El Tribunal Oral Criminal Federal integrado por Jorge Ferro, Martín Bava y Mario Triputti reanudarán la audiencia, a partir de las 14, en el aula Magna de la Universidad Nacional del Sur (UNS) de Bahía Blanca.

Las organizaciones de derechos humanos y la agrupación HIJOS de Bahía Blanca solicitaron al público que no ingrese al recinto, pero sí que se concentre en la puerta de la UNS para llevar a cabo actividades para la sentencia.

"El 13 de octubre comienzan los alegatos de los defensores de los genocidas y como en los dos juicios anteriores, invitamos a no entrar al recinto, pero sí encontrarnos en las escalinatas", señalaron desde HIJOS a la Agencia Nacional de Noticias, Télam.

Se indicó que "estaremos pintando un cuadro de los compañeros Heinrich y Loyola, en representación de los 30.000, que es idea del artista Jorge Gonzalez Perrin, con quien siempre hemos trabajado en conjunto por la Memoria, la Verdad y la Justicia".

En el expediente de este juicio hay 66 víctimas, de las cuales 12 personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados dentro del perímetro de Puerto Belgrano, como el ahora desaparecido crucero "ARA 9 de Julio", mellizo del Belgrano, y la base de Infantería de Marina en el sector Baterías, ambos en jurisdicción de la Armada, y también en el predio y zonas aledañas al V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Entre las víctimas están los dos obreros gráficos del diario La Nueva Provincia, Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, secuestrados el 30 de junio de 1976.

En el marco de los alegatos, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos había pedido prisión perpetua para los imputados Víctor Raúl Aguirre, Felipe Ayala, Luis Ángel Bustos, Tomás Hermógenes Carrizo, Oscar Castro, Enrique De León, Raúl Domínguez, Eduardo Fracassi, Guillermo González Chipon, Leandro Maloberti, Francisco Martinez Loydi, Néstor Nougués, Edmundo Núñez, Raúl Otero, Guillermo Pazos, Luis Pons, José Ripa y Carlos Stricker.

Por su parte, pidió 25 años de cárcel para Pedro Pila, 19 años para Alejandro Lawless, 18 años para Héctor Selaya y para Domingo Negrete y Víctor Fogelman 17 y 10 años de prisión, respectivamente.

Este es el segundo procesamiento que lleva a cabo el magistrado desde que está en su cargo en junio pasado ya que también dispuso la prisión preventiva contra Luis Delaico, ex jefe del Batallón de Arsenales 181 por el caso en el que fueran víctimas Julio Lede, Marta Bravo y Juan Alfredo Rague.

En el primero de los casos, el magistrado resolvió en el marco de la causa caratulada como "Alvarez, Mario y otros sobre privación ilegal de la libertad, tortura, homicidio agravado por el consentimiento de dos o más personas y asociación ilícita en la que resultara víctima Aberasturi, Mirna Edith y otros".

El juez resolvió el procesamiento del coronel Walter Tejada, ex jefe del Departamento II de Inteligencia del V Cuerpo; Jorge Mansueto Swendsen, ex jefe del Batallón 181; Alejandro Marjanov, que secundaba a Swendsen; y Alejandro Lawless, miembro del Batallón 181.

También procesó a Guillermo González Chipont, del Departamento de Ingeligencia y los guardias que se encontraban en el centro clandestino de detención conocido como "La Escuelita", Arsenio Lavayen, Raúl Domínguez, Gabriel Cañicul, Andrés Gonzalez y José Martínez.

Además, el magistrado procesó a Norberto Condal, Jorge Granada, Carlos Taffarel, Víctor Aguirre, Carlos Ferreyra, Pedro Caceres, Hugo Delme, Raúl Otero y Andrés Miraglia.

Se trata de los casos en que fueron víctimas Carlos Príncipi, Rodolfo Maisonave y Ana María Germani.

En el marco de la segunda jornada de alegatos en el juicio, Palazzani destacó ante el Tribunal Oral Federal "la enorme importancia y singularidad que tiene este juicio, es único en el país y nosotros somos privilegiados y tenemos una enorme  responsabilidad".

"Es un juicio que atraviesa y traza varias situaciones de manera horizontal, concretamente a que es un juicio que se ocupa y muestra cómo funcionó la represión en la región", dijo.

En ese sentido, agregó que "no solamente aquí vemos y mostramos los centros clandestinos que funcionaron en Bahía Blanca sino que también estamos viendo que es un juicio que va a poner en cuestión la identidad de otra ciudad cercana que es Punta Alta".

