En la misma línea argumentativa que Cecilia Pando, la diputada dijo que es un derecho humanitario. Además pidió que se juzguen los crímenes de la guerrilla. "Lilita" procesita.

La diputada nacional Elisa Carrió aseguró que está de acuerdo con que los genocidas mayores de 75 años que están condenadas por haber cometido algún delito reciban el beneficio de la prisión domiciliaria, independientemente de la naturaleza de los hechos por los cuales fueron juzgados.

"Sean delitos de lesa humanidad o sean delitos comunes", precisó la fundadora de la Coalición Cívica y Cambiemos.

La opinión de "Lilita" coincide con la línea procesita de Cecilia Pando, principal espada mediática de los crímenes de Estado y va en sintonía con un pronunciamiento reciente de la Corte Suprema, que revocó un fallo que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de un condenado por crímenes de lesa humanidad.

Las palabras de Carrió se contraponen, además, a un pedido histórico de organismos de derechos humanos que exigen que los militares condenados por su accionar durante la última dictadura cumplan las penas en cárceles comunes. "Eso no me parece humanitario", se distanció la dirigente que buscará en octubre revalidar su lugar en la Cámara baja en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Carrió reiteró que le pareció "correcto" el fallo del máximo tribunal de Justicia que convalidó la aplicación del 2×1 para Luis Muiña. Esa sentencia provocó una rápida reacción del Congreso, que reglamentó la aplicación de una ley que está derogada pero en algunos procesos puede ser utilizada en virtud del principio de ley más benigna, que rige en procesos penales.

"Acá hay una gran hipocresía. No hubo un fallo incorrecto de tres jueces Hubo un fallo de tres jueces que fallaron conforme lo establece el artículo 2° del Código Penal. Siempre se aplica la ley más benigna. Lo que sucedió es que durante 12 años el Congreso no modificó el Código Penal diciendo que esto no se aplica a los delitos de lesa humanidad", detalló en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Mitre.

La líder de la Coalición Cívica también se pronunció a favor "del derecho a la verdad que tienen muchas víctimas civiles de los crímenes de la guerrilla". Y a modo de ejemplo, citó: "Los familiares de los soldados de Formosa tienen derecho a saber lo que pasó".

El actor estuvo presente en Plaza de Mayo para rechazar el 2×1 de la Corte. Cuando le tocó hacer un móvil en vivo con el periodista, lo abandonó.

En la multitudinaria marcha que acompañó a Abuelas y Madres en rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia que benefició a los genocidas estuvieron periodistas y muchos artistas, entre ellos Dario Grandinetti.

El reconocido actor protagonizó un intenso momento con el periodista Eduardo Fenimann. Mientras el actor hablaba para todos los medios le tocó hacer un mano a mano con el periodista pero Grandinetti se negó. "Con ese señor, no me interesa hablar", disparó.

"Al otro día de asumir este presidente, se empezó a hablar de la teoría de los dos demonios, del curro de los derechos humanos. La reconciliación. En ese marco, cualquier siente que puede seguir en esa línea. A pesar de que hayan retrocedido, detrás de de todo esto está el Ejecutivo", agregó.

“Con los gobiernos neo liberales hay que estar en movilización constantemente. Porque todos los días una. Te acostas con un castañazo y al otro día te levantas con otro. La verdad que es muy feo lo que está pasando”, añadió.

Será unitario y lo impulsan organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos. Buscan mostrar el descontento generalizado con el fallo de la Corte que beneficia a los genocidas.

Organismos de Derechos Humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo junto a organizaciones políticas y sociales realizarán este miércoles un acto en Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte Suprema que convalidó el cómputo del 2×1 para penas por delitos de lesa humanidad.

La cita será a las 18:00 en la histórica plaza y contará con la presencia del colectivo Encuentro Memoria Verdad y Justicia que en un principió iba a marchar el jueves y resolvió participar del acto unificado del la jornada de hoy.

La convocatoria del miércoles, que originalmente indicaba como lugar de encuentro a la Plaza Lavalle de Tribunales, llevará como consigna central el siguiente mensaje: "Señores jueces: Nunca Más. Ningún genocida suelto. 30 mil detenidos desaparecidos presentes".

Las organizaciones de Derechos Humanos convocantes son, entre otros, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, HIJOS Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

También estará el acompañamiento de organizaciones políticas del Frente para la Victoria y fuerzas políticas aliadas como La Cámpora, Nuevo Encuentro, Movimiento Evita, Kolina, Miles, Partido Comunista, Movimiento Nacional Alfonsinista y Patria Grande.

"Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y condena, se repite", enfatizaron los organismos convocantes en un comunicado.

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina”, expresaron Madres, Abuelas, Hijos, Familiares y otros organismos. El acto será el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales.

