El acto se realizará mañana a las 17 en la casa de calle 30 entre 55 y 56 de La Plata, de la cual el 24 de noviembre de 1976 fuerzas represivas se llevaron a la beba Clara Anahí Mariani, cuando tenía apenas tres meses de vida y que aún no pudo ser recuperada por su abuela María Isabel Chorobick de Mariani.

Ese día, los represores acribillaron con disparos de artillería la casa y una vez en el interior mataron a tiros por la espalda a Diana Teruggi, a otros cuatro militantes y se apoderaron de la pequeña hija de Diana.

En la casa, declarada sitio de memoria, funcionaba una imprenta de la revista "Evita Montonera", publicación con algunas de las primeras denuncias de la desaparición de personas, los denominados "vuelos de la muerte" y la existencia de centros clandestinos de detención, entre otras prácticas de la última dictadura.

El frente del edificio conserva cientos de orificios de balas que impactaron en la casa durante el ataque represivo y un enorme boquete provocado por un proyectil disparado por una tanqueta que atravesó la pared externa y otra interior.

"En plena veda electoral, a dos dí­as del balotaje, aparecieron pintadas en la 'Casa de la Memoria y la Vida' de Morón, en el predio del ex centro clandestino de detención Mansión Seré, atacando las polí­ticas de memoria y derechos humanos", señaló.

La conducción del gremio estatal metropolitano aseveró que el ataque fue realizado por "un sector al que le incomoda que exista una democracia y un Estado con una polí­tica activa; que realizan juicios con condenas firmes a represores; que determinan una nueva legislación para investigar, juzgar y condenar a civiles cómplices de la última dictadura militar", expresó el documento.

La pintada aparecida en las paredes del lugar señala "El 22 se termina el curro", por lo que la ATE enfatizó su "convicción" de que ni "la memoria ni los derechos humanos son un curro".

La resolución firmada por los camaristas Pablo Candisano Mera, Alejandro Segura, Jorge Ferro, Agustín Lugones y Roberto Lemos Arias sostiene que los nombramientos de ambos fiscales "encuentran sustento legal en el artículo 33 de la ley 24946, que atribuye a la procuradora general de la Nación el ejercicio de la superintendencia".

Según el fallo al que tuvo acceso Télam, los integrantes de la Cámara expresaron que "la resolución 407/13 que nombró en el carácter de Fiscales ad hoc a los Dres. José Alberto Nebbia y Miguel Ángel Palazzani respondió a la necesidad de reforzar el esquema de funcionamiento de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de que son objeto de actuaciones complejas y voluminosas".

"La necesidad de conformar un equipo de trabajo (art. 33 inc. g,ley 24.946) -frente al volumen y complejidad de las causas que versan sobre crímenes de lesa humanidad- fue lo que motivó el nombramiento de los doctores Nebbia y Palazzani", agregó la Cámara bahiense.

La recusación contra los fiscales había sido presentada por los defensores de los imputados Aldo Mario Alvarez, Héctor Jorge Aballeira y Felipe Ayala en el marco de una causa por privación ilegal de la libertad, tortura y homicidio conocida como la del "Quinto Cuerpo del Ejército".

El juez de primera instancia había declarado la ilegalidad de la resolución firmada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aunque manteniendo "la validez y eficacia de las actuaciones cumplidas" por Nebbia y Palazzani.

Pablo Mancini, Osvaldo Durán y Edgardo Gabbín, quienes compartieron cautiverio cuando fueron detenidos, durante la dicatura militar, en la dependencia de Buzos Tácticos de la unidad de la Armada en Mar del Plata, recorrieron las instalaciones de cara al juicio oral y público contra los 14 militares acusados por crímenes de lesa humanidad.

Gabbín fue secuestrado el 11 de enero de 1977 y trasladado a la Base Naval, donde estuvo cerca de un año detenido y fue torturado, para luego pasar a un calabozo del edificio de servicios generales y más tarde llevado a Buenos Aires.

Mancini fue secuestrado el 9 de septiembre de 1976 y trasladado a la Base Naval, donde fue interrogado sobre sus compañeros de militancia en la Juventud Universitaria Peronista.

Luego fue derivado a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina, próxima al Faro y perteneciente en aquel momento también a la Armada, al sur de la ciudad, donde estuvo detenido dos meses.

Por su parte, Durán, simpatizante de la Juventud Peronista, fue secuestrado el 16 de octubre de 1976 y trasladado a la Base Naval, donde fue interrogado bajo tortura, con posterioridad sometido a golpizas y el 28 de diciembre de ese año, liberado.

