirtió Pérez Esquivel, al cuestionar al gobernador jujeño.

Por otra parte, el dirigente indicó que "este gobierno llegó a través de elecciones libres pero está aplicando una política de exclusión de dos tercios de la población".

"La única forma de que este modelo cierre es con represión, por eso compran armas peligrosísimas", dijo.

Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia (Serpaj), entre otros organismos de derechos humanos, lanzaron una campaña virtual para que la Corte Suprema de Justicia revierta el fallo que facilitó el beneficio del 2×1 a un condenado por delitos de lesa humanidad, conocido como "caso Muiña".

"Que la Corte diga no" es el nombre de la campaña que consta de tres etapas, la primera con la difusión de videos de juristas que argumentan acerca de la inaplicabilidad del 2×1 para delitos de lesa humanidad.

Entre quienes brindaron sus testimonios están Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Raúl Zaffaroni, ex ministro de la Corte Suprema; Jorge Rizzo, presidente del Colegio Público de Abogados; Andrés Gil Domínguez, constitucionalista; María Roqueta, ex jueza federal, y Federico Delgado, fiscal federal.

En la segunda etapa circulará por las redes un spot de los organismos de derechos humanos y en la tercera se viralizarán las fotografías con el cartel de la campaña de todas las personas que apoyan el reclamo y que las envíen a [email protected].

La agrupación Memoria Abierta, organizadora de la campaña, explicó que el objetivo es "visibilizar que este peligro se encuentra latente" y que "no existen razones para que la Corte Suprema dilate el tratamiento d el tema".

El fallo de la Corte Suprema del 3 de mayo pasado que por mayoría dictaminó la aplicación del beneficio del 2×1 al condenado represor Luis Muiña generó una fuerte polémica en torno a su aplicabilidad y tuvo como respuesta un multitudinario rechazo popular expresado en las calles de las principales ciudades del país y una seguidilla de pedidos de los abogados defensores de represores condenados.

A la polémica se sumó la aprobación de la ley 27.362 sancionada por el Congreso que excluye de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad para impedir que se repita un fallo como el del caso Muiña.

Por su parte, la procuradora general de la Nacion, Alejandra Gils Carbó, emitió un dictamen en el que señaló que la inaplicabilidad del 2×1 para represores "surge de la obligación constitucional del Estado Nacional de asegurar que las penas impuestas en casos de graves violaciones a los derechos humanos y su ejecución sean adecuadas y proporcionales, y que la aplicación de las normas internas no constituya un factor de impunidad".

"No existen razones para que la Corte dilate el tratamiento de este tema. Tanto los querellantes como la Procuración General de la Nación sostuvieron en presentaciones ante el máximo tribunal que no corresponde la aplicación del 2×1 para los criminales de la última dictadura, en línea con la ley que aprobó el Congreso el 10 de mayo último y promulgó el Poder Ejecutivo dos días después", finaliza el comunicado de Memoria Abierta.

La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) concedió el beneficio de la prisión domiciliaria al coronel retirado Enrique Armando Cicciari, un represor procesado por delitos de lesa humanidad cometidos en La Plata durante la última dictadura.

Cicciari se había profugado en 2010 y fue apresado y procesado en julio de 2016 junto a otros 20 imputados, entre retirados del Ejército y de la Policía bonaerense, en el marco de una causa por violaciones a los derechos humanos cometidas en la Comisaría 8 de La Plata.

La comisaría servía como lugar de alojamiento transitorio para personas privadas ilegalmente de la libertad que luego eran trasladadas a otros centros clandestinos de detención.

El juez federal Ernesto Kreplak dispuso el procesamiento de los 21 acusados por un total de 106 privaciones ilegales de la liberad y seis homicidios cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la citada comisaría platense durante los años 1976 y 1978.

En diciembre último, la Cámara Federal de La Plata se opuso al pedido de prisión domiciliaria, una resolución contra la cual la defensa de Cicciari presentó un recurso de casación.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Javier Augusto de Luca, también rechazó que se le concediera el beneficio y dictaminó que la prisión domiciliaria para quienes superen los 70 años de edad no es automática sino excepcional y que otorgarla es una facultad de los jueces y no una obligación.

