La Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos aseguró que la gestión de Mauricio Macri dejó en “estado calamitoso” a las instituciones y transportistas que trabajan con personas con discapacidad.

La vicepresidenta se puso a dar cátedra sobre discapacidad al inaugurar una playa inclusiva en Villa Gesell. El problema esta vez es la oportunidad: fue justo cuando se conocieron las intenciones del Gobierno de avanzar con un feroz recorte de las pensiones que se otorgan a niños y niñas con discapacidad.

Esto se dio a partir de que se difundiera un documento interno de la Agencia Nacional de Discapacidad donde se abordan criterios para dejar de dar pensiones a menores de edad puesto que “no tienen incapacidad laboral”, según reveló el portal Nuestas Voces. Ese mismo documento promueve restricciones para que reciban ayuda personas con cáncer, con síndrome de Down, HIV, Epoc, Parkinson, entre otras patologías.

Michetti no la pasó bien cuando los bañeros le exigieron que les entregue equipos de seguridad para atender a personas que pueden llegar a tener problemas de salud.

Entre las peticiones, mencionaron el Desfibrilador Externo Automático (DEA), elemento vital a la hora de resucitar a una víctima de ahogamiento; nuevas casillas, una flota de cuatriciclos y varias motos de agua.

"Sí, claro. Todos los balnearios deberían tener. Creo que se aprobó una ley sobre eso", afirmó la vice para salir del paso.

Una mujer además le exigió que mejore las políticas de seguridad y la vicepresidenta respondió con un insólito comentario: "Sí, mire lo que me pasó esta semana a mí".

Mirá el video:

Fuente: El Destape, Info Cielo

Para la Agencia Nacional de Discapacidad los menores de edad “no tienen incapacidad laboral” por lo que dará de baja las pensiones a discapacitados. Además, intensificaron los requisitos para pensiones en adultos con síndrome de Down, cáncer, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras.

Siguiendo con el programa de ajuste, el Gobierno dejará de entregar pensiones a menores de edad. La decisión se ejecutó el 25 de enero de este año, a través de un escrito en el que los directivos comunicaron a sus trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Detalló que las liquidaciones a los menores deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores analicen nuevamente cada caso. Según publicó el portal Nuestras Voces, desde la Agencia admitieron que esos expedientes “momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones”, pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos “no tienen incapacidad laboral”.

Además, se complejizaron los requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista. En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

En consecuencia, las 20 mil pensiones que deben volver para atrás para ser nuevamente sometidas a revisión, pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.

Ocurrió en Salta. Patricia Brandán era epiléptica y madre de cinco hijos. Atravesaba una grave situación económica desde que la privaron de su pensión, por lo que decidió suicidarse tomando un cóctel de medicamentos.

A pesar de la promesa realizada meses atrás de reponer las pensiones por discapacidad, el Gobierno de Mauricio Macri sigue incumpliendo incluso con las medidas judiciales que le ordenan dar marcha atrás con las quitas.

Desesperada ante esta situación, una mujer salteña de 42 años, Patricia Brandán, se quitó la vida tomando un cóctel de medicamentos.

Epiléptica y madre de cinco hijos, Patricia estaba deprimida desde que dejó de percibir su pensión por discapacidad y el agravamiento de su situación económica, según contaron sus familiares.

La mujer, que vivía en la localidad de Metán, había desaparecido la semana pasada y fue encontrada por equipos de rastrillaje todavía con vida, pese a la ingesta de los fármacos. Si bien fue trasladada al hospital San Bernardo, los médicos no pudieron revertir el cuadro de intoxicación.

Aunque el deceso se produjo el sábado pasado, la historia fue conocida nacionalmente en las últimas horas.

Las declaraciones de la Ministra Stanley, quien mencionó que “en 2015 se dieron de baja 168 mil pensiones con los mismos criterios que usamos hoy” evitan ahondar en razones y con ello, buscan responsabilizar al gobierno anterior de bajas en las pensiones no contributivas. Cuando se accede a los números la realidad es otra.

Según un estudio reciente de CEPA (Centro de Economía Política Argrntina), los once meses que van desde junio de 2014 a abril de 2015 (datos disponibles) se observan 145.122 bajas y suspensiones. La proyección de este guarismo a los 12 meses estimaría unas 160.000 bajas y suspensiones (un dato similar al mencionado por Stanley para el 2015 completo).