Los 14 acusados son juzgados por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, compuesto por los magistrados Néstor Parra, Mario Portela, Alejandro Esmoris y Jorge Aníbal Micheli.

Están imputados Juan José Lombardo, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Roberto Luis Pertusio, Alfredo Manuel Arrillaga, Raúl Alberto Marino, Mario José Osvaldo Forbice, Rafael Alberto Guiñazú, Juan Eduardo Mosqueda, José Omar Lodigiani, Ariel Macedonio Silva, Julio César Fulgencio Falcke, José Francisco Bujedo, Daniel Eduardo Robelo y Francisco Lucio Rioja.

Los imputados formularon sus palabras en la última audiencia que llevó a cabo el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti (presidente) y Martín Bava.

Tras las palabras de varios de los imputados, el Tribunal pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo 25 de noviembre a las 18:30, en que se procederá con la lectura de la sentencia.

Ante los jueces hicieron uso de la palabra entre otros, el ex capitán de navío Enrique de León, quien dijo que "finaliza hoy una de las peores etapas de mi vida, en ella descubría la facetas oscuras, corruptas, de ciertos estamentos de instituciones a las que respetaba y hasta admiraba".

Por su parte, el integrante del Ejército Raúl Oscar Otero afirmó, como forma de defensa, que "padezco de una enfermedad terminal, he tenido once operaciones, lo vengo peleando desde 1998, esta enfermedad que es cruel y terminal, la estoy tratando de sobrellevar con operaciones cada dos años".

Tras ello el presidente del Tribunal, anunció que "el cierre de la discusión final" y convocó a las partes para el 25 de noviembre a las 18:30 en donde se dará lectura del veredicto.

En el marco del extenso juicio, que comenzó en julio de 2014, la Unidad Fiscal Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido la pena de prisión perpetua para 18 de los 22 imputados.

La fiscalía los acusó por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios cometidos en perjuicio de 66 víctimas, entre ellos los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados y asesinados en 1976 tras un conflicto gremial en La Nueva Provincia, diario en el que trabajaban.

En el alegato, los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani pidieron que todos los delitos sean declarados de lesa humanidad, por el crimen de genocidio y que el veredicto sea publicado en La Nueva Provincia, principal diario de Bahía Blanca.

Además, los fiscales solicitaron penas de 19 años para un integrante del Ejército y 25 años para otro acusado de la Prefectura.

También requirieron para un ex policía bonaerense una pena de 10 años de prisión y para un ex agente del Servicio Penitenciario Bonaerense 18 años.

Entre los represores de la Armada pidieron prisión perpetua para Oscar Alfredo Castro, Tomás Hermógenes Carrizo, Eduardo René Fracassi, Edmundo Oscar Núñez, Leandro Marcelo Maloberti, Gerardo Alberto Pazos, Enrique De León, José Luis Ripa, Luis Alberto Pablo Pons y Raul Artemio Domínguez.

En el caso del Ejército, el pedido de pena máxima alcanzó a Carlos Andrés Stricker, Felipe Ayala, Julio González Chipont, Raúl Oscar Otero y Víctor Raúl Aguirre, en tanto que para Alejandro Lawless la Unidad Fiscal solicitó 19 años de prisión.

En cuanto a integrantes de la Prefectura, el pedido de prisión perpetua fue solicitado para Francisco Manuel Martínez Loydi, Luis Angel Bustos y Néstor Alberto Nougués , mientras que 25 años para Pedro Alberto Pila.

También solicitaron 10 años de prisión para el ex policía bonaerense Víctor Oscar Fogelman y 18 años para el ex agente penitenciario Héctor Luis Selaya.

Entre las 66 víctimas consideradas en la causa, 12 siguen desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes sobrevivieron al secuestro y torturas que sufrieron en centros clandestinos del área de Puerto Belgrano, el mayor emplazamiento de la Armada en la Argentina.

“No estamos dispuestos a dar un paso atrás en los derechos conquistados”, adelantaron los miembros de la agrupación HIJOS de La Matanza, mediante un comunicado en el que fijan posición de cara al primer balotaje presidencial que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre.

Para la organización matancera de derechos humanos, los candidatos del Frente para la Victoria y del Frente Cambiemos, Daniel Scioli y Mauricio Macri, representan dos modelos opuestos.