De Luca destacó además que de los informes médicos y psicológicos no surgía que el imputado no pudiera estar alojado en un establecimiento carcelario.

No obstante, la Sala III de la CFCP sostuvo que en estos casos es necesario "conjugar prudentemente la obligación internacional de juzgamiento y castigo de los delitos de lesa humanidad, con el respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores".

"Ello no significa desconocer la gravedad de los hechos" investigados" sino, "por el contrario, compatibilizarlo y equilibrarlo mensurativamente con los derechos que le asisten al interno de 70 años o mayor", sostuvieron los camaristas Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y Eduardo Riggi.

En el mismo sentido, señalaron que "no puede soslayarse que el Estado argentino también se comprometió ante la comunidad internacional a 'adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas que constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor".

También consideraron "necesario" recordar que para el otorgamiento del arresto domicilio no existe ninguna otra exigencia legal "más allá del requisito etario", fijándose las condiciones a las que quedará supeditado "a fin de garantizar un real y efectivo control jurisdiccional".

Con estos argumentos, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal decidió "revocar la resolución recurrida y conceder el arresto domiciliario a Enrique Armando Cicciari", y dispuso "adoptar las medidas pertinentes para proceder a tal fin".

El jefe de Gabinete, y una de las espadas discursivas del macrismo, criticó el 2×1 para “crímenes de lesa humanidad” pero no aclaró que su padre, Félix Peña, fue el segundo de Costa Méndez y uno de los primeros civiles en conocer el plan militar para la Guerra de Malvinas.

Marcos Peña se convirtió en el primer funcionario del macrismo en criticar el fallo de la Corte Suprema que benefició a un represor para evitar que cumpla su condena. Tras la sorpresiva sentencia jurídica que provocó una fenomenal crisis política para el oficialismo, el jefe de Gabinete salió a calificar al 2×1 como un "símbolo de la impunidad" y cuestionó "que se aplique a crímenes de lesa humanidad".

Lo que no dijo Peña en ese momento fue que su padre, Félix Peña, había integrado la dictadura que llevó a cabo esos crímenes aberrantes. De hecho Cambiemos hizo todo lo posible por mantenerlo oculto.

Los antecedentes del padre del jefe de Gabinete, dados a conocer por Perfil, están disponibles en el site del Ministerio de Producción, donde Félix Peña es asesor. Pero allí no se aclara que fue funcionario bajo el terrorismo de Estado.

El currículum oficial de Peña padre indica que fue "subsecretario en el área económica de la Cancillería", sin precisar los años en los que ejerció esa tarea. Fue en dos ocasiones: la dictadura y el menemismo.

Félix Peña llegó a la Cancillería en 1982 como el principal asesor en materia económica internacional del régimen. Fue convocado por Nicanor Costa Méndez, el canciller de la Junta Militar entre 1981 y 1982. Costa Méndez conocía a Peña porque ambos eran asiduos miembros del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), un think-tank conservador creado en 1978 para respaldar a los militares en ámbitos diplomáticos.

Peña logró obtener la máxima confianza del canciller del dictador Leopoldo Galtieri y fue uno de los pocos civiles que conoció el plan del desembarco de las Fuerzas Armadas en Malvinas antes de que estallara la guerra. También fue el encargado de asesorar a la dictadura sobre las implicancias económicas que podría tener Argentina tras el conflicto.

Un año antes de la Guerra de Malvinas ya se conocía la simpatía del Proceso de Reorganización Nacional por Peña. Aquí se reproduce el "Acta 183" de la "Junta Militar", que refleja la reunión que mantuvieron las autoridades de las Fuerzas Armadas el 23 de junio de 1981 en el Edificio Cóndor. Sobre la "designación de embajadores" se puede observar la decisión de nombrar "jefe de misión" en Costa Rica a Félix Peña. Pero los Peña no se mudaron a Centroamérica. Peña padre sabía que un año más tarde podría lograr mayor influencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores conducido por las Fuerzas Armadas.