Se observa que la amplia mayoría de las bajas de pensiones por Invalidez corresponden a Jubilaciones (62%). Cabe agregar que el fallecimiento representa el 18% de los casos de bajas, el 6% son renuncias voluntarias, otro 6% por obtener empleo (dependiente o independiente).

De las jubilaciones, la mayor parte responden a la moratoria jubilatoria. En efecto, la Anses dicta en 2014 una Resolución que permite pasar de la pensión no contributiva a la Moratoria rápidamente. La facilidad pasar al régimen de moratoria se constata en la propia resolución:

La adhesión al régimen especial de regularización de la Ley Nº 26.970 podrá realizarse por medio de alguna de las siguientes formas:

1.- A través de telefonía celular mediante el envío de un mensaje de texto “SMS” al número 26737 informando los siguientes datos: DNI y sexo del interesado.

2.- Mediante transferencia electrónica de datos vía internet a través del sitio “web” de ANSES o a través de llamado telefónico a las Unidades de Atención Telefónica de ANSES al número 130 o por presentación ante las Unidades de Atención Integral (UDAI).

. Como puede deducirse, los beneficiarios hicieron uso de este instrumento: pasaban de cobrar $4.475 (70% de la mínima) a $6.394 (mínima).

. En la actualidad, no tiene vigencia la moratoria jubilatoria para los hombres (para las mujeres se encuentra disponible por dos años más).

. Si se consideran solamente las suspensiones de las pensiones no contributivas por invalidez en el periodo mencionado (2014-2015), la razón Jubilación representa la amplia mayoría de los casos de bajas (65%).

. Cabe aclarar que, tal como se percibe en el cuadro siguiente, las suspensiones por jubilación relacionadas con pensiones por invalidez alcanzan las 49.722, mientras que las bajas implican 42.675. Es decir, esas mismas suspensiones se convierten en bajas. Lo mismo sucede con los casos de fallecimiento.

De forma muy sutil Francisco publicó una foto en Instagram con un discapacitado bajo el lema: "Transmitamos a los demás el amor de Dios, para que se encienda en todos una esperanza nueva".

A través de su cuenta oficial de Instagram, el Papa Francisco publicó una foto con un texto el que se puede leer entre líneas su posición frente al recorte del Gobierno a los discapacitados.

El mensaje enviado por el Papa no hace referencia al recorte que ejecutó el ministerio de Desarrollo Social a 70.000 personas que cobran pensión por discapacidad, se produjo dos días después del hecho.

Desde el ministerio de Desarrollo Social,  Carolina Stanley aseguró estar dispuestos a "revisar" los casos, en lo que parece ser un nuevo error.

“Transmitamos a los demás el amor de Dios, para que se encienda en todos una esperanza nueva”, escribió el Sumo Pontifice.

Pasó desapercibido el voto negativo de los Senadores de Cambiemos durante la sesión del pasado miércoles que logró la media sanción del proyecto que establece un cupo laboral en empresas privadas para personas con discapacidad.

33 senadores votaron a favor de la iniciativa, impulsada por los senadores Guillermo Pereyra (MPN) y Nancy González (PJ-FpV), pero 11 senadores decidieron votar en contra del proyecto.

Los senadores Federico Pinedo, Marta Varela, Laura Rodriguez Machado, Luis Naidenoff, Ernesto Martinez, Silvia Giacoppo, Elias de Perez, Julio Cobos, Juan Carlos Marino y Pedro Brailard se opusieron al proyecto que busca insertar laboralmente a personas con capacidades diferentes en empresas privadas. El senador Juan Carlos Romero del bloque Justicialista 8 de Octubre, también votó de manera negativa.

La norma establece que el sector privado deberá incorporar trabajadores con capacidades diferentes, al igual que sucede en la administración pública.

Se contempla la obligación para que las empresas privadas que en su plantel superen los cien trabajadores, ocupen personas con capacidades diferentes -que acrediten condiciones de idoneidad- en una proporción no inferior al 4% del total de su plantilla.