"Votamos a la formula Daniel Scioli – Carlos Zannini porque no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en los derechos conquistados”, plantea HIJOS La Matanza.

“En el caso de Scioli, hablamos de la continuidad de las políticas inclusión que se vienen dando desde hace tiempo”, manifestó Juan Martín Cobacho, uno de los miembros fundadores de la agrupación HIJOS matancera, en comunicación con el portal digital "El1 Digital".

El comunicado, que va en la misma dirección que las palabras del militante, hace un breve repaso por las principales políticas tendientes a la recuperación de la memoria, búsqueda de la verdad y en pos de la justicia.

“En estos últimos doce años recuperamos las esperanzas, nos devolvieron la dignidad, se derogaron las vergonzantes leyes del perdón, y se juzgan a los responsables del terror, siendo por esto ejemplo en el mundo, pudimos proyectar, volver a soñar con un país libre, soberano, con justicia social como querían y por lo que lucharon hasta perder sus vidas nuestros padres”, añade el texto.

Por último, el comunicado asume la coherencia de los tiempos que corren y no deja lugar a posibles ambigüedades: “HIJOS La Matanza votamos a la formula Daniel Scioli – Carlos Zannini porque no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en los derechos conquistados”.

En el marco de los alegatos en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Armada en Bahía Blanca y en Punta Alta, el abogado Olmedo Barrios, quien patrocina a los capitanes de navío Oscar Alfredo Castro, Gerardo Pazos y al capitán de fragata, José Luis Ripa, dijo que "resulta imprescindible destacar que las tareas de inteligencia interior estaban permitidas hasta que entró en vigencia en el año 2001 la Ley 25.520".

"Por ende la acusación de que personal naval llevara adelante tareas de ese tipo a la fecha de los hechos no constituía delitos y consecuentemente por aplicación del artículo 18 de la Constitución Nacional que determine que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado al anterior hecho del proceso", agregó.

Para Barrios, "no puede imputarse a ninguno de los procesados la comisión del delito alguno en tal sentido" al comentar que "mal que pese a los acusadores la inteligencia constituye una capacitación secundaria en todas y cada una de las Fuerzas Armadas del mundo, tanto en la actualidad como en históricamente".

Además el defensor hizo referencia a la declaración de Aníbal Américo Agotborde, uno de los testigos en el debate, quien había hecho el el servicio militar obligatorio en Puerto Belgrano y se desempeñó en la compañía denominada "Pitón".

"Lo más importante que declaró el ciudadano Agotborde fue que la misión que cumplían eran hacer allanamientos, detenciones, traslados al crucero 9 de Julio donde alojaban a los detenidos y custodiaban a los mismos", expresó.

En este juicio se investigan los casos de 66 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas, 5 fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su paso por centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de la base naval de Puerto Belgrano, como el ya desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

Los defensores oficiales Marcos Marini y Gustavo Rodríguez llevaron a cabo el pedido de absolución de Eduardo René Fracassi ante el Tribunal integrado por los jueces Jorge Ferro, Mario Triputti y Martín Bava en el marco de la reanudación de los alegatos en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS).

Se trata de la causa 1103 caratulada "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada y homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros (Armada Argentina)".

El defensor oficial Marini dijo que Fracassi "no tuvo intervención en los casos que se le imputan y mucho menos debe responder por los abusos de algunas de las víctimas caso Sebeca, Gastaldi, Mantovani, Dietz, Larrea, Pioli, Martinelli".

"Ya hay sobradas muestras de que Fracassi no fue responsable de lo que ocurrió en el buque (9 de Julio) ni en Baterías", afirmó al indicar que el personal "que allí estuvo a cargo de la administración y control de detenidos nunca actuó bajo el control operacional de Fracassi por lo que mal le pueden adjudicar que desde su ubicación jerárquica haya creado las condiciones para posibilitar que personal bajo su dependencia abuse de las mujeres nombradas".

"De más está decir, todavía estamos esperando que la Fiscalía fundamente por qué lo consideran a Fracassi autor mediato de ese delito, idéntico razonamiento debe hacerse al delito de asociación ilícita, por lo que solicito la absolución", afirmó.

En este juicio se investigan y debaten los casos de 66 víctimas, de las cuales 12 están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su paso por centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de la base naval de Puerto Belgrano, como el ya desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados, torturados y asesinados en junio de 1976.