Pero su paso por la Cancillería se truncó con el fin de la Junta. Como no era un diplomático de carrera, el padre del funcionario más importante de Mauricio Macri estuvo en la Cancillería hasta la llegada de la democracia, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín decidió cesantear a los "diplomáticos de la dictadura".

"Yo llegué a la Cancillería cuando había claras señales de que estábamos en el final de una etapa y se iniciaba una transición hacia la democracia. No la hubiese integrado antes", aseguró Félix Peña a Perfil. Y aclaró que no tuvo "ninguna intervención" relacionada con las denuncias de violaciones a los derechos humanos que la dictadura recibía constantemente en foros internacionales.

Economista y doctor en Derecho, profesor de varias universidades y autor de numerosas publicaciones sobre relaciones económicas internacionales, Félix Peña es un reconocido y respetado especialista en ámbitos diplomáticos y universitarios. En cambio, su participación bajo la dictadura militar que azotó a la Argentina era algo que no había sido tan difundido. Hasta hoy.

Aunque apostó fuerte a convencer a la ONU de que no se trataba de una detención arbitraria y no pudo demostrarlo, ahora cambiemos se prepara para volver a desconocer lo resuelto por la ONU. Todo se produce luego de que el Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas visitara el país.

La diputada nacional de la UCR Gabriela Burgos celebró este domingo la visita a Jujuy del Grupo de trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, pero advirtió que "no es vinculante la opinión" adelantada por el organismo sobre la privación de la libertad de Milagro Sala.

Las declaraciones de la legisladora jujeña de Cambiemos se producen luego de que el grupo de trabajo ratificara el pasado jueves en conferencia de prensa que "sigue vigente" su reclamo al Gobierno nacional por la liberación de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuya detención desde enero de 2016 consideraron "arbitraria".

"Celebramos que vinieron por primera vez y tuvieron contacto con las víctimas de Milagro Sala, a quienes antes no habían escuchado cuando elaboraron el informe que se conoció en diciembre", sostuvo Burgos en un comunicado.

Con críticas hacia el organismo de la ONU encargado de monitorear la situación de Milagro Sala y eleborar un informe, Burgos defendió lo actuado por la Justicia jujeña.

"Se ha apegado a los principios rectores de la ONU sobre prisiones preventivas, que establece que deben ser dictadas siempre como última medida, que es cuando se puede dar la obstrucción del procedimiento o el peligro de fuga", consideró.

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) retiró ayer el título de profesora honoraria a la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, por haber otorgado el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña, condenado por delitos de lesa humanidad.

La decisión contra la resolución 444/14 que otorgó en 2014 el título honorario a la ministra de la Corte Suprema fue tomada a partir de la aprobación de un proyecto que ingresó sobre tablas y tuvo un rápido tratamiento, en la reunión ordinaria del Consejo Superior que se desarrolló en la Universidad.

Highton de Nolasco integró la mayoría constituida también por los ministros Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que declaró aplicable el cómputo del 2×1 para el caso de un condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el hospital Posadas, en el oeste del Gran Buenos Aires.

En disidencia, votaron en minoría los jueces Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, y Juan Carlos Maqueda, quienes argumentaron que ese beneficio no es aplicable a lo condenados por delitos de lesa humanidad. La mayoría consideró que el beneficio de la ley penal más benigna resulta extensivo y se aplica "siempre" a todos los delitos, sin distinción alguna.

Por otro lado, el Consejo Superior aprobó la presentación de la Universidad como “Amigo del Tribunal” en la audiencia convocada por la Corte Suprema para el 14 de junio, en el marco de la causa iniciada por la provincia de La Pampa contra Mendoza por el corte del río Atuel.

Tras confudir al Pozo de Quilmes, tristemente célebre centro clandestino de detención del distrito con un bache, ahora el intendente PRO faltó a su declaración como sitio de la Memoria. En su lugar mandó a su subsecretario de Derechos Humanos.

A menos de una semana de la masiva marcha contra el 2×1 de la Corte Suprema a genocidas, decisión enmarcada desde diversos sectores en un "clima de época" propiciado por el macrismo, Cambiemos sigue dando gestos que indican su desprecio por los Derechos Humanos.