La reacción fue casi inmediata. Apenas se conoció el escandaloso fallo de la Corte Suprema de Justicia que considera aplicable el beneficio del 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, los principales referentes de Derechos Humanos expresaron su repudio. Ayer, además, anunciaron la convocatoria a concentrar el próximo miércoles frente a Tribunales, bajo la premisa de que “lo que no se juzga y se condena, se repite”.

El acto fue organizado por la mayor parte de los organismos en conjunto: Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos Capital, Familiares, etc. Llamaron a participar masivamente de un “acto contra este nuevo intento de garantizar la impunidad a los genocidas”. Se realizará el miércoles 10 a las 18 frente a Tribunales, en Plaza Lavalle.

“Esperamos que el conjunto de la sociedad nos acompañe para que nunca más haya impunidad en la Argentina, porque lo que no se juzga y se condena, se repite”, sostuvo el comunicado que firmaron también el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. En tanto, los organismos planean hacer visible el rechazo al fallo de la Corte cerca de los escenarios oficiales previstos para las próximas visitas de mandatarios de Suecia, Italia y Alemania.

Por su parte, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia convocó para el próximo jueves 11 a marchar desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, también en contra del fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio de la reducción de la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad.

La marcha tendrá como ejes, según precisó el colectivo, las consignas: "Para los genocidas ni 2×1, ni reconciliación: ¡Cárcel ya!" y "Contra la represión de Macri y los gobernadores". La convocatoria, prevista para las 17, se denominará "Jornada nacional contra la impunidad y la represión".

Francisco Madariaga Quintela, el nieto recuperado 101, contó que se siente triste y con miedo. "Todavía no pude resolver mi nueva vida y mañana lo tengo libre", dijo entre lágrimas.

Francisco Madariaga Quintela, el joven que fue apropiado por Víctor Gallo, dijo anoche que se sentía "triste" por el pedido del represor para salir de prisión amparándose en el 2×1 validado por la Corte Suprema, y recordó que el hombre lo "mandó a matar tres veces" cuando estaba en libertad.

Consultado sobre la posibilidad de que Gallo salga libre en caso de que se le conceda el beneficio del 2×1, avalado recientemente por la Corte Suprema de Justicia para delitos de lesa humanidad, Madariaga respondió: "No es una posibilidad, se lo van a conceder. Me siento triste", le dijo a la agencia de noticias NA.

"Todavía no pude resolver mi nueva vida y mañana lo tengo libre. Varias veces me gatilló en la cabeza y me mandó a matar tres veces", recordó el joven con la voz entrecortada, al borde del llanto.

Además, señaló: "Yo luché desde diciembre cuando lo trasladaban de la cárcel a Campo de Mayo y fue una lucha de verdad".

De esa manera se refirió a la polémica que se desató durante el último verano luego de que se diera a conocer que Gallo había sido alojado en Campo de Mayo, en un lugar especialmente acondicionado para los militares detenidos.

En marzo último, el Tribunal Oral Federal 5 resolvió que la modificación de sus condiciones de detención fueron "no sólo una situación de privilegio sino que además lo colocó en una situación de trato diferenciado o preferencial respecto del resto de la población penal".

Se trata del excapitán del Ejército Víctor Gallo, quien fue condenado a en 2012 a 25 años de prisión por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela.

El represor Víctor Gallo, condenado por apropiación ilegal en el juicio por plan sistemático de robo de bebes durante la última dictadura, pidió este jueves su excarcelación apelando a que se le aplique el 2×1 que convalidó la Corte Suprema de Justicia.

Gallo, quien se desempeñó como oficial de Inteligencia del Ejército durante la última dictadura, está acusado por la apropiación de Francisco Madariaga Quintela y fue condenado en 2012 a una pena única (comprensiva de otra anterior) de 25 años de prisión.

Está detenido desde el 19 de febrero de 2010 y ahora pidió su excarcelación al TOF6 apelando el fallo de la Corte, lo que será resuelto en las próximas 24 horas indicaron a la agencia de noticias NA fuentes judiciales.

Francisco Madariaga Quintela es hijo de Silvia Mónica Quintela y Abel Pedro Madariaga, ambos militantes de la organización Montoneros y el segundo, además y con posterioridad, secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.

Quintela fue secuestrada el 17 de enero de 1977 en Florida, provincia de Buenos Aires, embarazada de cuatro meses, mientras que Madariaga sobrevivió y partió al exilio, de donde regresó en 1983 para emprender la búsqueda de su hijo.

Según testimonios de sobrevivientes, Quintela permaneció en el centro clandestino de detención "El Campito", en Campo de Mayo, y en julio de 1977 se le practicó una cesárea en el Hospital Militar de esa guarnición, en donde dio a luz a un varón al que llamó Francisco.