Los alegatos se llevan a cabo en el marco de la causa caratulada como privación ilegal de la libertad.

En el expediente hay 66 víctimas, de las cuales 12 personas están desaparecidas, cinco fueron asesinadas y las restantes secuestradas y torturadas durante su permanencia en centros clandestinos ubicados en la zona de Puerto Belgrano como el ahora desaparecido crucero 9 de Julio, mellizo del Belgrano y de la Base de Infantería de Baterías, jurisdicción de la Armada, como así también en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca.

Agrupaciones políticas, organismos de derechos humanos, funcionarios y vecinos, participaron del acto de señalización del ex centro clandestino de detención "El Sheraton". Con esta actividad, son 119 los campos de concentración señalizados como tales, en los últimos años.

Cerca de una hora después de lo pautado, comenzó la jornada en las puertas de lo que fue la comisaría de Villa Insuperable, ahora Distrital Noroeste II, ubicada en la intersección de Tapalqué y Quintana. Al comenzar el acto, la primera en tomar la palabra fue Delia Bisutti.

"Ahora, con esta placa nadie va a negar lo que realmente sucedió”, celebró Albertina Carri.

Delia Bisutti estuvo detenida dos veces en aquella sede, en La Matanza. El primer secuestro fue en enero de 1977. Al salir, pudo refugiarse en libertad unos pocos meses. En agosto de 1977 fue detenida nuevamente. “El presidente de la cooperadora donde trabajaba, era el presidente de esta comisaría”,

reveló.

Para Delia la militancia fue un escudo. Antes y después de sus detenciones. Cuando pasó por "El Sheraton" estaba embarazada. Su hija nació con hidrocefalia y parálisis cerebral. Su esposo forma parte de la lista de los 30 mil desaparecidos que fueron amputados de una generación.

El “Pajarito” Roberto Julio Fusco, un represor de Campo de Mayo, fue apresado el 30 de julio pasado en su casa del partido bonaerense de Tigre.

La titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de San Martín, Alicia Vence, dictó su procesamiento con prisión preventiva y le trabó un embargo por 750 mil pesos.

Fusco fue apresado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el 30 de junio pasado, en General Roca al 2965, localidad de Benavidez.

Durante su declaración indagatoria, cuando se sentó ante la jueza y el fiscal Miguel García Ordaz, “Pajarito” simuló no conocer que en Campo de Mayo había operado un centro clandestino de detención. “No aportó nada en términos de información, pero habló bastante y mostró un desconocimiento total de la causa”, contó al portal de Noticias Judiciales "Infojus Noticias", García Ordaz.

Sin embargo, sobre el final expresó: "No sé cómo supieron que era yo si los que estaban en los centros clandestinos no usaban su nombre verdadero. Se hacían llamar por uno ficticio".

Para procesarlo, la jueza describió las pruebas con las que cuenta para acusarlo de “haber custodiado a diferentes personas que se encontraban detenidas en condiciones inhumanas de alojamiento, dentro del Centro Clandestino de Detención conocido como ‘El Campito’ situado en la Guarnición Militar de Campo de Mayo”.

Los cautivos, sigue el escrito, estaban “encapuchados, atados de pies y manos, con las mínimas condiciones de higiene y alimentación”. Con todos ellos, Fusco “tuvo contacto directo”. Para enmascararse, “Pajarito” usaba –además de su nombre de guerra- ropa de fajina sin insignias y ningún tipo de identificación.

“Pajarito” pertenecía a la “División Banda” de Gendarmería Nacional, y pasó “en comisión” al grupo de celadores de la Agrupación Seguridad Buenos Aires. Puntualmente, se le atribuye haber trasladado dentro de Campo de Mayo a cinco jóvenes secuestrados.

En esta causa por delitos de lesa humanidad se juzgará a cuatro ex jefes de la Armada y otros tres de Prefectura, quienes serán indagados oral y públicamente desde hoy, lunes.

Se investigará su rol en centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico militar. Se trata del ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg y el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró.

También están imputados los ex jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca y el oficial Eduardo Antonio Meza, mientras que Osvaldo Tomás Méndez que iba a ser también juzgado falleció en marzo pasado cuando cumplía detención domiciliaria en su casa de Berisso.

Las audiencias del juicio conocido como "Escuela Naval" estarán a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que preside el juez Carlos Rozanski.

Según la acusación fiscal los imputados cometieron crímenes de lesa humanidad en perjuicio de trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica y Astilleros Río Santiago, que fueron torturados en centros clandestinos que funcionaron en dependencias de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada.