En este caso fue el intendente PRO de Quilmes, Martiniano Molina, el que faltó al acto de consagración como sitio de la Memoria del Pozo de Quilmes, el mismo centro clandestino de detención de la última dictadura que el jefe comunal había confundido el año pasado con un bache.

El cocinero mandó en su lugar al subsecretario de Derechos Humanos del distrito, José Estevao, que ensayó en diálogo con el portal Letra P una suerte de explicación del faltazo de su jefe: “Martiniano siempre señala que estando yo está representado el municipio en esta materia”.

Emplazado en la sede de la Brigada de Investigaciones quilmeña, conocido durante la pasada dictadura militar como el Pozo de Quilmes, es el centro clandestino de detención que Molina confundió, en el inicio de su gestión, con un bache.

A fines de 2016, la Legislatura bonaerense aprobó la ley que cedía por 99 años a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) el comodato del Pozo de Quilmes. Y, a su vez, constituía un consejo integrado por representantes de la CPM, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, el Municipio y el Colectivo de Verdad Memoria y Justicia de Quilmes para desarrollar la gestión pertinente.

Un día antes de la marcha a Plaza de Mayo, el ministro se reunió con gestores que reclamaron por las detenciones del ex militar Emilio Nani y el ex policia Luis Patti.

Ni siquiera el funcionamiento contrarreloj del Congreso para votar una ley que limite el beneficio del 2×1 logró cerrar las puertas del Ministerio de Justicia para los lobistas de los condenados por delitos de lesa humanidad. Según reveló el Diario Perfil en las 48 horas previas a la movilización que encabezaron los organismos de derechos humanos para rechazar la decisión de la Corte Suprema de Justicia, el ministro Germán Garavano y sus hombres se reunieron con abogados y lobistas de represores, quienes realizaron gestiones contra un juez de la causa ESMA y pidieron la libertad del ex militar Emilio Nani, que acaba de ser detenido en Mar del Plata.

El primer encuentro fue el lunes pasado. “No tuvo que ver con el tema de las domiciliarias ni con el 2×1. Es por un tema que tenemos con un juez del Tribunal Oral Nº 5, Daniel Obligado, que se fue de viaje a fines de abril, aunque la Cámara de Casación y la Corte Suprema le habían dicho que no podía. Pero no estoy autorizado a decir con quién nos reunimos”, detalló el abogado Sebastián Olmedo Barrios que representa a varios represores condenados en otras causas, que ahora enfrentan un nuevo juicio por crímenes cometidos en la ESMA contra 798 personas.

Esa reunión, a la que fueron los abogados Olmedo Barrios y Guillermo Fanego, está rodeada de misterio. Los abogados se niegan a decir a quién vieron y los hombres de Garavano y los de Claudio Avruj se pasan la pelota: los primeros niegan que los haya recibido Siro de Martini, asesor jurídico de Garavano en cuestiones relativas al derecho internacional de los derechos humanos, quien habría viajado especialmente hacia allí desde las oficinas en el Ministerio de Justicia.

Con Garavano. La otra reunión se realizó el martes, un día antes de la movilización a Plaza de Mayo. El ministro Garavano recibió al escritor y lobista de represores, Sebastián Miranda, y a Carlos Romero, titular de la “Comisión Homenaje a Policías y Ciudadanos Muertos por la Delincuencia”. Ambos le pidieron por el ex teniente coronel Nani, detenido en una causa por delitos de lesa humanidad que encabeza el juez Santiago Inchausti.

“Le hicimos saber nuestro sentimiento y el de muchos argentinos respecto a los presos políticos, la inseguridad y especialmente lo referido a la detención infundada del teniente coronel Nani y Luis Abelardo Patti, entre otros”, escribió Romero en un posteo de Facebook. Miranda precisó que la reunión duró “45 minutos” y desde el Ministerio de Justicia confirmaron el encuentro.

Durante el encuentro con Garavano, Miranda se lamentó de que se acuse a Nani “por supuestas violaciones a los DDHH”, justo a él, que “optó por la reconciliación”. Y aclaró que le pidió su intervención “como una de las máximas autoridades de la Justicia argentina”.