"Estamos satisfechos con la sentencia y en especial con el hecho de que se haya hecho lugar a un pedido nuestro de reparación para los trabajadores de Astilleros Río Santiago que están en edad de jubilarse y a los que les faltan años porque no pudieron trabajar los años que fueron víctimas de la dictadura", dijo a la agencia nacional de noticias, Télam, el fiscal Hernán Schapiro.

El fiscal aludió en particular a una medida consentida por el TOF 1 de La Plata para que la dispensa de que gozan hoy 28 ex trabajadores de Astilleros, por la cual cobran su salario sin ir a trabajar, "se mantenga hasta que el Estado los jubile en la categoría máxima que les hubiere correspondido de haber podido seguir prestando servicios con normalidad".

"El Estado será quien integre los aportes que les faltan para jubilarse", precisó Schapiro y señaló que esta medida le será comunicada a las autoridades de Astillero y también al Estado nacional para que "establezca las medidas necesarias para que

estos trabajadores puedan jubilarse".

El fiscal explicó que "esta reparación será extensiva a los familiares de los trabajadores (víctimas de la dictadura) ya fallecidos y a los ex trabajadores que puedan demostrar que se encontraban en la misma situación" de víctimas del terrorismo de Estado.

Desde el ámbito político el diputado Héctor Recalde afirmó que es "trascendente" el fallo dado que "avanza sobre las complicidades civiles" entre grupos económicos y los responsables de la dictadura cívico militar de 1976-1983.

El TOF 1 de La Plata impuso antes de anoche la pena de prisión perpetua a quienes eran jefes de la Fuerza de Tareas 5 Jorge Alberto Errecaborde, del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM 3) José Casimiro Fernández Carró y al jefe de Operaciones e Inteligencia del BIM 3 Roberto Eduardo Fernando Guitian.

Los tres fueron condenados por diversos grados de participación en los homicidios calificados de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, además de varios casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos.

Además, condenó a 25 años de prisión a quienes eran en la época jefes de Operaciones Navales de la Armada Antonio Vañek, de la FT5 y del Liceo Juan Carlos Herzberg, de la Zona Río de La Plata de la Prefectura Luis Rocca, al oficial Eduardo Antonio Meza y al entonces jefe de Prefectura Carlos José Ramón Schaller.

El Tribunal resolvió también por mayoría revocar las prisiones domiciliarias de la que gozaban algunos de estos represores y ordenó que se reparen los legajos de las víctimas para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de la relación laboral en Astilleros Río Santiago, YPF y Propulsora Siderúrgica, causado por la represión de la última dictadura.

El pedido fue realizado por los fiscales Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, junto al fiscal ad-hoc Juan Martín Nogueira, informó el Ministerio Público Fiscal.

Este nuevo requerimiento, que se suma al que ya espera fecha de inicio de debate, alcanza a diez imputados, entre los que se encuentra quien estuviera prófugo durante más de cuatro años hasta que fue detenido en Panamá en junio del año pasado: Ricardo Luis Von Kyaw.

La nómina de los acusados se completa con el ex ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura Jaime Lamont Smart, el condenado ex director general de Investigaciones de la Policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, el médico y comisario retirado Jorge Antonio Bergés y los ex militares Gustavo Adolfo Cacivio, Rodolfo Aníbal Campos, Ricardo Armando Fernández, Héctor Humberto Gamen, Emilio Alberto Herrero Anzorena y Anselmo Pedro Palavezzati.

El escrito enumera un total de 125 víctimas de delitos como privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad.

Los fiscales precisaron en su pedido que los hechos que irán a juicio “fueron cometidos por funcionarios civiles, militares, policiales, en el marco del plan criminal ideado y ejecutado desde el aparato del Estado por la última dictadura cívico-militar (1976-1983)”.

El "Pozo de Quilmes" fue uno de los centros clandestinos de detención más importantes del denominado “circuito Camps” durante la represión ilegal en la zona sur del conurbano bonaerense, y funcionó en las instalaciones de la Brigada de Investigaciones de Quilmes, ubicada en la esquina de Allison Bell y Garibaldi, donde hoy se erige la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de ese distrito.

Los integrantes de la Unidad Fiscal de La Plata reiteraron que las víctimas, secuestradas entre septiembre de 1976 y abril de 1978, permanecían detenidas “con las manos atadas, siendo provistas de alimentos en forma deficiente y de manera humillante, sometidas a torturas bajo la aplicación de la picana eléctrica, submarino, golpes, simulacros de fusilamiento, escuchando el sufrimiento de otros compañeros de cautiverio".