“Hemos visto cómo las empresas rechazan a los trabajadores por el solo hecho de tener alguna discapacidad o deficiencia física”, dijo el senador Pereyra y criticó a los lobbys empresariales “que han trabajado para que éste proyecto no se pueda tratar”. “Y de esa manera, quedarían indefensos los más débiles, que son los que siguen buscando trabajo sin recibir ningún tipo de respuesta del sector empresarial”, remarcó.

El senador neuquino recordó lo que sucede en el Senado de la Nación con este cupo, “donde podemos dar ejemplo sobre de qué forma se debe tratar a las personas con capacidades diferentes, mientras vemos cómo son rechazados desde la actividad privada”.

“La administración pública tiene su cupo, por qué no lo puede tener la actividad privada”, se preguntó durante en el recinto.

La medida busca garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato; y profundiza lo ya previsto para el sector público nacional por la ley 22.431 -de Discapacidad-, que alcanza a las empresas privadas que brinden servicios públicos.

Los porcentajes requeridos deberán ir cumplimentándose a medida que se generen nuevos puestos de trabajo; y su incumplimiento será considerado discriminación en el empleo o en la ocupación, bajo los términos de la ley 25.212 del Pacto Federal del Trabajo.

Por otra parte, sobre tablas se aprobó un proyecto para que las personas con discapacidad tengan acceso gratuito a los espectáculos públicos de carácter artístico, cultural, deportivo, recreativo y turístico que se realicen en dependencias del Gobierno nacional.

Los temas de ingeniería parecen no ser el fuerte de la gestión de Jorge Macri en Vicente López. A los conocidos problemas con la construcción del Metrobús Norte, en el que fallaron los cálculos y hubo que readecuar toda la obra, ahora se le suma un insólito hecho callejero.

Es que el municipio decidió colocar una reja en la esquina de Vélez Sarsfield y Pasaje La Victoria, en Munro y desató la bronca de los vecinos porque "la obra" cerraba una rampa para personas con movilidad reducida.

Una vecina de Vicente López lo denunció a través de las redes sociales. En esa publicación se ve la instalación de la reja sobre una bajada para personas con movilidad reducida.

La imagen, que fue subida a Facebook el 15 de octubre, se viralizó rápidamente por esa plataforma y también a través de

Twitter.

“Por favor, señores funcionarios, ¿me podrían explicar a qué mente brillante se le ocurrió esto?”, se preguntó la mujer. Y concluyó: “Veo que no tienen consideración ni respeto por nadie”.

Muchos aprovecharon para recordar que el Ingeniero de los Macri era Mauricio y no Jorge.

La gestión política provincial entregó, la semana pasada, camionetas 0km para los distritos de La Plata, San Vicente, Trenque Lauquen, San Antonio de Areco, General Arenales, Azul y Lomas de Zamora, para el traslado de estudiantes con capacidades diferentes.

Las camionetas son financiadas por la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) en el marco del programa de Transporte Institucional.

En tal sentido, la directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Nora De Lucia, quien además estuvo acompañada por la subsecretaria de Articulación de Políticas de Integración, Lucia Mafrand, señaló que “es muy gratificante poder entregarle estas camionetas nuevas a las escuelas y ver la emoción de cada directora. Estos vehículos permitirán trasladar más chicos ya que tienen mayor capacidad de asientos y de esta manera los alumnos podrán continuar accediendo al derecho a la educación”.

“Esto es el producto del trabajo mancomunado entre el gobierno nacional y provincial. La discapacidad es una política de Estado en la Provincia y el gobernador Daniel Scioli trabaja incansablemente para la inclusión de las personas con capacidades diferentes”, destacó la Ministra.

Las camionetas, que cuentan con espacio para sillas de ruedas y rampa hidráulica, fueron entregados a las escuelas 515, 517, 518, 527, 528, 529, 531 de Plata, la 501 de San Vicente, 503 de Trenque Lauquen, la 501 de General Arenales, la 507 de Azul, la 502 de San Antonio de Areco y la 503 de Lomas de Zamora.

Cabe recordar que anteriormente también habían sido distribuido vehículos 0 km a dos escuelas de Pinamar y Bahía Blanca y en las próximas semanas recibirán sus unidades escuelas de Avellaneda, La Matanza, Tres de Febrero, Cañuelas, Lincoln, Carlos Tejedor, General Lavalle, Benito Juárez, Villarino, Roque Pérez, Rivadavia, Florencio Varela y Loma Zamora.