La acusación apunta a hechos que damnificaron a tres víctimas desaparecidas, otras 36 secuestradas y torturadas que finalmente sobrevivieron, y los homicidios de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata, pleno centro de la capital bonaerense.

De acuerdo a lo acreditado en la causa, la Armada Argentina funcionó reorganizando sus once Fuerzas de Tareas desplegadas de norte a sur del país y en la región de La Plata, Berisso y Ensenada operó a través de la denominada Fuerza de Tareas Nº 5.

Los marinos tuvieron una importante participación en la intervención de sindicatos y fábricas de la zona del parque industrial de Berisso y Ensenada, como Propulsora (grupo Techint), el Swift, Astilleros Río Santiago e YPF, entre otras.

Por primera vez se focalizará en el accionar de los jerarcas de la Marina. Se calcula que habrá cerca de cien víctimas. La investigación estuvo a cargo de los fiscales federales de La Plata Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

Los fiscales aseguraron al portal digital de noticias Judiciales "Infojus Noticias" que el juicio marcará un antes y un después en entender cómo funcionó la Armada en los circuitos represivos de la capital bonaerense.

Organismos de Derechos Humanos pidieron que los jueces Ulpiano Martinez y Pontet sean descartados de causas de Lesa Humanidad por “maniobras de obstaculización y parálisis” en causas vinculadas a la última dictadura.

La subrogancia del Juzgado Federal de Bahia Blanca se trató ayer en el Consejo de la Magistratura. Y allí fueron las organizaciones de derechos humanos a reclamar para que no se designe a los dos magistrados.

Los magistrados fueron cuestionados por los organismos de derechos humanos por sus constantes “maniobras de obstaculización y parálisis” en las causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

En consonancia con ese reclamo, Abuelas de Plaza de Mayo, junto a otros organismos, convocaron a una manifestación en las puertas del Congreso de la Magistratura, en el microcentro porteño.

El pedido de Abuelas es que los consejeros rechacen las designaciones de los jueces Santiago Ulpiano Martínez y Claudio Pontet como subrogantes del juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de las causas por delitos de lesa humanidad.

Ese mismo pedido que ya fue realizado ante la Comisión de Selección de Magistrados.

En el comunicado que lleva la firma de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Regional Capital en la Red Nacional, se expresa que nos movilizamos "frente a las reiteradas maniobras de la Corporación Judicial, en Bahía Blanca, en los procesos judiciales por crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar, en particular las causas en los que se investiga la responsabilidad del poder mediático, eclesiástico y judicial".

Los organismos señalan como "paradigmáticas" las causas de Vicente Massot (Director del Diario La Nueva Provincia), Vara y Sierra Girotti, "en las que se han perpetrado constantes maniobras de obstaculización y parálisis" por parte del juez subrogante Santiago Ulpiano Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, del Juzgado Federal 1".

Por último, consideraron "imprescindible romper definitivamente el pacto de impunidad construido entre el poder judicial y la dictadura cívico-militar por entender que esta situación compromete seriamente el curso de las investigaciones".

La medida dejó cesantes a los jueces subrogantes del Juzgado Federal 1 y nombró, provisoriamente, al juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, al frente de ese tribunal. Para que la designación entre en vigencia deberá ser ratificada por el Consejo en pleno, el próximo 18 de junio.

La sospecha pesaba sobre la actuación y favorecimiento a los imputados por crímenes de lesa humanidad, durante la última dictadura. Una de las causas es la que investiga el rol del empresario de medios de comunicación bahiense, Vicente Massot, más conocido por su participación en el programa televisivo conducido por Daniel Haddad, Antonio Laje y Eduardo Feinmann, Después de Hora (2001-2002).

Massot estaba implicado en una causa que investigaba el rol del medio gráfico La Nueva Provincia, de su propiedad, durante la última dictadura.

La medida de la Comisión de Selección de Magistrados y la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura es importante, ya que podría terminar dejando sin efecto las últimas medidas de la justicia federal de Bahía Blanca que favorecieron al empresario de medios Vicente Gonzalo Massot en la causa que investiga su complicidad con el terrorismo de Estado.

Para que el enroque se concrete, deberá ser ratificado por el Consejo en pleno, que se reunirá el próximo 18 de junio.

Todo comenzó cuando la comisión aceptó tratar un pedido de la Cámara Federal de Bahía Blanca que, luego de cuestionamientos de los organismos de derechos humanos – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos e HIJOS -, solicitó que se expidiera sobre la legitimidad en el nombramiento de Pontet para investigar las tres causas por delitos de lesa humanidad (entre ellas la que investiga a Massot) de las que había renunciado Ulpiano Martínez y por las que habían apartado a su remplazante, Álvaro Coleffi.