El muchacho se acercó a Abuelas de Plaza de Mayo el 3 de febrero de 2010, bajo el nombre de Alejandro Ramiro Gallo, luego de que la mujer a la que hasta entonces creía su madre, Inés Colombo, le confesara que había posibilidades de que fuera hijo de desaparecidos.

En la sede de Abuelas, Colombo manifestó que su exesposo, Víctor Gallo, era oficial de Inteligencia del Ejército y que en 1977 le dijo que había un niño abandonado en el Hospital Militar de Campo de Mayo, a lo que ella respondió -según su relato- "cómo iban a dejar a un niño abandonado, que lo trajeran".

Colombo contó que finalmente Gallo llevó al bebé a su casa el 10 de julio de 1977 y agregó que el niño todavía tenía el cordón umbilical, lo que le indicaba que había nacido hacía muy pocos días.

Tras el restablecimiento de la democracia, Gallo participó en el robo de una empresa financiera en la década de 1980 y de un hecho criminal en el que se asesinó a una familia, conocido como la "Masacre de Benavidez", por los cuales estuvo detenido.

Además, participó en los "levantamientos carapintadas" y hasta el momento de su detención se desempeñó como empresario de seguridad privada, declarando ser dueño de la empresa Lince Seguridad.

En 2012, Gallo fue condenado junto a su exesposa y los represores Jorge Videla, Antonio Vañek, Jorge "Tigre" Acosta, Santiago Riveros, Reynaldo Bignone, Juan Azic y Jorge Luis Magnacco, en el juzgamiento por los secuestros de los niños apropiados.

La Corte Suprema otorgó ese beneficio a un militar. Ahora son muchos aquellos que pueden acceder a la libertad condicional. Conmoción social por la decisión de la "Justicia".

Unos 750 exrepresores presos sin condena firme podrían pedir el beneficio del 2×1 y acceder a la libertad condicional una vez cumplidos los dos tercios de la pena impuesta, luego de que la Corte Suprema otorgara ese beneficio a un militar.

Según publicó el diario La Nación, los 750 casos que aún no tienen condena firme "ven con expectativas favorables la aplicación del beneficio del 2×1, que les reduciría la pena y los podría dejar en libertad".

Eso se daría, principalmente, en los militares que recibieron penas menores a 25 años, por el tiempo que pasaron en prisión sin condena firme.

Se estima que hay además más de 120 militares que siguen en prisión preventiva desde hace más de diez años.

El matutino también publicó que los condenados a reclusión perpetua cumplen en general 25 años en prisión, porque esa era la pena máxima efectiva en el momento en que se cometieron los delitos de lesa humanidad -actualmente se extiende a 35 años-, pero podrían alcanzar la libertad condicional a los 20 años.

El Instituto Patria salió a fijar postura sobre el fallo de la Corte que beneficia a genocidas. "Esta miserable decisión retrotrae a la Argentina 20 años", sostuvieron desde la institución que lidera CFK.

Con un comunicado enviado a la prensa y firmado por la Comisión de Derechos Humanos del Instituto PATRIA, la usina intelectual que comanda CFK fijó postura pública sobre el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que favorece a los genocidas.

"La Corte Suprema, en su nueva mayoría, aplica el beneficio del 2 por 1 para las penas de prisión a responsables de delitos de lesa humanidad equiparando al Terrorismo de Estado con los delitos comunes", señala el texto.

"De esta manera se intenta reflotar la hoy derogada Ley 24.390, —vigente entre los años 1994 y 2001— para convalidar la impunidad y el retroceso en las políticas de memoria, verdad y, en especial, de justicia. Políticas que se han manifestado con sentencias en juicios emblemáticos que han tenido trascendencia internacional", añadieron y definieron de manera contundente: "Esta miserable decisión retrotrae a la Argentina 20 años".

"Repudiamos esta sentencia y convocamos a todas las instituciones a manifestar su preocupación por estos retrocesos que atentan contra la democracia y el legítimo funcionamiento de sus poderes", concluyeron.

La reconocida defensora de genocidas festejó desde las redes sociales el fallo que posibilita impunidad de los represores. Toda una señal.

"Excelente fallo de la Corte", tuiteó exultante Cecilia Pando, reconocida defensora de genocias desde sus redes sociales.

La algarabía de Pando da cuenta de la gravedad de lo resulto por la Corte Suprema de Justicia, que con la decisión de el beneficiar con el 2×1 al represor Luis Muiña, puede traer graves consecuencias a futuro, y existe la posibilidad de que los principales genocidas condenados queden libres.

"12 años violando la ley y la Constitución nacional !!! Ahora las cosas comienzan a funcionar!!!", lanzó más tarde Pando en la red del pajarito.

Este precedente abre las puertas a que, por ejemplo,  los abogados de Miguel Etchecolatz, Alfredo Astiz, y Jorge "Tigre" Acosta, puedan pedir los mismos beneficios y reducir sus penas. Incluso aunque tengan condenas a cadena perpetua, ya que podrían discutir que en realidad la pena máxima es de 25 años e intentar conseguir ser juzgados con la misma vara que Muiña.

Estela de Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas fueron algunos de los referentes que cuestionaron la propuesta de la Conferencia Episcopal Argentina y ratificaron su compromiso con la "memoria, verdad y justicia".

Los principales referentes de organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente la iniciativa de la Iglesia de convocar a una "reconciliación" sobre lo ocurrido durante la última dictadura y ratificaron su compromiso con la "memoria, verdad y justicia".

La presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó el llamado de la Conferencia Episcopal Argentina como un "disparate" y sostuvo que "es herir susceptibilidades, es abrir una brecha más que cerrarla".

"Acá no hay odio, no hay rencor, no le deseo el mal a nadie. Nosotros queremos justicia porque acá hubo un genocidio", aseguró Carlotto en declaraciones a Radio El Mundo y evaluó que la iniciativa puede estar "fomentada por algunas familias afectadas por la dictadura que están en un espacio equivocado".

En este sentido, abundó: "¿Para hablar con los familiares de quién? ¿De los que tenían uniforme y un arma y salían a matar porque les pagaban para eso? ¿Cómo vamos a ir a dialogar? ¡Hay que cumplir con la democracia! Por eso pedimos: memoria y justicia".

De manera oficial, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo también manifestó a través de un comunicado su "profunda preocupación por la idea de ´reconciliación´ entre víctimas y victimarios del terrorismo de Estado".

"No hay diálogo posible con quienes secuestraron, torturaron y desaparecieron a nuestros hijos e hijas; con quienes niegan información sobre su destino final; con quienes saben dónde están los más de 300 nietos y nietas que aún son esclavos de la mentira y, a 40 años de su apropiación, continúan viviendo bajo una identidad falsa", indicó la entidad.

Además, Abuelas sostuvo que "una parte de la Iglesia fue cómplice de las desapariciones" porque "con doble moral avaló las torturas y omitió información para el encuentro" de las personas desaparecidas y precisó: "A través del Movimiento Familiar Cristiano se blanquearon como ´adopciones´ lo que en realidad fueron apropiaciones de, al menos, dos de nuestras nietas".

Por otro lado, la asociación criticó el protocolo que, según trascendió, presentará la Conferencia Episcopal para acceder a los documentos sobre la última dictadura que se encuentran en poder de la Iglesia y cuya apertura fue ordenada por el Papa Francisco en 2015.

"La información indica que solo podrán solicitarlos las víctimas y familiares o los jueces y fiscales que los requieran durante la instrucción de las causas por delitos de lesa humanidad. En este sentido, esperamos que se revea esta decisión que restringe el acceso a documentos que desde hace 40 años venimos reclamando", sostuvo Abuelas de Plaza de Mayo.

Por su parte, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel opinó en diálogo con NA que "alguna vez las heridas deben de cerrarse, pero no pueden cerrarse de cualquier forma porque quedan infectadas".

"La reconciliación es necesaria pero hay que dar pasos concretos y varias etapas: primero, el reconocimiento de la culpa, que hasta ahora las Fuerzas Armadas no lo tuvieron; el arrepentimiento; el derecho a la verdad y justicia y, después, puede venir la reconciliación", agregó Pérez Esquivel.

El activista consideró que, si no se dieran esos pasos, "sería algo vacío, que no aporta absolutamente nada" y, en este sentido, se preguntó "cómo se puede reconciliar una madre que hasta el día de hoy no sabe dónde está su hijo, o los nietos".

A su turno, la líder de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, minimizó la apertura de los documentos y exigió que "abran en serio los archivos", tras considerar que se trata de "las mismas cartas" que en aquella época enviaban las organizaciones de derechos humanos a la Iglesia para que las ayudaran a buscar a las víctimas del terrorismo de Estado.

"Basta de hipocresías, de ocultamiento y de silencio de la Iglesia. Son las mismas cartas que llevamos al Episcopado y al Vaticano pidiendo que se ocuparan de lo que había pasado con nuestros hijos", explicó la dirigente en declaraciones a Radio Con Vos.

Cortiñas reclamó que se "abran" los archivos "en serio" porque, según dijo, en la Iglesia "saben la verdad" sobre lo sucedido durante la dictadura en la Argentina.