El consejero Julián Álvarez sostuvo que el nombramiento de Pontet por la Cámara Federal de Bahía Blanca no había sido legítimo. Y que había que apartar a Ulpiano Martínez, que en realidad es secretario del juzgado 2 y subrogaba – con ocho denuncias de mal desempeño en su contra- el juzgado 1 desde el 5 de junio de 2012, cuando renunció Alcindo Álvarez Canale, otro juez de probada amistad con los militares de la zona.

Álvarez propuso como reemplazante provisorio de ambos subrogantes a Ramos Padilla, juez federal de la localidad de Dolores, hasta que por concurso se designe al definitivo. La Comisión apoyó ambas mociones con cuatro votos positivos -Anabel Fernández Sagasti, Héctor Recalde y Jorge Candis, y los negativos de Luis María Cabral y Leónidas Moldes. Si estas decisiones obtienen al menos siete de los trece votos totales en la próxima reunión de plenario, quedarán firmes.

Pontet fue nombrado al frente del juzgado federal 1 en diciembre de 2014 pero sólo para resolver en tres causas por delitos de lesa humanidad. Primero, el ya subrogante Ulpiano Martínez pidió una licencia. A Martínez lo reemplazó uno de sus secretarios, Álvaro Coleffi, pero pronto fue obligado a apartarse por haber presuntamente filtrado una escucha telefónica en una causa judicial en la que se investiga por narcotráfico al novio de la vedette Mónica Farro.

En su lugar fue nombrado Pontet, que a pesar de ser recusado por la fiscalía por “posible imparcialidad” y cuestionado el método de su designación (a través de la Cámara Federal de Bahía Blanca y no el Consejo de la Magistratura), decretó con una celeridad asombrosa la falta de mérito de Massot y el sobreseimiento del secretario Hugo Sierra.

El jueves de la semana pasada la comisión del Consejo de la Magistratura declaró la irregularidad de su nombramiento, por eso las medidas que tomó durante su corto mandato –como lo vienen advirtiendo los fiscales en todos sus escritos- deberían ser declaradas nulas.

En esa declaración caería la falta de mérito dictada al empresario de medios, Vicente Massot.

Antes de ser juez de Dolores, Ramos Padilla fue abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Mariani. Cumpliendo ese rol, le tocó acusar a Miguel Osvaldo Etchecolatz en el primer juicio oral y público después de la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando fue secuestrado y desaparecido Jorge Julio López. Acusó además al capellán Federico Von Wernich, y a Jorge Rafael Videla en la causa conocida como práctica sistemática de robo de bebés.

Oscar Chisu está imputado en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad, cometidos antes del 24 de marzo de 1976, en Bahía Blanca, por lo que fue detenido en las últimas horas por integrantes de la Policía Federal, en la ciudad chubutense de Trelew, según informaron fuentes judiciales.

El implicado fue detenido luego de un pedido efectuado ante la Justicia Federal, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, y por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Bahía Blanca, a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Angel Palazzani.

Fuentes judiciales señalaron a la Agencia Nacional de Noticias, Télam, que "Chisu fue detenido por la Policía Federal en momentos en que se encontraba en el barrio Malvinas Argentinas de Trelew, ciudad en la que se hallaba viviendo desde hace un tiempo".

Según se indicó, entre las víctimas figura Luis Jesús García conocido como "El Negrito", quien era obrero de la construcción y fue un militante del Frente Antiimperialista y Socialismo.

Se trata de la causa por la cual los fiscales solicitaron investigar homicidios perpetrados por grupos parapoliciales y paramilitares entre 1974 y 1975, en el ciclo del terrorismo de Estado anterior al golpe del 24 de marzo de 1976.

Otro de los casos que integran la causa es el homicidio a sangre fría del David "Watu" Cilleruello, de 23 años, militante de la Federación Juvenil Comunista, estudiante de Ingeniería y secretario general de la Federación Universitaria del Sur.

El hecho sucedió el 3 de abril de 1975 dentro del edificio de la Universidad, "en presencia de una gran cantidad de alumnos" que ese día se habían aglomerado para la inscripción en las diferentes materias. Cilleruelo, narraron los fiscales, fue abordado por un grupo de integrantes de "la patota contratada por el rector interventor", Remus Tetu, uno de cuyos miembros disparó un arma de fuego directamente sobre la víctima.